La Justicia no es lenta

Desde hace dos o tres décadas viene forjándose un movimiento social transversal, informal y multinacional que pretende desacelerar el ritmo vertiginoso de nuestras vidas en las sociedades desarrolladas: el llamado movimiento Slow. Ciertamente, algunos de sus críticos tenían razón: algo de moda pasajera había en aquello. Pareciera que el movimiento Slow se ha diluido a raíz de la crisis económica internacional, con el consecuente cambio de prioridades que ha supuesto a todos los niveles, y quizá también por la nueva aceleración que implica el auge de las redes sociales. No obstante, todavía hoy se aprecian algunos retazos, como, por ejemplo, el éxito en nuestro país de los programas televisivos de cocina y el redescubrimiento del gusto por el buen comer. Suele decirse que las crisis representan oportunidades para replantear los problemas de fondo y el fondo de los problemas, y el movimiento Slow proporciona valiosas herramientas para diagnosticar el origen de nuestros males y satisfacer nuestras necesidades vitales. Pero ese es otro cantar.

Lo que se pretende en este artículo es reflexionar acerca de la velocidad de nuestra Justicia, o, en un sentido más amplio, de nuestra comunidad jurídica. En todas las esferas de nuestra sociedad (opinión pública, medios de comunicación, profesionales del Derecho, etc.) predomina la idea de que nuestra Justicia es insoportablemente lenta. Pero nada más lejos de la realidad. En España la Justicia no es lenta, sino terriblemente apresurada, precipitada y acelerada. Puede que los procesos duren muchos meses, sí, pero la prisa se refleja en cada escrito, trámite o intervención procesal. Uno de los aspectos más destacados por los medios de comunicación del reciente auto del juez Castro que imputa a la infanta Cristina es su extensión: 227 folios escritos tras 20 días de “encierro”. Sabido es que la Justicia no es igual para todos: tampoco en su velocidad y, por tanto, en su calidad.

Pensemos en el ejercicio de la abogacía. En los últimos lustros los despachos unipersonales, familiares o pequeños están en vías de extinción. Recientemente se ha concluido que a uno de cada tres abogados le cuesta vivir de su profesión. Las tasas judiciales han supuesto la puntilla. Atrás queda la figura del abogado sereno, reflexivo y prestigiado que tan bien encarna Atticus en Matar a un ruiseñor. Hoy los despachos de abogados funcionan como cualquier otra empresa: pretenden maximizar beneficios y minimizar costes. La deontología y el compromiso social no tienen cabida. Tampoco la pausa. La reducción de plantillas y la precarización de las condiciones laborales exprimen a los abogados, muchos de ellos ni-mileuristas, que soportan una extrema presión y un deterioro de su calidad de vida. Los plazos, la orientación a resultados y la presión de sus jefes y clientes les convierten en auténticos autómatas estresados. La calidad jurídica se resiente; la satisfacción del cliente, también. El mercado ya ofrece aplicaciones informáticas que automatizan la solución al caso. Simplemente no hay tiempo.

Tampoco los funcionarios judiciales gozan de la necesaria tranquilidad. Puede que hagan menos horas presenciales que los abogados, afortunadamente, pero sólo hay que visitar los juzgados para comprobar cómo los funcionarios y jueces están desbordados. Las resoluciones judiciales están llenas de erratas, faltas de ortografía, errores gramaticales y, en detrimento de los derechos de las personas, una grave ausencia de motivación. En ocasiones, administrar Justicia es sinónimo de copiar y pegar. En las salas de vista el panorama no es mucho mejor: “Letrado, vaya concluyendo”, suele decir un juez fatigado al abogado, cuyo cliente le reprochará la brevedad de su intervención.

A la comunidad jurídica parece que le estorba el conocimiento: a veces da la impresión de que la principal fuente del Derecho es el formulario. La doctrina, esto es, la labor interpretativa y dogmática de juristas y académicos, cada vez tiene un papel menos relevante.

La excesiva velocidad, paradójicamente, contribuye a la lentitud de la Justicia, es decir, a la tardía resolución de los asuntos. Piénsese en las solicitudes de aclaración de sentencia, la rectificación de errores, los recursos ante la deficiente fundamentación, las llamadas de los abogados para completar información a los clientes que fueron despachados rápidamente, etc.

Y no nos engañemos. Puede que el diseño de los procedimientos sea mejorable, al igual que la gestión documental o la planta judicial. Pero la Justicia es rápida (precipitada) y lenta (tardía) principalmente por la falta de personal. Al ciudadano hay que explicárselo: la Justicia es lenta y muchas veces injusta porque faltan funcionarios, así de claro. España es uno de los países de su entorno con menos empleados públicos y también con menos jueces por habitante. La crisis ha servido de excusa para reducir aún más el empleo público, imponer tasas judiciales que abortan los derechos fundamentales y, en suma, deteriorar el servicio público de la justicia. Dime cómo es el acceso a la Justicia y te diré la calidad de la democracia.

Los derechos de los justiciables, la salud de los profesionales del Derecho y la eficacia y equidad en la resolución de los conflictos requieren una Justicia Slow: una Justicia con más pausa, reflexión, calma, conocimiento, puestos de trabajo y jornadas menos intensas. Una Justicia, como predica el movimiento Slow, que responda con la velocidad adecuada a cada situación.

La reforma de la Administración

No recuerdo qué tertuliano fue el primero en decirlo, pero la frase ha sido reproducida hasta la saciedad: “La gran reforma pendiente es la de la Administración”. El Gobierno ha recogido el guante y ha sentado las bases del proyecto mediante la reciente creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, por cierto, con cierta pluralidad en su composición.

Esta novedosa disposición para la planificación y el diálogo bien podría saludarse si no fuera porque la reforma ya ha sido en buena parte ejecutada. En el pasado año 2012 el sector público español prescindió de quinientos empleados cada día, lo que pone de manifiesto que el empleo no es una prioridad para los poderes públicos, sino todo lo contrario. En una economía de mercado como la actual, en la que los gobiernos se rinden ante los mercaderes y jugadores del casino financiero, la capacidad para crear empleo en el sector privado se halla ciertamente limitada. Por eso carece de todo sentido que el sector público se sume a la ola de destrucción de empleo, más aún cuando la cifra de empleados públicos en nuestro país es notablemente inferior a la de los países de nuestro entorno.

La burla se consuma cuando la Comisión para la Reforma de las Administraciones prevé estudiar la eliminación de duplicidades, es decir, que se despiden empleados públicos sin analizar previamente las estructuras y necesidades. ¿Por qué se realiza semejante disparate? Porque en el fondo el discurso de las duplicidades es sólo una cortina de humo para reducir aún más el gasto público y con la única pretensión de pagar la deuda, de origen fundamentalmente privado. Lo mismo podría decirse de la Administración Local: se pretende reformar su régimen cuando ya se ha atado a los Ayuntamientos con asfixiantes planes de austeridad.

En general la pretendida reforma de las administraciones puede tildarse de perversa. Lo primero que habría que plantearse es la urgencia de la misma. Se olvida deliberadamente que en los últimos años las administraciones han sido objeto de un continuado proceso de reforma y modernización. Por no viajar demasiado a través del tiempo, se pueden citar la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, de 2006, la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, la Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, así como las innumerables reformas derivadas de la transposición de la Directiva de Servicios, de 2006, y las igualmente incontables reformas en el nivel autonómico. Todas estas reformas tenían objetivos compartidos que pueden resumirse en tres: eficiencia, simplificación y eliminación de trabas administrativas. ¿Qué queda por reducir?

Si el problema de nuestra economía es el tamaño del sector público, ¿por qué teníamos superávit (se gastó menos de lo que se tenía) cuando estalló la crisis económica? ¿Por qué otros países tienen menos desempleo con un sector público más grande en relación con el tamaño del PIB? La manipulación es obscena.

Esto no quiere decir que no sean necesarias las reformas administrativas. Hay mucho que hacer en campos como el de la transparencia y el llamado Gobierno Abierto, y también se está trabajando en este sentido. Pero es necesario denunciar la perversa intención de quien utiliza la palabra reforma con la exclusiva finalidad de disminuir el gasto público y, en última instancia, mermar los servicios públicos y reducir el empleo que éstos generan. Una vez más, la crisis como pretexto para la contrarreforma.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (04/01/2013).

No disparen al funcionario

Un breve repaso desde que irrumpió la desaceleración acelerada del crecimiento, fenómeno posteriormente conocido como crisis, hasta la concesión de una línea de crédito incondicional, eufemismo del eufemístico primer rescate, permite apreciar el señalamiento de una serie de actores sociales que han sido presentados ante la opinión pública como auténticos verdugos de la recesión: inmigrantes, jóvenes, funcionarios, pensionistas, trabajadores, hipotecados, enfermos, universitarios, etc. Según numerosos expertos y responsables políticos, esos colectivos son, en definitiva, los invitados de la gran fiesta que tuvo lugar en España durante los últimos lustros. Los invitados habrían bebido por encima de sus posibilidades, por lo que los recortes serían imprescindibles para paliar la resaca. Sin embargo, se desconoce aún si los autores de semejante relato pasaron el debido control de alcoholemia, si en realidad alucinaron con aquella fiesta al intoxicarse en la rave financiera.

Uno de esos invitados, el colectivo de funcionarios, ha vuelto a ser castigado por la justicia divina que imparte el Fondo Monetario Internacional, organización sin legitimidad democrática que recomienda al Gobierno español una nueva bajada de salarios a los empleados públicos. El poder adquisitivo de los funcionarios no ha dejado de mermar a raíz de la crisis: los recortes de mayo de 2010 supusieron una reducción media del 5% de sus salarios, que posteriormente han sido congelados, sin olvidar la subida del IRPF y la infalibilidad  de las tijeras autonómicas. El funcionario ha sido utilizado como chivo expiatorio para eximir a los verdaderos culpables de la crisis y ocultar responsabilidades políticas, blanco fácil porque, además, sirve para enfrentar entre sí a los trabajadores. La legislación anticrisis debería contener una doble memoria racional (¿cuáles son las causas de la crisis) y moral (¿quiénes han sido los culpables?).

El argumentario que estigmatiza a los empleados públicos deja mucho que desear. El primer tópico consiste en la exigencia de sacrificios por el carácter estable y permanente de su trabajo. De ahí las reducciones salariales y la posibilidad que establece la reforma laboral de despedir al personal laboral. Se olvida deliberadamente que la inamovilidad no es un privilegio, sino una garantía de imparcialidad y eficacia administrativa que inhibe la corrupción. El segundo tópico es el de que los funcionarios trabajan poco. Chascarrillos como el del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre el café y el periódico, forman parte de una estrategia política y mediática muy definida. Pero lo cierto es que no se han puesto en funcionamiento sistemas de evaluación del desempeño, por la pasividad de los responsables políticos y pese a la disponibilidad de los empleados públicos. El tercer tópico alude a que hay demasiados funcionarios, sobre todo tras el desarrollo del Estado de las autonomías. Nada más lejos de la realidad. Si España tuviera la proporción de empleados públicos de Suecia, se crearían 5 millones de puestos de trabajo, pero aquí se ha optado por congelar la oferta de empleo público y reiterar hasta la saciedad que el empleo sólo lo crean las empresas.

Poco importan los datos y el rigor a quienes han decidido culpabilizar a los funcionarios de la crisis e imponer medidas que perjudican al conjunto de la economía, porque reducen la renta disponible y alimentan la espiral del paro. La realidad es que los funcionarios realizan trabajos necesarios con la mayor dignidad, son los maestros, los médicos, los policías, los empleados que prestan servicios públicos a la ciudadanía. La música de la rave de las finanzas, estruendo de la demagogia, cada vez resulta más insoportable.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (22/6/2012).