La Justicia no es lenta

Desde hace dos o tres décadas viene forjándose un movimiento social transversal, informal y multinacional que pretende desacelerar el ritmo vertiginoso de nuestras vidas en las sociedades desarrolladas: el llamado movimiento Slow. Ciertamente, algunos de sus críticos tenían razón: algo de moda pasajera había en aquello. Pareciera que el movimiento Slow se ha diluido a raíz de la crisis económica internacional, con el consecuente cambio de prioridades que ha supuesto a todos los niveles, y quizá también por la nueva aceleración que implica el auge de las redes sociales. No obstante, todavía hoy se aprecian algunos retazos, como, por ejemplo, el éxito en nuestro país de los programas televisivos de cocina y el redescubrimiento del gusto por el buen comer. Suele decirse que las crisis representan oportunidades para replantear los problemas de fondo y el fondo de los problemas, y el movimiento Slow proporciona valiosas herramientas para diagnosticar el origen de nuestros males y satisfacer nuestras necesidades vitales. Pero ese es otro cantar.

Lo que se pretende en este artículo es reflexionar acerca de la velocidad de nuestra Justicia, o, en un sentido más amplio, de nuestra comunidad jurídica. En todas las esferas de nuestra sociedad (opinión pública, medios de comunicación, profesionales del Derecho, etc.) predomina la idea de que nuestra Justicia es insoportablemente lenta. Pero nada más lejos de la realidad. En España la Justicia no es lenta, sino terriblemente apresurada, precipitada y acelerada. Puede que los procesos duren muchos meses, sí, pero la prisa se refleja en cada escrito, trámite o intervención procesal. Uno de los aspectos más destacados por los medios de comunicación del reciente auto del juez Castro que imputa a la infanta Cristina es su extensión: 227 folios escritos tras 20 días de “encierro”. Sabido es que la Justicia no es igual para todos: tampoco en su velocidad y, por tanto, en su calidad.

Pensemos en el ejercicio de la abogacía. En los últimos lustros los despachos unipersonales, familiares o pequeños están en vías de extinción. Recientemente se ha concluido que a uno de cada tres abogados le cuesta vivir de su profesión. Las tasas judiciales han supuesto la puntilla. Atrás queda la figura del abogado sereno, reflexivo y prestigiado que tan bien encarna Atticus en Matar a un ruiseñor. Hoy los despachos de abogados funcionan como cualquier otra empresa: pretenden maximizar beneficios y minimizar costes. La deontología y el compromiso social no tienen cabida. Tampoco la pausa. La reducción de plantillas y la precarización de las condiciones laborales exprimen a los abogados, muchos de ellos ni-mileuristas, que soportan una extrema presión y un deterioro de su calidad de vida. Los plazos, la orientación a resultados y la presión de sus jefes y clientes les convierten en auténticos autómatas estresados. La calidad jurídica se resiente; la satisfacción del cliente, también. El mercado ya ofrece aplicaciones informáticas que automatizan la solución al caso. Simplemente no hay tiempo.

Tampoco los funcionarios judiciales gozan de la necesaria tranquilidad. Puede que hagan menos horas presenciales que los abogados, afortunadamente, pero sólo hay que visitar los juzgados para comprobar cómo los funcionarios y jueces están desbordados. Las resoluciones judiciales están llenas de erratas, faltas de ortografía, errores gramaticales y, en detrimento de los derechos de las personas, una grave ausencia de motivación. En ocasiones, administrar Justicia es sinónimo de copiar y pegar. En las salas de vista el panorama no es mucho mejor: “Letrado, vaya concluyendo”, suele decir un juez fatigado al abogado, cuyo cliente le reprochará la brevedad de su intervención.

A la comunidad jurídica parece que le estorba el conocimiento: a veces da la impresión de que la principal fuente del Derecho es el formulario. La doctrina, esto es, la labor interpretativa y dogmática de juristas y académicos, cada vez tiene un papel menos relevante.

La excesiva velocidad, paradójicamente, contribuye a la lentitud de la Justicia, es decir, a la tardía resolución de los asuntos. Piénsese en las solicitudes de aclaración de sentencia, la rectificación de errores, los recursos ante la deficiente fundamentación, las llamadas de los abogados para completar información a los clientes que fueron despachados rápidamente, etc.

Y no nos engañemos. Puede que el diseño de los procedimientos sea mejorable, al igual que la gestión documental o la planta judicial. Pero la Justicia es rápida (precipitada) y lenta (tardía) principalmente por la falta de personal. Al ciudadano hay que explicárselo: la Justicia es lenta y muchas veces injusta porque faltan funcionarios, así de claro. España es uno de los países de su entorno con menos empleados públicos y también con menos jueces por habitante. La crisis ha servido de excusa para reducir aún más el empleo público, imponer tasas judiciales que abortan los derechos fundamentales y, en suma, deteriorar el servicio público de la justicia. Dime cómo es el acceso a la Justicia y te diré la calidad de la democracia.

Los derechos de los justiciables, la salud de los profesionales del Derecho y la eficacia y equidad en la resolución de los conflictos requieren una Justicia Slow: una Justicia con más pausa, reflexión, calma, conocimiento, puestos de trabajo y jornadas menos intensas. Una Justicia, como predica el movimiento Slow, que responda con la velocidad adecuada a cada situación.

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