El fraude bancario del IRPH (I)

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria-hipotecaria y la consecuente crisis económica han revelado una realidad que no admite discusión: las entidades financieras cometieron todo tipo de irregularidades en la masiva comercialización de préstamos hipotecarios. La incorporación de cláusulas abusivas, la ausencia de rigor a la hora de evaluar la capacidad de pago de los consumidores y la falta de información precontractual son las falencias más frecuentes. Empero, la gravedad del asunto no reside en el incumplimiento de concretos deberes jurídicos, sino en la manipulación sistémica del proceso de contratación por parte del banco, parte fuerte de la relación jurídica, que también capturó a los agentes correctores o controladores (notarios, tasadoras, legislador, regulador, medios de comunicación, etc). Sometido a la perversa y tolerada omnipotencia bancaria, el consumidor, sin tiempo ni educación financiera, y, no lo olvidemos, como medio para realizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se adhería con ingenua ilusión a un clausulado que devendría en su peor pesadilla. Ésta es la realidad social, descrita sucintamente, que ha de servir como criterio hermenéutico a cualquier operador jurídico que realice una labor aplicadora del Derecho en el ámbito hipotecario.

La desaparición de las cajas de ahorros ha conllevado la extinción de tres índices de referencia utilizados en los contratos de préstamo hipotecario de tipo variable: el IRPH de los bancos (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos); el IRPH de las cajas (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros) y el CECA (tipo activo de referencia de las cajas de ahorros). Estos índices se diferencian del euríbor, en primer lugar, por su carácter excepcional o minoritario: la mayoría de los préstamos hipotecarios se referencian al euríbor; y, en segundo término, porque han tenido una evolución al alza respecto del euríbor, resultando, como consecuencia de su propia configuración, unos tipos de interés ciertamente elevados que no responden al contexto económico y empeoran la posición económica del cliente bancario. No entraremos, por evidentes razones de espacio, en los avatares que forjaron la coexistencia de una pluralidad de índices de referencia, aunque sí nos gustaría apuntar la necesidad de una investigación rigurosa y un robustecimiento del control público a la luz de la ya confirmada manipulación del euríbor, máxime cuando las entidades predeterminan la evolución de los índices.

Lo que nadie puede negar es que, cuando menos, tras constatarse empíricamente la mayor onerosidad de los índices en cuestión respecto del euríbor, las entidades financieras comenzaron a computar la elección del índice de referencia como un criterio para modular las condiciones económicas de los préstamos hipotecarios. Esto es, ante un mayor riesgo de impago, las entidades buscaban una mayor rentabilidad de la operación, de ahí que introdujeran un índice más gravoso para el cliente.

La extinción de estos índices ha sido regulada, no sin previa incertidumbre, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El legislador, con la mala calidad normativa propia del Derecho de la crisis, no ha resuelto el problema de fondo, sino que de forma asistemática ha generalizado, con un coeficiente corrector, el uso del IRPH del conjunto de las entidades (una síntesis de los IRPH extinguidos). La situación, en suma, no ha cambiado.

Los consumidores que han recibido comunicaciones del banco sobre la sustitución del índice aplicado, y que, en general, ante las crecientes dificultades para hacer frente al pago de las cuotas, se han informado a posteriori de las condiciones de su préstamo, han comenzado a percatarse de la realidad de las cosas: no tienen el famoso euríbor, sino algo de difícil nombre y nefastas consecuencias. Y como tantos otros colectivos víctimas de las prácticas abusivas de la banca, se están organizando. ¿Qué pueden hacer?

En mi opinión sí cabe defender la nulidad de la cláusula que regula el índice de referencia. La proyección del control reforzado de transparencia que el Tribunal Supremo ha aplicado a la cláusula suelo abre la vía a análogas impugnaciones del índice de referencia. Las entidades financieras debieron explicar las consecuencias de incorporar un índice con una evolución más perjudicial para el consumidor que la del euríbor (índice de notable trascendencia mediática). Y, por mi experiencia profesional, puedo concluir que nunca lo hicieron. Ciertamente, habrá que ponderar todas las circunstancias del caso y aplicar la necesaria dosis de prudencia que requiere una decisión tan relevante para el interés económico del consumidor. Pero la lucha por el derecho también precisa de riesgo, audacia e innovación. Y ya existe algún precedente judicial en un sentido similar al que aquí defendemos.

En otro post abordaré las consecuencias de la nulidad de la cláusula que establece el índice de referencia y los criterios para la integración (subsistencia) del contrato, que, ya adelanto, es perfectamente posible.

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El desafío del periodismo jurídico

El próximo lunes 11 de marzo tendrá lugar en el salón de Grados de la Facultad de Derecho de la USAL el primer Seminario de Periodismo Jurídico, que impartirán distintos profesores expertos en la materia. Se trata de una interesante iniciativa promovida por la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) en colaboración con la Facultad de Derecho, que se dirige tanto a periodistas como a estudiantes e interesados en general, con el doble objetivo de mejorar la información jurídica que difunden los medios de comunicación y abordar la problemática jurídica que suscita la actividad periodística.

El Seminario nace del interés de los propios periodistas en mejorar su formación, una actitud digna de encomio, más aún si tenemos en cuenta la situación de desempleo y precariedad que afecta al sector. Y la materia elegida no podía ser más oportuna. En una sociedad compleja y conflictiva, como la actual, la actualidad informativa se halla impregnada de juridicidad, y no sólo por la proliferación de procesos judiciales de interés público, ya que no todas las controversias de interés informativo se judicializan; de ahí que sea un acierto la denominación de “periodismo jurídico”, más amplia que la de “periodismo judicial”.

La exigencia de rigor periodístico a la hora de abordar cuestionas jurídicas no es baladí. Pongamos un ejemplo de rabiosa actualidad: el llamado caso Bárcenas. Algunos medios de comunicación están utilizando indistintamente los conceptos de demanda y denuncia. Demanda es el acto procesal que en general inicia un proceso civil. En cambio, denuncia es el acto por el que se da conocimiento de unos hechos que podrían ser delictivos. Para interpretar correctamente la contundencia de las acciones que están ejercitando las distintas personas implicadas resulta necesario informar con precisión sobre quiénes optan por la vía civil y quiénes optan por la vía penal.

Pero los errores que aparecen en las informaciones jurídicas no siempre obedecen a la insuficiente formación especializada de los periodistas. También existen responsabilidades en el mundo del Derecho, que históricamente se ha aislado en una burbuja de tecnicismos y ha sido reacio a divulgar sus funciones. El lenguaje que utilizan los operadores jurídicos a veces resulta innecesariamente complejo, y casi siempre obvia que, en definitiva, es el ciudadano el destinatario último de sus servicios.

Para revertir esta situación, en 2009 se creó la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Esta Comisión ha defendido que los ciudadanos tienen un derecho a comprender, y, por cierto, también ha hecho algunas recomendaciones a los periodistas: “Los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurídico a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro lenguaje son distintos. En consecuencia, entendemos que los periodistas tienen una mayor exigencia de claridad y una menor exigencia de rigor técnico. En definitiva, los profesionales de la comunicación deben asumir un papel activo en la ‘traducción’ y explicación del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho”. Habría que añadir que el desafío del periodismo jurídico radica en facilitar la comprensión sin sacrificar el rigor. Un difícil equilibrio que no siempre se alcanza.

La solución pasa, entre otras cosas, por una mayor cooperación entre juristas y periodistas. El último Barómetro de Opinión del CIS concluye que jueces y periodistas son las profesiones peor valoradas por la ciuda/danía. Un estímulo para mejorar.

Artículo publiado en el diario El Adelanto (8/3/2013).

 

¿Quieres abrir una cuenta en el extranjero?

La fuga de capitales en España se ha disparado en los últimos tiempos. Los grandes inversores tienen esa facilidad para apostar, especular y huir sin dejar apenas rastro. No se pretende en esta breve entrada analizar tal comportamiento, sino explicar qué tiene que hacer un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador, para abrir una cuenta bancaria en el extranjero, sin entrar en el campo de las razones y sin ánimo de alimentar la actual espiral de desconfianza.

Los ciudadanos que pretendan abrir una cuenta en el extranjero tienen el deber de declarar su apertura en el plazo de un mes, según dispone la Circular 3/2006, de 28 de julio, sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero, del Banco de España. El incumplimiento de este deber puede suponer la comisión de una infracción prevista en la Ley 19/2003, de 4 de julio, de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. Una vez creada y comunicada la apertura de la cuenta al Banco de España, si lo que se pretende es hacer una transferencia de una cuenta española a la cuenta extranjera, no existe obligación de declarar movimientos de cantidades inferiores a 600.000 euros.

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, hay que declarar los intereses que generan las cuentas bancarias en el extranjero (rendimientos de capital), y, en cualquier caso, es necesario prestar atención a las novedades que pueda deparar la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

 

 

¿Has sido becario?

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

¿Por qué esta norma?

La última reforma de las pensiones o ‘pensionazo’ (como se recordará, la norma que ampliaba la edad de jubilación a los 67 años), cuya aprobación pretendía tranquilizar a los mercados, los sindicatos obtuvieron en la negociación alguna compensación: por ejemplo, que los becarios coticen a la Seguridad Social.

¿Qué es lo más importante?

Quienes se encuentren actualmente en programas formativos o vayan a participar en el futuro no tienen que hacer nada, pues es la empresa la que está obligada a dar de alta al becario. Sin embargo, el que haya sido becario con anterioridad a la aprobación de esta norma puede cotizar por los períodos de formación realizados hasta un máximo de dos años. Para ello, estas personas (quienes hayan sido becarios) tienen que suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y pagar la correspondiente cuota.

¿Qué requisitos debo cumplir?

  1. El becario debe acreditar la participación (y su duración) en programas formativos que incluyan la realización de prácticas retribuidas (por ejemplo, pidiendo un certificado al organismo concreto).
  2. El becario debe solicitar la sucripción de un convenio especial y pagar la cuota correspondiente. El cálculo lo hará la Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con la base de cotización mínima del período en cuestión y aplicando un coeficiente corrector (0,77) que reducirá el importe total. El pago se podrá fraccionar.
  3. El plazo para solicitar la suscripción del convenio especial finaliza el 31 de diciembre de 2012.

¿Me conviene?

Con la última reforma de las pensiones, para tener una buena situación en relación con la cuantía de la pensión y la edad de jubilación se requieren más años de cotización. Debido a las dificultades para entrar y permanecer en el mercado de trabajo, así como a las oscuras perspectivas de futuro, es aconsejable suscribir este convenio especial para aumentar los años de cotización. Aunque a corto plazo debamos pagar la correspondiente cuota, a largo plazo evidentemente resultará beneficioso. Como dato negativo, no se incluye la protección por desempleo.

Si tienes cualquier duda, puedes rellenar este formulario de consulta gratuita aquí.

Así actúa la SGAE

Cuando la SGAE reclama el pago de tarifas a los bares por la supuesta utilización de su repertorio musical, ya sea por aparatos musicales o por un receptor de televisión, lo hace con métodos ciertamente inmorales. Para empezar, la SGAE, tras la apertura de un establecimiento, envía cartas exigiendo el pago por algo que ni siquiera tiene constancia de que se produzca. Si los responsables de los bares, legítimamente, se niegan a pagar,  la SGAE recurre en su afán intimidatorio a los mal llamados “inspectores”. El uso de la palabra inspector no es casual. Sirviéndose de la acepción más generalizada en nuestro idioma (según el DRAE, inspector es un “funcionario a quien por su alta categoría corresponde la vigilancia sobre la totalidad de un servicio del Estado y del personal que lo ejecuta”), la SGAE pretende transmitir la sensación de que los bares se enfrentan a un funcionario que puede “sancionar”. Pero nada más lejos de la realidad. El supuesto inspector es simplemente un empleado de la SGAE que ni siquiera procede del ámbito profesional de la investigación. En la mayoría de ocasiones, las actas de esas supuestas visitas, y a veces el testimonio de quien supuestamente las levanta, constituyen las únicas pruebas propuestas por la entidad para reclamar judicialmente el importe de sus tarifas. Conviene recordarlo: la SGAE no es Administración Pública y sus “inspectores” ni son funcionarios ni son profesionales de la investigación legalmente habilitados.

¿Qué consecuencias jurídicas se derivan de esta inmoral forma de proceder? En ninguna relación jurídica el testimonio de una parte es suficiente para acreditar la existencia de una deuda. Con frecuencia, los operadores jurídicos confunden la legitimación (la capacidad de defensa de los intereses de sus socios que tienen las entidades de gestión de derechos de autor) con las garantías procesales y la exigencia probatoria. Que la SGAE se halle legitimada para reclamar no significa que esté eximida de probar. Así, tras cerciorarnos de que no estamos ante un profesional de la investigación legalmente habilitado (véanse los artículo 265.1.5º y 380.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), formularemos la tacha del testigo (procedimiento para señalar su escasa credibilidad) alegando que es dependiente de quien lo ha propuesto (empleado de la SGAE) y que tiene interés directo en el asunto.

Y para colmo, la SGAE intentará cobrar, en caso de que obtenga una sentencia favorable, los gastos de investigación. Pero, como ya sabemos, no hay gastos de investigación porque no existe investigador alguno. Así actúa la SGAE, sin vergüenza en la vida diaria y sin escrúpulos ante los tribunales. Nosotros, los ciudadanos en general y abogados en particular, tenemos el deber cívico de pararles los pies.

El entrenador que incumplió el Estatuto de los Trabajadores

Los aficionados al fútbol le recordarán: Juan Eduardo Esnáider, el delantero argentino que se inició en el Madrid y triunfó en Zaragoza. Ahora es el entrenador del  filial del Real Zaragoza, y hoy ha sido uno de los protagonistas en los medios de comunicación. Esnáider ha prohibido presentarse a los exámenes de Selectividad a un joven jugador de su equipo, porque, según el técnico argentino: “Eres futbolista. Tienes contrato profesional. Los estudios son incompatibles con el fútbol. Lo que hay que hacer cuando terminas de entrenar es descansar, no estudiar”.

Sin embargo, ignora el técnico argentino que nuestro Ordenamiento reconoce a los trabajadores derechos orientados a facilitar su formación. En concreto, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 23, establece el derecho del trabajador al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. Como establece el Real Decreto que regula la relación laboral de los deportistas profesionales, debe aplicarse el Estatuto de los Trabajadores en todo lo que no sea incompatible con la naturaleza especial de la relación laboral del deportista, y el hecho de que un jugador de fútbol quiera aumentar su formación académica no genera ningún tipo de incompatibilidad.

Olvida también Esnáider, y esto trasciende cualquier consideración jurídica, la importancia de la formación para el mercado de trabajo y, más aún, para el desarrollo de nuestra personalidad. Porque, lamentablemente, son mayoría los jóvenes futbolistas que se estrellan antes de ser estrellas.