Corralito preferente

Corría el año 2003 y España gestaba la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha provocado. El legislador reguló entonces las emisiones de participaciones preferentes, que permitían a las entidades financieras aumentar sus recursos sin incurrir en costes (y con beneficios fiscales) para financiar sus proyectos de expansión, aunque ya con anterioridad se emitían desde paraísos fiscales. En los últimos años, a raíz de la grave crisis financiera, los bancos han incrementado dichas emisiones para sanear sus balances. Es decir, las participaciones preferentes han valido para un roto y para un descosido, para inflar y para parchear la burbuja. Ingeniería financiera y contable que, a primera vista, puede parecer sofisticada. Las participaciones preferentes son instrumentos financieros que no otorgan derechos políticos, tienen carácter perpetuo y su rentabilidad no se halla garantizada. Pero la realidad, con frecuencia, suele presentarse compleja de forma interesada. Lo que para los bancos era notablemente ventajoso implicaba necesariamente un engaño sistémico y sistemático. Los bancos colocaban estas participaciones preferentes a su clientela, sin informar de las características y riesgos reales, omitiendo el dato de la perpetuidad y dando una apariencia de depósito a plazo fijo. Les daba igual que enfrente estuvieran sentadas personas mayores con los ahorros de toda la vida, analfabetos funcionales, parejas jóvenes o personas con discapacidad. Si en algún momento estas personas querían retirar su dinero, los bancos colocaban las participaciones preferentes a otros clientes, y así hasta que la pirámide se derrumbó. Los organismos reguladores –Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores– advirtieron en alguna ocasión de lo que se estaba fraguando, pero sólo de forma tibia e ineficaz. No querían aguar la fiesta.

El resultado cada vez es más conocido: un millón de personas no pueden disponer de sus ahorros. Las reacciones al escándalo han sido dispares. Los ciudadanos afectados y el movimiento consumerista, además de reclamar la devolución del dinero, se han organizado y poco a poco han logrado introducir el conflicto en la agenda pública. Numerosas entidades financieras han ofrecido canjear las participaciones preferentes por acciones u otros productos financieros igualmente complejos y perjudiciales, y en la gran mayoría de los casos no han solucionado el problema. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, desbordada por la situación, ha abierto cuatro expedientes sancionadores a bancos y cajas, pero tampoco ahora actúa con la determinación necesaria, probablemente porque supondría reconocer errores anteriores. Y el Gobierno no sólo ha evitado intervenir para defender a los ahorradores, sino que la única medida adoptada al respecto ha permitido a los bancos diferir el pago de los intereses de las preferentes por un plazo de doce meses. Recientemente el ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha anunciado su intención de prohibir la venta de participaciones preferentes a los particulares, algo que la legislación vigente en cierto modo ya procura impedir. En cualquier caso, la propuesta no aborda el problema real, porque la pirámide no da más de sí, pero cientos de miles de ciudadanos han perdido todos sus ahorros.

El escándalo de las preferentes precisa de la intervención contundente de los poderes públicos en defensa de los derechos de los consumidores y exige revertir la tendencia desregulatoria. En las tinieblas del sistema financiero, un rayo de luz se vislumbra en Galicia, donde la Fiscalía Superior prepara una demanda colectiva por las preferentes de Novagalicia Banco. Mientras tanto, el ciudadano se halla perplejo al comprobar cómo el debate político se centra en la creación de un banco malo. Con que existiera uno bueno sería suficiente, pensarán las víctimas del corralito de las preferentes, e incluso bastaría con un Buen Gobierno.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (25/05/2012)

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