Truco o trato

Los juristas más perspicaces suelen concluir, porque así sucede, que el Código Penal se reforma a golpe de telediario. No resulta criticable que la realidad social condicione el debate político. Pero sí es reprobable que, ante un crimen aislado de gran repercusión social y emocional, el legislador actúe de forma irreflexiva para aumentar las penas o tipificar nuevos delitos. Demagogia penal tan vieja como la baja política.

La reciente tragedia de la fiesta de Halloween en Madrid, que se llevó la vida de cuatro jóvenes en dramáticas circunstancias, podría haber generado un debate social y político serio y profundo de muy variadas aristas: desde las políticas municipales de juventud y ocio hasta el modelo de gestión pública que impera en nuestras administraciones. Tal debate no ha proliferado hasta el momento; las reacciones oscilan entre las poses institucionales y las medidas impulsivas, como la anunciada por la alcaldesa de Madrid de que no alquilará más sus instalaciones para eventos festivos, habría que añadir, hasta que se den las circunstancias idóneas para hacer una excepción, ya sea el fin de año o la celebración del Mundial de 2014, pero las excepciones llegarán y terminarán por generalizarse. Y todavía no es descartable que los políticos más creativos e innovadores recurran al Código Penal.

Sin embargo, poco o nada se ha reflexionado acerca del modelo de gestión pública que subyace en esta lamentable tragedia. Bien callados están quienes llevan tiempo repitiendo hasta la saciedad que es necesario adelgazar las administraciones, flexibilizar los procedimientos y poner fin a las pesadas cargas administrativas. Nuestras administraciones se han convertido en una dúctil maraña de entes, contrataciones y subcontrataciones en la que difícilmente se distingue lo público de lo privado, y que tiene como consecuencias más inmediatas y nocivas la relajación de los controles de todo tipo y la dilución de las responsabilidades. Los hechos de Madrid son un claro ejemplo: ayuntamiento, empresa promotora, empresa de seguridad y empresa gestora enzarzados en un siniestro espectáculo de recíprocos reproches.

Esta visión privatista de la administración pública la introdujo un movimiento político, académico y económico de tintes neoliberales que, allá por los años noventa, revolucionó la ciencia de la administración: la llamada Nueva Gestión Pública o neogerencialismo. Desde un punto de vista jurídico, el fenómeno resultante no es nuevo y se conoce como la “huída del Derecho administrativo”; hablando en plata, que cada uno haga y deshaga lo público como le venga en gana.

Para derruir los cimientos de la administración burocrática se articuló un discurso deslegitimador cuya eficacia se puede comprobar muy fácilmente con la generalización de la acepción peyorativa que conlleva el término burocracia: al escuchar esta palabra lo primero que nos viene a la mente es el excesivo papeleo que nos piden los funcionarios. Desde entonces, en lo público, como en lo privado, todo se reduce a una misma idea: la generación de incentivos. Si la búsqueda del interés individual genera eficiencia en el mercado, en la administración se ha proyectado el mismo ideal, y a su alrededor se mueven como peces en el agua operadores privados y semipúblicos que únicamente pretenden maximizar sus beneficios. Así las cosas, resulta muy fácil que el interés general quede relegado a un segundo plano.

La tragedia de Halloween debería provocar una reflexión profunda sobre qué administración queremos. Una administración transparente, vigilante e impregnada por el interés público, o una administración, parafraseando la polémica traducción del trick or treat, del truco o trato. Y ya se sabe que no hay nada más goloso que el dinero, perverso incentivo.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (09/11/2012).

Ladrones

Como en tantas otras ocasiones, la polémica ha enfangado la noticia. Dos asaltos a supermercados en Andalucía, promovidos por el ya famoso alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, han suscitado todo tipo de reacciones, en su mayoría de condena o rechazo. Estas acciones reivindicativas, llevadas a cabo por decenas de jornaleros bajo el rótulo de “expropiaciones alimenticias”, pretendían repartir comida entre los más desfavorecidos y poner el foco en el desigual reparto de la riqueza.

El debate posterior ha girado en torno a los fines y los medios. ¿Son actos condenables? ¿Tienen justificación moral? ¿Es justo que los pobres roben a los ricos? Muy probablemente éste no sea el debate más acorde con la naturaleza de las acciones, pero conviene hacer algunas precisiones. Desde la doble perspectiva ética y jurídica, la concreta justificación del robo que realizan las personas necesitadas se remonta milenios atrás, sin olvidar la enorme trascendencia del tópico más general de la obediencia o no al Derecho injusto. Nos referimos al llamado hurto famélico, que consiste en la apropiación de bienes ajenos (alimentos, ropa, etc.) en situaciones de elemental necesidad, y que históricamente suele generar la exención o atenuación de la responsabilidad penal. Por cierto, para forjar esta figura fue de vital importancia el surgimiento del cristianismo (pues ya en los Evangelios de San Mateo y San Lucas se dice que Jesús justificó que sus discípulos comieran en sábado de sembrados de trigo ajeno), del Derecho Canónico y de la teología de Santo Tomás de Aquino. En nuestros días, el Tribunal Supremo también ha recogido la doctrina del hurto famélico, si bien de forma restrictiva.

Aun cuando es cierto que estas acciones reivindicativas tienen un innegable componente político –cuentan con el protagonismo de los actores públicos antes citados– añadido a su finalidad altruista, la doctrina del hurto famélico pone de manifiesto la relevancia ético-jurídica de los acontecimientos, suficiente como para evitar la criminalización apriorística de las personas implicadas. Optar por la exclusiva respuesta policial, como ha hecho el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, soslayando el debate de fondo que plantean estas acciones simbólicas, constituye un error político de primera magnitud. No hay que ser jurista ni purista para percatarse de que las formas de los jornaleros son indeseables, pero los responsables políticos no deben enfatizar el reproche penal, estarían mirando el dedo de quien señala una luna menguante, el devastador cráter que ha generado una meteorítica crisis económica: incremento insostenible del desempleo, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, con particular incidencia en la infancia.

Recientemente, el exjuez Garzón afirmaba que la Justicia no es igual para todos, una percepción creciente en la ciudadanía. ¿Cómo defender lo contrario? ¿Se ha aplicado el Código Penal a quienes con sus desmanes financieros e inmobiliarios crearon la crisis económica? ¿Se ha aplicado a quienes con sus prácticas especulativas se lucran de la crisis que ellos mismos provocaron? Si un Estado Penal tan selectivo sustituye al Estado Social, los asaltos a supermercados podrían dejar de ser acciones simbólicas y reivindicativas y convertirse en meros actos de supervivencia. Ése es el debate.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (10/08/2012).