Justicia en lucha

La huelga de jueces y fiscales del pasado miércoles ha tenido un notable éxito. A pesar de la habitual guerra de cifras, los porcentajes de participación en todo caso son relevantes y la frenética actividad de los Juzgados se ha visto paralizada. Las razones que motivan el conflicto son variadas y complejas, pero en todo caso justificadas. Todas las medidas criticadas guardan en común dos puntos esenciales: el incumplimiento del programa electoral del partido gobernante y la debilitación de la Justicia en tanto que administración y poder público.

La reducción de las partidas presupuestarias en materia de Justicia está deteriorando aún más un servicio público infrafinanciado durante décadas, una de las causas de la anemia democrática de nuestro país. Además, la supresión de centenares de jueces sustitutos ha sobrecargado de trabajo a unos Juzgados ya colapsados. De acuerdo con los datos que ofrece el Consejo de Europa, en nuestro país hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 de Alemania, una cifra que nos sitúa en la cola de Europa, una vez más. ¿Dónde están los analistas que denuncian un exceso de funcionarios en nuestro país? O están mal informados o son funcionarios de los mercados, que permitiría decir Carlos Floriano.

Los frentes abiertos por el ministro Gallardón son innumerables. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la legítima discrepancia sobre el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, ha sido percibida como impuesta y autoritaria. Una constante de todas estas reformas es la falta de un diálogo sincero entre los sectores implicados; en una materia tan sensible, al problema de fondo se une el problema de forma.

Por supuesto, como todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales se han opuesto con rotundidad a la ley de tasas judiciales, lo que desacredita la crítica corporativista a sus protestas. No en vano, el poder judicial está asumiendo un incipiente papel en la defensa del Estado social y democrático de Derecho frente a la ofensiva de otros poderes (privados y públicos). En un contexto de degradación de la política, la ciudadanía debería poder aferrarse a la comunidad jurídica para controlar al poder económico. La democracia como engranaje de frenos y contrapesos (checks and balances).

Pese a la anunciada reducción de las tasas judiciales, éstas seguirán teniendo cuantías desorbitadas y privarán del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a cientos de miles de personas: un ataque frontal sin precedentes al Estado constitucional de Derecho. En cualquier caso, la rectificación parcial de Gallardón supone la constatación de un error político de primera magnitud, y pone de relieve que la movilización y la unidad de todos los sectores afectados de la sociedad civil (operadores jurídicos, asociaciones de consumidores, sindicatos…) resulta útil y eficaz.

¿Se anunciarán nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá, pero el conflicto puede decirse que está más cerca del inicio que del final. Es más, la reacción de algunos sectores políticos y mediáticos ha sido la de arremeter contra los huelguistas e incluso negar la existencia del derecho fundamental a la huelga debido a la posición constitucional que ocupan los jueces. El derecho a la huelga de los jueces es una cuestión muy discutida y polémica tanto en el ámbito político como en el académico-jurídico. Pero lo que es indiscutible es que las reclamaciones de los jueces, defendidas por la mayoría de sus asociaciones profesionales, son legítimas y, además, han sido defendidas con respeto, civismo y la valentía que exige un momento de tanta trascendencia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (22/02/2013).

Activismo judicial

A estas alturas del partido deberían ser pocos los ciudadanos que ignoran lo que está pasando: la gravedad de la actual situación político-económica no reside tanto en la crisis económica como en el modelo de sociedad que se pretende construir con la excusa de la crisis. El poder económico privado, a través de sus mandatarios políticos, pretende derogar, y de hecho lo está logrando, el pacto que erigió el Estado social y democrático de Derecho, consagrado en nuestro país en la Constitución de 1978. Nos hallamos, por tanto, en el transcurso de un proceso de deconstitucionalización, que consiste en el desmantelamiento de las bases constitucionales: desde los poderes públicos hasta los derechos de las personas.

El poder legislativo, aun cuando formalmente tiene legitimidad democrática, ha sido capturado por las elites económicas a través de la actuación de lobbies y una continua cesión de soberanía a instancias como la Unión Europea y otras organizaciones que no pueden considerarse democráticas. Su actuación se limita a satisfacer las demandas de los acreedores: recortes para pagar una deuda ilegítima y facilidades para aumentar sus beneficios (véanse las reformas laboral y financiera).

En cuanto al poder ejecutivo, si es que tiene sentido mantener tal distinción en escenarios de mayoría absoluta, más de lo mismo. Por la puerta giratoria entran los gobernantes de hoy y salen los grandes empresarios de mañana. Así es difícil esperar decisiones distintas de las que estamos viendo: privatizaciones de servicios públicos y despidos masivos de empleados públicos; en suma, la implementación de unas Administraciones despublificadas.

El poder judicial, por su parte, está siendo objeto de fuertes tensiones. Aunque no es nuevo, existe un renovado intento de captura para evitar un posible contrapeso judicial al proceso de deconstitucionalización e incluso vehicular la respuesta penal del Estado a una ciudadanía disconforme que, aun con retraso, está saliendo a la calle. La limitación del acceso a la Justicia que ha supuesto la Ley de tasas judiciales también contribuye a ese objetivo de eliminar mecanismos de defensa ante las sucesivas contrarreformas.

Suele decirse que la Justicia es la gran asignatura pendiente de nuestro país, ora por la falta de medios que agilicen su actividad, ora por la tibieza de su compromiso democrático. Aun cuando la Justicia todavía conserva rasgos de inmovilismo e indeseable neutralidad (una imparcialidad mal entendida, por ejemplo, en la interpretación de las normas jurídicas injustas), no es la misma  maquinaria predemocrática de otros tiempos, y en estos momentos tiene la oportunidad histórica de posicionarse del lado de la gran mayoría de ciudadanos desposeídos.

Hasta el momento la reacción judicial al desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho no es generalizada, pero sí comienza a dejarse notar en algunos casos: la respuesta unitaria de los operadores jurídicos frente a las tasas judiciales, las resoluciones judiciales que cuestionan la abusiva legislación hipotecaria o algunas decisiones recientes de trascendencia política como la suspensión cautelar del cierre nocturno de las urgencias en Castilla-La Mancha.

La agitación del Derecho es la constatación del fracaso de la política. Pero el activismo judicial es hoy más necesario que nunca: la Justicia puede ser una compuerta de la democracia, un nuevo foco de resistencia desde y para la ciudadanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (25/01/2013).

Ciudadanía indefensa

Desde que el pasado 17 de diciembre entraran en vigor las tasas judiciales, sus efectos se han dejado sentir en los juzgados de toda España. Los primeros datos constatan una reducción a la mitad del número de demandas presentadas. Si bien es cierto que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para obtener estadísticas fiables y oficiales, la percepción de todos los operadores jurídicos es que el número de procedimientos judiciales se ha reducido y que se reducirá aún más con el paso del tiempo.

Sin duda podemos estar ante la reforma legislativa de mayor eficacia de los últimos años, en tanto que el efecto pretendido ya se está cumpliendo: disuadir a la ciudadanía de acudir a la vía judicial, a costa, claro está, de sacrificar el ejercicio de los derecho que tienen las personas con recursos económicos limitados. Estas dificultades para acceder a la Justicia consagran los abusos de poder públicos y privados, por lo que el Estado de Derecho torna en Estado sin Derecho. Aun cuando existen otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, su estado embrionario y su propia naturaleza privada nos permiten concluir que son mecanismos menos garantistas para las personas.

¿Son las tasas judiciales una reforma aislada en el actual contexto jurídico y económico? Es obvio que no. De un lado, porque se enmarcan en la actual política de recortes que pretende disminuir el gasto público para pagar el agujero del poder financiero. De otro lado, porque contribuyen a catalizar una sociedad caracterizada por la desigualdad y la ausencia de garantías y controles públicos.

La crisis económica ha puesto de relieve el funcionamiento real del sistema político, dejando en evidencia la superficialidad analítica de la mayoría de expertos: los poderes privados, ajenos a control alguno, campan a sus anchas en detrimento de los derechos –incluidos los fundamentales–  de las personas. Numerosas organizaciones privadas, formales e informales, han acumulado poder (entendido como la capacidad de someter a los demás) como nunca antes. La revolución tecnológica, el paradigma ideológico dominante y la coyuntura de la sociedad internacional, entre otras causas, han forjado un desequilibrio en el pacto social entre capital y trabajo que tiene como consecuencia el debilitamiento de la democracia y el bienestar.

¿Cómo revertir la situación actual? En mi opinión, la teoría del Estado de Derecho, de la que deriva la institucionalidad vigente, no es útil para afrontar el desafío de la democratización del poder y la garantía de los derechos de las personas. El Estado de Derecho surge como contrapeso al Estado Absoluto, con el objetivo de desconcentrar el poder público (división de poderes) y limitarlo mediante la garantía de los derechos fundamentales. No hay Constitución sin declaración de derechos ni separación de poderes, rezaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de 1789.

No es que el Estado (el volumen del sector público) sea hoy más reducido que a comienzos del siglo XIX, pero sí, probablemente, su capacidad de gestionar los asuntos públicos frente a los actores privados. Cuando un profesor de Derecho Constitucional explica la teoría de la división de poderes, todavía hoy se referirá al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero la realidad es bien distinta: ¿acaso no son poderes, de  superior influencia que el Parlamento, grupos como la banca, los mercados financieros, el FMI o los lobbies de empresas transnacionales?

Se advierte necesario formular una teoría del Estado que sea útil para contrarrestar el predominio de los poderes privados, y llevarla a cabo. Quienes limitan el acceso a la Justicia lo hacen en representación de poderes privados, no de la ciudadanía, y con fines muy concretos: transferir renta y consagrar abusos. Las tasas judiciales son causales, no casuales.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/01/2013).

Democracia interna

La clase política, los partidos políticos en general, constituye el tercer problema que existe actualmente en España, según el CIS. Las causas del desprestigio de la política son variadas. En primer lugar podría situarse la pérdida de bienestar de la ciudadanía, que responsabiliza directamente a sus representantes de la situación económica, pero también adquieren notable importancia la corrupción y el interesado y perverso discurso del “todos son iguales”, que producen una preocupante desafección política.

Nadie puede obviar que se extiende en nuestro país una percepción generalizada de que los políticos están alejados de la realidad, de que los partidos se han convertido en maquinarias electorales rígidas e impermeables. Se ajuste o no este análisis a la realidad, la percepción forma parte de ésta, por lo que todos los esfuerzos colectivos deberían centrarse en canalizar las demandas de la sociedad. Si no emergen con solidez otras fuerzas políticas, el cuestionamiento de los partidos en general puede devenir en el cuestionamiento del sistema democrático.

En el actual contexto, cambiar las estructuras organizativas de los partidos políticos ha de considerarse prioritario. Se trata de aplicar la máxima tan recurrente como profunda de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Los partidos necesitan una mayor capacidad de inclusión, participación, transparencia y rendición de cuentas, objetivos que bien podrían resumirse en la necesidad de una mayor democracia interna.

¿Qué es lo que se debe democratizar en los partidos políticos? La reforma ha de ser doble, tanto en la elaboración de programas y políticas públicas como en la selección de candidatos (elecciones primarias obligatorias). La democracia interna permite un mayor control ciudadano y confiere mayor credibilidad a los partidos. Quienes se oponen a las demandas de democratización de los partidos suelen ser sus propias elites, claro está, y en su discurso oficial alegan posibles costes electorales. Éstos se producirían por varios factores: la cohesión y estabilidad de los partidos perderían fuerza, proliferarían las divisiones y facciones y aumentaría la radicalidad de las propuestas, debido a que los partidos canalizarían las demandas de la militancia frente a las de la ciudadanía. Una forma de pensar de otra época que oculta el interés de perpetuarse en los cargos.

Por tanto, sería muy positivo modificar la Ley de Partidos para establecer la obligatoriedad de las elecciones primarias e instaurar nuevos mecanismos de control. Es imprescindible no sólo aumentar el elenco de derechos de militantes y ciudadanos en relación con los partidos, sino crear estructuras de garantías públicas e independientes para el cumplimiento de esos derechos.

En suma, los partidos políticos tienen los mismos problemas que otras organizaciones de cualquier tipo (empresas, asociaciones, etc.), pero al tratarse de entes sujetos al interés público, está plenamente justificado aumentar los controles en su funcionamiento interno frente a la autonomía privada. El problema es la falta de incentivos para que las élites políticas acometan estos cambios, pero en el largo plazo no tendrán más remedio si no quieren desaparecer.

Los avances en la democracia interna de los partidos, además, tienen un carácter instrumental, porque las élites de los partidos, si subsisten, se verán compelidas a hacer frente al poder económico, principal lastre de nuestro tiempo. La política como solución.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (02/11/2012).

La que se avecina

Allá por el año 2000, el prestigioso politólogo Robert Putnam se percató de que los estadounidenses acudían solos a jugar a los bolos, en contraste con los grupos de amigos que se juntaban años atrás en las boleras. Con la publicación del influyente libro Solo en la bolera surgió el luego manoseado concepto de capital social, que consiste, simplificando, en el conjunto de interrelaciones sociales que se producen en una sociedad, y que tiene múltiples efectos políticos y económicos beneficiosos.

Lo cierto es que desde hace varios lustros fluye en muchos lugares una corriente dominante de individualismo. Numerosos bienes y servicios se ofertan para facilitar la vida solitaria y hogareña: el auge del teletrabajo, las compras por internet, la formación online, la administración electrónica, la emergencia de las consultas médicas virtuales, etc. El mercado como elogio de la soledad.

Una noción más concreta que la de capital social, pero también relacionada, es la de participación política. Aunque hay estudios para todos los gustos, existe una percepción generaliza de que en los últimos años la ciudadanía española delegó en exceso en sus representantes. Si a Putnam le valió la imagen de la soledad en la bolera para describir la realidad social norteamericana, para ilustrar la realidad política de nuestro país bien podría recurrirse a la gestión de una comunidad de propietarios. Las series de televisión Aquí no hay quien viva y posteriormente La que se avecina se sirvieron del símil con un extraordinario sentido del humor. Pero la comparación admite otras visiones más realistas.

¿Qué sucede realmente en las comunidades de vecinos? En la inmensa mayoría de los casos ningún vecino desea formar parte de los órganos de gobierno y menos aún responsabilizarse de la gestión. La figura del administrador, profesional contratado, adquiere así un notable protagonismo. La participación de los propietarios se reduce a la exigencia de satisfacer sus demandas individuales. Los problemas de otros vecinos y el interés colectivo casi nunca son invocados. En resumen, su régimen puede tildarse de plutocracia de propietarios, pues no en vano quien más superficie tiene goza de una mayor cuota de participación.

Algo parecido viene sucediendo en nuestra democracia. Si se ha forjado una clase política (administradores contratados, políticos profesionales o tecnócratas) que gestiona el interés general, se debe principalmente a que los ciudadanos hemos delegado en ella para centrarnos en los asuntos privados. Una verdad dolorosa, aunque también es cierto que el tiempo que dedicamos al trabajo constituye un obstáculo muy importante.

Como si el administrador hubiese sido capturado por los proveedores, los poderes públicos responden principalmente a las demandas de los poderes financieros. La degradación de nuestra comunidad política es tal que muchos propietarios han sido desahuciados y los inquilinos se han quedado fuera del sistema.

Parece ser, no obstante, que la reacción está en marcha. Cada vez hay más voces que consideran inaplicada la Ley de Propiedad Horizontal, o que aspiran a modificarla para lograr una mayor inclusión social.

La que se avecina es gorda y los vecinos están tomando conciencia. La participación en las juntas comienza a concebirse como un deber cívico, porque de nada sirve echar al administrador si no asumimos nuestras responsabilidades de gestión y control. Está en juego el interés de la comunidad.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (19/10/2012).

 

 

Sin memoria

Las malas noticias económicas acaparan una actualidad desbocada que nos niega la perspectiva necesaria para analizar el pasado y encarar el futuro. La crisis se ha convertido en un diario mal escrito, un nudo sin desenlace que aburriría si no fuera por que ahoga cada vez a más personas. El ciudadano, indignado o resignado, ya no logra recordar cómo era la vida antes de la crisis, incluso puede llegar a sentir curiosidad por los periódicos de aquella lejana época: ¿de qué se hablaba entonces? Pero no, tampoco fue un período de placidez.

La precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y el inacceso a la vivienda se sufrían en silencio, como si fuesen inevitables fuerzas de la naturaleza. Por momentos, el discurso dominante no identificaba a PP y PSOE como un todo indivisible, sino que renacía el problema de las dos Españas. El Gobierno de Zapatero rompía España y la familia, se decía, y la crispación (palabra de moda entonces) impregnaba el Parlamento y las calles, entonces llenas de sotanas.

Otra de las iniciativas que agitaba el debate público era la popularmente llamada Ley de Memoria Histórica. Si con la actual crisis hemos perdido la memoria a corto plazo, la otra, la del largo plazo, nunca la tuvimos. La negación de la memoria histórica debe apuntarse en el pasivo de nuestra caja de herramientas para salir de la crisis. Si en el pasivo económico hemos ido anotando la pérdida, de hecho o de derecho, de herramientas soberanas como, por ejemplo, la política monetaria, en el pasivo político se halla la debilidad de nuestra democracia, que fue fundada en un pacto coyuntural de olvido y no en sólidas bases democráticas.

En gran medida ahí radica nuestro gran déficit de cultura democrática, que alcanza por igual a instituciones públicas y sociedad civil, en el desconocimiento de nuestra historia reciente, en particular del porqué de la dictadura franquista. Sólo así se entiende la tibieza, cuando no colaboración, de la respuesta política ante los ataques del poder económico, y sólo así se entiende que, ante la parálisis permanente de gobernantes e instituciones, la mayoría de los ciudadanos descalifiquen a la clase política sin construir, hasta el momento, otras alternativas políticas. Vía libre, pues, para el populismo y la antipolítica.

Finalmente, la Ley de Memoria Histórica se aprobó, eso sí, podada y gestada con timidez. Aun olvidada, es una ley, una norma que genera derechos y obligaciones, y a la que están sujetos, de manera especial, los poderes públicos. La Ley obliga, entre otras cosas, a que Administraciones públicas retiren “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Sólo hace unos días el Ayuntamiento de Valencia retiró el título de Alcalde honorario al dictador Francisco Franco, en cumplimiento de una sentencia condenatoria de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia. Dada la claridad de la Sentencia, el Consistorio que preside Rita Barberá no la recurrió.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Salamanca también concedió honores al dictador (título de Alcalde honorario, cuya existencia discute el equipo de Gobierno, y Medalla de Oro de la ciudad, sí reconocida), por lo que cabe esperar que cumpla con la ley sin necesidad de esperar a una sentencia condenatoria. De lo contrario, sería una gran irresponsabilidad, porque en un Estado de Derecho la ley puede cumplirse o cambiarse, pero no obviarse.

Habrá quien piense que no es tiempo para hablar de honores y deshonores. Pero sólo si recordamos el valor de la democracia, podremos empezar a defenderla ante la presente encrucijada.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (28/09/2012).

Cash Mob

Vivimos una época de cambios vertiginosos en todos los ámbitos (social, político, económico, cultural, etc.), propiciados tanto por innovaciones tecnológicas como por espurios intereses económicos. Lo cierto es que todo parece estar en cuestión, incluso conquistas históricas como el Estado del bienestar y la democracia. Pese a que la idea de cambio lleva implícita una acepción positiva u optimista, es necesario recordar que buena parte de estos cambios son verdaderas regresiones que replantean viejos problemas.

Entre la autocomplacencia del ciudadano que culpa a la clase política de todos sus males y la autoflagelación que implica el falso mito de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, existe un amplio espacio para la autocrítica y la reflexión colectiva. En los últimos lustros la ciudadanía ha permanecido anestesiada, ha abandonado los espacios públicos (desde los parques hasta la política) y se ha recreado en su biografía privada. Sólo la dureza de la crisis económica parece haber provocado el despertar de una conciencia cívica adormecida. El movimiento 15-M, que ha politizado a importantes sectores de la juventud, o más recientemente el éxito de la Cumbre Social son ejemplos de esa incipiente efervescencia social.

En muy diversos ámbitos se pueden encontrar iniciativas ciudadanas interesantes en las que internet juega un papel relevante. Son proyectos inconformistas que rechazan el individualismo y pretenden aportar otras perspectivas o formas de organización social con cierta dosis de innovación. Una de esas iniciativas tendrá lugar hoy en Salamanca (20:00 horas, calle Wences Moreno) y en las redes sociales está teniendo una gran repercusión: se trata del Cash Mob, que llega a nuestra ciudad con la colaboración de la asociación ZOES.

Un Cash Mob es una convocatoria realizada a través de las redes sociales para que un grupo de personas asista a una hora determinada a comprar en pequeños comercios locales de la comunidad donde se crea el evento. Los eventos Cash Mob tienen como finalidad ayudar, salvar y promover los pequeños comercios, que cada vez se encuentran con más dificultades debido a la expansión de las grandes superficies y los centros comerciales. Además, este movimiento pretende forjar lazos personales entre compradores y también con los vendedores, porque frente a la frialdad e impersonalidad del consumo de masas quiere poner en valor los vínculos personales, la amistad y la cercanía que humanizan la vida cotidiana.

Una de las virtudes del Cash Mob reside en la adecuada conjunción de una profunda fundamentación ético-política y una efectiva participación ciudadana. Las personas implicadas difunden ideas con hechos, fundamental en una etapa de descrédito de la política. Una llamada de atención, también, para esos economistas que cosifican a las personas y reducen la sociedad a un paupérrimo gráfico de oferta y demanda. Los participantes son ajenos a variables como los precios, los costes laborales o la eficiencia del mercado. Apelan a la humanización de las relaciones comerciales, a la convivencia y a la construcción de un modelo distinto de sociedad con un sencillo lema: “Utiliza las herramientas del futuro para ayudar a las tiendas del pasado”. Una vez más la dialéctica de lo nuevo y lo viejo, la permanente tensión entre el cambio de sentido y el sentido del cambio.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/09/2012).