Cómo crear empleo

El barómetro del CIS refleja una y otra vez que el paro es el principal problema para la gran mayoría de la ciudadanía española. Sin embargo, indicadores como la prima de riesgo o el Ibex centran la atención informativa y marcan la agenda política en mayor medida. ¿Es el paro el principal problema para los grandes actores políticos? La respuesta sólo puede ser negativa si nos atenemos a los diagnósticos y soluciones dominantes en el panorama político-mediático, obsesionado con el equilibrio presupuestario. En realidad, los responsables políticos no priorizan la solución al desempleo porque éste no es un problema para las élites económicas, que son las que detentan el poder real, más aún, al contrario, el paro es una ventaja para aquéllas, porque permite abaratar los costes salariales (es revelador que se haya generalizado la expresión costes para referirse a los salarios, que son beneficios para la mayoría). Un buen ejemplo de cuanto se dice es la última reforma laboral: con el pretexto de acabar con el desempleo, se permite a las empresas la reducción unilateral de los salarios. Las principales políticas públicas de lucha contra el desempleo en nuestro país han sido las sucesivas reformas laborales, que con mayor o menor intensidad, han pretendido desregular el mercado de trabajo (en la jerga más erudita, flexibilizarlo). Es decir, lo que se ha querido –y finalmente conseguido– es desnaturalizar el Derecho del Trabajo, un sector de nuestro ordenamiento jurídico que surgió en el siglo XX para proteger a la parte débil en la contratación, al igual que décadas después nació el Derecho de Consumo para regular la venta masiva de bienes y servicios, dos conquistas del Estado social. Con la misma legislación laboral, Andalucía tiene más del doble de paro que el País Vasco, un argumento tan simple como concluyente que desacredita a los partidarios de la reforma laboral y pone de relieve la importancia de los procesos históricos en la vida económica. Por tanto, para crear empleo (que es lo que se analiza en estas líneas) lo primero que hace falta es voluntad política: dar satisfacción a las demandas de la mayoría social en detrimento de los intereses de la influyente minoría.

Entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces para crear empleo? El problema del paro, que es global, obliga a partir de una elemental premisa. Los avances tecnológicos en los dos últimos siglos han aumentado exponencialmente la capacidad de los países para producir, pero, en cambio, la duración de la jornada de trabajo apenas ha variado. Así, es claro que la lucha contra el desempleo pasa por repartir el tiempo de trabajo y distribuir más equitativamente su producto. Quien sostenga que para salir de la crisis los españoles tenemos que trabajar más, lo sepa o no, está condenando al paro a cientos de miles de personas.

Otra de las medidas necesarias para reducir el desempleo sería el crecimiento del empleo público. En una de sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy se lamentaba de que el empleo público hubiera crecido en momentos en los que el sector privado había destruido mucho empleo. Más allá de que sus datos son dudosos (según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el sector público ha perdido 176.400 empleados), dicha intervención demuestra que para Rajoy el empleo no es una preocupación más intensa que sus prejuicios ideológicos. No obstante, los datos son los que son: si el tamaño de nuestro sector público fuera el de los países de nuestro entorno, el paro dejaría de ser una seña de identidad española, como ha venido ilustrando Vicenç Navarro, uno de los científicos sociales de nuestro país más relevantes en el mundo.

Con total seguridad, estas medidas suscitarían muchos obstáculos y reacciones contrarias internas y externas (lobbies, mercados, Unión Europea), pero la voluntad de aplicarlas permitiría, al menos, concentrar las energías en allanar el camino y consensuar estrategias de presión, negociación o recuperación de la soberanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (03/08/2012).

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Gobierno a la carta

El Derecho, incluso el Derecho injusto, es un producto de la civilización, porque, como dejó escrito Tomás y Valiente, insigne jurista vilmente asesinado por ETA, “la forma pura del poder no es el Derecho, sino la arbitrariedad y la violencia”. Las conquistas de la Ilustración y las revoluciones burguesas decimonónicas acentuaron la importancia del Derecho como límite del poder. El grado de complejidad de nuestro sistema jurídico, incrementado por los procesos de descentralización territorial e integración regional, plantea continuos desafíos a los propios juristas. Las fuentes del Derecho son inagotables: leyes, decretos-leyes, decretos legislativos, órdenes ministeriales, leyes autonómicas, directivas y reglamentos europeos, tratados, convenios, etc. No es casual que en la actual situación de deterioro político y económico de la democracia, cuando los economistas han sustituido a los juristas en las élites del poder, éste se sienta incómodo con los controles del Derecho. Aquí radica buena parte de los problemas que padecemos: mantenemos una arquitectura jurídica diseñada para controlar a los poderes públicos estatales, cuando el poder se ha globalizado y acumulado en manos privadas. En la selva de los paraísos fiscales y la especulación financiera, el Derecho es una antigualla. Por ello, pese a la inabarcable tipología de normas jurídicas, en los últimos tiempos se encuentra en auge un nuevo y vulgar modo de atribuir derechos y obligaciones: la carta.

El periodista Ernesto Ekaizer ha publicado en su último libro parte del contenido de la carta que Jean-Claude Trichet, entonces presidente del Banco Central Europeo, remitió a Zapatero en agosto de 2011. La misiva contenía las exigencias que el organismo monetario europeo impuso al Gobierno como contrapartida por la compra de deuda pública española. Entre otras cosas, la reforma laboral del Gobierno de Rajoy se hallaba prevista en esa carta. En un principio, Rajoy preguntó Zapatero en el Parlamento acerca de la existencia de esa misiva, pero en la actualidad su contenido sólo ha sido filtrado parcialmente. ¿Cómo es posible que un documento que condiciona la política económica del país se mantenga oculto por nuestros responsables políticos? No se trata de correspondencia privada, sino de la forma en que se relacionan instituciones públicas que deberían estar al servicio de los ciudadanos. Cualquier proyecto de transparencia, en estas circunstancias, carece de la más mínima credibilidad.

En los últimos días, otra misiva ha centrado la atención informativa. El Gobierno español envió una carta al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, para solicitar el rescate o la ayuda financiera. Su breve contenido se hallaba escrito en inglés, pero a los medios de comunicación españoles se envió traducida al español, por cierto, con numerosísimas faltas de ortografía: el poder también elude las normas de la escritura. Una solicitud tan trascendente se realizó con un simple comunicado, una carta descuidada, sin necesidad de proclamaciones solemnes, grandes deliberaciones y técnica jurídica alguna.

Puede que este revival de la carta se deba a la nostalgia que produce la decadencia de la cultura epistolar, hoy asolada por la brevedad e inmediatez que imponen las nuevas tecnologías. O puede que el uso político de la carta sea un síntoma más del desprecio absoluto del poder, hoy desatado, por el Estado de Derecho. Más allá del necesario debate jurídico que suscita esta forma de actuar, la correspondencia institucional al máximo nivel se presenta como una metáfora de la privatización de las relaciones de poder.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (29/06/2012).