Sí se puede

Una de las cuestiones más reiteradas en los medios de comunicación plantea hasta qué punto es posible modificar la legislación para evitar los desahucios. A la injusta y dramática situación de las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas se contrapone el eventual efecto desincentivador que podría ocasionar la reforma en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se trae a colación un debate jurídico muy recurrente, la contraposición de dos fines del Derecho: la justicia y la seguridad jurídica.

Sin embargo, a raíz de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de esta crisis económica, conviene poner en su justo valor el argumento de la seguridad jurídica. Un caso revelador es, precisamente, el del rescate a las entidades financieras, que ha generado el incentivo más perverso: la especulación y nefasta gestión de las entidades sale gratis en tanto que el Estado (la ciudadanía) socializa sus pérdidas. La banca siempre gana, aunque sea necesario reformar el marco regulatorio en sucesivas ocasiones y crear instrumentos ad hoc como el FROB. La sola objeción de la seguridad jurídica sonroja cuando son las entidades rescatadas las que desahucian a las personas.

Las alternativas para reformar la legislación hipotecaria son infinitas. La seguridad jurídica no puede servir de pretexto para la injusticia, porque, como se deduce de la doctrina del Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica ha de subordinarse a la justicia. Es más, no estamos ante un problema jurídico; el problema es social y únicamente requiere voluntad política. La misma voluntad política, en intensidad, que se utilizó también para reformar en tiempo récord la Constitución, la norma jurídica más importante. Una Constitución que todavía fundamenta el orden político en la dignidad de la persona y reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por otro lado, la reciente reacción del Gobierno con la colaboración del principal partido de la oposición, a todas luces insuficiente, sí pone de relieve que las movilizaciones ciudadanas son eficaces a la hora de introducir problemas sociales en la agenda pública. Sin el trabajo de las organizaciones de todo tipo, las acciones directas de los movimientos sociales y la progresiva toma de conciencia por la ciudadanía del drama de los desahucios, sería impensable que los principales partidos hubieran siquiera debatido acerca del problema hipotecario.

La intensidad de las movilizaciones ciudadanas será proporcional a la eficacia de las políticas públicas que afronten la injusta realidad económica que ha revelado la crisis, porque si las políticas no llegan cambiarán los políticos. He aquí el interés del establishment por deslegitimar la última huelga general con todo tipo de artimañas, obviando interesadamente que la huelga es un derecho fundamental, y el derecho al trabajo, un chiste sin gracia para los millones de parados y trabajadores precarios de este país.

A pesar de todo, la huelga ha tenido un notable éxito y las manifestaciones han desbordado todas las previsiones. Las imágenes han dejado en evidencia a las autoridades y medios de comunicación que manipulan las cifras de participación sin escrúpulo alguno. Los de abajo empiezan a comprender que sí se puede, que hay que paralizar el miedo en lugar de paralizarse por el miedo. Y los de arriba acabarán por comprender que el Derecho no es una excusa para la inacción, sino una técnica útil para la realización de la justicia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (16/11/2012).

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