Falsos asociados

La idea es de la rectora de la Universidad de Málaga: “Apadrina a un universitario”. La sociedad civil financiando los estudios universitarios de las personas sin recursos. Es la caridad propia de sociedades desiguales e injustas. “Se trata de una medida transitoria”, aclara. Nos hemos acostumbrado al mal menor con demasiada facilidad. Y el mal menor suele devenir en el peor de los males. Ante el mayor ataque de la historia que ha sufrido el Estado del bienestar, la universidad responde con caridad y resignación. Mejor que nada. Eso es todo.

La universidad sufre las consecuencias de la crisis sistémica de mil maneras. También su personal, claro. En ese clima de resignación, los jóvenes docentes e investigadores son un colectivo paradigmático. Unos emigran, otros trabajan gratis, otros trabajan en falso. Pongamos el foco en un fenómeno tan extendido como silenciado, el de los falsos asociados. Para los profanos: los profesores asociados, que representan una pequeña parte del total de docentes, son aquellos profesionales (del sector público o privado) ajenos a la carrera universitaria que imparten unas pocas horas a fin de trasladar su experiencia y conocimientos prácticos a los estudiantes.

Pues bien, debido a la congelación de las contrataciones de personal docente e investigador, muchos jóvenes docentes e investigadores, en su mayoría doctores que no pueden continuar su carrera académica, son contratados como profesores asociados. El fenómeno tiene una doble lectura. Por un lado estamos ante un caso de corrupción político-administrativa de libro. Los responsables universitarios, en uso y abuso de su poder autónomo, deliberadamente incumplen la legislación para favorecer a sus pupilos preferidos. Estos jóvenes docentes e investigadores, pese a su excelente trayectoria, carecen de experiencia en el mundo laboral extrauniversitario, por lo que resulta manifiestamente imposible que cumplan la función propia de un profesor asociado. Veamos qué dice la Ley Orgánica de Universidades (artículo 53):

a)      El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario”. 

Insistimos, rara vez algún joven doctor o doctorando que es contratado como asociado ha ejercido su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. Y en los casos en que así lo hayan hecho, es difícil tener una competencia “reconocida” con una trayectoria tan corta. En las profesiones colegiadas se dan casos sonrojantes: algunos jóvenes investigadores se ven obligados a colegiarse para simular el desempeño profesional.

b)      “La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad”.

La finalidad de contratar a jóvenes investigadores como asociados no es la de aportar esos conocimientos profesionales, sino la de dar continuidad a la carrera académica de los jóvenes docentes. Hablando en plata: evitar que se queden en paro. Por tanto, estamos ante un supuesto de corrupción en el que no necesariamente hay mala fe o un fin perverso. Pero sí un coste social: los verdaderos profesionales son arbitrariamente damnificados; otros jóvenes investigadores quedan excluidos por carecer del suficiente “apoyo”; y los estudiantes se ven privados del conocimiento de la realidad profesional. El profesor asociado constituye una figura apta para conocer (que no imponer) cómo es la realidad laboral y profesional de las distintas disciplinas académicas, mucho más sensata que la pretensión de subordinar los planes de estudio a los intereses de los mercados (como se ha hecho con el llamado proceso de Bolonia).

Un ejemplo más de que la corrupción no es exclusiva de la élite política, sino que es inherente al poder, por pequeña que sea la parcela de poder.

Empero, desde otra perspectiva, el fenómeno de los “falsos asociados” también es un supuesto de precariedad laboral. Veamos qué dice la LOU:

c) “El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial”

d) “La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá renovar por períodos de igual duración (…)”.

En suma: temporalidad, uso abusivo de la figura del contrato a tiempo parcial (tan de actualidad) y bajos salarios (inferiores al salario mínimo interprofesional en muchos casos). Y ello para ocultar un profesor a tiempo completo, que corregirá exámenes, dará más clases de las pagadas, investigará y tendrá que reunir méritos para acreditarse a la espera de que salga una plaza “verdadera”.

Pero es lo que hay. Mejor que nada. Llama la atención que el mundo universitario no se haya implicado en las mareas, o no tanto. Quizá, como sucedió en otras épocas, el saber y el pensamiento no tengan cabida en la universidad de nuestro tiempo, la universidad de la resignación.

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