El control de los poderes públicos y privados: una comparativa de sus límites (I)

 “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. El lema de la manifestación que dio origen al Movimiento 15-M señalaba a políticos y banqueros como responsables de la crisis económica. El debate en torno a los culpables de la crisis ha sido profuso y aún hoy puede considerarse inacabado. Dejando a un lado los análisis partidistas que atribuyen la culpa en exclusiva al rival político, y a otro lado la premisa interesada de que los ciudadanos vivieron por encima de sus posibilidades, los diagnósticos más recurrentes atribuyen la responsabilidad ora al sector público (principalmente, a los políticos), ora al sector privado (principalmente, a los banqueros), sin que falten los partidarios de la vía sincrética (como rezaba el eslogan original del 15-M). No es objeto de este artículo responder a un interrogante tan complejo, pero sí es necesario apuntar que la sustitución de unos políticos por otros (que lentamente estamos viendo) y la renovación de la élite financiera (que, anticipo, nunca veremos) de nada servirían si no se aborda la cuestión más apremiante del control del poder (público y privado).

Como punto de partida es preciso advertir que el debate (poderes públicos vs. poderes privados) encierra una doble trampa. En primer lugar, en las últimas décadas el sistema político-económico, no sólo en España, ha experimentado una mutación de su Constitución económica material. El papel del sector público se hallaba en retirada ya que, se decía, estorbaba a la mano invisible del mercado. Así pues, la responsabilidad de los poderes públicos debería ceñirse, en todo caso, a su inhibición, exhortada, por cierto, por los poderes privados. Por ejemplo, decir que un Gobierno destruye empleo cuando las reglas del juego atribuyen al mercado la función de crearlo resulta cuando menos incoherente.

En segundo lugar, lo cierto es que no puede escindirse en puridad la esfera económica pública de la privada. Los intereses público-privados con frecuencia se confunden, y los poderes públicos acaban por someterse al dictado de los poderes privados. Véase la deriva de las cajas de ahorro o la profusión de fenómenos que revelan una corrupción de alcance sistémico: puerta giratoria, financiación empresarial de los partidos políticos, lobbies, etc. Si se quiere ser riguroso, el debate debería plantearse en términos de gestión (pública vs. privada).

Como decimos, resulta urgente atender a la cuestión de los límites del poder para evitar la reiteración de prácticas contrarias al interés general que socavan el bienestar de nuestras sociedades, y en esta difícil tarea el concurso de los juristas, por nuestro contacto permanente y directo con la realidad institucional, se antoja imprescindible. A continuación va a realizarse un análisis comparado –incompleto por la finalidad divulgativa de este breve texto– entre las Administraciones públicas y las entidades financieras (podría haberse elegido otro sector económico relevante) para contrastar los límites de los poderes públicos y privados.

¿Por qué una actividad es pública o privada?

La primera cuestión que ha de abordarse es la de por qué una actividad debe realizarse en el mercado (actividad económica privada) o fuera de él (actividad económica pública). La característica esencial de las actividades públicas y privadas es la existencia o no de ánimo de lucro, y la elección dependerá, en teoría, del grado de afectación al interés público y de la eficacia. Cuando el sector público decide rescatar a entidades del sector privado por su insolvencia y carácter sistémico, surge inmediatamente un interrogante: ¿por qué se ejercen actividades sistémicas con ánimo de lucro? Seré diáfano: el ánimo de lucro de un operador económico consiste en que éste orienta su actividad al objetivo de hacer negocio y maximizar sus beneficios. El incentivo económico del operador parece difícilmente conciliable con la salvaguarda del interés general, por más que el regulador se esmere en su papel vigilante, más aún cuando sabe de antemano que es “demasiado grande para caer” (traducción del concepto en inglés too big to fail). Pese a la realización de algunas reformas en el sector financiero encaminadas a la consecución de un mayor control del riesgo, la reacción del legislador a la debacle financiera ha sido la de reforzar el ánimo de lucro en el ejercicio de la actividad: las cajas de ahorro, que ya funcionaban como entidades sometidas a las leyes del mercado, han sido definitivamente bancarizadas. Quien escribe no es ingenuo, y sabe perfectamente que, aun cuando haya actividades sin ánimo de lucro, sus prestadores sí persiguen beneficios económicos personales (corrupción). Empero, si un incentivo perverso es inherente a la actividad económica en cuestión, la producción de un resultado contrario al interés general deja de ser una posibilidad indeseable para convertirse en un evento probable.

Este análisis continuará en un próximo post.

Entrevista a Eduardo García de Enterría

Hace poco más de un semestre nos dejó Eduardo García de Enterría. Quizá falte perspectiva, pero para muchos se trata del mejor jurista español de la era moderna. Gracias a Youtube rescato una entrevista en la que el padre del Derecho administrativo español repasa su trayectoria vital. Varias generaciones de juristas nos hemos adentrado en su extensa y brillante obra; con este vídeo podemos visitar su casa. Descanse en paz.

El fraude bancario del IRPH (I)

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria-hipotecaria y la consecuente crisis económica han revelado una realidad que no admite discusión: las entidades financieras cometieron todo tipo de irregularidades en la masiva comercialización de préstamos hipotecarios. La incorporación de cláusulas abusivas, la ausencia de rigor a la hora de evaluar la capacidad de pago de los consumidores y la falta de información precontractual son las falencias más frecuentes. Empero, la gravedad del asunto no reside en el incumplimiento de concretos deberes jurídicos, sino en la manipulación sistémica del proceso de contratación por parte del banco, parte fuerte de la relación jurídica, que también capturó a los agentes correctores o controladores (notarios, tasadoras, legislador, regulador, medios de comunicación, etc). Sometido a la perversa y tolerada omnipotencia bancaria, el consumidor, sin tiempo ni educación financiera, y, no lo olvidemos, como medio para realizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se adhería con ingenua ilusión a un clausulado que devendría en su peor pesadilla. Ésta es la realidad social, descrita sucintamente, que ha de servir como criterio hermenéutico a cualquier operador jurídico que realice una labor aplicadora del Derecho en el ámbito hipotecario.

La desaparición de las cajas de ahorros ha conllevado la extinción de tres índices de referencia utilizados en los contratos de préstamo hipotecario de tipo variable: el IRPH de los bancos (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos); el IRPH de las cajas (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros) y el CECA (tipo activo de referencia de las cajas de ahorros). Estos índices se diferencian del euríbor, en primer lugar, por su carácter excepcional o minoritario: la mayoría de los préstamos hipotecarios se referencian al euríbor; y, en segundo término, porque han tenido una evolución al alza respecto del euríbor, resultando, como consecuencia de su propia configuración, unos tipos de interés ciertamente elevados que no responden al contexto económico y empeoran la posición económica del cliente bancario. No entraremos, por evidentes razones de espacio, en los avatares que forjaron la coexistencia de una pluralidad de índices de referencia, aunque sí nos gustaría apuntar la necesidad de una investigación rigurosa y un robustecimiento del control público a la luz de la ya confirmada manipulación del euríbor, máxime cuando las entidades predeterminan la evolución de los índices.

Lo que nadie puede negar es que, cuando menos, tras constatarse empíricamente la mayor onerosidad de los índices en cuestión respecto del euríbor, las entidades financieras comenzaron a computar la elección del índice de referencia como un criterio para modular las condiciones económicas de los préstamos hipotecarios. Esto es, ante un mayor riesgo de impago, las entidades buscaban una mayor rentabilidad de la operación, de ahí que introdujeran un índice más gravoso para el cliente.

La extinción de estos índices ha sido regulada, no sin previa incertidumbre, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El legislador, con la mala calidad normativa propia del Derecho de la crisis, no ha resuelto el problema de fondo, sino que de forma asistemática ha generalizado, con un coeficiente corrector, el uso del IRPH del conjunto de las entidades (una síntesis de los IRPH extinguidos). La situación, en suma, no ha cambiado.

Los consumidores que han recibido comunicaciones del banco sobre la sustitución del índice aplicado, y que, en general, ante las crecientes dificultades para hacer frente al pago de las cuotas, se han informado a posteriori de las condiciones de su préstamo, han comenzado a percatarse de la realidad de las cosas: no tienen el famoso euríbor, sino algo de difícil nombre y nefastas consecuencias. Y como tantos otros colectivos víctimas de las prácticas abusivas de la banca, se están organizando. ¿Qué pueden hacer?

En mi opinión sí cabe defender la nulidad de la cláusula que regula el índice de referencia. La proyección del control reforzado de transparencia que el Tribunal Supremo ha aplicado a la cláusula suelo abre la vía a análogas impugnaciones del índice de referencia. Las entidades financieras debieron explicar las consecuencias de incorporar un índice con una evolución más perjudicial para el consumidor que la del euríbor (índice de notable trascendencia mediática). Y, por mi experiencia profesional, puedo concluir que nunca lo hicieron. Ciertamente, habrá que ponderar todas las circunstancias del caso y aplicar la necesaria dosis de prudencia que requiere una decisión tan relevante para el interés económico del consumidor. Pero la lucha por el derecho también precisa de riesgo, audacia e innovación. Y ya existe algún precedente judicial en un sentido similar al que aquí defendemos.

En otro post abordaré las consecuencias de la nulidad de la cláusula que establece el índice de referencia y los criterios para la integración (subsistencia) del contrato, que, ya adelanto, es perfectamente posible.

Cláusula suelo (diario SUR, 6/3/14)

Enrique San Juan y Muñoz, magistrado especialista en Derecho Mercantil (Juzgado de lo Mercantil de Granada) y profesor asociado de la Universidad de Málaga, se pronuncia en relación con la cláusula suelo a favor de la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por los bancos. Una voz autorizada que alude a las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo Javier Orduña, rescatadas en este blog y que han agitado a la comunidad jurídica.

Artículo publicado en el diario SUR (6/3/14).

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Los beneficios de la banca y la cláusula suelo: un escándalo supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 supone un gran acicate para que los consumidores puedan eliminar la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios. Para los profanos, hay que recordar que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios en nuestro país son de tipo variable: el tipo de interés que se aplica, y por tanto la cuota que hay que pagar, depende de la evolución de un índice, normalmente el euribor. Pues bien, la cláusula suelo viene a ser una condición general, es decir, la típica letra pequeña que nadie lee o nadie puede entender, por la cual los bancos consiguen que los ciudadanos no se beneficien de la bajada del euribor. Cuando el euribor sube, como, por ejemplo, lo hizo en 2006, los consumidores pagan más, ya que no se establece un límite máximo o bien éste es tan alto que no tiene ninguna aplicación práctica; sin embargo, cuando el euribor baja, como sucede desde 2009 –hoy aproximadamente se sitúa en el 0,5%– se activa la cláusula suelo (en general de un 3,5%). La banca siempre gana.

¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que la cláusula suelo es legal siempre que el banco haya actuado siguiendo unos parámetros o criterios de transparencia. En la práctica, como en la casi totalidad de los supuestos la banca ha introducido la cláusula suelo “de tapadillo”, la Sentencia supone que la cláusula suelo es nula. Hasta aquí la Sentencia puede considerarse una victoria de los consumidores, quizás pírrica, ya que al sembrar la casuística también puede brotar la maleza (en otra ocasión abordaré el fenómeno de la puerta giratoria de los jueces). Como consecuencia de la Sentencia, se eliminan las cláusulas suelo de las entidades demandadas (BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar) y se sientan las bases para que, como está sucediendo, miles de ciudadanos obtengan éxito en la vía judicial.

Lo más significativo de la Sentencia, no obstante, reside en el pronunciamiento sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo. El Supremo, sin que proceda por el tipo de acción ejercitada (acción colectiva de cesación), y a fin de velar por los intereses económicos de la banca, se pronuncia sobre los efectos de la nulidad y concluye que no procede devolver a los consumidores las cantidades que han pagado de más y que injustamente han venido cobrando los bancos en los últimos años. Se trata de una decisión manifiestamente contraria a Derecho y que supone la conculcación de las exigencias mínimas del Estado de Derecho: socaba el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Una decisión que no ha tenido la trascendencia mediática que merece, pero que pone de manifiesto la preponderancia de los poderes económicos sobre el Estado social y democrático de Derecho.

Muchos juristas sí han mostrado su indignación. Entre otros, el profesor Pertíñez Vílchez ha resumido la controvertida decisión con una gran claridad (Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, número 38):

“En definitiva, se trata de una argumentación muy pobre, cuando una decisión tan disconforme con una regla tan sólida como es la de la restitución recíproca de las prestaciones del artículo 1303 CC habría requerido razones jurídicas de más peso. La verdadera razón de este pronunciamiento, no es jurídica, sino económica y la expresa la propia sentencia: ‘293. k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas’”.

Semejante atentado judicial ha recibido un sólido reproche argumentativo de la comunidad jurídica, también, afortunadamente, de muchos Juzgados y Audiencias Provinciales, que se alejan del criterio del Tribunal Supremo para cumplir con su deber constitucional de aplicar la ley. Quizás todavía no se haya hecho una valoración profunda de la Sentencia desde la ciencia económica, tampoco desde una metodología jurídica cada vez más influyente: la que propugna el Análisis Económico del Derecho. A propósito de los enormes beneficios de la banca, recientemente publicados, cabe hacer alguna consideración desde un enfoque economicista, que, sin duda, requiere de un mayor desarrollo.

Centrémonos en el caso de BBVA, la entidad que preside Francisco González gracias, por cierto, a la privatización teledirigida de Argentaria (de aquellos polvos, estos lodos). Con posterioridad a la Sentencia del Supremo, BBVA ha comunicado a la CNMV, mediante un Hecho Relevante del pasado 12 de junio, que la inaplicación de la cláusula suelo “producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros”. Si tenemos en cuenta que 2013 es el año de mayor bajada del euribor, y que, por tanto, en meses anteriores el importe cobrado de más a los consumidores resulta inferior, la cifra de 35 millones de euros supone la cantidad mensual máxima ingresada desde que se activó la cláusula suelo. Pues bien, resumamos ahora los beneficios de esta entidad en los tres últimos ejercicios:

– En 2011: beneficios de 3.004 millones de euros.

– En 2012: beneficios de 1.676 millones de euros.

– En 2013: beneficios de 2.228 millones de euros.

Si multiplicamos la cantidad que ha supuesto la inaplicación de la cláusula en junio de 2013 (cantidad de 35 millones que, insistimos, por la evolución del índice es superior a cualquier otra mensualidad) por los doce meses de un año, la cantidad resultante es de 420 millones de euros. Es decir, la reducción de los beneficios sería insignificante para el banco, por lo que no existe el “riesgo de trastorno grave con trascendencia al orden público económico” aludido en la Sentencia. No hay otra explicación: el Tribunal Supremo no aplica la Ley para maximizar los beneficios de la banca. En la gráfica expresión del filósofo Josep Ramoneda, estamos ante una nueva manifestación de “promiscuidad entre política y dinero”, que en esta ocasión alcanza al poder judicial. Tampoco parece casual que el Ministerio Fiscal, órgano defensor de la legalidad, se posicionara en contra de los efectos retroactivos.

Miles de familias en dificultades que podrían rehabilitar sus préstamos con la devolución de su dinero ahora ven peligrar sus viviendas. El dinero en manos de las familias también serviría para mejorar la macroeconomía, ya que su propensión marginal al consumo es mayor que la de los banqueros, amén de que los múltiples rescates a la banca no han servido para que ésta cumpla con su función de financiar la economía real.

El escándalo es supremo; el Estado de Derecho, un despojo de los poderes salvajes.

PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

Stop lobbies

Hace unas semanas, el programa de La 2 de Televisión Española Documentos TV emitió un brillante documental titulado Los negocios de Bruselas. La producción, participada, entre otros, por las televisiones públicas de Austria y Bélgica, aborda la influencia de los lobbies en las políticas económicas de la Unión Europea. Por cierto, incluso en un momento en el que se ha reducido la pluralidad informativa de la Radio Televisión Pública, su programación goza de un sentido cívico y calidad que no se hallan en los medios audiovisuales privados. Retales de una democracia que no puede entenderse sin lo público.

El documental, decíamos, explica la incidencia de los grupos de presión en Bruselas, y lo hace, paradójicamente, con una claridad y transparencia absolutas, con la participación de activistas, lobistas y “euroburócratas”. Si el prestigioso documental Inside Job favoreció la toma de conciencia por numerosos sectores de la población de distintos países sobre cómo se gestó la crisis financiera internacional, salvando las distancias, Los negocios de Bruselas bien podría servir para que la ciudadanía europea se percatara de que la Unión Europea no debe construirse a cualquier precio.

Las divisiones históricas existentes en Europa constituyen un motivo suficiente como para tomarse en serio el proyecto político europeo. Europa permite, por razones geopolíticas, dar respuestas a desafíos que transcienden las fronteras de los Estados. La Unión Europea también ha catalizado la consolidación de avances democráticos en nuestro país. Pero ya ha pasado el tiempo de las obviedades y los lugares comunes. No es admisible sacrificar elementales principios democráticos en nombre de ningún proyecto, tampoco del europeo.

Porque, como bien se explica en el documental, en las instituciones europeas se adopta la mayoría de decisiones legislativas que afectan a la vida de los ciudadanos, decisiones de indudable trascendencia económica y social que emanan formalmente de una maraña de órganos, tratados y procedimientos incomprensible para el común de los mortales, pero muy particularmente de la Comisión Europea, cuya legitimidad democrática es escasa. Una pregunta retórica puede ilustrar la complejidad: ¿cuántos ciudadanos saben que con la palabra Consejo podemos referirnos al Consejo Europeo, al Consejo de la Unión Europea –instituciones de la UE– o al  Consejo de Europa –organización internacional–?

No obstante, más grave resulta comprobar el origen material de numerosísimas iniciativas legislativas: los grupos de presión las moldean a su gusto. Puede afirmarse sin rubor que la Unión Europea se ha construido en función de los intereses de las grandes corporaciones organizadas. Europa es un mercado, pero Europa puede y debe ser una democracia. Una democracia que, conforme al principio de descentralización del poder, dirima las cuestiones que las instancias más cercanas al ciudadano (locales, regionales,  estatales) no puedan resolver con eficacia. Y una democracia que responda a las demandas de la inmensa mayoría de los ciudadanos frente a los intereses de los grandes poderes económicos. Europa será democrática o no debe ser.

Merece la pena recordarlo hoy, cuando los medios y muchos ciudadanos ensalzan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite a los deudores hipotecarios oponerse en los procesos judiciales de ejecución. Nuestra legislación procesal contradecía una directiva europea de 1993. Una victoria pírrica de los ciudadanos que pone en su sitio a los responsables políticos españoles, que también han defendido los intereses de un lobby, pero a los que ponemos cara. El árbol no nos debe impedir ver el bosque: las políticas de la UE también provocan desahucios.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (15/03/2013).