PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

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