Justicia en lucha

La huelga de jueces y fiscales del pasado miércoles ha tenido un notable éxito. A pesar de la habitual guerra de cifras, los porcentajes de participación en todo caso son relevantes y la frenética actividad de los Juzgados se ha visto paralizada. Las razones que motivan el conflicto son variadas y complejas, pero en todo caso justificadas. Todas las medidas criticadas guardan en común dos puntos esenciales: el incumplimiento del programa electoral del partido gobernante y la debilitación de la Justicia en tanto que administración y poder público.

La reducción de las partidas presupuestarias en materia de Justicia está deteriorando aún más un servicio público infrafinanciado durante décadas, una de las causas de la anemia democrática de nuestro país. Además, la supresión de centenares de jueces sustitutos ha sobrecargado de trabajo a unos Juzgados ya colapsados. De acuerdo con los datos que ofrece el Consejo de Europa, en nuestro país hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 de Alemania, una cifra que nos sitúa en la cola de Europa, una vez más. ¿Dónde están los analistas que denuncian un exceso de funcionarios en nuestro país? O están mal informados o son funcionarios de los mercados, que permitiría decir Carlos Floriano.

Los frentes abiertos por el ministro Gallardón son innumerables. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la legítima discrepancia sobre el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, ha sido percibida como impuesta y autoritaria. Una constante de todas estas reformas es la falta de un diálogo sincero entre los sectores implicados; en una materia tan sensible, al problema de fondo se une el problema de forma.

Por supuesto, como todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales se han opuesto con rotundidad a la ley de tasas judiciales, lo que desacredita la crítica corporativista a sus protestas. No en vano, el poder judicial está asumiendo un incipiente papel en la defensa del Estado social y democrático de Derecho frente a la ofensiva de otros poderes (privados y públicos). En un contexto de degradación de la política, la ciudadanía debería poder aferrarse a la comunidad jurídica para controlar al poder económico. La democracia como engranaje de frenos y contrapesos (checks and balances).

Pese a la anunciada reducción de las tasas judiciales, éstas seguirán teniendo cuantías desorbitadas y privarán del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a cientos de miles de personas: un ataque frontal sin precedentes al Estado constitucional de Derecho. En cualquier caso, la rectificación parcial de Gallardón supone la constatación de un error político de primera magnitud, y pone de relieve que la movilización y la unidad de todos los sectores afectados de la sociedad civil (operadores jurídicos, asociaciones de consumidores, sindicatos…) resulta útil y eficaz.

¿Se anunciarán nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá, pero el conflicto puede decirse que está más cerca del inicio que del final. Es más, la reacción de algunos sectores políticos y mediáticos ha sido la de arremeter contra los huelguistas e incluso negar la existencia del derecho fundamental a la huelga debido a la posición constitucional que ocupan los jueces. El derecho a la huelga de los jueces es una cuestión muy discutida y polémica tanto en el ámbito político como en el académico-jurídico. Pero lo que es indiscutible es que las reclamaciones de los jueces, defendidas por la mayoría de sus asociaciones profesionales, son legítimas y, además, han sido defendidas con respeto, civismo y la valentía que exige un momento de tanta trascendencia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (22/02/2013).

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