La reforma de la Administración

No recuerdo qué tertuliano fue el primero en decirlo, pero la frase ha sido reproducida hasta la saciedad: “La gran reforma pendiente es la de la Administración”. El Gobierno ha recogido el guante y ha sentado las bases del proyecto mediante la reciente creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, por cierto, con cierta pluralidad en su composición.

Esta novedosa disposición para la planificación y el diálogo bien podría saludarse si no fuera porque la reforma ya ha sido en buena parte ejecutada. En el pasado año 2012 el sector público español prescindió de quinientos empleados cada día, lo que pone de manifiesto que el empleo no es una prioridad para los poderes públicos, sino todo lo contrario. En una economía de mercado como la actual, en la que los gobiernos se rinden ante los mercaderes y jugadores del casino financiero, la capacidad para crear empleo en el sector privado se halla ciertamente limitada. Por eso carece de todo sentido que el sector público se sume a la ola de destrucción de empleo, más aún cuando la cifra de empleados públicos en nuestro país es notablemente inferior a la de los países de nuestro entorno.

La burla se consuma cuando la Comisión para la Reforma de las Administraciones prevé estudiar la eliminación de duplicidades, es decir, que se despiden empleados públicos sin analizar previamente las estructuras y necesidades. ¿Por qué se realiza semejante disparate? Porque en el fondo el discurso de las duplicidades es sólo una cortina de humo para reducir aún más el gasto público y con la única pretensión de pagar la deuda, de origen fundamentalmente privado. Lo mismo podría decirse de la Administración Local: se pretende reformar su régimen cuando ya se ha atado a los Ayuntamientos con asfixiantes planes de austeridad.

En general la pretendida reforma de las administraciones puede tildarse de perversa. Lo primero que habría que plantearse es la urgencia de la misma. Se olvida deliberadamente que en los últimos años las administraciones han sido objeto de un continuado proceso de reforma y modernización. Por no viajar demasiado a través del tiempo, se pueden citar la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, de 2006, la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, la Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, así como las innumerables reformas derivadas de la transposición de la Directiva de Servicios, de 2006, y las igualmente incontables reformas en el nivel autonómico. Todas estas reformas tenían objetivos compartidos que pueden resumirse en tres: eficiencia, simplificación y eliminación de trabas administrativas. ¿Qué queda por reducir?

Si el problema de nuestra economía es el tamaño del sector público, ¿por qué teníamos superávit (se gastó menos de lo que se tenía) cuando estalló la crisis económica? ¿Por qué otros países tienen menos desempleo con un sector público más grande en relación con el tamaño del PIB? La manipulación es obscena.

Esto no quiere decir que no sean necesarias las reformas administrativas. Hay mucho que hacer en campos como el de la transparencia y el llamado Gobierno Abierto, y también se está trabajando en este sentido. Pero es necesario denunciar la perversa intención de quien utiliza la palabra reforma con la exclusiva finalidad de disminuir el gasto público y, en última instancia, mermar los servicios públicos y reducir el empleo que éstos generan. Una vez más, la crisis como pretexto para la contrarreforma.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (04/01/2013).

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