Ladrones

Como en tantas otras ocasiones, la polémica ha enfangado la noticia. Dos asaltos a supermercados en Andalucía, promovidos por el ya famoso alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, han suscitado todo tipo de reacciones, en su mayoría de condena o rechazo. Estas acciones reivindicativas, llevadas a cabo por decenas de jornaleros bajo el rótulo de “expropiaciones alimenticias”, pretendían repartir comida entre los más desfavorecidos y poner el foco en el desigual reparto de la riqueza.

El debate posterior ha girado en torno a los fines y los medios. ¿Son actos condenables? ¿Tienen justificación moral? ¿Es justo que los pobres roben a los ricos? Muy probablemente éste no sea el debate más acorde con la naturaleza de las acciones, pero conviene hacer algunas precisiones. Desde la doble perspectiva ética y jurídica, la concreta justificación del robo que realizan las personas necesitadas se remonta milenios atrás, sin olvidar la enorme trascendencia del tópico más general de la obediencia o no al Derecho injusto. Nos referimos al llamado hurto famélico, que consiste en la apropiación de bienes ajenos (alimentos, ropa, etc.) en situaciones de elemental necesidad, y que históricamente suele generar la exención o atenuación de la responsabilidad penal. Por cierto, para forjar esta figura fue de vital importancia el surgimiento del cristianismo (pues ya en los Evangelios de San Mateo y San Lucas se dice que Jesús justificó que sus discípulos comieran en sábado de sembrados de trigo ajeno), del Derecho Canónico y de la teología de Santo Tomás de Aquino. En nuestros días, el Tribunal Supremo también ha recogido la doctrina del hurto famélico, si bien de forma restrictiva.

Aun cuando es cierto que estas acciones reivindicativas tienen un innegable componente político –cuentan con el protagonismo de los actores públicos antes citados– añadido a su finalidad altruista, la doctrina del hurto famélico pone de manifiesto la relevancia ético-jurídica de los acontecimientos, suficiente como para evitar la criminalización apriorística de las personas implicadas. Optar por la exclusiva respuesta policial, como ha hecho el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, soslayando el debate de fondo que plantean estas acciones simbólicas, constituye un error político de primera magnitud. No hay que ser jurista ni purista para percatarse de que las formas de los jornaleros son indeseables, pero los responsables políticos no deben enfatizar el reproche penal, estarían mirando el dedo de quien señala una luna menguante, el devastador cráter que ha generado una meteorítica crisis económica: incremento insostenible del desempleo, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, con particular incidencia en la infancia.

Recientemente, el exjuez Garzón afirmaba que la Justicia no es igual para todos, una percepción creciente en la ciudadanía. ¿Cómo defender lo contrario? ¿Se ha aplicado el Código Penal a quienes con sus desmanes financieros e inmobiliarios crearon la crisis económica? ¿Se ha aplicado a quienes con sus prácticas especulativas se lucran de la crisis que ellos mismos provocaron? Si un Estado Penal tan selectivo sustituye al Estado Social, los asaltos a supermercados podrían dejar de ser acciones simbólicas y reivindicativas y convertirse en meros actos de supervivencia. Ése es el debate.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (10/08/2012).

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Un comentario en “Ladrones

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