Banca pública

Los grandes medios de comunicación, a través de opinadores y tecnócratas de diversa condición, están difundiendo una interpretación interesada de nuestra realidad financiera a todas luces errónea. Según esta visión dominante en el panorama informativo, la quiebra de las cajas de ahorros pone de manifiesto la incapacidad del sector público para gestionar la actividad financiera, en contraste con la óptima gestión de los bancos privados. Desmontemos este falso mito.

En primer lugar, no sólo las cajas de ahorro han tenido problemas. De hecho, el origen de la presente crisis económica y financiera se halla en las malas prácticas de la banca privada, en particular en Estados Unidos, que se dedicó a actividades cuando menos especulativas y contagió al sistema financiero internacional. Un buen ejemplo es el caos provocado por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, por cierto, entidad de la que era ejecutivo el actual ministro de economía Luis de Guindos.

También en España la banca estrictamente privada se ha caracterizado por una gestión irresponsable. No es necesario profundizar ni en su destacada contribución a la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, que tanto daño ha hecho al conjunto de nuestra economía, ni en la abusiva comercialización de todo tipo de productos tóxicos en perjuicio de los pequeños ahorradores. Incluso existe un concreto caso de quiebra y consiguiente nacionalización, el del Banco de Valencia, que se une a la larga lista de entidades bancarias privadas intervenidas en las tres últimas décadas.

Pero la prueba más concluyente de que el modelo de banca pública no ha fracasado se halla en la naturaleza de las propias cajas de ahorro. Ni en su origen –siendo su antecedente los Montes de Piedad– ni en su forma jurídica se constata el carácter público de las cajas, que han constituido, todo lo más, entes sociales.

Es indiscutible que las cajas se han articulado como entidades de régimen privado, es decir, que han escapado a los principios de la burocracia, a la garantía del procedimiento administrativo y a los controles propios de la administración pública. El fracaso de las cajas es, sin duda, el fracaso de la gestión privada. Ahora bien, aun cuando la representación de los poderes públicos se limitó al 50% de los votos totales, no se puede ocultar la responsabilidad de los principales partidos políticos en la nefasta gestión de las cajas. Pero el riesgo no radicaba tanto en la presencia de políticos como en la ausencia de controles propios de la gestión pública, con el agravante de que la gestión de las cajas también era ajena al debate público y político, es decir, también escapaba al control de la ciudadanía.

Pero si hay una razón que explica el fracaso de las cajas de ahorro esa es la perversión de sus fines originarios. Las cajas abandonaron su vocación social para operar en el mercado de la codicia. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 describe este proceso de privatización con absoluta claridad, al señalar que las Cajas “ya no persiguen principalmente fines benéfico-sociales, sino los propios de una entidad de crédito sometida a las leyes del mercado”.

Habrá que preguntarse, entonces, por qué se insiste tanto en responsabilizar al sector público de la crisis de nuestro sistema financiero. El objetivo de este discurso no es otro que el de allanar nuevos procesos de privatización. A raíz de los problemas de solvencia de las cajas se ha llevado a cabo un proceso de bancarización (privatización) de las cajas, que en la práctica ha supuesto su desaparición. Y, además, se pretende preparar el terreno para la privatización de las cajas nacionalizadas, una vez la ciudadanía haya asumido las pérdidas. ¿Qué hace falta para percatarnos de que el ánimo de lucro es incompatible con un sistema financiero responsable y útil para la ciudadanía?

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/12/2012).

 

 

 

Literatura

Cuando firmaron la hipoteca sintieron una suerte de paz interior, una alegría tranquila sólo comparable a la que experimentaron años atrás al aprobar sus oposiciones de empleados públicos laborales. El alquiler de su anterior vivienda les suponía un esfuerzo similar al de la cuota hipotecaria y, además, el piso se les había quedado pequeño. Nadie les advirtió de que su escritura de préstamo hipotecario contenía una cláusula que les ha obligado a pagar una cantidad añadida, más o menos, de 200 euros al mes. Se trataba de la dichosa cláusula suelo que las entidades financieras incluyeron para asegurarse suculentos beneficios, toda vez que conocían la evolución del euríbor. Hace ya algunos años que iniciaron el proceso judicial, junto a cientos de afectados, pero todavía no saben nada del resultado. La entidad no tuvo en cuenta esta situación cuando se produjo el segundo impago de la cuota hipotecaria. La reforma laboral también ha facilitado el despido a las administraciones públicas, y aunque ella se libró, a él le ha afectado el ERE del Ayuntamiento. Con un sueldo de mileurista y tres hijos, uno de ellos dependiente, resultaba imposible llegar a fin de mes. En sólo unos meses, el proceso de ejecución hipotecaria terminó con la familia en la calle, o mejor dicho, en casa de los padres de ella, y con una deuda que les perseguirá toda la vida. El consuelo de la familia es que su hija mayor ha logrado acabar la carrera, y aunque de momento sólo ha conseguido unas prácticas, en la empresa están muy contentos con ella y le han prometido un contrato si continúa con su actitud de compromiso. El pequeño, sin embargo, se ha quedado sin beca por la rigidez de los nuevos criterios. Sus abuelos quisieron ayudarle a pagar la matrícula, pero cuando se disponían a ello el banco les informó de que habían invertido en participaciones preferentes, un producto de vencimiento perpetuo, y el mercado financiero carecía de liquidez. No se lo podían creer, así que hicieron unas pancartas muy rudimentarias y se fueron directamente a la sede central de la entidad.

La crisis se había llevado por delante a la entidad, finalmente rescatada por el Estado. Deberían haber sido más prudentes, se cuestionaba, pero en aquellos tiempos la liquidez que proporcionaban los bancos extranjeros favorecía la fiesta, siempre utilizaba esa palabra con sus amigos del sector, la fiesta, aunque sabía que en los medios de comunicación tenía otro significado. Intentó tapar el agujero contable cuando ideó la emisión de participaciones preferentes, instrumento híbrido que reforzaría el balance de la entidad, pero no fue suficiente. Era su última reunión de alto nivel e iba a renunciar a la indemnización millonaria que le correspondía, no le gustaba aparecer en los medios de comunicación, y no estaba dispuesto a regalar titulares por un pequeño pastel. Ya tenía una edad avanzada y su presencia en el consejo de administración de varias empresas le aseguraba bienestar y tranquilidad hasta el final de sus días. Faltaban varios minutos para comenzar la reunión, y ya en la sala, recibió una llamada de su hijo, quien también era directivo en otra entidad financiera. Le llamó preocupado para comunicarle que le habían bajado el sueldo a 500.000 euros porque la entidad en la que trabajaba había recibido ayudas públicas, que así lo ordenaba un nuevo Decreto-ley que le habían filtrado. “No te preocupes, te llamo más tarde”. Enseguida reparó en que sería una buena idea acogerse a la reciente amnistía fiscal para tener más a mano parte del dinero generado por operaciones en el extranjero. Abrió la ventana para fumar un cigarro y advirtió a dos ancianos que apenas podían sostener sus pancartas, estaban solos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (14/09/2012).

¿Quieres abrir una cuenta en el extranjero?

La fuga de capitales en España se ha disparado en los últimos tiempos. Los grandes inversores tienen esa facilidad para apostar, especular y huir sin dejar apenas rastro. No se pretende en esta breve entrada analizar tal comportamiento, sino explicar qué tiene que hacer un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador, para abrir una cuenta bancaria en el extranjero, sin entrar en el campo de las razones y sin ánimo de alimentar la actual espiral de desconfianza.

Los ciudadanos que pretendan abrir una cuenta en el extranjero tienen el deber de declarar su apertura en el plazo de un mes, según dispone la Circular 3/2006, de 28 de julio, sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero, del Banco de España. El incumplimiento de este deber puede suponer la comisión de una infracción prevista en la Ley 19/2003, de 4 de julio, de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. Una vez creada y comunicada la apertura de la cuenta al Banco de España, si lo que se pretende es hacer una transferencia de una cuenta española a la cuenta extranjera, no existe obligación de declarar movimientos de cantidades inferiores a 600.000 euros.

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, hay que declarar los intereses que generan las cuentas bancarias en el extranjero (rendimientos de capital), y, en cualquier caso, es necesario prestar atención a las novedades que pueda deparar la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.