La Justicia no es lenta

Desde hace dos o tres décadas viene forjándose un movimiento social transversal, informal y multinacional que pretende desacelerar el ritmo vertiginoso de nuestras vidas en las sociedades desarrolladas: el llamado movimiento Slow. Ciertamente, algunos de sus críticos tenían razón: algo de moda pasajera había en aquello. Pareciera que el movimiento Slow se ha diluido a raíz de la crisis económica internacional, con el consecuente cambio de prioridades que ha supuesto a todos los niveles, y quizá también por la nueva aceleración que implica el auge de las redes sociales. No obstante, todavía hoy se aprecian algunos retazos, como, por ejemplo, el éxito en nuestro país de los programas televisivos de cocina y el redescubrimiento del gusto por el buen comer. Suele decirse que las crisis representan oportunidades para replantear los problemas de fondo y el fondo de los problemas, y el movimiento Slow proporciona valiosas herramientas para diagnosticar el origen de nuestros males y satisfacer nuestras necesidades vitales. Pero ese es otro cantar.

Lo que se pretende en este artículo es reflexionar acerca de la velocidad de nuestra Justicia, o, en un sentido más amplio, de nuestra comunidad jurídica. En todas las esferas de nuestra sociedad (opinión pública, medios de comunicación, profesionales del Derecho, etc.) predomina la idea de que nuestra Justicia es insoportablemente lenta. Pero nada más lejos de la realidad. En España la Justicia no es lenta, sino terriblemente apresurada, precipitada y acelerada. Puede que los procesos duren muchos meses, sí, pero la prisa se refleja en cada escrito, trámite o intervención procesal. Uno de los aspectos más destacados por los medios de comunicación del reciente auto del juez Castro que imputa a la infanta Cristina es su extensión: 227 folios escritos tras 20 días de “encierro”. Sabido es que la Justicia no es igual para todos: tampoco en su velocidad y, por tanto, en su calidad.

Pensemos en el ejercicio de la abogacía. En los últimos lustros los despachos unipersonales, familiares o pequeños están en vías de extinción. Recientemente se ha concluido que a uno de cada tres abogados le cuesta vivir de su profesión. Las tasas judiciales han supuesto la puntilla. Atrás queda la figura del abogado sereno, reflexivo y prestigiado que tan bien encarna Atticus en Matar a un ruiseñor. Hoy los despachos de abogados funcionan como cualquier otra empresa: pretenden maximizar beneficios y minimizar costes. La deontología y el compromiso social no tienen cabida. Tampoco la pausa. La reducción de plantillas y la precarización de las condiciones laborales exprimen a los abogados, muchos de ellos ni-mileuristas, que soportan una extrema presión y un deterioro de su calidad de vida. Los plazos, la orientación a resultados y la presión de sus jefes y clientes les convierten en auténticos autómatas estresados. La calidad jurídica se resiente; la satisfacción del cliente, también. El mercado ya ofrece aplicaciones informáticas que automatizan la solución al caso. Simplemente no hay tiempo.

Tampoco los funcionarios judiciales gozan de la necesaria tranquilidad. Puede que hagan menos horas presenciales que los abogados, afortunadamente, pero sólo hay que visitar los juzgados para comprobar cómo los funcionarios y jueces están desbordados. Las resoluciones judiciales están llenas de erratas, faltas de ortografía, errores gramaticales y, en detrimento de los derechos de las personas, una grave ausencia de motivación. En ocasiones, administrar Justicia es sinónimo de copiar y pegar. En las salas de vista el panorama no es mucho mejor: “Letrado, vaya concluyendo”, suele decir un juez fatigado al abogado, cuyo cliente le reprochará la brevedad de su intervención.

A la comunidad jurídica parece que le estorba el conocimiento: a veces da la impresión de que la principal fuente del Derecho es el formulario. La doctrina, esto es, la labor interpretativa y dogmática de juristas y académicos, cada vez tiene un papel menos relevante.

La excesiva velocidad, paradójicamente, contribuye a la lentitud de la Justicia, es decir, a la tardía resolución de los asuntos. Piénsese en las solicitudes de aclaración de sentencia, la rectificación de errores, los recursos ante la deficiente fundamentación, las llamadas de los abogados para completar información a los clientes que fueron despachados rápidamente, etc.

Y no nos engañemos. Puede que el diseño de los procedimientos sea mejorable, al igual que la gestión documental o la planta judicial. Pero la Justicia es rápida (precipitada) y lenta (tardía) principalmente por la falta de personal. Al ciudadano hay que explicárselo: la Justicia es lenta y muchas veces injusta porque faltan funcionarios, así de claro. España es uno de los países de su entorno con menos empleados públicos y también con menos jueces por habitante. La crisis ha servido de excusa para reducir aún más el empleo público, imponer tasas judiciales que abortan los derechos fundamentales y, en suma, deteriorar el servicio público de la justicia. Dime cómo es el acceso a la Justicia y te diré la calidad de la democracia.

Los derechos de los justiciables, la salud de los profesionales del Derecho y la eficacia y equidad en la resolución de los conflictos requieren una Justicia Slow: una Justicia con más pausa, reflexión, calma, conocimiento, puestos de trabajo y jornadas menos intensas. Una Justicia, como predica el movimiento Slow, que responda con la velocidad adecuada a cada situación.

Anuncios

Inseguridad

Las noticias que llegan de Chipre, con una explosiva mezcla de inmediatez e incerteza, han aumentado la sensación de inseguridad que padece la ciudadanía. La seguridad en sentido amplio es uno de los rasgos más elementales que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho, fórmula jurídico-política que atempera una sociedad de riesgos.

Una de las acepciones más recurrentes del término es la de seguridad jurídica, que consiste, a grandes rasgos, en que los ciudadanos tenemos la capacidad de saber a qué atenernos, de predecir las actuaciones de los poderes públicos, en los últimos tiempos, referidas especialmente al ámbito económico, debido al predominio ideológico de la economía sobre todo lo demás. La seguridad jurídica se ha convertido en uno de los parámetros más importantes para constatar si un Estado puede calificarse como Estado de Derecho.

Otra acepción de seguridad se ha potenciado en los últimos lustros, la que resulta de un enfoque penal o policial; en ocasionas incluso ha sacrificado otro bien supremo de nuestro ideal de convivencia: la libertad. Un miedo irracional se coló en nuestras vidas, o mejor dicho, nos lo colaron. Es el miedo como instrumento de distracción, dominación y control social.

De forma paralela a la exacerbación de la seguridad (policial) se ha debilitado el ideal de seguridad que consagró el Estado del bienestar. Un Estado proactivo a la hora de proteger al débil, un seguro contra lotería social de la pobreza: frente a la incertidumbre de la vejez y el desempleo, un sistema público de seguridad social; frente al riesgo de la enfermedad, una sanidad universal; frente a la angustia de la ignorancia, una educación para formar ciudadanos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Pero, como toda creación humana, el modelo carecía de perfección, sometido a las tensiones indefectibles y cambiantes de un complejo pacto entre los de arriba y los de abajo. La seguridad nunca se satisface con plenitud, porque las necesidades son ilimitadas (o relativas) y porque pesa mucho la inseguridad de tiempos pasados. De ahí que el ciudadano de a pie tenga la buena costumbre de ahorrar.

Pero he aquí que la crisis económica revela un fallo en el sistema de seguridad, un fallo sistémico: los de arriba han roto el pacto, unilateralmente. Los empresarios pueden modificar las condiciones de trabajo, unilateralmente. La seguridad social, la sanidad y la educación son insostenibles, se concluye, unilateralmente. Y si los ahorros, en estos momentos, pueden garantizar la seguridad arrebatada, las entidades financieras depositarias los usan para recapitalizarse, unilateralmente.

En los últimos días, algunos medios de comunicación afirman que en Chipre se cuece el primer corralito por un rescate. Falso. Cientos de miles de españoles ya han perdido sus ahorros en España porque la banca colocó, de manera ilegal y con absoluta mala fe, productos financieros de riesgo como las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas. El legislador consagró el corralito con quitas impuestas por Bruselas a cambio de rescatar a las entidades que también antes rescataron los ahorradores. Más se habla de Chipre que del escándalo de las preferentes: el corralito no será televisado.

Continuamente, por razones de trabajo, muchas personas me preguntan por la seguridad de sus ahorros; mi única certeza es que no volveremos a acumularlos, salvo que forcemos un nuevo pacto social. Por nuestra seguridad.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (23/03/2013).

Arribes Quiere Vida

Dícese que el puente de la Inmaculada (para el que lo tuviera) sirve de antesala a las compras navideñas (para el que pueda hacerlas). Pero en estos días han tenido lugar dos celebraciones que en la actual coyuntura cobran especial relevancia: el 34 aniversario de la Constitución Española y el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra Carta Magna no es un arma arrojadiza contra los nacionalismos periféricos, como pudiera percibir el observador ingenuo de nuestra actualidad política, sino una meritoria conquista de dignidad alcanzada por la ciudadanía española, con sus límites y limitaciones (más aún al consagrar recientemente la prioridad absoluta del pago de la deuda), pero con notable generosidad en el reconocimiento de derechos, cuya amplitud, con total seguridad, desagrada actualmente a los mercados y a la troika.

Y qué decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito histórico en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en particular por la fuerza de su valor simbólico, valga el oxímoron. Digo que es preciso poner en valor las conquistas de los derechos de las personas, sobre todo porque no se trata de un proceso irreversible, a la vista está, sino susceptible de contrarreformas que en un abrir y cerrar de ojos pueden acabar con costosos logros de varias décadas.

Un excelente libro publicado días atrás, La Tierra de la Libertad, escrito por el periodista Francisco Álvarez con ilustraciones de Guillermo Liroz (Ediciones Seronda), resume a la perfección esa larga travesía hacia el reconocimiento de los derechos humanos, por cierto, editado con un encomiable diseño, como si se tratara de un contrapunto metafórico frente a la ideología de la austeridad. Sus páginas, que en realidad transcriben las luchas de personas en su mayoría anónimas, nos deben inspirar a la hora de proteger las conquistas logradas y explorar nuevos caminos hacia la dignidad humana.

En el ámbito de la sanidad se constata tal encrucijada. Nuestra Constitución de 1978 reconoció el derecho a la protección de la salud, si bien no le otorgó las mismas garantías que tienen los derechos fundamentales. La Ley General de Sanidad, de 1986, universalizó la sanidad, en el mismo año, por cierto, en que se suprimieron las tasas judiciales. Si bien no hay que perder de vista el deseable horizonte de la juridificación de los derechos sociales y del reconocimiento de la salud como derecho fundamental, la actual ofensiva contra el derecho a la salud obliga, no obstante, a centrar los esfuerzos en defender lo alcanzado.

Recortes, despidos de personal, copagos y privatizaciones se están generalizando a pesar de una creciente marea blanca de rechazo. Algunos recortes, como los aprobados en Castilla y León, por la inmediatez de sus consecuencias, trascienden el derecho a la salud y afectan al derecho fundamental a la vida. El cierre de las urgencias nocturnas en las zonas rurales supone el desmantelamiento de nuestro modelo sanitario en tanto que socava la zona básica de salud como marco de referencia. Hablando en plata, vivir en zonas rurales puede costar la vida, ése es el precio de la austeridad, impuestos incluidos, podría decirse.

Los vecinos de Las Arribes sí están haciendo guardias nocturnas para defender lo nuestro. Impulsores de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 horas, y bajo su revelador lema “Arribes Quiere Vida”, nos dan un admirable ejemplo de dignidad. Unos escriben una nueva página en la crónica global de los derechos humanos, otros, a lo sumo, pasarán a la historia como verdugos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (14/12/2012).

Sin Justicia

Las numerosas afrentas hacia el Estado Social y Democrático de Derecho de los últimos años dificultan la labor de fiscalización que deben realizar tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, que no pueden atender a cada una de ellas con la dedicación necesaria. Pero no sólo es una cuestión cantidad. Los medios de comunicación responden a unos intereses económicos y financieros muy definidos que comprometen la labor profesional de los periodistas y permiten cribar la agenda pública. La sociedad civil, en cambio, no suele disponer de los recursos económicos, materiales y personales para llegar a todas partes, y a veces carece de la audacia necesaria para identificar las prioridades y coordinarse mejor.

Una de las afrentas más graves y que está pasando más desapercibida es la limitación del acceso a la Justicia. La inminente y descabellada subida de las tasas judiciales de facto privará a cientos de miles de ciudadanos del servicio público de la Justicia. La reducción de las partidas presupuestarias destinadas al servicio de asistencia jurídica gratuita, así como los graves problemas de morosidad que arrastran las administraciones para pagar a los letrados que prestan el servicio, suponen una grave discriminación a los ciudadanos que carecen de recursos.

El ámbito de la justicia gratuita refleja a la perfección los efectos devastadores que provocan los recortes en un Estado del bienestar que nunca ha tenido un desarrollo satisfactorio. El modelo español de justicia gratuita siempre se ha acercado más al de un Estado asistencial que al de un Estado Social, pues se basa en una suerte de colaboración público-privada  que pone un servicio público en manos de profesionales del sector privado (con todos los matices que las limitaciones de espacio exigen omitir). Un modelo con muchos partidarios en tanto que, se dice, garantiza la independencia de los abogados, que no existiría si los letrados fueran funcionarios, argumento demasiado débil porque igualmente pondría en cuestión la independencia de la judicatura. Si este modelo ha salido adelante sólo ha sido por el sacrificio y el altruismo de los abogados, cuya paciencia, al menos en Madrid, parece haberse agotado (en la práctica han iniciado una especie de huelga indefinida). Al tratarse de programas de carácter asistencial, las administraciones pueden recortar o dejar de pagar con mayor facilidad que si tuvieran que despedir a empleados públicos: sutil diferencia entre beneficencia y servicio público.

Lo que está sucediendo con la Justicia también permite advertir las intenciones ocultas de quienes agitan un renovado discurso centralista que culpa a las comunidades autónomas de todos los males del país. Ante los problemas de las comunidades autónomas para financiar la asistencia jurídica gratuita, los gobiernos autonómicos reclaman la asunción de la competencia por el Estado, que finalmente ha optado por financiar la justicia gratuita con el incremento de las tasas judiciales. Conclusión: servicios públicos que financiaban las autonomías vía impuestos ahora son costeados por la ciudadanía vía copago. El centralismo como excusa para podar el Estado del bienestar.

Decía la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”. Una lectura actualizada del principio de separación de poderes nos debería alertar de la creciente y vergonzosa subordinación de los poderes públicos a los poderes privados. Y una lectura atemporal de aquella proclamación sugiere una última reflexión: sin garantías como el acceso a la Justicia, los derechos sólo son papel mojado frente a la ley de la selva.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (05/10/2012).

Diarrea legislativa

Suele haber consenso en considerar la seguridad jurídica como parámetro de las economías más desarrolladas. En el ámbito económico, la seguridad jurídica consiste, a grandes rasgos, en que los inversores pueden saber a qué marco regulatorio atenerse. Partiendo de esta premisa, y bajo el paraguas de la Unión Europea, se ha desarrollado un movimiento más amplio que aboga por la calidad de las normas jurídicas, la simplificación normativa y la better regulation o buena regulación, noción, por cierto, que se incluyó en la olvidada Ley de Economía Sostenible. Este discurso axiomático y algo vago (¿quién no está de acuerdo en que las leyes sean necesarias, claras y sencillas?), en cualquier caso, parece haberse diluido tras la irrupción de la crisis económica. El fenómeno de la creación excesiva de normas jurídicas no es nuevo, hasta tal punto que los juristas han acuñado términos como motorización legislativa o diarrea legislativa. Pero en los últimos tiempos el legislador está completamente desatado, y ya hay expertos que hablan de un Derecho de la Crisis, como si se tratara de un sector autónomo del ordenamiento jurídico. Uno de los sectores económicos más agitados está siendo el financiero. La permanente reforma financiera del Gobierno (iniciada con el anterior Ejecutivo) nos evoca a Bill Murray en ‘Atrapado en el tiempo’ intentando dejar atrás el repetitivo Día de la marmota. El BOE ha publicado, entre otros, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito; el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros; el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero; el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero; y, finalmente, el penúltimo, porque no será el último, el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Reforzamiento, saneamiento, reestructuración, resolución, ¿cuál será el próximo eufemismo? En este ámbito el concepto de diarrea legislativa es más que oportuno, porque después de todo no se está consiguiendo otra cosa que la evacuación incontrolada de las heces financieras y la deshidratación de la economía real. El sistema financiero está podrido, y sabido es que la diarrea es una de las principales causas de muerte en los países subdesarrollados.

Otras de las características de este Derecho de la Crisis es su déficit democrático. Primero, porque numerosas normas están inducidas por poderes económicos privados y organizaciones internacionales que no se presentan a las elecciones ni rinden cuentas ante los ciudadanos. Segundo, porque el Gobierno está recurriendo en exceso a la figura del Decreto-ley, fórmula constitucional que permite al Ejecutivo aprobar normas con rango de ley para responder a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Aunque la jurisprudencia es bastante flexible, conviene recordar que se trata de un procedimiento excepcional. La normalización del uso del Decreto-ley supone la alteración de las bases del sistema parlamentario español, comporta un sesgo autoritario y, además, al excluir la participación de los parlamentarios, empeora el resultado final de las leyes.

No se puede decir que el legislador ignora la crisis. Otra cuestión es si la crisis se ha convertido en un pretexto para legislar en un concreto sentido. ¿Han asumido algún tipo de responsabilidad los promotores de las múltiples reformas laborales que eliminaron derechos y, decían, crearían empleo?

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (07/09/2012).

Una contrarreforma judicial

El eufemístico programa de reformas prosigue en todos los ámbitos de la realidad social. Hace unas semanas, el Consejo General del Poder Judicial hizo público el documento “Bases para una nueva demarcación judicial”. En la práctica, se propone la reducción a la mitad de los partidos judiciales, que son las unidades territoriales para la administración de Justicia integradas por uno o varios municipios. Por ejemplo, en la provincia de Salamanca, la iniciativa se traduce en la eliminación de los partidos judiciales de Vitigudino, Béjar y Peñaranda, por lo que únicamente se conservan los de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

La supresión de partidos judiciales ocasionará importantes perjuicios a la ciudadanía: por un lado, en su acepción más literal, supone alejar la Justicia de los ciudadanos en detrimento de numerosos municipios y zonas rurales. Por otro lado, redundará en una mayor lentitud e inoperancia de la administración de Justicia, ya de por sí colapsada. En los últimos años, la situación de colapso de la Justicia se ha venido afrontando con programas modernizadores tan bienintencionados como insuficientes. Pero también se han adoptado medidas orientadas a desincentivar el acceso a la Justicia, con el objetivo último de establecer el copago judicial, también llamado repago, de forma más precisa, porque los servicios públicos ya son financiados por la ciudadanía a través de impuestos.

La reforma judicial no ha recibido la misma atención mediática que la financiera o la laboral, pero la Justicia, como servicio público que proporciona el Estado para resolver los conflictos entre los particulares, y de éstos con la administración, resulta esencial para el conjunto de la sociedad, no sólo porque permite ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, sino porque garantiza la efectividad de todos los derechos de las personas. Sin acceso a la Justicia no puede existir un Estado de Derecho, porque los derechos de los ciudadanos devienen en papel mojado. Piénsese en las relaciones de poder en cualquier ámbito: administración-ciudadano, empresario-trabajador, acreedor-deudor, empresario-consumidor, etc. Sin la expectativa potencial de acudir a un juez independiente, o si en la práctica existieran muchos obstáculos para ello, por más que se reconocieran derechos a las personas, se incrementarían los abusos y predominaría la ley del más fuerte, justo lo contrario del Estado de Derecho.

No se ha recordado lo suficiente. En 1986, en pleno proceso de la difícil construcción del Estado de Bienestar en España, una ley suprimía las tasas judiciales para lograr la gratuidad y la tutela judicial efectiva exigidas por nuestra Constitución. En 2012, el Gobierno maneja un Anteproyecto de Ley de tasas judiciales que pretende recaudar 300 millones de euros. Conviene llamar a las cosas por su nombre: la reforma llegó en 1986, lo que ahora se gesta es una contrarreforma. Dice el ministro Gallardón que las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a las arcas del Estado, sino que sufragarán la justicia gratuita, lo que supone algo así como condicionar un derecho fundamental a la limosna de los litigantes. Los más viejos del lugar recordarán el fenómeno de la parafiscalidad, propio de la posguerra, que permitía a la administración hacer pasar por caja a los ciudadanos, sin unidad de caja, para recaudar cantidades que incluso complementaban el sueldo de los funcionarios. Fue la etapa más decadente de nuestra historia. Hoy, en otra encrucijada histórica y con una Justicia a todas luces saturada, se suprimen partidos judiciales y se generaliza el copago judicial. Cabe preguntarse si alguien podrá pagar el prohibitivo precio de la Justicia, o si lo pagaremos todos en el futuro.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (18/05/2012)