Activismo judicial

A estas alturas del partido deberían ser pocos los ciudadanos que ignoran lo que está pasando: la gravedad de la actual situación político-económica no reside tanto en la crisis económica como en el modelo de sociedad que se pretende construir con la excusa de la crisis. El poder económico privado, a través de sus mandatarios políticos, pretende derogar, y de hecho lo está logrando, el pacto que erigió el Estado social y democrático de Derecho, consagrado en nuestro país en la Constitución de 1978. Nos hallamos, por tanto, en el transcurso de un proceso de deconstitucionalización, que consiste en el desmantelamiento de las bases constitucionales: desde los poderes públicos hasta los derechos de las personas.

El poder legislativo, aun cuando formalmente tiene legitimidad democrática, ha sido capturado por las elites económicas a través de la actuación de lobbies y una continua cesión de soberanía a instancias como la Unión Europea y otras organizaciones que no pueden considerarse democráticas. Su actuación se limita a satisfacer las demandas de los acreedores: recortes para pagar una deuda ilegítima y facilidades para aumentar sus beneficios (véanse las reformas laboral y financiera).

En cuanto al poder ejecutivo, si es que tiene sentido mantener tal distinción en escenarios de mayoría absoluta, más de lo mismo. Por la puerta giratoria entran los gobernantes de hoy y salen los grandes empresarios de mañana. Así es difícil esperar decisiones distintas de las que estamos viendo: privatizaciones de servicios públicos y despidos masivos de empleados públicos; en suma, la implementación de unas Administraciones despublificadas.

El poder judicial, por su parte, está siendo objeto de fuertes tensiones. Aunque no es nuevo, existe un renovado intento de captura para evitar un posible contrapeso judicial al proceso de deconstitucionalización e incluso vehicular la respuesta penal del Estado a una ciudadanía disconforme que, aun con retraso, está saliendo a la calle. La limitación del acceso a la Justicia que ha supuesto la Ley de tasas judiciales también contribuye a ese objetivo de eliminar mecanismos de defensa ante las sucesivas contrarreformas.

Suele decirse que la Justicia es la gran asignatura pendiente de nuestro país, ora por la falta de medios que agilicen su actividad, ora por la tibieza de su compromiso democrático. Aun cuando la Justicia todavía conserva rasgos de inmovilismo e indeseable neutralidad (una imparcialidad mal entendida, por ejemplo, en la interpretación de las normas jurídicas injustas), no es la misma  maquinaria predemocrática de otros tiempos, y en estos momentos tiene la oportunidad histórica de posicionarse del lado de la gran mayoría de ciudadanos desposeídos.

Hasta el momento la reacción judicial al desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho no es generalizada, pero sí comienza a dejarse notar en algunos casos: la respuesta unitaria de los operadores jurídicos frente a las tasas judiciales, las resoluciones judiciales que cuestionan la abusiva legislación hipotecaria o algunas decisiones recientes de trascendencia política como la suspensión cautelar del cierre nocturno de las urgencias en Castilla-La Mancha.

La agitación del Derecho es la constatación del fracaso de la política. Pero el activismo judicial es hoy más necesario que nunca: la Justicia puede ser una compuerta de la democracia, un nuevo foco de resistencia desde y para la ciudadanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (25/01/2013).

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