Una contrarreforma judicial

El eufemístico programa de reformas prosigue en todos los ámbitos de la realidad social. Hace unas semanas, el Consejo General del Poder Judicial hizo público el documento “Bases para una nueva demarcación judicial”. En la práctica, se propone la reducción a la mitad de los partidos judiciales, que son las unidades territoriales para la administración de Justicia integradas por uno o varios municipios. Por ejemplo, en la provincia de Salamanca, la iniciativa se traduce en la eliminación de los partidos judiciales de Vitigudino, Béjar y Peñaranda, por lo que únicamente se conservan los de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

La supresión de partidos judiciales ocasionará importantes perjuicios a la ciudadanía: por un lado, en su acepción más literal, supone alejar la Justicia de los ciudadanos en detrimento de numerosos municipios y zonas rurales. Por otro lado, redundará en una mayor lentitud e inoperancia de la administración de Justicia, ya de por sí colapsada. En los últimos años, la situación de colapso de la Justicia se ha venido afrontando con programas modernizadores tan bienintencionados como insuficientes. Pero también se han adoptado medidas orientadas a desincentivar el acceso a la Justicia, con el objetivo último de establecer el copago judicial, también llamado repago, de forma más precisa, porque los servicios públicos ya son financiados por la ciudadanía a través de impuestos.

La reforma judicial no ha recibido la misma atención mediática que la financiera o la laboral, pero la Justicia, como servicio público que proporciona el Estado para resolver los conflictos entre los particulares, y de éstos con la administración, resulta esencial para el conjunto de la sociedad, no sólo porque permite ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, sino porque garantiza la efectividad de todos los derechos de las personas. Sin acceso a la Justicia no puede existir un Estado de Derecho, porque los derechos de los ciudadanos devienen en papel mojado. Piénsese en las relaciones de poder en cualquier ámbito: administración-ciudadano, empresario-trabajador, acreedor-deudor, empresario-consumidor, etc. Sin la expectativa potencial de acudir a un juez independiente, o si en la práctica existieran muchos obstáculos para ello, por más que se reconocieran derechos a las personas, se incrementarían los abusos y predominaría la ley del más fuerte, justo lo contrario del Estado de Derecho.

No se ha recordado lo suficiente. En 1986, en pleno proceso de la difícil construcción del Estado de Bienestar en España, una ley suprimía las tasas judiciales para lograr la gratuidad y la tutela judicial efectiva exigidas por nuestra Constitución. En 2012, el Gobierno maneja un Anteproyecto de Ley de tasas judiciales que pretende recaudar 300 millones de euros. Conviene llamar a las cosas por su nombre: la reforma llegó en 1986, lo que ahora se gesta es una contrarreforma. Dice el ministro Gallardón que las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a las arcas del Estado, sino que sufragarán la justicia gratuita, lo que supone algo así como condicionar un derecho fundamental a la limosna de los litigantes. Los más viejos del lugar recordarán el fenómeno de la parafiscalidad, propio de la posguerra, que permitía a la administración hacer pasar por caja a los ciudadanos, sin unidad de caja, para recaudar cantidades que incluso complementaban el sueldo de los funcionarios. Fue la etapa más decadente de nuestra historia. Hoy, en otra encrucijada histórica y con una Justicia a todas luces saturada, se suprimen partidos judiciales y se generaliza el copago judicial. Cabe preguntarse si alguien podrá pagar el prohibitivo precio de la Justicia, o si lo pagaremos todos en el futuro.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (18/05/2012)

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