Listas negras

La apasionada intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la Comisión de Economía del Congreso sobre el problema de los desahucios ha vuelto a poner de relieve la brecha abierta entre la realidad social y el legislador. Las dificultades de cientos de miles de personas para hacer frente al pago de unos préstamos hipotecarios a todas luces abusivos constituyen un drama social de incalculable magnitud que el poder público no está afrontando con la debida intensidad.

La injusta legislación hipotecaria es la piedra de toque de una inmoralidad sistémica reflejada tanto en la subordinación del derecho a la vivienda a intereses especulativos como en la creciente desigualdad de renta entre los de arriba y la gran mayoría de ciudadanos. El problema de fondo es que hay demasiadas casas sin personas y demasiadas personas sin casas, sin perjuicio de que haya que dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor urgencia.

Cierto sector de opinión, con más o menos contundencia, defiende que no es posible resolver el problema hipotecario para no vulnerar el principio de seguridad jurídica; en definitiva, dicen que lo pactado está para cumplirse, e incluso aluden cínicamente a la discriminación que podría crearse a quienes sí pagan sus hipotecas o alquileres. Pero el Derecho, que no deja de ser una técnica al servicio de la ciudadanía en un Estado democrático, también aporta las herramientas necesarias para solucionar el problema.

De entrada, la seguridad jurídica es un fin y un principio general del Derecho, pero no el único. Una aplicación estricta y descontextualizada del principio de seguridad jurídica provocaría situaciones de injusticia. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico contempla la llamada cláusula “rebus sic stantibus” (en oposición al principio de que todo lo pactado obliga: “pacta sunt servanda”) que permite la revisión de las condiciones pactadas en un contrato cuando sobrevienen circunstancias imprevisibles. La jurisprudencia aplica esta cláusula de manera muy restrictiva, pero en todo caso su vigencia podría justificar la aprobación de nuevas normas jurídicas que reestructuren las condiciones de los préstamos hipotecarios. La crisis económica, en sentido general, podría constituir un cambio de circunstancias en sí mismo; no en vano, ningún organismo oficial, interno o internacional, predijo su gravedad.

Una vez más, el problema es de voluntad política. Incluso el tipo de medidas adoptadas para lograr un objetivo de consenso responde a los intereses creados. Parece haber consenso en que hay que aumentar los ingresos tributarios, por lo que el Gobierno plantea publicar una lista con los mayores defraudadores a Hacienda, eso sí, habiendo antes garantizado el anonimato de quienes se acogieron a la amnistía fiscal.

Igualmente, parece haber consenso en que el actual es un buen momento para fomentar el alquiler, por lo que el Gobierno plantea crear una ‘lista negra’ de inquilinos condenados por morosos para transmitir confianza a los propietarios. Podrían adoptarse medidas muchos más eficaces (iniciativa pública, alquiler social, revisión de la fiscalidad de las viviendas vacías, etc.), pero se opta por señalar a quien no paga, en su inmensa mayoría, porque no puede.

Las ‘listas negras’ nunca encajan bien en sociedades democráticas y cohesionadas. Un registro público de morosos siempre colisiona con el derecho a la intimidad, pero además, en este caso, estigmatiza a las personas y cataliza la exclusión social, limitando su acceso a un bien de primera necesidad. Si en los mercados todos somos iguales, dicen, podríamos elaborar la lista negra de los culpables de la crisis. Mientras tanto, los calígrafos hacen su agosto con la lista negra de Bárcenas, que tiene la virtud de ser filtrada y falsa a la vez.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (08/02/2013).

Estudiantes endeudados

La financiación universitaria siempre ha generado un debate muy encendido entre quienes consideran que el Estado debe garantizar el acceso universal a la enseñanza superior y quienes defienden que los estudiantes asuman el coste de sus matrículas.

En cualquier caso, existen valiosos argumentos que justifican la intervención del sector público para costear las matrículas. De un lado, la posibilidad de obtener ingresos en el mercado laboral se vincula al capital humano, por lo que la universidad puede ser un mecanismo de redistribución de renta. De otro, se asocian efectos positivos de muy diverso tipo: aumento de la participación social en los asuntos públicos; cambios en los valores de una sociedad (promoción de la libertad de pensamiento, el cosmopolitismo, la tolerancia, etc.); mejora de la eficiencia y del crecimiento económico debido a la mejor cualificación de trabajadores y empresarios; extensión del conocimiento e innovación tecnológica; consecución de avances científicos, etc.

Sin embargo, y al igual que en otros sectores, la crisis económica se ha utilizado como pretexto ideológico. La balanza se ha inclinado para el lado de quienes consideran que los estudiantes deben pagar sus matrículas. La reciente y acentuada subida de tasas universitarias y la reducción de becas se enmarcan, por tanto, en una concreta ideología según la cual el Estado no debe garantizar derechos, sino que los ciudadanos deben competir entre sí para que los más aptos (en la práctica, los más pudientes por su origen socioeconómico) obtengan ventajas.

Como son muchas las familias que carecen de recursos para costear los estudios universitarios, las entidades financieras han advertido una nueva vía de negocio en un contexto, paradójicamente, de restricción del crédito. Llama la atención que el Gobierno haya suprimido el programa público de préstamos estudiantiles y que, sin embargo, no esté regulada la concesión de estos préstamos por las entidades financieras. En realidad la supresión del programa público se debe a razones presupuestarias de carácter coyuntural, porque el sistema de préstamos gusta y mucho a quienes detentan el poder (público y privado), bien porque representan una alternativa a las tradicionales becas, bien porque constituyen una vía para obtener suculentos beneficios.

Los préstamos estudiantiles producen efectos perversos en relación con la igualdad de oportunidades. Los préstamos pueden desincentivar el acceso universitario a las familias de mayor aversión al riesgo; la perspectiva del agobio de una deuda constituye una barrera financiera pero también psicológica para las personas de origen más humilde. Por otra parte, no hay que olvidar que es el estudiante el que está pagando su formación y además con un sobrecoste (intereses), sin que se produzca redistribución alguna de la riqueza, como sí sucede con las becas.

Un reciente estudio de la asociación de consumidores ADICAE pone de manifiesto que las entidades financieras ofrecen créditos y préstamos estudiantiles con condiciones claramente abusivas: intereses de hasta un 22%, engañosos períodos de carencia que aumentan la deuda total y costosas comisiones. No parece que los responsables políticos vayan a hacer nada para evitarlo.

Los objetivos son evidentes y las consecuencias, también. En Estados Unidos, país donde predomina el sistema de préstamos, desde 1999 la deuda estudiantil ha aumentado en un 511% y uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago. En esas estamos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (26/10/2012).

A vueltas con la deuda

La dramática situación de nuestra economía, como no puede ser de otra forma, centra el debate público, mediático y cotidiano. Empero, todavía hoy no hay consenso sobre las causas de la crisis, cuestión crucial porque condiciona las respuestas que pueden adoptarse. Esta discrepancia no obedece a la dificultad técnica del análisis, sino a la existencia de intereses económicos contrarios. Así, un importante sector de opinadores profesionales responsabiliza de la crisis al excesivo gasto público, una mentira tan reproducida que al final ha terminado calando en la opinión pública. Pero lo cierto es que, antes de que comenzase la crisis, nuestro país era uno de los más cumplidores con el dogma de la estabilidad presupuestaria, llegando a tener incluso superávit y siendo uno de los países de la Unión Europea con menor deuda pública (incluso actualmente nuestra deuda pública es menor que la alemana). Cuando estalla la crisis económica mundial como consecuencia de la avaricia de los financieros, España se ve muy afectada por su mayor vulnerabilidad, y allá por el año 2008 comenzamos a tener problemas en nuestras cuentas públicas por diversas razones: reducción de ingresos porque nuestro sistema impositivo dependía injustamente de la coyuntura y no de la capacidad económica, más gasto en prestaciones por desempleo y algunas medidas paliativas como el Plan E. Y, sobre todo, a lo largo de estos años, el agujero en las cuentas públicas se produce cuando el Estado comienza a rescatar entidades financieras (desde avales hasta nacionalizaciones temporales), ya que si en un principio parecían haber eludido el contagio internacional, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria revelaba graves problemas contables. Es necesario retener este dato: el desajuste fiscal se produce al intentar salir de la crisis, pero no es la causa de la crisis, y además se debe a que convertimos deuda privada (generada por los desmanes de banca y constructores) en deuda pública. Por supuesto, los que están interesados en cobrar la deuda contraída por el sector financiero, bien representados en Bruselas, imponen desde el comienzo una política de austeridad que sólo puede abocar, como se está comprobando, al hundimiento de la economía.

Así las cosas, España recurre a las subastas de deuda pública para financiarse, es decir, pedimos a los famosos mercados que nos presten dinero. Esos mercados no son sino gestores de fondos de inversión y otras alimañas que desde el anonimato pueden apostar a arruinar países para aumentar sus beneficios. Eso es lo que pasa cuando sube la dichosa prima de riesgo, que los especuladores se lucran con operaciones secretas provocando el aumento del tipo de interés que España paga en las subastas del Tesoro. A estas alturas nadie puede creerse que el tipo de interés de la deuda pública dependa de una valoración racional de nuestra solvencia. Los recortes no sacian a los especuladores y sólo sirven para mermar aún más las cuentas públicas. Y quienes imponen la política de austeridad y la asumen con gusto o resignación saben que sólo contribuyen a empeorar las cosas, como también y tan bien lo sabe la ciudadanía griega.

¿Soluciones? Claro que hay alternativas para crear empleo y salir de la crisis, y claro que podemos evitar la especulación con nuestra deuda, con otra regulación, con la ayuda del Banco Central Europeo e incluso con el Código Penal en la mano. Pero sobre todo hemos de tener claro que en España la ciudadanía nunca estuvo de fiesta y que no hemos tenido un gasto público excesivo, que buena parte de nuestra deuda pública es ilegítima, y que existe una solución: auditarla y no pagarla, el repudio, la declaración unilateral de que su crisis no la pagamos. Si comenzamos a barajar la opción del repudio, en Europa dejarían de cogernos por el cuello. mllamas@icasal.com

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (20/07/2012)