Sin Justicia

Las numerosas afrentas hacia el Estado Social y Democrático de Derecho de los últimos años dificultan la labor de fiscalización que deben realizar tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, que no pueden atender a cada una de ellas con la dedicación necesaria. Pero no sólo es una cuestión cantidad. Los medios de comunicación responden a unos intereses económicos y financieros muy definidos que comprometen la labor profesional de los periodistas y permiten cribar la agenda pública. La sociedad civil, en cambio, no suele disponer de los recursos económicos, materiales y personales para llegar a todas partes, y a veces carece de la audacia necesaria para identificar las prioridades y coordinarse mejor.

Una de las afrentas más graves y que está pasando más desapercibida es la limitación del acceso a la Justicia. La inminente y descabellada subida de las tasas judiciales de facto privará a cientos de miles de ciudadanos del servicio público de la Justicia. La reducción de las partidas presupuestarias destinadas al servicio de asistencia jurídica gratuita, así como los graves problemas de morosidad que arrastran las administraciones para pagar a los letrados que prestan el servicio, suponen una grave discriminación a los ciudadanos que carecen de recursos.

El ámbito de la justicia gratuita refleja a la perfección los efectos devastadores que provocan los recortes en un Estado del bienestar que nunca ha tenido un desarrollo satisfactorio. El modelo español de justicia gratuita siempre se ha acercado más al de un Estado asistencial que al de un Estado Social, pues se basa en una suerte de colaboración público-privada  que pone un servicio público en manos de profesionales del sector privado (con todos los matices que las limitaciones de espacio exigen omitir). Un modelo con muchos partidarios en tanto que, se dice, garantiza la independencia de los abogados, que no existiría si los letrados fueran funcionarios, argumento demasiado débil porque igualmente pondría en cuestión la independencia de la judicatura. Si este modelo ha salido adelante sólo ha sido por el sacrificio y el altruismo de los abogados, cuya paciencia, al menos en Madrid, parece haberse agotado (en la práctica han iniciado una especie de huelga indefinida). Al tratarse de programas de carácter asistencial, las administraciones pueden recortar o dejar de pagar con mayor facilidad que si tuvieran que despedir a empleados públicos: sutil diferencia entre beneficencia y servicio público.

Lo que está sucediendo con la Justicia también permite advertir las intenciones ocultas de quienes agitan un renovado discurso centralista que culpa a las comunidades autónomas de todos los males del país. Ante los problemas de las comunidades autónomas para financiar la asistencia jurídica gratuita, los gobiernos autonómicos reclaman la asunción de la competencia por el Estado, que finalmente ha optado por financiar la justicia gratuita con el incremento de las tasas judiciales. Conclusión: servicios públicos que financiaban las autonomías vía impuestos ahora son costeados por la ciudadanía vía copago. El centralismo como excusa para podar el Estado del bienestar.

Decía la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”. Una lectura actualizada del principio de separación de poderes nos debería alertar de la creciente y vergonzosa subordinación de los poderes públicos a los poderes privados. Y una lectura atemporal de aquella proclamación sugiere una última reflexión: sin garantías como el acceso a la Justicia, los derechos sólo son papel mojado frente a la ley de la selva.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (05/10/2012).

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