Listas negras

La apasionada intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la Comisión de Economía del Congreso sobre el problema de los desahucios ha vuelto a poner de relieve la brecha abierta entre la realidad social y el legislador. Las dificultades de cientos de miles de personas para hacer frente al pago de unos préstamos hipotecarios a todas luces abusivos constituyen un drama social de incalculable magnitud que el poder público no está afrontando con la debida intensidad.

La injusta legislación hipotecaria es la piedra de toque de una inmoralidad sistémica reflejada tanto en la subordinación del derecho a la vivienda a intereses especulativos como en la creciente desigualdad de renta entre los de arriba y la gran mayoría de ciudadanos. El problema de fondo es que hay demasiadas casas sin personas y demasiadas personas sin casas, sin perjuicio de que haya que dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor urgencia.

Cierto sector de opinión, con más o menos contundencia, defiende que no es posible resolver el problema hipotecario para no vulnerar el principio de seguridad jurídica; en definitiva, dicen que lo pactado está para cumplirse, e incluso aluden cínicamente a la discriminación que podría crearse a quienes sí pagan sus hipotecas o alquileres. Pero el Derecho, que no deja de ser una técnica al servicio de la ciudadanía en un Estado democrático, también aporta las herramientas necesarias para solucionar el problema.

De entrada, la seguridad jurídica es un fin y un principio general del Derecho, pero no el único. Una aplicación estricta y descontextualizada del principio de seguridad jurídica provocaría situaciones de injusticia. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico contempla la llamada cláusula “rebus sic stantibus” (en oposición al principio de que todo lo pactado obliga: “pacta sunt servanda”) que permite la revisión de las condiciones pactadas en un contrato cuando sobrevienen circunstancias imprevisibles. La jurisprudencia aplica esta cláusula de manera muy restrictiva, pero en todo caso su vigencia podría justificar la aprobación de nuevas normas jurídicas que reestructuren las condiciones de los préstamos hipotecarios. La crisis económica, en sentido general, podría constituir un cambio de circunstancias en sí mismo; no en vano, ningún organismo oficial, interno o internacional, predijo su gravedad.

Una vez más, el problema es de voluntad política. Incluso el tipo de medidas adoptadas para lograr un objetivo de consenso responde a los intereses creados. Parece haber consenso en que hay que aumentar los ingresos tributarios, por lo que el Gobierno plantea publicar una lista con los mayores defraudadores a Hacienda, eso sí, habiendo antes garantizado el anonimato de quienes se acogieron a la amnistía fiscal.

Igualmente, parece haber consenso en que el actual es un buen momento para fomentar el alquiler, por lo que el Gobierno plantea crear una ‘lista negra’ de inquilinos condenados por morosos para transmitir confianza a los propietarios. Podrían adoptarse medidas muchos más eficaces (iniciativa pública, alquiler social, revisión de la fiscalidad de las viviendas vacías, etc.), pero se opta por señalar a quien no paga, en su inmensa mayoría, porque no puede.

Las ‘listas negras’ nunca encajan bien en sociedades democráticas y cohesionadas. Un registro público de morosos siempre colisiona con el derecho a la intimidad, pero además, en este caso, estigmatiza a las personas y cataliza la exclusión social, limitando su acceso a un bien de primera necesidad. Si en los mercados todos somos iguales, dicen, podríamos elaborar la lista negra de los culpables de la crisis. Mientras tanto, los calígrafos hacen su agosto con la lista negra de Bárcenas, que tiene la virtud de ser filtrada y falsa a la vez.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (08/02/2013).

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