De la morosidad a la usura

A estas alturas, sabido es que la crisis económica ha golpeado con fuerza a las arcas públicas, en particular por la pérdida de ingresos que provoca la disminución de la actividad económica, de tal forma que los problemas de morosidad de las Administraciones públicas se han acrecentado. La mala costumbre adquirida por nuestras Administraciones de pagar tarde a sus contratistas y proveedores genera graves problemas de liquidez en el sector privado, que alimentan la cadena de impagos y pueden resultar letales para las pymes.

En la actualidad, las Administraciones tienen el deber de pagar en un plazo de 40 días. Sin embargo, la legislación en materia de lucha contra la morosidad ha sido reiteradamente incumplida. Fruto de estas prácticas ciertamente nocivas para la economía, los últimos Gobiernos han adoptados diversas medidas correctoras, con distinto alcance y limitado éxito. Así las cosas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha priorizado la solución al lastre de la morosidad de las Administraciones públicas, aprobando recientemente el conocido como Plan de Pago a Proveedores, que pretende movilizar 35.000 millones de euros. La politización del problema de la morosidad debe saludarse, pero la medida plantea serios interrogantes. El Plan consiste en la creación de un Fondo, dotado de capital mayoritariamente privado, al que acudirán los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.  En la práctica, las Administraciones territoriales contraerán préstamos con las entidades financieras para poder pagar las facturas adeudadas a sus proveedores. Éstos deben renunciar a percibir los intereses que legalmente les corresponden si quieren acogerse al Plan, por lo que estamos ante un verdadero Derecho de excepción que contraría la legislación general y socava la seguridad jurídica en perjuicio de sus legítimos intereses económicos, a lo que hay que añadir la posibilidad que tienen las empresas de ofrecer un descuento como criterio para la prioridad del pago.

El Plan suscita otras objeciones del mismo o mayor calado. Y es que las entidades financieras aquí también van a sacar tajada. El interés de los préstamos que concederán los bancos a las Administraciones se situará en torno al 5%, según explicó el ministro De Guindos. Las entidades financieras ya se han beneficiado de cuantiosas ayudas públicas como consecuencia de su pésima gestión, han obtenido préstamos del Banco Central Europeo al 1% y, en el marco de su actividad especulativa, han adquirido deuda pública al 5%. Con el nuevo Plan, la banca vuelve a realizar una jugada maestra: del problema de la morosidad se lucrará con intereses que, a tenor del contexto, bien podrían considerarse usurarios. Un lucro que se obtiene a costa de los intereses a los que deberán renunciar las pymes y de los intereses (y derechos) de los ciudadanos tras los planes de ajuste que obligatoriamente han de adoptar las Administraciones para acogerse al Plan. Tampoco debemos olvidar que, tras la última reforma constitucional, el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. Las pymes que suministran bienes y servicios a las Administraciones, y también los ciudadanos que sufren los atrasos de la Ley de Dependencia o los empleados públicos que en no pocos lugares cobran con creciente demora, han de saber que existen prioridades. Si la economía se ha convertido en un casino, da la impresión de que unas pocas personas conocen las reglas y probabilidades del juego. Como los Pelayos, aquella familia que se hizo millonaria por su calculado acierto en las ruletas y cuya historia recientemente ha llegado a la gran pantalla, la banca siempre gana.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/05/2012)

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