El control de los poderes públicos y privados: una comparativa de sus límites (I)

 “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. El lema de la manifestación que dio origen al Movimiento 15-M señalaba a políticos y banqueros como responsables de la crisis económica. El debate en torno a los culpables de la crisis ha sido profuso y aún hoy puede considerarse inacabado. Dejando a un lado los análisis partidistas que atribuyen la culpa en exclusiva al rival político, y a otro lado la premisa interesada de que los ciudadanos vivieron por encima de sus posibilidades, los diagnósticos más recurrentes atribuyen la responsabilidad ora al sector público (principalmente, a los políticos), ora al sector privado (principalmente, a los banqueros), sin que falten los partidarios de la vía sincrética (como rezaba el eslogan original del 15-M). No es objeto de este artículo responder a un interrogante tan complejo, pero sí es necesario apuntar que la sustitución de unos políticos por otros (que lentamente estamos viendo) y la renovación de la élite financiera (que, anticipo, nunca veremos) de nada servirían si no se aborda la cuestión más apremiante del control del poder (público y privado).

Como punto de partida es preciso advertir que el debate (poderes públicos vs. poderes privados) encierra una doble trampa. En primer lugar, en las últimas décadas el sistema político-económico, no sólo en España, ha experimentado una mutación de su Constitución económica material. El papel del sector público se hallaba en retirada ya que, se decía, estorbaba a la mano invisible del mercado. Así pues, la responsabilidad de los poderes públicos debería ceñirse, en todo caso, a su inhibición, exhortada, por cierto, por los poderes privados. Por ejemplo, decir que un Gobierno destruye empleo cuando las reglas del juego atribuyen al mercado la función de crearlo resulta cuando menos incoherente.

En segundo lugar, lo cierto es que no puede escindirse en puridad la esfera económica pública de la privada. Los intereses público-privados con frecuencia se confunden, y los poderes públicos acaban por someterse al dictado de los poderes privados. Véase la deriva de las cajas de ahorro o la profusión de fenómenos que revelan una corrupción de alcance sistémico: puerta giratoria, financiación empresarial de los partidos políticos, lobbies, etc. Si se quiere ser riguroso, el debate debería plantearse en términos de gestión (pública vs. privada).

Como decimos, resulta urgente atender a la cuestión de los límites del poder para evitar la reiteración de prácticas contrarias al interés general que socavan el bienestar de nuestras sociedades, y en esta difícil tarea el concurso de los juristas, por nuestro contacto permanente y directo con la realidad institucional, se antoja imprescindible. A continuación va a realizarse un análisis comparado –incompleto por la finalidad divulgativa de este breve texto– entre las Administraciones públicas y las entidades financieras (podría haberse elegido otro sector económico relevante) para contrastar los límites de los poderes públicos y privados.

¿Por qué una actividad es pública o privada?

La primera cuestión que ha de abordarse es la de por qué una actividad debe realizarse en el mercado (actividad económica privada) o fuera de él (actividad económica pública). La característica esencial de las actividades públicas y privadas es la existencia o no de ánimo de lucro, y la elección dependerá, en teoría, del grado de afectación al interés público y de la eficacia. Cuando el sector público decide rescatar a entidades del sector privado por su insolvencia y carácter sistémico, surge inmediatamente un interrogante: ¿por qué se ejercen actividades sistémicas con ánimo de lucro? Seré diáfano: el ánimo de lucro de un operador económico consiste en que éste orienta su actividad al objetivo de hacer negocio y maximizar sus beneficios. El incentivo económico del operador parece difícilmente conciliable con la salvaguarda del interés general, por más que el regulador se esmere en su papel vigilante, más aún cuando sabe de antemano que es “demasiado grande para caer” (traducción del concepto en inglés too big to fail). Pese a la realización de algunas reformas en el sector financiero encaminadas a la consecución de un mayor control del riesgo, la reacción del legislador a la debacle financiera ha sido la de reforzar el ánimo de lucro en el ejercicio de la actividad: las cajas de ahorro, que ya funcionaban como entidades sometidas a las leyes del mercado, han sido definitivamente bancarizadas. Quien escribe no es ingenuo, y sabe perfectamente que, aun cuando haya actividades sin ánimo de lucro, sus prestadores sí persiguen beneficios económicos personales (corrupción). Empero, si un incentivo perverso es inherente a la actividad económica en cuestión, la producción de un resultado contrario al interés general deja de ser una posibilidad indeseable para convertirse en un evento probable.

Este análisis continuará en un próximo post.

Entrevista a Eduardo García de Enterría

Hace poco más de un semestre nos dejó Eduardo García de Enterría. Quizá falte perspectiva, pero para muchos se trata del mejor jurista español de la era moderna. Gracias a Youtube rescato una entrevista en la que el padre del Derecho administrativo español repasa su trayectoria vital. Varias generaciones de juristas nos hemos adentrado en su extensa y brillante obra; con este vídeo podemos visitar su casa. Descanse en paz.

PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

La reforma de la Administración

No recuerdo qué tertuliano fue el primero en decirlo, pero la frase ha sido reproducida hasta la saciedad: “La gran reforma pendiente es la de la Administración”. El Gobierno ha recogido el guante y ha sentado las bases del proyecto mediante la reciente creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, por cierto, con cierta pluralidad en su composición.

Esta novedosa disposición para la planificación y el diálogo bien podría saludarse si no fuera porque la reforma ya ha sido en buena parte ejecutada. En el pasado año 2012 el sector público español prescindió de quinientos empleados cada día, lo que pone de manifiesto que el empleo no es una prioridad para los poderes públicos, sino todo lo contrario. En una economía de mercado como la actual, en la que los gobiernos se rinden ante los mercaderes y jugadores del casino financiero, la capacidad para crear empleo en el sector privado se halla ciertamente limitada. Por eso carece de todo sentido que el sector público se sume a la ola de destrucción de empleo, más aún cuando la cifra de empleados públicos en nuestro país es notablemente inferior a la de los países de nuestro entorno.

La burla se consuma cuando la Comisión para la Reforma de las Administraciones prevé estudiar la eliminación de duplicidades, es decir, que se despiden empleados públicos sin analizar previamente las estructuras y necesidades. ¿Por qué se realiza semejante disparate? Porque en el fondo el discurso de las duplicidades es sólo una cortina de humo para reducir aún más el gasto público y con la única pretensión de pagar la deuda, de origen fundamentalmente privado. Lo mismo podría decirse de la Administración Local: se pretende reformar su régimen cuando ya se ha atado a los Ayuntamientos con asfixiantes planes de austeridad.

En general la pretendida reforma de las administraciones puede tildarse de perversa. Lo primero que habría que plantearse es la urgencia de la misma. Se olvida deliberadamente que en los últimos años las administraciones han sido objeto de un continuado proceso de reforma y modernización. Por no viajar demasiado a través del tiempo, se pueden citar la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, de 2006, la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, la Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, así como las innumerables reformas derivadas de la transposición de la Directiva de Servicios, de 2006, y las igualmente incontables reformas en el nivel autonómico. Todas estas reformas tenían objetivos compartidos que pueden resumirse en tres: eficiencia, simplificación y eliminación de trabas administrativas. ¿Qué queda por reducir?

Si el problema de nuestra economía es el tamaño del sector público, ¿por qué teníamos superávit (se gastó menos de lo que se tenía) cuando estalló la crisis económica? ¿Por qué otros países tienen menos desempleo con un sector público más grande en relación con el tamaño del PIB? La manipulación es obscena.

Esto no quiere decir que no sean necesarias las reformas administrativas. Hay mucho que hacer en campos como el de la transparencia y el llamado Gobierno Abierto, y también se está trabajando en este sentido. Pero es necesario denunciar la perversa intención de quien utiliza la palabra reforma con la exclusiva finalidad de disminuir el gasto público y, en última instancia, mermar los servicios públicos y reducir el empleo que éstos generan. Una vez más, la crisis como pretexto para la contrarreforma.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (04/01/2013).

Banca pública

Los grandes medios de comunicación, a través de opinadores y tecnócratas de diversa condición, están difundiendo una interpretación interesada de nuestra realidad financiera a todas luces errónea. Según esta visión dominante en el panorama informativo, la quiebra de las cajas de ahorros pone de manifiesto la incapacidad del sector público para gestionar la actividad financiera, en contraste con la óptima gestión de los bancos privados. Desmontemos este falso mito.

En primer lugar, no sólo las cajas de ahorro han tenido problemas. De hecho, el origen de la presente crisis económica y financiera se halla en las malas prácticas de la banca privada, en particular en Estados Unidos, que se dedicó a actividades cuando menos especulativas y contagió al sistema financiero internacional. Un buen ejemplo es el caos provocado por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, por cierto, entidad de la que era ejecutivo el actual ministro de economía Luis de Guindos.

También en España la banca estrictamente privada se ha caracterizado por una gestión irresponsable. No es necesario profundizar ni en su destacada contribución a la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, que tanto daño ha hecho al conjunto de nuestra economía, ni en la abusiva comercialización de todo tipo de productos tóxicos en perjuicio de los pequeños ahorradores. Incluso existe un concreto caso de quiebra y consiguiente nacionalización, el del Banco de Valencia, que se une a la larga lista de entidades bancarias privadas intervenidas en las tres últimas décadas.

Pero la prueba más concluyente de que el modelo de banca pública no ha fracasado se halla en la naturaleza de las propias cajas de ahorro. Ni en su origen –siendo su antecedente los Montes de Piedad– ni en su forma jurídica se constata el carácter público de las cajas, que han constituido, todo lo más, entes sociales.

Es indiscutible que las cajas se han articulado como entidades de régimen privado, es decir, que han escapado a los principios de la burocracia, a la garantía del procedimiento administrativo y a los controles propios de la administración pública. El fracaso de las cajas es, sin duda, el fracaso de la gestión privada. Ahora bien, aun cuando la representación de los poderes públicos se limitó al 50% de los votos totales, no se puede ocultar la responsabilidad de los principales partidos políticos en la nefasta gestión de las cajas. Pero el riesgo no radicaba tanto en la presencia de políticos como en la ausencia de controles propios de la gestión pública, con el agravante de que la gestión de las cajas también era ajena al debate público y político, es decir, también escapaba al control de la ciudadanía.

Pero si hay una razón que explica el fracaso de las cajas de ahorro esa es la perversión de sus fines originarios. Las cajas abandonaron su vocación social para operar en el mercado de la codicia. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 describe este proceso de privatización con absoluta claridad, al señalar que las Cajas “ya no persiguen principalmente fines benéfico-sociales, sino los propios de una entidad de crédito sometida a las leyes del mercado”.

Habrá que preguntarse, entonces, por qué se insiste tanto en responsabilizar al sector público de la crisis de nuestro sistema financiero. El objetivo de este discurso no es otro que el de allanar nuevos procesos de privatización. A raíz de los problemas de solvencia de las cajas se ha llevado a cabo un proceso de bancarización (privatización) de las cajas, que en la práctica ha supuesto su desaparición. Y, además, se pretende preparar el terreno para la privatización de las cajas nacionalizadas, una vez la ciudadanía haya asumido las pérdidas. ¿Qué hace falta para percatarnos de que el ánimo de lucro es incompatible con un sistema financiero responsable y útil para la ciudadanía?

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/12/2012).

 

 

 

Truco o trato

Los juristas más perspicaces suelen concluir, porque así sucede, que el Código Penal se reforma a golpe de telediario. No resulta criticable que la realidad social condicione el debate político. Pero sí es reprobable que, ante un crimen aislado de gran repercusión social y emocional, el legislador actúe de forma irreflexiva para aumentar las penas o tipificar nuevos delitos. Demagogia penal tan vieja como la baja política.

La reciente tragedia de la fiesta de Halloween en Madrid, que se llevó la vida de cuatro jóvenes en dramáticas circunstancias, podría haber generado un debate social y político serio y profundo de muy variadas aristas: desde las políticas municipales de juventud y ocio hasta el modelo de gestión pública que impera en nuestras administraciones. Tal debate no ha proliferado hasta el momento; las reacciones oscilan entre las poses institucionales y las medidas impulsivas, como la anunciada por la alcaldesa de Madrid de que no alquilará más sus instalaciones para eventos festivos, habría que añadir, hasta que se den las circunstancias idóneas para hacer una excepción, ya sea el fin de año o la celebración del Mundial de 2014, pero las excepciones llegarán y terminarán por generalizarse. Y todavía no es descartable que los políticos más creativos e innovadores recurran al Código Penal.

Sin embargo, poco o nada se ha reflexionado acerca del modelo de gestión pública que subyace en esta lamentable tragedia. Bien callados están quienes llevan tiempo repitiendo hasta la saciedad que es necesario adelgazar las administraciones, flexibilizar los procedimientos y poner fin a las pesadas cargas administrativas. Nuestras administraciones se han convertido en una dúctil maraña de entes, contrataciones y subcontrataciones en la que difícilmente se distingue lo público de lo privado, y que tiene como consecuencias más inmediatas y nocivas la relajación de los controles de todo tipo y la dilución de las responsabilidades. Los hechos de Madrid son un claro ejemplo: ayuntamiento, empresa promotora, empresa de seguridad y empresa gestora enzarzados en un siniestro espectáculo de recíprocos reproches.

Esta visión privatista de la administración pública la introdujo un movimiento político, académico y económico de tintes neoliberales que, allá por los años noventa, revolucionó la ciencia de la administración: la llamada Nueva Gestión Pública o neogerencialismo. Desde un punto de vista jurídico, el fenómeno resultante no es nuevo y se conoce como la “huída del Derecho administrativo”; hablando en plata, que cada uno haga y deshaga lo público como le venga en gana.

Para derruir los cimientos de la administración burocrática se articuló un discurso deslegitimador cuya eficacia se puede comprobar muy fácilmente con la generalización de la acepción peyorativa que conlleva el término burocracia: al escuchar esta palabra lo primero que nos viene a la mente es el excesivo papeleo que nos piden los funcionarios. Desde entonces, en lo público, como en lo privado, todo se reduce a una misma idea: la generación de incentivos. Si la búsqueda del interés individual genera eficiencia en el mercado, en la administración se ha proyectado el mismo ideal, y a su alrededor se mueven como peces en el agua operadores privados y semipúblicos que únicamente pretenden maximizar sus beneficios. Así las cosas, resulta muy fácil que el interés general quede relegado a un segundo plano.

La tragedia de Halloween debería provocar una reflexión profunda sobre qué administración queremos. Una administración transparente, vigilante e impregnada por el interés público, o una administración, parafraseando la polémica traducción del trick or treat, del truco o trato. Y ya se sabe que no hay nada más goloso que el dinero, perverso incentivo.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (09/11/2012).

Cómo crear empleo

El barómetro del CIS refleja una y otra vez que el paro es el principal problema para la gran mayoría de la ciudadanía española. Sin embargo, indicadores como la prima de riesgo o el Ibex centran la atención informativa y marcan la agenda política en mayor medida. ¿Es el paro el principal problema para los grandes actores políticos? La respuesta sólo puede ser negativa si nos atenemos a los diagnósticos y soluciones dominantes en el panorama político-mediático, obsesionado con el equilibrio presupuestario. En realidad, los responsables políticos no priorizan la solución al desempleo porque éste no es un problema para las élites económicas, que son las que detentan el poder real, más aún, al contrario, el paro es una ventaja para aquéllas, porque permite abaratar los costes salariales (es revelador que se haya generalizado la expresión costes para referirse a los salarios, que son beneficios para la mayoría). Un buen ejemplo de cuanto se dice es la última reforma laboral: con el pretexto de acabar con el desempleo, se permite a las empresas la reducción unilateral de los salarios. Las principales políticas públicas de lucha contra el desempleo en nuestro país han sido las sucesivas reformas laborales, que con mayor o menor intensidad, han pretendido desregular el mercado de trabajo (en la jerga más erudita, flexibilizarlo). Es decir, lo que se ha querido –y finalmente conseguido– es desnaturalizar el Derecho del Trabajo, un sector de nuestro ordenamiento jurídico que surgió en el siglo XX para proteger a la parte débil en la contratación, al igual que décadas después nació el Derecho de Consumo para regular la venta masiva de bienes y servicios, dos conquistas del Estado social. Con la misma legislación laboral, Andalucía tiene más del doble de paro que el País Vasco, un argumento tan simple como concluyente que desacredita a los partidarios de la reforma laboral y pone de relieve la importancia de los procesos históricos en la vida económica. Por tanto, para crear empleo (que es lo que se analiza en estas líneas) lo primero que hace falta es voluntad política: dar satisfacción a las demandas de la mayoría social en detrimento de los intereses de la influyente minoría.

Entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces para crear empleo? El problema del paro, que es global, obliga a partir de una elemental premisa. Los avances tecnológicos en los dos últimos siglos han aumentado exponencialmente la capacidad de los países para producir, pero, en cambio, la duración de la jornada de trabajo apenas ha variado. Así, es claro que la lucha contra el desempleo pasa por repartir el tiempo de trabajo y distribuir más equitativamente su producto. Quien sostenga que para salir de la crisis los españoles tenemos que trabajar más, lo sepa o no, está condenando al paro a cientos de miles de personas.

Otra de las medidas necesarias para reducir el desempleo sería el crecimiento del empleo público. En una de sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy se lamentaba de que el empleo público hubiera crecido en momentos en los que el sector privado había destruido mucho empleo. Más allá de que sus datos son dudosos (según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el sector público ha perdido 176.400 empleados), dicha intervención demuestra que para Rajoy el empleo no es una preocupación más intensa que sus prejuicios ideológicos. No obstante, los datos son los que son: si el tamaño de nuestro sector público fuera el de los países de nuestro entorno, el paro dejaría de ser una seña de identidad española, como ha venido ilustrando Vicenç Navarro, uno de los científicos sociales de nuestro país más relevantes en el mundo.

Con total seguridad, estas medidas suscitarían muchos obstáculos y reacciones contrarias internas y externas (lobbies, mercados, Unión Europea), pero la voluntad de aplicarlas permitiría, al menos, concentrar las energías en allanar el camino y consensuar estrategias de presión, negociación o recuperación de la soberanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (03/08/2012).