Los beneficios de la banca y la cláusula suelo: un escándalo supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 supone un gran acicate para que los consumidores puedan eliminar la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios. Para los profanos, hay que recordar que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios en nuestro país son de tipo variable: el tipo de interés que se aplica, y por tanto la cuota que hay que pagar, depende de la evolución de un índice, normalmente el euribor. Pues bien, la cláusula suelo viene a ser una condición general, es decir, la típica letra pequeña que nadie lee o nadie puede entender, por la cual los bancos consiguen que los ciudadanos no se beneficien de la bajada del euribor. Cuando el euribor sube, como, por ejemplo, lo hizo en 2006, los consumidores pagan más, ya que no se establece un límite máximo o bien éste es tan alto que no tiene ninguna aplicación práctica; sin embargo, cuando el euribor baja, como sucede desde 2009 –hoy aproximadamente se sitúa en el 0,5%– se activa la cláusula suelo (en general de un 3,5%). La banca siempre gana.

¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que la cláusula suelo es legal siempre que el banco haya actuado siguiendo unos parámetros o criterios de transparencia. En la práctica, como en la casi totalidad de los supuestos la banca ha introducido la cláusula suelo “de tapadillo”, la Sentencia supone que la cláusula suelo es nula. Hasta aquí la Sentencia puede considerarse una victoria de los consumidores, quizás pírrica, ya que al sembrar la casuística también puede brotar la maleza (en otra ocasión abordaré el fenómeno de la puerta giratoria de los jueces). Como consecuencia de la Sentencia, se eliminan las cláusulas suelo de las entidades demandadas (BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar) y se sientan las bases para que, como está sucediendo, miles de ciudadanos obtengan éxito en la vía judicial.

Lo más significativo de la Sentencia, no obstante, reside en el pronunciamiento sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo. El Supremo, sin que proceda por el tipo de acción ejercitada (acción colectiva de cesación), y a fin de velar por los intereses económicos de la banca, se pronuncia sobre los efectos de la nulidad y concluye que no procede devolver a los consumidores las cantidades que han pagado de más y que injustamente han venido cobrando los bancos en los últimos años. Se trata de una decisión manifiestamente contraria a Derecho y que supone la conculcación de las exigencias mínimas del Estado de Derecho: socaba el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Una decisión que no ha tenido la trascendencia mediática que merece, pero que pone de manifiesto la preponderancia de los poderes económicos sobre el Estado social y democrático de Derecho.

Muchos juristas sí han mostrado su indignación. Entre otros, el profesor Pertíñez Vílchez ha resumido la controvertida decisión con una gran claridad (Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, número 38):

“En definitiva, se trata de una argumentación muy pobre, cuando una decisión tan disconforme con una regla tan sólida como es la de la restitución recíproca de las prestaciones del artículo 1303 CC habría requerido razones jurídicas de más peso. La verdadera razón de este pronunciamiento, no es jurídica, sino económica y la expresa la propia sentencia: ‘293. k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas’”.

Semejante atentado judicial ha recibido un sólido reproche argumentativo de la comunidad jurídica, también, afortunadamente, de muchos Juzgados y Audiencias Provinciales, que se alejan del criterio del Tribunal Supremo para cumplir con su deber constitucional de aplicar la ley. Quizás todavía no se haya hecho una valoración profunda de la Sentencia desde la ciencia económica, tampoco desde una metodología jurídica cada vez más influyente: la que propugna el Análisis Económico del Derecho. A propósito de los enormes beneficios de la banca, recientemente publicados, cabe hacer alguna consideración desde un enfoque economicista, que, sin duda, requiere de un mayor desarrollo.

Centrémonos en el caso de BBVA, la entidad que preside Francisco González gracias, por cierto, a la privatización teledirigida de Argentaria (de aquellos polvos, estos lodos). Con posterioridad a la Sentencia del Supremo, BBVA ha comunicado a la CNMV, mediante un Hecho Relevante del pasado 12 de junio, que la inaplicación de la cláusula suelo “producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros”. Si tenemos en cuenta que 2013 es el año de mayor bajada del euribor, y que, por tanto, en meses anteriores el importe cobrado de más a los consumidores resulta inferior, la cifra de 35 millones de euros supone la cantidad mensual máxima ingresada desde que se activó la cláusula suelo. Pues bien, resumamos ahora los beneficios de esta entidad en los tres últimos ejercicios:

– En 2011: beneficios de 3.004 millones de euros.

– En 2012: beneficios de 1.676 millones de euros.

– En 2013: beneficios de 2.228 millones de euros.

Si multiplicamos la cantidad que ha supuesto la inaplicación de la cláusula en junio de 2013 (cantidad de 35 millones que, insistimos, por la evolución del índice es superior a cualquier otra mensualidad) por los doce meses de un año, la cantidad resultante es de 420 millones de euros. Es decir, la reducción de los beneficios sería insignificante para el banco, por lo que no existe el “riesgo de trastorno grave con trascendencia al orden público económico” aludido en la Sentencia. No hay otra explicación: el Tribunal Supremo no aplica la Ley para maximizar los beneficios de la banca. En la gráfica expresión del filósofo Josep Ramoneda, estamos ante una nueva manifestación de “promiscuidad entre política y dinero”, que en esta ocasión alcanza al poder judicial. Tampoco parece casual que el Ministerio Fiscal, órgano defensor de la legalidad, se posicionara en contra de los efectos retroactivos.

Miles de familias en dificultades que podrían rehabilitar sus préstamos con la devolución de su dinero ahora ven peligrar sus viviendas. El dinero en manos de las familias también serviría para mejorar la macroeconomía, ya que su propensión marginal al consumo es mayor que la de los banqueros, amén de que los múltiples rescates a la banca no han servido para que ésta cumpla con su función de financiar la economía real.

El escándalo es supremo; el Estado de Derecho, un despojo de los poderes salvajes.

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PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

Inseguridad

Las noticias que llegan de Chipre, con una explosiva mezcla de inmediatez e incerteza, han aumentado la sensación de inseguridad que padece la ciudadanía. La seguridad en sentido amplio es uno de los rasgos más elementales que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho, fórmula jurídico-política que atempera una sociedad de riesgos.

Una de las acepciones más recurrentes del término es la de seguridad jurídica, que consiste, a grandes rasgos, en que los ciudadanos tenemos la capacidad de saber a qué atenernos, de predecir las actuaciones de los poderes públicos, en los últimos tiempos, referidas especialmente al ámbito económico, debido al predominio ideológico de la economía sobre todo lo demás. La seguridad jurídica se ha convertido en uno de los parámetros más importantes para constatar si un Estado puede calificarse como Estado de Derecho.

Otra acepción de seguridad se ha potenciado en los últimos lustros, la que resulta de un enfoque penal o policial; en ocasionas incluso ha sacrificado otro bien supremo de nuestro ideal de convivencia: la libertad. Un miedo irracional se coló en nuestras vidas, o mejor dicho, nos lo colaron. Es el miedo como instrumento de distracción, dominación y control social.

De forma paralela a la exacerbación de la seguridad (policial) se ha debilitado el ideal de seguridad que consagró el Estado del bienestar. Un Estado proactivo a la hora de proteger al débil, un seguro contra lotería social de la pobreza: frente a la incertidumbre de la vejez y el desempleo, un sistema público de seguridad social; frente al riesgo de la enfermedad, una sanidad universal; frente a la angustia de la ignorancia, una educación para formar ciudadanos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Pero, como toda creación humana, el modelo carecía de perfección, sometido a las tensiones indefectibles y cambiantes de un complejo pacto entre los de arriba y los de abajo. La seguridad nunca se satisface con plenitud, porque las necesidades son ilimitadas (o relativas) y porque pesa mucho la inseguridad de tiempos pasados. De ahí que el ciudadano de a pie tenga la buena costumbre de ahorrar.

Pero he aquí que la crisis económica revela un fallo en el sistema de seguridad, un fallo sistémico: los de arriba han roto el pacto, unilateralmente. Los empresarios pueden modificar las condiciones de trabajo, unilateralmente. La seguridad social, la sanidad y la educación son insostenibles, se concluye, unilateralmente. Y si los ahorros, en estos momentos, pueden garantizar la seguridad arrebatada, las entidades financieras depositarias los usan para recapitalizarse, unilateralmente.

En los últimos días, algunos medios de comunicación afirman que en Chipre se cuece el primer corralito por un rescate. Falso. Cientos de miles de españoles ya han perdido sus ahorros en España porque la banca colocó, de manera ilegal y con absoluta mala fe, productos financieros de riesgo como las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas. El legislador consagró el corralito con quitas impuestas por Bruselas a cambio de rescatar a las entidades que también antes rescataron los ahorradores. Más se habla de Chipre que del escándalo de las preferentes: el corralito no será televisado.

Continuamente, por razones de trabajo, muchas personas me preguntan por la seguridad de sus ahorros; mi única certeza es que no volveremos a acumularlos, salvo que forcemos un nuevo pacto social. Por nuestra seguridad.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (23/03/2013).

Justicia en lucha

La huelga de jueces y fiscales del pasado miércoles ha tenido un notable éxito. A pesar de la habitual guerra de cifras, los porcentajes de participación en todo caso son relevantes y la frenética actividad de los Juzgados se ha visto paralizada. Las razones que motivan el conflicto son variadas y complejas, pero en todo caso justificadas. Todas las medidas criticadas guardan en común dos puntos esenciales: el incumplimiento del programa electoral del partido gobernante y la debilitación de la Justicia en tanto que administración y poder público.

La reducción de las partidas presupuestarias en materia de Justicia está deteriorando aún más un servicio público infrafinanciado durante décadas, una de las causas de la anemia democrática de nuestro país. Además, la supresión de centenares de jueces sustitutos ha sobrecargado de trabajo a unos Juzgados ya colapsados. De acuerdo con los datos que ofrece el Consejo de Europa, en nuestro país hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 de Alemania, una cifra que nos sitúa en la cola de Europa, una vez más. ¿Dónde están los analistas que denuncian un exceso de funcionarios en nuestro país? O están mal informados o son funcionarios de los mercados, que permitiría decir Carlos Floriano.

Los frentes abiertos por el ministro Gallardón son innumerables. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la legítima discrepancia sobre el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, ha sido percibida como impuesta y autoritaria. Una constante de todas estas reformas es la falta de un diálogo sincero entre los sectores implicados; en una materia tan sensible, al problema de fondo se une el problema de forma.

Por supuesto, como todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales se han opuesto con rotundidad a la ley de tasas judiciales, lo que desacredita la crítica corporativista a sus protestas. No en vano, el poder judicial está asumiendo un incipiente papel en la defensa del Estado social y democrático de Derecho frente a la ofensiva de otros poderes (privados y públicos). En un contexto de degradación de la política, la ciudadanía debería poder aferrarse a la comunidad jurídica para controlar al poder económico. La democracia como engranaje de frenos y contrapesos (checks and balances).

Pese a la anunciada reducción de las tasas judiciales, éstas seguirán teniendo cuantías desorbitadas y privarán del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a cientos de miles de personas: un ataque frontal sin precedentes al Estado constitucional de Derecho. En cualquier caso, la rectificación parcial de Gallardón supone la constatación de un error político de primera magnitud, y pone de relieve que la movilización y la unidad de todos los sectores afectados de la sociedad civil (operadores jurídicos, asociaciones de consumidores, sindicatos…) resulta útil y eficaz.

¿Se anunciarán nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá, pero el conflicto puede decirse que está más cerca del inicio que del final. Es más, la reacción de algunos sectores políticos y mediáticos ha sido la de arremeter contra los huelguistas e incluso negar la existencia del derecho fundamental a la huelga debido a la posición constitucional que ocupan los jueces. El derecho a la huelga de los jueces es una cuestión muy discutida y polémica tanto en el ámbito político como en el académico-jurídico. Pero lo que es indiscutible es que las reclamaciones de los jueces, defendidas por la mayoría de sus asociaciones profesionales, son legítimas y, además, han sido defendidas con respeto, civismo y la valentía que exige un momento de tanta trascendencia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (22/02/2013).

Ciudadanía indefensa

Desde que el pasado 17 de diciembre entraran en vigor las tasas judiciales, sus efectos se han dejado sentir en los juzgados de toda España. Los primeros datos constatan una reducción a la mitad del número de demandas presentadas. Si bien es cierto que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para obtener estadísticas fiables y oficiales, la percepción de todos los operadores jurídicos es que el número de procedimientos judiciales se ha reducido y que se reducirá aún más con el paso del tiempo.

Sin duda podemos estar ante la reforma legislativa de mayor eficacia de los últimos años, en tanto que el efecto pretendido ya se está cumpliendo: disuadir a la ciudadanía de acudir a la vía judicial, a costa, claro está, de sacrificar el ejercicio de los derecho que tienen las personas con recursos económicos limitados. Estas dificultades para acceder a la Justicia consagran los abusos de poder públicos y privados, por lo que el Estado de Derecho torna en Estado sin Derecho. Aun cuando existen otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, su estado embrionario y su propia naturaleza privada nos permiten concluir que son mecanismos menos garantistas para las personas.

¿Son las tasas judiciales una reforma aislada en el actual contexto jurídico y económico? Es obvio que no. De un lado, porque se enmarcan en la actual política de recortes que pretende disminuir el gasto público para pagar el agujero del poder financiero. De otro lado, porque contribuyen a catalizar una sociedad caracterizada por la desigualdad y la ausencia de garantías y controles públicos.

La crisis económica ha puesto de relieve el funcionamiento real del sistema político, dejando en evidencia la superficialidad analítica de la mayoría de expertos: los poderes privados, ajenos a control alguno, campan a sus anchas en detrimento de los derechos –incluidos los fundamentales–  de las personas. Numerosas organizaciones privadas, formales e informales, han acumulado poder (entendido como la capacidad de someter a los demás) como nunca antes. La revolución tecnológica, el paradigma ideológico dominante y la coyuntura de la sociedad internacional, entre otras causas, han forjado un desequilibrio en el pacto social entre capital y trabajo que tiene como consecuencia el debilitamiento de la democracia y el bienestar.

¿Cómo revertir la situación actual? En mi opinión, la teoría del Estado de Derecho, de la que deriva la institucionalidad vigente, no es útil para afrontar el desafío de la democratización del poder y la garantía de los derechos de las personas. El Estado de Derecho surge como contrapeso al Estado Absoluto, con el objetivo de desconcentrar el poder público (división de poderes) y limitarlo mediante la garantía de los derechos fundamentales. No hay Constitución sin declaración de derechos ni separación de poderes, rezaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de 1789.

No es que el Estado (el volumen del sector público) sea hoy más reducido que a comienzos del siglo XIX, pero sí, probablemente, su capacidad de gestionar los asuntos públicos frente a los actores privados. Cuando un profesor de Derecho Constitucional explica la teoría de la división de poderes, todavía hoy se referirá al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero la realidad es bien distinta: ¿acaso no son poderes, de  superior influencia que el Parlamento, grupos como la banca, los mercados financieros, el FMI o los lobbies de empresas transnacionales?

Se advierte necesario formular una teoría del Estado que sea útil para contrarrestar el predominio de los poderes privados, y llevarla a cabo. Quienes limitan el acceso a la Justicia lo hacen en representación de poderes privados, no de la ciudadanía, y con fines muy concretos: transferir renta y consagrar abusos. Las tasas judiciales son causales, no casuales.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/01/2013).

RIP Justicia

Ayer entró en vigor la conocida como Ley de Tasas Judiciales. Pese a que los medios de comunicación no han prestado la debida atención a uno de los mayores atentados cometidos contra el Estado de Derecho, cualquier persona informada sabe que asistimos a la supresión del servicio público de Justicia, entendida ésta como la posibilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho, y, por ende, a la consagración de los abusos de poder públicos y privados: la ley del más fuerte.

La nueva ley cuenta con el profundo rechazo de la comunidad jurídica, unidad que no es fácil de lograr: jueces, fiscales, abogados o procuradores de toda condición han expresado un rotundo rechazo. También en las Cortes Generales se ha podido constatar la soledad del Partido Popular, aferrado a la indigna disciplina de sus parlamentarios y a un paupérrimo argumentario plagado de mentiras. Desmontémoslas.

Primera. Las tasas ya existían y, por tanto, la nueva ley sólo supone un incremento. Falso. En el año 1986 las tasas judiciales se suprimieron en el marco del proceso de consolidación democrática. Posteriormente, en 2002, únicamente se creó una tasa para las empresas cuyo volumen de negocio anual fuera superior a 8 millones de euros.

Segunda. Son tasas que únicamente afectan a la posibilidad de recurrir sentencias. Falso. Si bien es cierto que las tasas son más elevadas en la segunda instancia, que en la práctica desaparecerá, la nueva ley también incluye tasas en la primera instancia y no precisamente bajas. En la primera instancia se prevén tasas de hasta 10.350 euros. Para demandar hay que pagar. Repago generalizado.

Tercera. Las tasas no afectan al derecho a la tutela judicial efectiva. Falso. El desmedido importe de la cuota a pagar deviene en la imposibilidad de litigar para millones de ciudadanos y, cuando menos, desincentiva el acceso a la Justicia. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede limitarse por razones económicas.

Cuarta. Las tasas judiciales aseguran la financiación de la asistencia jurídica gratuita. Falso. La Constitución Española garantiza el acceso a la Justicia a quienes no tienen recursos económicos, por lo que la Justicia Gratuita no depende de la creación de un tributo abusivo, sino del conjunto de ingresos del Estado. La fórmula propuesta, por su concepción caritativa, sí pone en peligro la financiación de la Justicia Gratuita y supone la fractura del principio de unidad de caja (que exige la centralización de todos los ingresos) propio de los Estados avanzados. Vuelve la España de la posguerra.

Quinta. Las tasas son necesarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia y evitar el exceso de litigios. Falso. El principal problema de la Justicia española es la escasez de jueces. Ya existían demasiados obstáculos para litigar: riesgo de condena en costas, honorarios de abogados y procuradores y, por supuesto, la lentitud de la Justicia. De hecho, una Justicia tan lenta fomenta el incumplimiento del Derecho, que pierde su capacidad de coerción, y a su vez retroalimenta la saturación de los juzgados. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la Justicia con su supresión? Tal incongruencia, una vez más, no estaba prevista en el programa electoral con el que Rajoy y los suyos perpetraron el mayor fraude democrático que se recuerda.

Pero al margen de las mentiras del PP, las tasas judiciales sí son de verdad: los derechos de las personas se han convertido en papel mojado. Y, por cierto, miles de profesionales del Derecho engrosarán las cifras del paro. Señorías, pasarán a la historia por acabar con la Justicia, por acabar con todo, con todos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (23/11/2012).

Sin Justicia

Las numerosas afrentas hacia el Estado Social y Democrático de Derecho de los últimos años dificultan la labor de fiscalización que deben realizar tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, que no pueden atender a cada una de ellas con la dedicación necesaria. Pero no sólo es una cuestión cantidad. Los medios de comunicación responden a unos intereses económicos y financieros muy definidos que comprometen la labor profesional de los periodistas y permiten cribar la agenda pública. La sociedad civil, en cambio, no suele disponer de los recursos económicos, materiales y personales para llegar a todas partes, y a veces carece de la audacia necesaria para identificar las prioridades y coordinarse mejor.

Una de las afrentas más graves y que está pasando más desapercibida es la limitación del acceso a la Justicia. La inminente y descabellada subida de las tasas judiciales de facto privará a cientos de miles de ciudadanos del servicio público de la Justicia. La reducción de las partidas presupuestarias destinadas al servicio de asistencia jurídica gratuita, así como los graves problemas de morosidad que arrastran las administraciones para pagar a los letrados que prestan el servicio, suponen una grave discriminación a los ciudadanos que carecen de recursos.

El ámbito de la justicia gratuita refleja a la perfección los efectos devastadores que provocan los recortes en un Estado del bienestar que nunca ha tenido un desarrollo satisfactorio. El modelo español de justicia gratuita siempre se ha acercado más al de un Estado asistencial que al de un Estado Social, pues se basa en una suerte de colaboración público-privada  que pone un servicio público en manos de profesionales del sector privado (con todos los matices que las limitaciones de espacio exigen omitir). Un modelo con muchos partidarios en tanto que, se dice, garantiza la independencia de los abogados, que no existiría si los letrados fueran funcionarios, argumento demasiado débil porque igualmente pondría en cuestión la independencia de la judicatura. Si este modelo ha salido adelante sólo ha sido por el sacrificio y el altruismo de los abogados, cuya paciencia, al menos en Madrid, parece haberse agotado (en la práctica han iniciado una especie de huelga indefinida). Al tratarse de programas de carácter asistencial, las administraciones pueden recortar o dejar de pagar con mayor facilidad que si tuvieran que despedir a empleados públicos: sutil diferencia entre beneficencia y servicio público.

Lo que está sucediendo con la Justicia también permite advertir las intenciones ocultas de quienes agitan un renovado discurso centralista que culpa a las comunidades autónomas de todos los males del país. Ante los problemas de las comunidades autónomas para financiar la asistencia jurídica gratuita, los gobiernos autonómicos reclaman la asunción de la competencia por el Estado, que finalmente ha optado por financiar la justicia gratuita con el incremento de las tasas judiciales. Conclusión: servicios públicos que financiaban las autonomías vía impuestos ahora son costeados por la ciudadanía vía copago. El centralismo como excusa para podar el Estado del bienestar.

Decía la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”. Una lectura actualizada del principio de separación de poderes nos debería alertar de la creciente y vergonzosa subordinación de los poderes públicos a los poderes privados. Y una lectura atemporal de aquella proclamación sugiere una última reflexión: sin garantías como el acceso a la Justicia, los derechos sólo son papel mojado frente a la ley de la selva.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (05/10/2012).