¿Un gobierno tecnócrata en España?

Pocos gobiernos, o ninguno, han logrado eludir el desgaste político y electoral que ocasiona la crisis económica, al margen de motivaciones y colores políticos. Lo anterior resulta una obviedad, es lo que sucede cuando el poder no se ostenta libremente por los órganos constitucionales competentes, sino que se halla limitado, y esto no es reciente, por agentes económicos incontrolados. La pregunta es tan evidente como desoladora: ¿qué incentivos tienen las élites políticas para gobernar cuando saben que no pueden llevar a cabo sus programas electorales, sobre todo si no tienen la voluntad política de cambiar ese estado natural de cosas? Lo que sí constituye una novedad propia de estos tiempos es la irrupción de gobiernos tecnócratas que prescinden de procesos electorales, como ha sucedido en Italia y temporalmente en Grecia. Todavía no nos escandalizamos lo suficiente, pero la imposición o asunción colectiva de un presidente no elegido por los ciudadanos impide hablar de democracia. El poder real, es decir, el poder económico privado, ya no se conforma con condicionar y limitar la política, sino que no tiene reparos en prescindir de intermediarios. “La no presencia de políticos en el Gobierno ayudará en lugar de obstaculizar”, son palabras de Mario Monti, por cierto, elogiado días atrás por Rubalcaba. A la vista está que la democracia también se legitima por la eficacia, por el rendimiento de las instituciones, pero sin procedimientos, sin soberanía popular, es seguro que no existe democracia.

Los últimos recortes presentados por Rajoy en el Congreso, de 65.000 millones, sí servirán de algo, como bien dijo el presidente, aunque no especificara para qué. A tenor de la experiencia ajena y propia, servirán para imprimir sufrimiento a la ciudadanía, para acabar con conquistas históricas de bienestar y para deprimir aún más la economía, porque España continúa, como dice la canción, caminando en círculos, en los círculos viciosos de la austeridad, el paro y la deuda. También servirá para que Rajoy cumpla con las exigencias de la troika, ese complejo de instituciones antidemocráticas al que no le importan demasiado las personas, por lo que de momento no va a ser necesario imponer un presidente tecnócrata, de momento, porque si Rajoy perdiera la confianza de la troika y buena parte del apoyo político que todavía mantiene, y si el PSOE no se refundase para representar una alternativa sostenida por la ciudadanía (algo distinto a la alternancia), el vacío de poder podría ser ocupado a la italiana. No parece éste un escenario improbable.

¿Sería constitucional que un tecnócrata ocupara la presidencia del Gobierno en España? La Constitución Española ni siquiera exige que el presidente del Gobierno sea diputado, es el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, quien propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. En la práctica, el nuestro, que es un sistema parlamentario, ha adquirido rasgos de un sistema presidencialista; por ejemplo, en las elecciones generales los partidos presentan un candidato a presidente del Gobierno, las campañas se centran en los líderes y el Rey propone al candidato más votado. En definitiva, sí podría afirmarse la constitucionalidad de un gobierno tecnócrata, siempre que tenga apoyo parlamentario, como ha ocurrido en Italia. Pero Constitución y democracia no siempre son realidades convergentes, por más que se necesiten mutuamente. Un gobierno tecnócrata podría ser constitucional, pero seguro que sería antidemocrático, amén de que nuestra Carta Magna contiene mecanismos suficientes para solucionar situaciones de colapso político. La historia nos dice que las crisis económicas socavan la democracia. Estamos a tiempo de evitarlo, en las instituciones y en las calles.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (13/07/2012)

A vueltas con la reforma constitucional

La reforma constitucional que pretende proscribir el déficit público puede y debe analizarse desde una doble perspectiva, económica y jurídica, a tenor del actual contexto político. Desde un punto de vista económico, conviene recordar que el déficit público constituye una herramienta de política económica contenida en la caja del keynesianismo, una de las dos escuelas, junto con la liberal (que por contra, simplificando, defiende el déficit cero), más importantes de la ciencia económica. El déficit, por tanto, permite realizar políticas contracíclicas y garantizar derechos sociales en momentos de desaceleración o recesión económica. Y ello sin perjuicio de que un mal uso del déficit, con la consecuente deuda pública, pueda representar un problema macroeconómico derivado de su excesiva acumulación, inflación, pago de intereses o la especulación con su compra (no obstante, esta última puede ser combatida regulando – por  ejemplo, prohibiendo las operaciones especulativas– el mercado de deuda pública). En cualquier caso, frente a lo que pudiera deducirse del ruido mediático, el déficit público español no es problemático.

Ya en el terreno jurídico, es necesario hacer una primera consideración. ¿Debe la Constitución optar por uno u otro instrumento para las cuentas públicas? Si algo caracteriza a la Constitución Española es que plasma una gran voluntad de consenso, por lo que en la llamada Constitución Económica (el conjunto de normas constitucionales sobre economía) conviven plácidamente el modelo intervencionista o keynesiano y el liberal en el marco de la economía de mercado. Asimismo, el sentido común jurídico sugiere que en la Carta Magna, por su inherente rigidez, no deben dilucidarse aspectos concretos de la política económica.

Sobre el procedimiento elegido, juristas como Rafael Escudero Alday o Antonio de Cabo de la Vega y el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV han apuntado que la reforma debería llevarse a cabo por la vía agravada del artículo 168, en tanto que la limitación del déficit afecta al Título preliminar y a los derechos fundamentales, lo que exigiría, entre otros requisitos, la celebración de un referéndum. La interpretación puede parecer forzada, si bien la “prioridad absoluta” del pago de la deuda pública contenida en el artículo 135.3 alimenta esta hipótesis, toda vez que esta desafortunada expresión genera una antinomia: ¿prioridad absoluta frente a los gastos derivados de la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) o de la Corona (Título II), por poner sólo dos ejemplos?

De lo que no cabe duda es que, desde un punto de vista político, la reforma adolece de un gran déficit democrático, ya que no ha existido debate público suficiente y la legislatura se halla prácticamente agotada. Jurídicamente, estas deficiencias democráticas se plasman en la tramitación urgente y por el procedimiento de lectura única sin esgrimir motivación suficiente, so riesgo de desvelar lo que todo el mundo sabe: que los mercados, organizaciones internacionales y otros países han impuesto de forma antidemocrática esta reforma. Si el fondo se antoja erróneo, la forma resulta inaceptable.