Stop lobbies

Hace unas semanas, el programa de La 2 de Televisión Española Documentos TV emitió un brillante documental titulado Los negocios de Bruselas. La producción, participada, entre otros, por las televisiones públicas de Austria y Bélgica, aborda la influencia de los lobbies en las políticas económicas de la Unión Europea. Por cierto, incluso en un momento en el que se ha reducido la pluralidad informativa de la Radio Televisión Pública, su programación goza de un sentido cívico y calidad que no se hallan en los medios audiovisuales privados. Retales de una democracia que no puede entenderse sin lo público.

El documental, decíamos, explica la incidencia de los grupos de presión en Bruselas, y lo hace, paradójicamente, con una claridad y transparencia absolutas, con la participación de activistas, lobistas y “euroburócratas”. Si el prestigioso documental Inside Job favoreció la toma de conciencia por numerosos sectores de la población de distintos países sobre cómo se gestó la crisis financiera internacional, salvando las distancias, Los negocios de Bruselas bien podría servir para que la ciudadanía europea se percatara de que la Unión Europea no debe construirse a cualquier precio.

Las divisiones históricas existentes en Europa constituyen un motivo suficiente como para tomarse en serio el proyecto político europeo. Europa permite, por razones geopolíticas, dar respuestas a desafíos que transcienden las fronteras de los Estados. La Unión Europea también ha catalizado la consolidación de avances democráticos en nuestro país. Pero ya ha pasado el tiempo de las obviedades y los lugares comunes. No es admisible sacrificar elementales principios democráticos en nombre de ningún proyecto, tampoco del europeo.

Porque, como bien se explica en el documental, en las instituciones europeas se adopta la mayoría de decisiones legislativas que afectan a la vida de los ciudadanos, decisiones de indudable trascendencia económica y social que emanan formalmente de una maraña de órganos, tratados y procedimientos incomprensible para el común de los mortales, pero muy particularmente de la Comisión Europea, cuya legitimidad democrática es escasa. Una pregunta retórica puede ilustrar la complejidad: ¿cuántos ciudadanos saben que con la palabra Consejo podemos referirnos al Consejo Europeo, al Consejo de la Unión Europea –instituciones de la UE– o al  Consejo de Europa –organización internacional–?

No obstante, más grave resulta comprobar el origen material de numerosísimas iniciativas legislativas: los grupos de presión las moldean a su gusto. Puede afirmarse sin rubor que la Unión Europea se ha construido en función de los intereses de las grandes corporaciones organizadas. Europa es un mercado, pero Europa puede y debe ser una democracia. Una democracia que, conforme al principio de descentralización del poder, dirima las cuestiones que las instancias más cercanas al ciudadano (locales, regionales,  estatales) no puedan resolver con eficacia. Y una democracia que responda a las demandas de la inmensa mayoría de los ciudadanos frente a los intereses de los grandes poderes económicos. Europa será democrática o no debe ser.

Merece la pena recordarlo hoy, cuando los medios y muchos ciudadanos ensalzan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite a los deudores hipotecarios oponerse en los procesos judiciales de ejecución. Nuestra legislación procesal contradecía una directiva europea de 1993. Una victoria pírrica de los ciudadanos que pone en su sitio a los responsables políticos españoles, que también han defendido los intereses de un lobby, pero a los que ponemos cara. El árbol no nos debe impedir ver el bosque: las políticas de la UE también provocan desahucios.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (15/03/2013).

Sí se puede

Una de las cuestiones más reiteradas en los medios de comunicación plantea hasta qué punto es posible modificar la legislación para evitar los desahucios. A la injusta y dramática situación de las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas se contrapone el eventual efecto desincentivador que podría ocasionar la reforma en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se trae a colación un debate jurídico muy recurrente, la contraposición de dos fines del Derecho: la justicia y la seguridad jurídica.

Sin embargo, a raíz de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de esta crisis económica, conviene poner en su justo valor el argumento de la seguridad jurídica. Un caso revelador es, precisamente, el del rescate a las entidades financieras, que ha generado el incentivo más perverso: la especulación y nefasta gestión de las entidades sale gratis en tanto que el Estado (la ciudadanía) socializa sus pérdidas. La banca siempre gana, aunque sea necesario reformar el marco regulatorio en sucesivas ocasiones y crear instrumentos ad hoc como el FROB. La sola objeción de la seguridad jurídica sonroja cuando son las entidades rescatadas las que desahucian a las personas.

Las alternativas para reformar la legislación hipotecaria son infinitas. La seguridad jurídica no puede servir de pretexto para la injusticia, porque, como se deduce de la doctrina del Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica ha de subordinarse a la justicia. Es más, no estamos ante un problema jurídico; el problema es social y únicamente requiere voluntad política. La misma voluntad política, en intensidad, que se utilizó también para reformar en tiempo récord la Constitución, la norma jurídica más importante. Una Constitución que todavía fundamenta el orden político en la dignidad de la persona y reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por otro lado, la reciente reacción del Gobierno con la colaboración del principal partido de la oposición, a todas luces insuficiente, sí pone de relieve que las movilizaciones ciudadanas son eficaces a la hora de introducir problemas sociales en la agenda pública. Sin el trabajo de las organizaciones de todo tipo, las acciones directas de los movimientos sociales y la progresiva toma de conciencia por la ciudadanía del drama de los desahucios, sería impensable que los principales partidos hubieran siquiera debatido acerca del problema hipotecario.

La intensidad de las movilizaciones ciudadanas será proporcional a la eficacia de las políticas públicas que afronten la injusta realidad económica que ha revelado la crisis, porque si las políticas no llegan cambiarán los políticos. He aquí el interés del establishment por deslegitimar la última huelga general con todo tipo de artimañas, obviando interesadamente que la huelga es un derecho fundamental, y el derecho al trabajo, un chiste sin gracia para los millones de parados y trabajadores precarios de este país.

A pesar de todo, la huelga ha tenido un notable éxito y las manifestaciones han desbordado todas las previsiones. Las imágenes han dejado en evidencia a las autoridades y medios de comunicación que manipulan las cifras de participación sin escrúpulo alguno. Los de abajo empiezan a comprender que sí se puede, que hay que paralizar el miedo en lugar de paralizarse por el miedo. Y los de arriba acabarán por comprender que el Derecho no es una excusa para la inacción, sino una técnica útil para la realización de la justicia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (16/11/2012).