RIP Justicia

Ayer entró en vigor la conocida como Ley de Tasas Judiciales. Pese a que los medios de comunicación no han prestado la debida atención a uno de los mayores atentados cometidos contra el Estado de Derecho, cualquier persona informada sabe que asistimos a la supresión del servicio público de Justicia, entendida ésta como la posibilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho, y, por ende, a la consagración de los abusos de poder públicos y privados: la ley del más fuerte.

La nueva ley cuenta con el profundo rechazo de la comunidad jurídica, unidad que no es fácil de lograr: jueces, fiscales, abogados o procuradores de toda condición han expresado un rotundo rechazo. También en las Cortes Generales se ha podido constatar la soledad del Partido Popular, aferrado a la indigna disciplina de sus parlamentarios y a un paupérrimo argumentario plagado de mentiras. Desmontémoslas.

Primera. Las tasas ya existían y, por tanto, la nueva ley sólo supone un incremento. Falso. En el año 1986 las tasas judiciales se suprimieron en el marco del proceso de consolidación democrática. Posteriormente, en 2002, únicamente se creó una tasa para las empresas cuyo volumen de negocio anual fuera superior a 8 millones de euros.

Segunda. Son tasas que únicamente afectan a la posibilidad de recurrir sentencias. Falso. Si bien es cierto que las tasas son más elevadas en la segunda instancia, que en la práctica desaparecerá, la nueva ley también incluye tasas en la primera instancia y no precisamente bajas. En la primera instancia se prevén tasas de hasta 10.350 euros. Para demandar hay que pagar. Repago generalizado.

Tercera. Las tasas no afectan al derecho a la tutela judicial efectiva. Falso. El desmedido importe de la cuota a pagar deviene en la imposibilidad de litigar para millones de ciudadanos y, cuando menos, desincentiva el acceso a la Justicia. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede limitarse por razones económicas.

Cuarta. Las tasas judiciales aseguran la financiación de la asistencia jurídica gratuita. Falso. La Constitución Española garantiza el acceso a la Justicia a quienes no tienen recursos económicos, por lo que la Justicia Gratuita no depende de la creación de un tributo abusivo, sino del conjunto de ingresos del Estado. La fórmula propuesta, por su concepción caritativa, sí pone en peligro la financiación de la Justicia Gratuita y supone la fractura del principio de unidad de caja (que exige la centralización de todos los ingresos) propio de los Estados avanzados. Vuelve la España de la posguerra.

Quinta. Las tasas son necesarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia y evitar el exceso de litigios. Falso. El principal problema de la Justicia española es la escasez de jueces. Ya existían demasiados obstáculos para litigar: riesgo de condena en costas, honorarios de abogados y procuradores y, por supuesto, la lentitud de la Justicia. De hecho, una Justicia tan lenta fomenta el incumplimiento del Derecho, que pierde su capacidad de coerción, y a su vez retroalimenta la saturación de los juzgados. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la Justicia con su supresión? Tal incongruencia, una vez más, no estaba prevista en el programa electoral con el que Rajoy y los suyos perpetraron el mayor fraude democrático que se recuerda.

Pero al margen de las mentiras del PP, las tasas judiciales sí son de verdad: los derechos de las personas se han convertido en papel mojado. Y, por cierto, miles de profesionales del Derecho engrosarán las cifras del paro. Señorías, pasarán a la historia por acabar con la Justicia, por acabar con todo, con todos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (23/11/2012).

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