Rescatar al fútbol

El C.D. Guijuelo, muy probablemente, dejará de competir en Segunda B por dificultades económicas. La situación de la U.D. Salamanca, en concurso de acreedores, no es mucho mejor. No es un mal salmantino, sino futbolístico, incluso deportivo, pero como el fútbol es el deporte rey también es más dura su caída. Echando la vista atrás, cabe concluir que quienes a inicios de los años noventa impulsaron la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas se equivocaron. Ya entonces los clubes arrastraban deudas millonarias, por lo que se pensó que se podría mejorar la gestión si los dirigentes invertían su propio dinero. La forma de sociedad anónima deportiva también fue una respuesta adaptativa al imparable proceso de mercantilización del fútbol. Dos décadas después, los problemas económicos de los clubes se han agravado; el ánimo de lucro, la especulación con el valor de los jugadores y la guerra de los derechos televisivos, entre otras causas, forjaron una pomposa burbuja que ha estallado de la mano de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué hacer ahora? No se puede negar que los clubes, en su inmensa mayoría, gozan de un notable arraigo social, hasta el punto de que las entidades deportivas conforman identidades de ciudad. Además, el fútbol profesional es una fuente relevante de empleo y contribuye a difundir la práctica deportiva popular, que forma parte de la educación y la cultura, y otros valores inherentes positivos (solidaridad, cooperación, salud), si bien en permanente tensión con agentes nocivos (violencia, xenofobia, dopaje). ¿Son motivos suficientes para rescatar al fútbol, es decir, para que las administraciones públicas asuman las pérdidas de las sociedades anónimas deportivas? Más de un aficionado se responderá, legítimamente, que las entidades financieras, efectivamente rescatadas, carecían de esos méritos, y que si bien eran depositarias de ahorros, los clubes son depositarios de ilusiones y profundos sentimientos de pertenencia. No obstante, hay que tener presente que el rescate público no es una solución plausible, dado el discurso hegemónico de la austeridad, y que existen soluciones mixtas o exclusivamente privadas que pasan por una mayor implicación de la sociedad civil, al menos de quienes se lo puedan permitir.

Una de las enseñanzas que debe dejarnos la crisis del sector futbolístico tiene que ver, precisamente, con la forma en que se canaliza ese arraigo social, ese apego especial, esa sensación a veces indescriptible, mayoritaria pero también incomprensible para ciertas minorías, y que jurídicamente es difícil de conceptualizar: lo que en Salamanca llamaríamos el unionismo. La concepción empresarial de los clubes de fútbol no sólo ha sido un fracaso desde el punto de vista económico, sino que ha convertido a los aficionados en meros consumidores y a los jugadores en mercancía, socavando su esencia identitaria. El inaccesible precio de las entradas, la figura del futbolista-mercenario, que tanto irrita a los seguidores, y los huidizos directivos (inversores, jeques) que legan situaciones económicas insostenibles son claros ejemplos de ese fútbol mercantilizado, desnaturalizado y ajeno al deporte social. La reacción a este degradado estado de cosas ya ha comenzado. Existen algunas experiencias en las que los aficionados han logrado retomar la gestión de los clubes, como es el caso, en Asturias, del Unión Club Ceares. Por otro lado, el interesante proyecto de la Comisión Europea “Mejora de la Gobernanza del Fútbol a través de la Participación de las Aficiones y la Propiedad Comunitaria”, ejecutado en nuestro país mediante la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, pretende transparentar y democratizar la gestión de los clubes de fútbol. Cualquier ayuda al fútbol debe venir acompañada del esclarecimiento de responsabilidades de los directivos salientes y la democratización del modelo de gestión. Un rescate con condiciones, justo lo contrario de lo que se hizo con la banca. De lo contrario, más vale empezar desde cero y reinventar el fútbol.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (24/08/2012).

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Está pasando

Los últimos datos de los ERE, en particular el exponencial aumento de los que carecen de acuerdo, ponen de manifiesto una vez más la finalidad real de la reforma laboral: despedir más fácil y abaratar los salarios. Ni la troika, ni los gurús de la academia ni su alumno aventajado, el Gobierno, lo reconocerán, porque los dividendos de esta mentira son muy suculentos. Uno de los colectivos de trabajadores más perjudicados por la crisis, antes y, con mayor intensidad, después del reformazo, es el de periodistas.

Cuando hablamos de información, de los derechos a informar y a ser informado, fundamentales en democracia, siempre hay que distinguir dos niveles de análisis: el de los medios de comunicación y el de los periodistas. El sector vive una auténtica catarsis, ya que la situación de crisis económica converge con una reestructuración motivada por el auge de los soportes electrónicos. En cuanto al primer nivel de análisis, los medios de comunicación deberían actuar como agencias de calificación de la realidad, pero no cumplen su función esencial con objetividad, porque al igual que Moody’s y compañía respecto de los activos financieros, no tienen incentivos para hacerlo. Por eso, en buena medida, mentiras como la reforma laboral, que no son nuevas, continúan  siendo tan rentables. El porqué de esta situación es evidente (basta intuir cómo opera el poder económico), pero el discurso que la sustenta, escasamente cuestionado, no es tan sólido. Es frecuente que se confunda, de forma interesada, la libertad de expresión con la propiedad ilimitada de los medios de comunicación. ¿Por qué no aplicar el Derecho de la Competencia, las normas que pretenden evitar la creación de oligopolios, a los medios de comunicación? Si se eliminasen los oligopolios mediáticos (grandes grupos, magnates) aumentaría el pluralismo informativo; es decir, resulta necesario regular el derecho a informar para garantizar el derecho a ser informado. Por si fuera poco, la última contrarreforma del Gobierno pone fin a la conquista de la neutralidad informativa alcanzada por RTVE, un oasis de rigor en el desierto mediático.

El otro nivel de análisis, el de los periodistas, plantea otros problemas. En la mayoría de los casos, los periodistas no son responsables de la manipulación informativa, sino víctimas de los intereses espurios de quienes dirigen los medios de comunicación. Debido a las crecientes voces que pretenden desregular el ejercicio de todas las profesiones, parece improbable que la situación se revierta y los periodistas se doten de un estatuto que proteja su independencia. Pese a la revolución que ha supuesto internet, la irrupción del periodismo ciudadano y la eclosión de las redes sociales, la profesión de periodista no ha perdido su sentido, al contrario, la sobredosis de información que padecemos requiere de un tratamiento metódico y riguroso que sólo los periodistas pueden ofrecer.

Pero la realidad se aleja bastante del ideal democrático. De forma paralela a la concentración de los medios en menos manos, la profesión de periodista cada vez goza de peor salud. La pérdida de empleos y los niveles de precariedad laboral (falsos autónomos, bajos salarios, abuso de la tradicional figura del becario, etc.) han alcanzado cotas inaceptables. En definitiva, no hay que confundir las prácticas abusivas de los medios de comunicación con la situación de los periodistas. La mayoría de ellos tensan la cuerda de la objetividad informativa al máximo, incluso en los casos en que rellenan las páginas de los diarios tras reiterados impagos. Ellos dejan de cobrar, pierden sus empleos y lo pagamos todos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (27/7/2012).

¿Un gobierno tecnócrata en España?

Pocos gobiernos, o ninguno, han logrado eludir el desgaste político y electoral que ocasiona la crisis económica, al margen de motivaciones y colores políticos. Lo anterior resulta una obviedad, es lo que sucede cuando el poder no se ostenta libremente por los órganos constitucionales competentes, sino que se halla limitado, y esto no es reciente, por agentes económicos incontrolados. La pregunta es tan evidente como desoladora: ¿qué incentivos tienen las élites políticas para gobernar cuando saben que no pueden llevar a cabo sus programas electorales, sobre todo si no tienen la voluntad política de cambiar ese estado natural de cosas? Lo que sí constituye una novedad propia de estos tiempos es la irrupción de gobiernos tecnócratas que prescinden de procesos electorales, como ha sucedido en Italia y temporalmente en Grecia. Todavía no nos escandalizamos lo suficiente, pero la imposición o asunción colectiva de un presidente no elegido por los ciudadanos impide hablar de democracia. El poder real, es decir, el poder económico privado, ya no se conforma con condicionar y limitar la política, sino que no tiene reparos en prescindir de intermediarios. “La no presencia de políticos en el Gobierno ayudará en lugar de obstaculizar”, son palabras de Mario Monti, por cierto, elogiado días atrás por Rubalcaba. A la vista está que la democracia también se legitima por la eficacia, por el rendimiento de las instituciones, pero sin procedimientos, sin soberanía popular, es seguro que no existe democracia.

Los últimos recortes presentados por Rajoy en el Congreso, de 65.000 millones, sí servirán de algo, como bien dijo el presidente, aunque no especificara para qué. A tenor de la experiencia ajena y propia, servirán para imprimir sufrimiento a la ciudadanía, para acabar con conquistas históricas de bienestar y para deprimir aún más la economía, porque España continúa, como dice la canción, caminando en círculos, en los círculos viciosos de la austeridad, el paro y la deuda. También servirá para que Rajoy cumpla con las exigencias de la troika, ese complejo de instituciones antidemocráticas al que no le importan demasiado las personas, por lo que de momento no va a ser necesario imponer un presidente tecnócrata, de momento, porque si Rajoy perdiera la confianza de la troika y buena parte del apoyo político que todavía mantiene, y si el PSOE no se refundase para representar una alternativa sostenida por la ciudadanía (algo distinto a la alternancia), el vacío de poder podría ser ocupado a la italiana. No parece éste un escenario improbable.

¿Sería constitucional que un tecnócrata ocupara la presidencia del Gobierno en España? La Constitución Española ni siquiera exige que el presidente del Gobierno sea diputado, es el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, quien propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. En la práctica, el nuestro, que es un sistema parlamentario, ha adquirido rasgos de un sistema presidencialista; por ejemplo, en las elecciones generales los partidos presentan un candidato a presidente del Gobierno, las campañas se centran en los líderes y el Rey propone al candidato más votado. En definitiva, sí podría afirmarse la constitucionalidad de un gobierno tecnócrata, siempre que tenga apoyo parlamentario, como ha ocurrido en Italia. Pero Constitución y democracia no siempre son realidades convergentes, por más que se necesiten mutuamente. Un gobierno tecnócrata podría ser constitucional, pero seguro que sería antidemocrático, amén de que nuestra Carta Magna contiene mecanismos suficientes para solucionar situaciones de colapso político. La historia nos dice que las crisis económicas socavan la democracia. Estamos a tiempo de evitarlo, en las instituciones y en las calles.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (13/07/2012)