PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

Banca pública

Los grandes medios de comunicación, a través de opinadores y tecnócratas de diversa condición, están difundiendo una interpretación interesada de nuestra realidad financiera a todas luces errónea. Según esta visión dominante en el panorama informativo, la quiebra de las cajas de ahorros pone de manifiesto la incapacidad del sector público para gestionar la actividad financiera, en contraste con la óptima gestión de los bancos privados. Desmontemos este falso mito.

En primer lugar, no sólo las cajas de ahorro han tenido problemas. De hecho, el origen de la presente crisis económica y financiera se halla en las malas prácticas de la banca privada, en particular en Estados Unidos, que se dedicó a actividades cuando menos especulativas y contagió al sistema financiero internacional. Un buen ejemplo es el caos provocado por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, por cierto, entidad de la que era ejecutivo el actual ministro de economía Luis de Guindos.

También en España la banca estrictamente privada se ha caracterizado por una gestión irresponsable. No es necesario profundizar ni en su destacada contribución a la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, que tanto daño ha hecho al conjunto de nuestra economía, ni en la abusiva comercialización de todo tipo de productos tóxicos en perjuicio de los pequeños ahorradores. Incluso existe un concreto caso de quiebra y consiguiente nacionalización, el del Banco de Valencia, que se une a la larga lista de entidades bancarias privadas intervenidas en las tres últimas décadas.

Pero la prueba más concluyente de que el modelo de banca pública no ha fracasado se halla en la naturaleza de las propias cajas de ahorro. Ni en su origen –siendo su antecedente los Montes de Piedad– ni en su forma jurídica se constata el carácter público de las cajas, que han constituido, todo lo más, entes sociales.

Es indiscutible que las cajas se han articulado como entidades de régimen privado, es decir, que han escapado a los principios de la burocracia, a la garantía del procedimiento administrativo y a los controles propios de la administración pública. El fracaso de las cajas es, sin duda, el fracaso de la gestión privada. Ahora bien, aun cuando la representación de los poderes públicos se limitó al 50% de los votos totales, no se puede ocultar la responsabilidad de los principales partidos políticos en la nefasta gestión de las cajas. Pero el riesgo no radicaba tanto en la presencia de políticos como en la ausencia de controles propios de la gestión pública, con el agravante de que la gestión de las cajas también era ajena al debate público y político, es decir, también escapaba al control de la ciudadanía.

Pero si hay una razón que explica el fracaso de las cajas de ahorro esa es la perversión de sus fines originarios. Las cajas abandonaron su vocación social para operar en el mercado de la codicia. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 describe este proceso de privatización con absoluta claridad, al señalar que las Cajas “ya no persiguen principalmente fines benéfico-sociales, sino los propios de una entidad de crédito sometida a las leyes del mercado”.

Habrá que preguntarse, entonces, por qué se insiste tanto en responsabilizar al sector público de la crisis de nuestro sistema financiero. El objetivo de este discurso no es otro que el de allanar nuevos procesos de privatización. A raíz de los problemas de solvencia de las cajas se ha llevado a cabo un proceso de bancarización (privatización) de las cajas, que en la práctica ha supuesto su desaparición. Y, además, se pretende preparar el terreno para la privatización de las cajas nacionalizadas, una vez la ciudadanía haya asumido las pérdidas. ¿Qué hace falta para percatarnos de que el ánimo de lucro es incompatible con un sistema financiero responsable y útil para la ciudadanía?

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/12/2012).

 

 

 

Cómo crear empleo

El barómetro del CIS refleja una y otra vez que el paro es el principal problema para la gran mayoría de la ciudadanía española. Sin embargo, indicadores como la prima de riesgo o el Ibex centran la atención informativa y marcan la agenda política en mayor medida. ¿Es el paro el principal problema para los grandes actores políticos? La respuesta sólo puede ser negativa si nos atenemos a los diagnósticos y soluciones dominantes en el panorama político-mediático, obsesionado con el equilibrio presupuestario. En realidad, los responsables políticos no priorizan la solución al desempleo porque éste no es un problema para las élites económicas, que son las que detentan el poder real, más aún, al contrario, el paro es una ventaja para aquéllas, porque permite abaratar los costes salariales (es revelador que se haya generalizado la expresión costes para referirse a los salarios, que son beneficios para la mayoría). Un buen ejemplo de cuanto se dice es la última reforma laboral: con el pretexto de acabar con el desempleo, se permite a las empresas la reducción unilateral de los salarios. Las principales políticas públicas de lucha contra el desempleo en nuestro país han sido las sucesivas reformas laborales, que con mayor o menor intensidad, han pretendido desregular el mercado de trabajo (en la jerga más erudita, flexibilizarlo). Es decir, lo que se ha querido –y finalmente conseguido– es desnaturalizar el Derecho del Trabajo, un sector de nuestro ordenamiento jurídico que surgió en el siglo XX para proteger a la parte débil en la contratación, al igual que décadas después nació el Derecho de Consumo para regular la venta masiva de bienes y servicios, dos conquistas del Estado social. Con la misma legislación laboral, Andalucía tiene más del doble de paro que el País Vasco, un argumento tan simple como concluyente que desacredita a los partidarios de la reforma laboral y pone de relieve la importancia de los procesos históricos en la vida económica. Por tanto, para crear empleo (que es lo que se analiza en estas líneas) lo primero que hace falta es voluntad política: dar satisfacción a las demandas de la mayoría social en detrimento de los intereses de la influyente minoría.

Entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces para crear empleo? El problema del paro, que es global, obliga a partir de una elemental premisa. Los avances tecnológicos en los dos últimos siglos han aumentado exponencialmente la capacidad de los países para producir, pero, en cambio, la duración de la jornada de trabajo apenas ha variado. Así, es claro que la lucha contra el desempleo pasa por repartir el tiempo de trabajo y distribuir más equitativamente su producto. Quien sostenga que para salir de la crisis los españoles tenemos que trabajar más, lo sepa o no, está condenando al paro a cientos de miles de personas.

Otra de las medidas necesarias para reducir el desempleo sería el crecimiento del empleo público. En una de sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy se lamentaba de que el empleo público hubiera crecido en momentos en los que el sector privado había destruido mucho empleo. Más allá de que sus datos son dudosos (según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el sector público ha perdido 176.400 empleados), dicha intervención demuestra que para Rajoy el empleo no es una preocupación más intensa que sus prejuicios ideológicos. No obstante, los datos son los que son: si el tamaño de nuestro sector público fuera el de los países de nuestro entorno, el paro dejaría de ser una seña de identidad española, como ha venido ilustrando Vicenç Navarro, uno de los científicos sociales de nuestro país más relevantes en el mundo.

Con total seguridad, estas medidas suscitarían muchos obstáculos y reacciones contrarias internas y externas (lobbies, mercados, Unión Europea), pero la voluntad de aplicarlas permitiría, al menos, concentrar las energías en allanar el camino y consensuar estrategias de presión, negociación o recuperación de la soberanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (03/08/2012).

Recomendaciones de Europa

Recientemente, la Comisión Europea ha recomendado a España la creación de una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria. Resulta paradójico que el guardián del discurso de la austeridad pretenda crear una nueva institución, porque en España existen ya órganos como la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, entre otros, que se encargan de la fiscalización de las cuentas públicas. Se trata de una propuesta que contradice el manido discurso de las duplicidades, salvo que la Comisión entienda por independencia la contratación de empresas privadas con ánimo de lucro (como ya se ha hecho con el objeto de evaluar nuestro sector financiero) para auditar la política presupuestaria. Otra de las recomendaciones de la Comisión consiste en liberalizar profesiones altamente reguladas, entre las que cita la de secretario judicial, ignorando que en España los secretarios judiciales son funcionarios que tienen asignadas importantes funciones procesales y cuyo papel ha sido repensado a la luz de la nueva oficina judicial. ¿Pretende la Comisión que las empresas o profesionales autónomos dirijan los procesos judiciales? Estas meteduras de patas no son casuales. El principio de descentralización territorial y administrativa tiene como principal fundamento el mejor conocimiento de la realidad que tienen las instancias decisorias más próximas. La tecnocracia europea, lejos de solucionar los problemas de alcance europeo (por ejemplo, con la creación de eurobonos), queda desacreditada con este tipo de propuestas. España necesita a Europa y Europa necesita a la Unión Europea. Sin embargo, la actual maraña de órganos, instituciones y tecnócratas es incompatible con la realización del Estado Social y Democrático de Derecho y con la construcción de una Europa democrática, eficaz y solidaria.

Porque más allá de las anécdotas, la doctrina de la Unión Europea ha contribuido a debilitar el Estado de Bienestar antes y después de la crisis. En los últimos días, la comunidad universitaria se rasga las vestiduras por los recortes, especialmente por la subida de tasas universitarias, que se enmarca en la política de ajuste exigida por Europa. No se trata de restar responsabilidad al Gobierno en la adopción de la medida, porque es una decisión política, injusta, evitable y del gusto del polémico ministro Wert. Pero lo cierto es que en el marco del Proceso de Bolonia y la realización del Espacio Europeo de Educación Superior, numerosas normas y recomendaciones aludían a la necesidad de aumentar la financiación privada de la enseñanza superior, en particular mediante el incremento del precio de las matrículas. Europa, con la aceptación acrítica y a veces entusiasta de nuestros responsables políticos y universitarios, había abonado el terreno para plantar el ‘tasazo’ universitario. Lo que resulta hilarante es que el Decreto-ley del ‘tasazo’ se sirva de la noción de “costes de prestación del servicio” para calcular la subida de los precios públicos, sin que en verdad se conozca el coste real de cursar una carrera universitaria. Los medios de comunicación y otros altavoces repiten hasta la saciedad que en la actualidad los alumnos pagan únicamente el 15 por ciento de la matrícula, pero no existe un sistema fiable de contabilidad analítica de costes que depure los gastos no docentes (por ejemplo, los de investigación) y los beneficios que reportan los universitarios.

En cualquier caso, sea mayor o menor la responsabilidad de la Unión Europea en la poda del Estado de Bienestar, lo cierto es que el futuro se antoja difícil, pero sin una Universidad universal directamente no será.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (01/06/2012)

De la morosidad a la usura

A estas alturas, sabido es que la crisis económica ha golpeado con fuerza a las arcas públicas, en particular por la pérdida de ingresos que provoca la disminución de la actividad económica, de tal forma que los problemas de morosidad de las Administraciones públicas se han acrecentado. La mala costumbre adquirida por nuestras Administraciones de pagar tarde a sus contratistas y proveedores genera graves problemas de liquidez en el sector privado, que alimentan la cadena de impagos y pueden resultar letales para las pymes.

En la actualidad, las Administraciones tienen el deber de pagar en un plazo de 40 días. Sin embargo, la legislación en materia de lucha contra la morosidad ha sido reiteradamente incumplida. Fruto de estas prácticas ciertamente nocivas para la economía, los últimos Gobiernos han adoptados diversas medidas correctoras, con distinto alcance y limitado éxito. Así las cosas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha priorizado la solución al lastre de la morosidad de las Administraciones públicas, aprobando recientemente el conocido como Plan de Pago a Proveedores, que pretende movilizar 35.000 millones de euros. La politización del problema de la morosidad debe saludarse, pero la medida plantea serios interrogantes. El Plan consiste en la creación de un Fondo, dotado de capital mayoritariamente privado, al que acudirán los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.  En la práctica, las Administraciones territoriales contraerán préstamos con las entidades financieras para poder pagar las facturas adeudadas a sus proveedores. Éstos deben renunciar a percibir los intereses que legalmente les corresponden si quieren acogerse al Plan, por lo que estamos ante un verdadero Derecho de excepción que contraría la legislación general y socava la seguridad jurídica en perjuicio de sus legítimos intereses económicos, a lo que hay que añadir la posibilidad que tienen las empresas de ofrecer un descuento como criterio para la prioridad del pago.

El Plan suscita otras objeciones del mismo o mayor calado. Y es que las entidades financieras aquí también van a sacar tajada. El interés de los préstamos que concederán los bancos a las Administraciones se situará en torno al 5%, según explicó el ministro De Guindos. Las entidades financieras ya se han beneficiado de cuantiosas ayudas públicas como consecuencia de su pésima gestión, han obtenido préstamos del Banco Central Europeo al 1% y, en el marco de su actividad especulativa, han adquirido deuda pública al 5%. Con el nuevo Plan, la banca vuelve a realizar una jugada maestra: del problema de la morosidad se lucrará con intereses que, a tenor del contexto, bien podrían considerarse usurarios. Un lucro que se obtiene a costa de los intereses a los que deberán renunciar las pymes y de los intereses (y derechos) de los ciudadanos tras los planes de ajuste que obligatoriamente han de adoptar las Administraciones para acogerse al Plan. Tampoco debemos olvidar que, tras la última reforma constitucional, el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. Las pymes que suministran bienes y servicios a las Administraciones, y también los ciudadanos que sufren los atrasos de la Ley de Dependencia o los empleados públicos que en no pocos lugares cobran con creciente demora, han de saber que existen prioridades. Si la economía se ha convertido en un casino, da la impresión de que unas pocas personas conocen las reglas y probabilidades del juego. Como los Pelayos, aquella familia que se hizo millonaria por su calculado acierto en las ruletas y cuya historia recientemente ha llegado a la gran pantalla, la banca siempre gana.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/05/2012)

A vueltas con la reforma constitucional

La reforma constitucional que pretende proscribir el déficit público puede y debe analizarse desde una doble perspectiva, económica y jurídica, a tenor del actual contexto político. Desde un punto de vista económico, conviene recordar que el déficit público constituye una herramienta de política económica contenida en la caja del keynesianismo, una de las dos escuelas, junto con la liberal (que por contra, simplificando, defiende el déficit cero), más importantes de la ciencia económica. El déficit, por tanto, permite realizar políticas contracíclicas y garantizar derechos sociales en momentos de desaceleración o recesión económica. Y ello sin perjuicio de que un mal uso del déficit, con la consecuente deuda pública, pueda representar un problema macroeconómico derivado de su excesiva acumulación, inflación, pago de intereses o la especulación con su compra (no obstante, esta última puede ser combatida regulando – por  ejemplo, prohibiendo las operaciones especulativas– el mercado de deuda pública). En cualquier caso, frente a lo que pudiera deducirse del ruido mediático, el déficit público español no es problemático.

Ya en el terreno jurídico, es necesario hacer una primera consideración. ¿Debe la Constitución optar por uno u otro instrumento para las cuentas públicas? Si algo caracteriza a la Constitución Española es que plasma una gran voluntad de consenso, por lo que en la llamada Constitución Económica (el conjunto de normas constitucionales sobre economía) conviven plácidamente el modelo intervencionista o keynesiano y el liberal en el marco de la economía de mercado. Asimismo, el sentido común jurídico sugiere que en la Carta Magna, por su inherente rigidez, no deben dilucidarse aspectos concretos de la política económica.

Sobre el procedimiento elegido, juristas como Rafael Escudero Alday o Antonio de Cabo de la Vega y el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV han apuntado que la reforma debería llevarse a cabo por la vía agravada del artículo 168, en tanto que la limitación del déficit afecta al Título preliminar y a los derechos fundamentales, lo que exigiría, entre otros requisitos, la celebración de un referéndum. La interpretación puede parecer forzada, si bien la “prioridad absoluta” del pago de la deuda pública contenida en el artículo 135.3 alimenta esta hipótesis, toda vez que esta desafortunada expresión genera una antinomia: ¿prioridad absoluta frente a los gastos derivados de la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) o de la Corona (Título II), por poner sólo dos ejemplos?

De lo que no cabe duda es que, desde un punto de vista político, la reforma adolece de un gran déficit democrático, ya que no ha existido debate público suficiente y la legislatura se halla prácticamente agotada. Jurídicamente, estas deficiencias democráticas se plasman en la tramitación urgente y por el procedimiento de lectura única sin esgrimir motivación suficiente, so riesgo de desvelar lo que todo el mundo sabe: que los mercados, organizaciones internacionales y otros países han impuesto de forma antidemocrática esta reforma. Si el fondo se antoja erróneo, la forma resulta inaceptable.