Falsos autónomos (está pasando)

Dos notas:

Recientemente publiqué en la revista electrónica Sin Permiso un extenso artículo sobre el fraude de los falsos autónomos, que puede leerse aquí.

Para quien prefiera una didáctica y breve explicación en formato audiovisual, dejo este vídeo.

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La mano invisible de las preferentes

A día de hoy pocas personas desconocen el escándalo de las preferentes. La lucha de los afectados ha conseguido introducir en la agenda pública un fraude financiero sin precedentes. Sin embargo, los analistas han prestado escasa atención al origen causal de la hecatombe. En este artículo me propongo contar los avatares jurídico-políticos de la gestación de una macroestafa financiera que no se está investigando como debiera. Esta es la historia (hasta ahora oculta) de una enmienda que pudo evitar la catástrofe.

Quizá la primera norma que abre la vía a la emisión de participaciones preferentes sea la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros (en adelante, Ley 13/1985), al permitir que las “financiaciones subordinadas” computen como recursos propios de las Entidades de depósito, si bien “hasta la cuantía que en cada caso autorice el Banco de España”. Lo que se pretendía entonces era, según la Exposición de Motivos de la Ley 13/1985, abrir nuevas opciones a las entidades que tuvieran recursos insuficientes.

Es en los años 90 cuando las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) comienzan a emitir participaciones preferentes, a veces también llamadas acciones preferentes, incorporando una figura de origen anglosajón (preference shares). De esta forma la banca pretendía financiar cómodamente su proceso de expansión (burbuja inmobiliaria-hipotecaria). Las primeras emisiones se realizan en paraísos fiscales, principalmente en las Islas Caimán, y en octubre de 1998 la CNMV autoriza su negociación en un mercado organizado (AIAF).

El sintagma ‘participaciones preferentes’ aún no existía en nuestro ordenamiento. Lo incorpora la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, si bien no lo regula. Según la Exposición de Motivos de esta Ley, se pretende Asegurar que el ordenamiento jurídico no imponga trabas innecesarias que coloquen a las entidades financieras en desventaja frente a sus homólogos comunitarios. Con este fin, se adoptan medidas y se crean instrumentos encaminados a aumentar la eficiencia y a mejorar la competitividad de la industria financiera española”, todo ello, se dice un poco más arriba, “sin originar una desprotección de los clientes de los servicios financieros”.

La emisión descontrolada de participaciones preferentes provoca una investigación de la Fiscalía Investigación que se archiva en 2003 (El País, 1/2/2003), no sin advertir del fraude fiscal que se estaba cometiendo. Esta caótica situación lleva al Grupo Parlamentario Socialista a presentar una enmienda de adición a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. La lectura de los diarios de sesiones de la tramitación parlamentaria de esta Ley se hace imprescindible para comprender los vaivenes de la regulación de las participaciones preferentes finalmente aprobada. La enmienda original (número 19) se propone para “Cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y perseguir el fraude fiscal”, y contiene una serie de preceptos que podrían haber evitado el desenlace final de la tragedia financiera. A continuación se extractan los preceptos más importantes:

 “El régimen fiscal de las sociedades que emitan participaciones preferentes, en las condiciones establecidas en los números 1 y 2 anteriores, y de los titulares de los referidos valores, será el siguiente:

Las citadas sociedades tributarán por el Impuesto sobre Sociedades al tipo del 5 por 100 y no tendrán derecho a deducción alguna de la cuota”.

La enmienda socialista, en suma, pretendía controlar las emisiones y acabar con el fraude fiscal (perverso incentivo) inherente a las preferentes. En cambio, una enmienda transaccional de Convergència i Unió, de apariencia técnica, iba a puntualizar el texto en distintos aspectos, entre otros, el régimen fiscal, consagrando el paraíso de las preferentes (de origen antijurídico). La regulación finalmente aprobada tras una hábil jugada parlamentaria no deja lugar a dudas: La remuneración a que se refiere el párrafo c) del apartado anterior tendrá la consideración de gasto deducible para la entidad emisora”. ¿Qué interés tenía Convergència i Unió en consagrar los beneficios fiscales a las entidades financieras que emitieran preferentes? La enmienda transaccional aprobada también permitió a las sociedades cotizadas no de crédito emitir participaciones preferentes, tras un encendido debate que contó con la sobrevenida y apasionada defensa de Martínez Pujalte ante la oposición socialista.

Esta es la historia de una enmienda que pudo pinchar la burbuja de las preferentes y de la mano invisible que la transformó. Lo que sucedió después es público y notorio. La responsabilidad principal (penal) del escándalo de las preferentes recae en los banqueros que diseñaron la venta indiscriminada de un producto tóxico para sanear las entidades tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y de un regulador que miró para otro lado. Pero los diarios de sesiones demuestran que el legislador también pudo evitar la tragedia.

Stop demanda

Aquellos días la presión era extrema en el despacho. Un alto directivo del banco llamó para exigir la presentación de todas las demandas pendientes. La externalización de los servicios jurídicos de la entidad financiera había provocado despidos, una elevada rotación de personal y numerosos problemas de coordinación. El despacho que se había llevado el botín, así lo llamaba uno de los socios, el botín, no tenía abogados suficientes para asumir semejante carga de trabajo. Allí estaba ella, recién licenciada y con un salario de 700 euros, afrontando la apresurada tarea de echar de sus casas a sesenta familias. Abrió un expediente y, de pronto, se quedó paralizada. Una lágrima comenzó a serpentear por su mejilla. Cuando su compañera se percató y quiso saber lo que le pasaba, ella susurró: “He visto la foto de su DNI y se parece a mi padre. Le vamos a dejar en la calle”. Se levantó despacio, algo aturdida, y dejó el expediente en mitad del montón.

Microrrelato basado en hechos reales. 

Falsos asociados

La idea es de la rectora de la Universidad de Málaga: “Apadrina a un universitario”. La sociedad civil financiando los estudios universitarios de las personas sin recursos. Es la caridad propia de sociedades desiguales e injustas. “Se trata de una medida transitoria”, aclara. Nos hemos acostumbrado al mal menor con demasiada facilidad. Y el mal menor suele devenir en el peor de los males. Ante el mayor ataque de la historia que ha sufrido el Estado del bienestar, la universidad responde con caridad y resignación. Mejor que nada. Eso es todo.

La universidad sufre las consecuencias de la crisis sistémica de mil maneras. También su personal, claro. En ese clima de resignación, los jóvenes docentes e investigadores son un colectivo paradigmático. Unos emigran, otros trabajan gratis, otros trabajan en falso. Pongamos el foco en un fenómeno tan extendido como silenciado, el de los falsos asociados. Para los profanos: los profesores asociados, que representan una pequeña parte del total de docentes, son aquellos profesionales (del sector público o privado) ajenos a la carrera universitaria que imparten unas pocas horas a fin de trasladar su experiencia y conocimientos prácticos a los estudiantes.

Pues bien, debido a la congelación de las contrataciones de personal docente e investigador, muchos jóvenes docentes e investigadores, en su mayoría doctores que no pueden continuar su carrera académica, son contratados como profesores asociados. El fenómeno tiene una doble lectura. Por un lado estamos ante un caso de corrupción político-administrativa de libro. Los responsables universitarios, en uso y abuso de su poder autónomo, deliberadamente incumplen la legislación para favorecer a sus pupilos preferidos. Estos jóvenes docentes e investigadores, pese a su excelente trayectoria, carecen de experiencia en el mundo laboral extrauniversitario, por lo que resulta manifiestamente imposible que cumplan la función propia de un profesor asociado. Veamos qué dice la Ley Orgánica de Universidades (artículo 53):

a)      El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario”. 

Insistimos, rara vez algún joven doctor o doctorando que es contratado como asociado ha ejercido su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. Y en los casos en que así lo hayan hecho, es difícil tener una competencia “reconocida” con una trayectoria tan corta. En las profesiones colegiadas se dan casos sonrojantes: algunos jóvenes investigadores se ven obligados a colegiarse para simular el desempeño profesional.

b)      “La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad”.

La finalidad de contratar a jóvenes investigadores como asociados no es la de aportar esos conocimientos profesionales, sino la de dar continuidad a la carrera académica de los jóvenes docentes. Hablando en plata: evitar que se queden en paro. Por tanto, estamos ante un supuesto de corrupción en el que no necesariamente hay mala fe o un fin perverso. Pero sí un coste social: los verdaderos profesionales son arbitrariamente damnificados; otros jóvenes investigadores quedan excluidos por carecer del suficiente “apoyo”; y los estudiantes se ven privados del conocimiento de la realidad profesional. El profesor asociado constituye una figura apta para conocer (que no imponer) cómo es la realidad laboral y profesional de las distintas disciplinas académicas, mucho más sensata que la pretensión de subordinar los planes de estudio a los intereses de los mercados (como se ha hecho con el llamado proceso de Bolonia).

Un ejemplo más de que la corrupción no es exclusiva de la élite política, sino que es inherente al poder, por pequeña que sea la parcela de poder.

Empero, desde otra perspectiva, el fenómeno de los “falsos asociados” también es un supuesto de precariedad laboral. Veamos qué dice la LOU:

c) “El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial”

d) “La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá renovar por períodos de igual duración (…)”.

En suma: temporalidad, uso abusivo de la figura del contrato a tiempo parcial (tan de actualidad) y bajos salarios (inferiores al salario mínimo interprofesional en muchos casos). Y ello para ocultar un profesor a tiempo completo, que corregirá exámenes, dará más clases de las pagadas, investigará y tendrá que reunir méritos para acreditarse a la espera de que salga una plaza “verdadera”.

Pero es lo que hay. Mejor que nada. Llama la atención que el mundo universitario no se haya implicado en las mareas, o no tanto. Quizá, como sucedió en otras épocas, el saber y el pensamiento no tengan cabida en la universidad de nuestro tiempo, la universidad de la resignación.

¿Derechos de los animales?

¿Tienen los animales derechos? La pregunta la planteó Toni Cantó en una reciente intervención parlamentaria con motivo de la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular que pretende declarar las corridas de toros como Bien de Interés Cultural. El actor respondió seguidamente que no, que los animales no tienen derechos, e inmediatamente las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco de ello.

Cierto es que su intervención tenía mayor complejidad que el titular reproducido, y muy probablemente no era el principal mensaje que pretendía trasladar el diputado de UPyD. Pero, ¿por qué ha provocado la indignación de ciertos sectores sociales? Más allá de las categorías conceptuales y del lenguaje jurídico, la expresión derecho goza de una indudable aceptación social en las sociedades democráticas. Los derechos constituyen un contenido mínimo esencial de la democracia y el Estado de Derecho. Sus múltiples acepciones comparten un significado positivo: identificamos el derecho, en sentido subjetivo, con la protección de un interés legítimo, con un fin de justicia. Negar la existencia de los derechos de los animales, por tanto, nos sugiere una idea contraria a la protección de su bienestar. Toni Cantó cometió un doble error de comunicación: por un lado, un argumento secundario fue percibido como la idea principal de su discurso; por otro, el fondo de su intervención fue interpretado en un sentido no pretendido, eso creemos. Por cierto, el actor defendió que no había que prohibir las corridas de toros, pero que tampoco había que subvencionarlas, en definitiva, que el mercado debía autorregularse (lo mismo que se ha hecho con la economía en las últimas décadas). Una posición tan equidistante también favorece la extracción de titulares anecdóticos.

Pero más allá de su desafortunada intervención, la cuestión que planteó el diputado sí resulta interesante. En efecto, cabe preguntarse si es cierto que los animales no tienen derechos, o mejor aún, si los animales podrían o deberían tener derechos. Desde la perspectiva del Derecho positivo (vigente), con matices y excepciones, sí podría concluirse que los animales no tienen derechos. Pero desde un plano normativo (deber ser), la cuestión no es del todo clara. Según Cantó, quien dijo inspirarse en su compañero Savater, los animales no pueden tener derechos porque carecen de libre albedrío y capacidad de decisión. El razonamiento es débil si se piensa que no todas las personas tienen esa capacidad de discernir (piénsese en los niños o en los incapaces), y sin embargo asumimos, como no puede ser de otra manera, que son titulares de derechos. Por tanto, la titularidad de los derechos en el fondo es determinada por un consenso ético, que varía en cada momento. La historia nos muestra cómo otros grupos (mujeres, indígenas, etc.) han carecido de derechos. La conquista y universalización de los derechos es un proceso gradual (existen distintas generaciones de derechos) y, por cierto, no irreversible; la generación de los derechos sociales (salud, trabajo, educación, vivienda, etc.) en este momento sufre un claro ataque por parte de una élite reactiva.

La pregunta de Cantó nos sugiere una última reflexión dirigida a quienes pretenden excluir del debate político todo aquello que no tenga que ver con la crisis o el corto plazo. En un escenario de contrarreformas como el actual no es suficiente defender el mantenimiento de las conquistas que se cuestionan. El progreso y la democracia exigen un renovado y utópico compromiso por la ampliación de derechos y la mejora continua de la convivencia, también entre especies.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (15/02/2013).

Arribes Quiere Vida

Dícese que el puente de la Inmaculada (para el que lo tuviera) sirve de antesala a las compras navideñas (para el que pueda hacerlas). Pero en estos días han tenido lugar dos celebraciones que en la actual coyuntura cobran especial relevancia: el 34 aniversario de la Constitución Española y el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra Carta Magna no es un arma arrojadiza contra los nacionalismos periféricos, como pudiera percibir el observador ingenuo de nuestra actualidad política, sino una meritoria conquista de dignidad alcanzada por la ciudadanía española, con sus límites y limitaciones (más aún al consagrar recientemente la prioridad absoluta del pago de la deuda), pero con notable generosidad en el reconocimiento de derechos, cuya amplitud, con total seguridad, desagrada actualmente a los mercados y a la troika.

Y qué decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito histórico en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en particular por la fuerza de su valor simbólico, valga el oxímoron. Digo que es preciso poner en valor las conquistas de los derechos de las personas, sobre todo porque no se trata de un proceso irreversible, a la vista está, sino susceptible de contrarreformas que en un abrir y cerrar de ojos pueden acabar con costosos logros de varias décadas.

Un excelente libro publicado días atrás, La Tierra de la Libertad, escrito por el periodista Francisco Álvarez con ilustraciones de Guillermo Liroz (Ediciones Seronda), resume a la perfección esa larga travesía hacia el reconocimiento de los derechos humanos, por cierto, editado con un encomiable diseño, como si se tratara de un contrapunto metafórico frente a la ideología de la austeridad. Sus páginas, que en realidad transcriben las luchas de personas en su mayoría anónimas, nos deben inspirar a la hora de proteger las conquistas logradas y explorar nuevos caminos hacia la dignidad humana.

En el ámbito de la sanidad se constata tal encrucijada. Nuestra Constitución de 1978 reconoció el derecho a la protección de la salud, si bien no le otorgó las mismas garantías que tienen los derechos fundamentales. La Ley General de Sanidad, de 1986, universalizó la sanidad, en el mismo año, por cierto, en que se suprimieron las tasas judiciales. Si bien no hay que perder de vista el deseable horizonte de la juridificación de los derechos sociales y del reconocimiento de la salud como derecho fundamental, la actual ofensiva contra el derecho a la salud obliga, no obstante, a centrar los esfuerzos en defender lo alcanzado.

Recortes, despidos de personal, copagos y privatizaciones se están generalizando a pesar de una creciente marea blanca de rechazo. Algunos recortes, como los aprobados en Castilla y León, por la inmediatez de sus consecuencias, trascienden el derecho a la salud y afectan al derecho fundamental a la vida. El cierre de las urgencias nocturnas en las zonas rurales supone el desmantelamiento de nuestro modelo sanitario en tanto que socava la zona básica de salud como marco de referencia. Hablando en plata, vivir en zonas rurales puede costar la vida, ése es el precio de la austeridad, impuestos incluidos, podría decirse.

Los vecinos de Las Arribes sí están haciendo guardias nocturnas para defender lo nuestro. Impulsores de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 horas, y bajo su revelador lema “Arribes Quiere Vida”, nos dan un admirable ejemplo de dignidad. Unos escriben una nueva página en la crónica global de los derechos humanos, otros, a lo sumo, pasarán a la historia como verdugos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (14/12/2012).

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