Varios informes de la banca dejan en evidencia al Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo de 2013, en relación con la cláusula suelo incorporada a préstamos hipotecarios suscritos por consumidores, determinó la falta de efectos retroactivos de la declaración de nulidad, es decir, que los bancos no tienen que devolver el dinero cobrado en virtud de una cláusula nula.

La decisión del Tribunal Supremo supone el deliberado incumplimiento de una regla basilar del ordenamiento jurídico español (la restitución de las cosas que dispone el artículo 1303 del Código Civil), y fue adoptada excepcionalmente para evitar “el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”, esto es, para proteger el interés económico de entidades privadas con ánimo de lucro.

Sin embargo, varios informes de las tres entidades demandadas en aquel procedimiento (BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco) ponen bajo sospecha al Tribunal Supremo. Con anterioridad a la fecha de la Sentencia, estas tres entidades financieras concluyeron en varios informes –debidamente auditados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores– que las consecuencias económicas de los procedimientos judiciales en curso no tendrían relevancia alguna en sus balances. Resulta a todas luces sorprendente que el Tribunal Supremo aludiera a un supuesto “riesgo de trastornos graves” cuando las propias entidades financieras en cuestión, al analizar los procedimientos judiciales pendientes de resolver, descartaron la producción de trastorno alguno en sus balances, ora por las provisiones debidamente realizadas a tal efecto, ora por la irrelevancia de las cuantías.

A continuación se reproducen extractos de algunos de estos informes:

 – BBVA. Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 junto con el Informe de Auditoría:

“El Banco es parte en determinados procedimientos judiciales en varias jurisdicciones (entre otras, España, México y Estados Unidos) derivados del curso ordinario de su negocio. BBVA considera que ninguno de estos procedimientos es relevante, de forma individual o agregada, y que no se espera que de ninguno de ellos se derive ningún impacto significativo ni en el resultado de las operaciones, ni en la liquidez ni en la situación financiera del Banco. La Dirección del Banco considera que las provisiones que se han dotado en relación con estos procedimientos judiciales son adecuadas y no ha estimado necesario comunicar a los mercados las posibles contingencias que se pudieran derivar de las acciones judiciales en curso por no considerarlas materiales”.

CAJAMAR. Informe de Auditoría de cuentas Anuales Consolidadas (Ejercicio 2012):

 “Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones iniciadas contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales como los Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional al saldo, en su caso, incluido como provisión, en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen”.

NOVAGALICIA BANCO. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012:

“Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2012, se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones contra el Banco con origen en el desarrollo habitual de sus actividades por importe de 30 millones de euros. Dado que se trata de pasivos contingentes, tanto los asesores legales del Banco como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no provocarán una salida de recursos del Banco y por tanto no se ha registrado importe alguno en estas cuentas anuales”.

Anuncios

Los beneficios de la banca y la cláusula suelo: un escándalo supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 supone un gran acicate para que los consumidores puedan eliminar la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios. Para los profanos, hay que recordar que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios en nuestro país son de tipo variable: el tipo de interés que se aplica, y por tanto la cuota que hay que pagar, depende de la evolución de un índice, normalmente el euribor. Pues bien, la cláusula suelo viene a ser una condición general, es decir, la típica letra pequeña que nadie lee o nadie puede entender, por la cual los bancos consiguen que los ciudadanos no se beneficien de la bajada del euribor. Cuando el euribor sube, como, por ejemplo, lo hizo en 2006, los consumidores pagan más, ya que no se establece un límite máximo o bien éste es tan alto que no tiene ninguna aplicación práctica; sin embargo, cuando el euribor baja, como sucede desde 2009 –hoy aproximadamente se sitúa en el 0,5%– se activa la cláusula suelo (en general de un 3,5%). La banca siempre gana.

¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que la cláusula suelo es legal siempre que el banco haya actuado siguiendo unos parámetros o criterios de transparencia. En la práctica, como en la casi totalidad de los supuestos la banca ha introducido la cláusula suelo “de tapadillo”, la Sentencia supone que la cláusula suelo es nula. Hasta aquí la Sentencia puede considerarse una victoria de los consumidores, quizás pírrica, ya que al sembrar la casuística también puede brotar la maleza (en otra ocasión abordaré el fenómeno de la puerta giratoria de los jueces). Como consecuencia de la Sentencia, se eliminan las cláusulas suelo de las entidades demandadas (BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar) y se sientan las bases para que, como está sucediendo, miles de ciudadanos obtengan éxito en la vía judicial.

Lo más significativo de la Sentencia, no obstante, reside en el pronunciamiento sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo. El Supremo, sin que proceda por el tipo de acción ejercitada (acción colectiva de cesación), y a fin de velar por los intereses económicos de la banca, se pronuncia sobre los efectos de la nulidad y concluye que no procede devolver a los consumidores las cantidades que han pagado de más y que injustamente han venido cobrando los bancos en los últimos años. Se trata de una decisión manifiestamente contraria a Derecho y que supone la conculcación de las exigencias mínimas del Estado de Derecho: socaba el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Una decisión que no ha tenido la trascendencia mediática que merece, pero que pone de manifiesto la preponderancia de los poderes económicos sobre el Estado social y democrático de Derecho.

Muchos juristas sí han mostrado su indignación. Entre otros, el profesor Pertíñez Vílchez ha resumido la controvertida decisión con una gran claridad (Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, número 38):

“En definitiva, se trata de una argumentación muy pobre, cuando una decisión tan disconforme con una regla tan sólida como es la de la restitución recíproca de las prestaciones del artículo 1303 CC habría requerido razones jurídicas de más peso. La verdadera razón de este pronunciamiento, no es jurídica, sino económica y la expresa la propia sentencia: ‘293. k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas’”.

Semejante atentado judicial ha recibido un sólido reproche argumentativo de la comunidad jurídica, también, afortunadamente, de muchos Juzgados y Audiencias Provinciales, que se alejan del criterio del Tribunal Supremo para cumplir con su deber constitucional de aplicar la ley. Quizás todavía no se haya hecho una valoración profunda de la Sentencia desde la ciencia económica, tampoco desde una metodología jurídica cada vez más influyente: la que propugna el Análisis Económico del Derecho. A propósito de los enormes beneficios de la banca, recientemente publicados, cabe hacer alguna consideración desde un enfoque economicista, que, sin duda, requiere de un mayor desarrollo.

Centrémonos en el caso de BBVA, la entidad que preside Francisco González gracias, por cierto, a la privatización teledirigida de Argentaria (de aquellos polvos, estos lodos). Con posterioridad a la Sentencia del Supremo, BBVA ha comunicado a la CNMV, mediante un Hecho Relevante del pasado 12 de junio, que la inaplicación de la cláusula suelo “producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros”. Si tenemos en cuenta que 2013 es el año de mayor bajada del euribor, y que, por tanto, en meses anteriores el importe cobrado de más a los consumidores resulta inferior, la cifra de 35 millones de euros supone la cantidad mensual máxima ingresada desde que se activó la cláusula suelo. Pues bien, resumamos ahora los beneficios de esta entidad en los tres últimos ejercicios:

– En 2011: beneficios de 3.004 millones de euros.

– En 2012: beneficios de 1.676 millones de euros.

– En 2013: beneficios de 2.228 millones de euros.

Si multiplicamos la cantidad que ha supuesto la inaplicación de la cláusula en junio de 2013 (cantidad de 35 millones que, insistimos, por la evolución del índice es superior a cualquier otra mensualidad) por los doce meses de un año, la cantidad resultante es de 420 millones de euros. Es decir, la reducción de los beneficios sería insignificante para el banco, por lo que no existe el “riesgo de trastorno grave con trascendencia al orden público económico” aludido en la Sentencia. No hay otra explicación: el Tribunal Supremo no aplica la Ley para maximizar los beneficios de la banca. En la gráfica expresión del filósofo Josep Ramoneda, estamos ante una nueva manifestación de “promiscuidad entre política y dinero”, que en esta ocasión alcanza al poder judicial. Tampoco parece casual que el Ministerio Fiscal, órgano defensor de la legalidad, se posicionara en contra de los efectos retroactivos.

Miles de familias en dificultades que podrían rehabilitar sus préstamos con la devolución de su dinero ahora ven peligrar sus viviendas. El dinero en manos de las familias también serviría para mejorar la macroeconomía, ya que su propensión marginal al consumo es mayor que la de los banqueros, amén de que los múltiples rescates a la banca no han servido para que ésta cumpla con su función de financiar la economía real.

El escándalo es supremo; el Estado de Derecho, un despojo de los poderes salvajes.

La Justicia no es lenta

Desde hace dos o tres décadas viene forjándose un movimiento social transversal, informal y multinacional que pretende desacelerar el ritmo vertiginoso de nuestras vidas en las sociedades desarrolladas: el llamado movimiento Slow. Ciertamente, algunos de sus críticos tenían razón: algo de moda pasajera había en aquello. Pareciera que el movimiento Slow se ha diluido a raíz de la crisis económica internacional, con el consecuente cambio de prioridades que ha supuesto a todos los niveles, y quizá también por la nueva aceleración que implica el auge de las redes sociales. No obstante, todavía hoy se aprecian algunos retazos, como, por ejemplo, el éxito en nuestro país de los programas televisivos de cocina y el redescubrimiento del gusto por el buen comer. Suele decirse que las crisis representan oportunidades para replantear los problemas de fondo y el fondo de los problemas, y el movimiento Slow proporciona valiosas herramientas para diagnosticar el origen de nuestros males y satisfacer nuestras necesidades vitales. Pero ese es otro cantar.

Lo que se pretende en este artículo es reflexionar acerca de la velocidad de nuestra Justicia, o, en un sentido más amplio, de nuestra comunidad jurídica. En todas las esferas de nuestra sociedad (opinión pública, medios de comunicación, profesionales del Derecho, etc.) predomina la idea de que nuestra Justicia es insoportablemente lenta. Pero nada más lejos de la realidad. En España la Justicia no es lenta, sino terriblemente apresurada, precipitada y acelerada. Puede que los procesos duren muchos meses, sí, pero la prisa se refleja en cada escrito, trámite o intervención procesal. Uno de los aspectos más destacados por los medios de comunicación del reciente auto del juez Castro que imputa a la infanta Cristina es su extensión: 227 folios escritos tras 20 días de “encierro”. Sabido es que la Justicia no es igual para todos: tampoco en su velocidad y, por tanto, en su calidad.

Pensemos en el ejercicio de la abogacía. En los últimos lustros los despachos unipersonales, familiares o pequeños están en vías de extinción. Recientemente se ha concluido que a uno de cada tres abogados le cuesta vivir de su profesión. Las tasas judiciales han supuesto la puntilla. Atrás queda la figura del abogado sereno, reflexivo y prestigiado que tan bien encarna Atticus en Matar a un ruiseñor. Hoy los despachos de abogados funcionan como cualquier otra empresa: pretenden maximizar beneficios y minimizar costes. La deontología y el compromiso social no tienen cabida. Tampoco la pausa. La reducción de plantillas y la precarización de las condiciones laborales exprimen a los abogados, muchos de ellos ni-mileuristas, que soportan una extrema presión y un deterioro de su calidad de vida. Los plazos, la orientación a resultados y la presión de sus jefes y clientes les convierten en auténticos autómatas estresados. La calidad jurídica se resiente; la satisfacción del cliente, también. El mercado ya ofrece aplicaciones informáticas que automatizan la solución al caso. Simplemente no hay tiempo.

Tampoco los funcionarios judiciales gozan de la necesaria tranquilidad. Puede que hagan menos horas presenciales que los abogados, afortunadamente, pero sólo hay que visitar los juzgados para comprobar cómo los funcionarios y jueces están desbordados. Las resoluciones judiciales están llenas de erratas, faltas de ortografía, errores gramaticales y, en detrimento de los derechos de las personas, una grave ausencia de motivación. En ocasiones, administrar Justicia es sinónimo de copiar y pegar. En las salas de vista el panorama no es mucho mejor: “Letrado, vaya concluyendo”, suele decir un juez fatigado al abogado, cuyo cliente le reprochará la brevedad de su intervención.

A la comunidad jurídica parece que le estorba el conocimiento: a veces da la impresión de que la principal fuente del Derecho es el formulario. La doctrina, esto es, la labor interpretativa y dogmática de juristas y académicos, cada vez tiene un papel menos relevante.

La excesiva velocidad, paradójicamente, contribuye a la lentitud de la Justicia, es decir, a la tardía resolución de los asuntos. Piénsese en las solicitudes de aclaración de sentencia, la rectificación de errores, los recursos ante la deficiente fundamentación, las llamadas de los abogados para completar información a los clientes que fueron despachados rápidamente, etc.

Y no nos engañemos. Puede que el diseño de los procedimientos sea mejorable, al igual que la gestión documental o la planta judicial. Pero la Justicia es rápida (precipitada) y lenta (tardía) principalmente por la falta de personal. Al ciudadano hay que explicárselo: la Justicia es lenta y muchas veces injusta porque faltan funcionarios, así de claro. España es uno de los países de su entorno con menos empleados públicos y también con menos jueces por habitante. La crisis ha servido de excusa para reducir aún más el empleo público, imponer tasas judiciales que abortan los derechos fundamentales y, en suma, deteriorar el servicio público de la justicia. Dime cómo es el acceso a la Justicia y te diré la calidad de la democracia.

Los derechos de los justiciables, la salud de los profesionales del Derecho y la eficacia y equidad en la resolución de los conflictos requieren una Justicia Slow: una Justicia con más pausa, reflexión, calma, conocimiento, puestos de trabajo y jornadas menos intensas. Una Justicia, como predica el movimiento Slow, que responda con la velocidad adecuada a cada situación.

El desafío del periodismo jurídico

El próximo lunes 11 de marzo tendrá lugar en el salón de Grados de la Facultad de Derecho de la USAL el primer Seminario de Periodismo Jurídico, que impartirán distintos profesores expertos en la materia. Se trata de una interesante iniciativa promovida por la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) en colaboración con la Facultad de Derecho, que se dirige tanto a periodistas como a estudiantes e interesados en general, con el doble objetivo de mejorar la información jurídica que difunden los medios de comunicación y abordar la problemática jurídica que suscita la actividad periodística.

El Seminario nace del interés de los propios periodistas en mejorar su formación, una actitud digna de encomio, más aún si tenemos en cuenta la situación de desempleo y precariedad que afecta al sector. Y la materia elegida no podía ser más oportuna. En una sociedad compleja y conflictiva, como la actual, la actualidad informativa se halla impregnada de juridicidad, y no sólo por la proliferación de procesos judiciales de interés público, ya que no todas las controversias de interés informativo se judicializan; de ahí que sea un acierto la denominación de “periodismo jurídico”, más amplia que la de “periodismo judicial”.

La exigencia de rigor periodístico a la hora de abordar cuestionas jurídicas no es baladí. Pongamos un ejemplo de rabiosa actualidad: el llamado caso Bárcenas. Algunos medios de comunicación están utilizando indistintamente los conceptos de demanda y denuncia. Demanda es el acto procesal que en general inicia un proceso civil. En cambio, denuncia es el acto por el que se da conocimiento de unos hechos que podrían ser delictivos. Para interpretar correctamente la contundencia de las acciones que están ejercitando las distintas personas implicadas resulta necesario informar con precisión sobre quiénes optan por la vía civil y quiénes optan por la vía penal.

Pero los errores que aparecen en las informaciones jurídicas no siempre obedecen a la insuficiente formación especializada de los periodistas. También existen responsabilidades en el mundo del Derecho, que históricamente se ha aislado en una burbuja de tecnicismos y ha sido reacio a divulgar sus funciones. El lenguaje que utilizan los operadores jurídicos a veces resulta innecesariamente complejo, y casi siempre obvia que, en definitiva, es el ciudadano el destinatario último de sus servicios.

Para revertir esta situación, en 2009 se creó la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Esta Comisión ha defendido que los ciudadanos tienen un derecho a comprender, y, por cierto, también ha hecho algunas recomendaciones a los periodistas: “Los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurídico a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro lenguaje son distintos. En consecuencia, entendemos que los periodistas tienen una mayor exigencia de claridad y una menor exigencia de rigor técnico. En definitiva, los profesionales de la comunicación deben asumir un papel activo en la ‘traducción’ y explicación del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho”. Habría que añadir que el desafío del periodismo jurídico radica en facilitar la comprensión sin sacrificar el rigor. Un difícil equilibrio que no siempre se alcanza.

La solución pasa, entre otras cosas, por una mayor cooperación entre juristas y periodistas. El último Barómetro de Opinión del CIS concluye que jueces y periodistas son las profesiones peor valoradas por la ciuda/danía. Un estímulo para mejorar.

Artículo publiado en el diario El Adelanto (8/3/2013).

 

Justicia en lucha

La huelga de jueces y fiscales del pasado miércoles ha tenido un notable éxito. A pesar de la habitual guerra de cifras, los porcentajes de participación en todo caso son relevantes y la frenética actividad de los Juzgados se ha visto paralizada. Las razones que motivan el conflicto son variadas y complejas, pero en todo caso justificadas. Todas las medidas criticadas guardan en común dos puntos esenciales: el incumplimiento del programa electoral del partido gobernante y la debilitación de la Justicia en tanto que administración y poder público.

La reducción de las partidas presupuestarias en materia de Justicia está deteriorando aún más un servicio público infrafinanciado durante décadas, una de las causas de la anemia democrática de nuestro país. Además, la supresión de centenares de jueces sustitutos ha sobrecargado de trabajo a unos Juzgados ya colapsados. De acuerdo con los datos que ofrece el Consejo de Europa, en nuestro país hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 de Alemania, una cifra que nos sitúa en la cola de Europa, una vez más. ¿Dónde están los analistas que denuncian un exceso de funcionarios en nuestro país? O están mal informados o son funcionarios de los mercados, que permitiría decir Carlos Floriano.

Los frentes abiertos por el ministro Gallardón son innumerables. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la legítima discrepancia sobre el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, ha sido percibida como impuesta y autoritaria. Una constante de todas estas reformas es la falta de un diálogo sincero entre los sectores implicados; en una materia tan sensible, al problema de fondo se une el problema de forma.

Por supuesto, como todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales se han opuesto con rotundidad a la ley de tasas judiciales, lo que desacredita la crítica corporativista a sus protestas. No en vano, el poder judicial está asumiendo un incipiente papel en la defensa del Estado social y democrático de Derecho frente a la ofensiva de otros poderes (privados y públicos). En un contexto de degradación de la política, la ciudadanía debería poder aferrarse a la comunidad jurídica para controlar al poder económico. La democracia como engranaje de frenos y contrapesos (checks and balances).

Pese a la anunciada reducción de las tasas judiciales, éstas seguirán teniendo cuantías desorbitadas y privarán del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a cientos de miles de personas: un ataque frontal sin precedentes al Estado constitucional de Derecho. En cualquier caso, la rectificación parcial de Gallardón supone la constatación de un error político de primera magnitud, y pone de relieve que la movilización y la unidad de todos los sectores afectados de la sociedad civil (operadores jurídicos, asociaciones de consumidores, sindicatos…) resulta útil y eficaz.

¿Se anunciarán nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá, pero el conflicto puede decirse que está más cerca del inicio que del final. Es más, la reacción de algunos sectores políticos y mediáticos ha sido la de arremeter contra los huelguistas e incluso negar la existencia del derecho fundamental a la huelga debido a la posición constitucional que ocupan los jueces. El derecho a la huelga de los jueces es una cuestión muy discutida y polémica tanto en el ámbito político como en el académico-jurídico. Pero lo que es indiscutible es que las reclamaciones de los jueces, defendidas por la mayoría de sus asociaciones profesionales, son legítimas y, además, han sido defendidas con respeto, civismo y la valentía que exige un momento de tanta trascendencia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (22/02/2013).

Activismo judicial

A estas alturas del partido deberían ser pocos los ciudadanos que ignoran lo que está pasando: la gravedad de la actual situación político-económica no reside tanto en la crisis económica como en el modelo de sociedad que se pretende construir con la excusa de la crisis. El poder económico privado, a través de sus mandatarios políticos, pretende derogar, y de hecho lo está logrando, el pacto que erigió el Estado social y democrático de Derecho, consagrado en nuestro país en la Constitución de 1978. Nos hallamos, por tanto, en el transcurso de un proceso de deconstitucionalización, que consiste en el desmantelamiento de las bases constitucionales: desde los poderes públicos hasta los derechos de las personas.

El poder legislativo, aun cuando formalmente tiene legitimidad democrática, ha sido capturado por las elites económicas a través de la actuación de lobbies y una continua cesión de soberanía a instancias como la Unión Europea y otras organizaciones que no pueden considerarse democráticas. Su actuación se limita a satisfacer las demandas de los acreedores: recortes para pagar una deuda ilegítima y facilidades para aumentar sus beneficios (véanse las reformas laboral y financiera).

En cuanto al poder ejecutivo, si es que tiene sentido mantener tal distinción en escenarios de mayoría absoluta, más de lo mismo. Por la puerta giratoria entran los gobernantes de hoy y salen los grandes empresarios de mañana. Así es difícil esperar decisiones distintas de las que estamos viendo: privatizaciones de servicios públicos y despidos masivos de empleados públicos; en suma, la implementación de unas Administraciones despublificadas.

El poder judicial, por su parte, está siendo objeto de fuertes tensiones. Aunque no es nuevo, existe un renovado intento de captura para evitar un posible contrapeso judicial al proceso de deconstitucionalización e incluso vehicular la respuesta penal del Estado a una ciudadanía disconforme que, aun con retraso, está saliendo a la calle. La limitación del acceso a la Justicia que ha supuesto la Ley de tasas judiciales también contribuye a ese objetivo de eliminar mecanismos de defensa ante las sucesivas contrarreformas.

Suele decirse que la Justicia es la gran asignatura pendiente de nuestro país, ora por la falta de medios que agilicen su actividad, ora por la tibieza de su compromiso democrático. Aun cuando la Justicia todavía conserva rasgos de inmovilismo e indeseable neutralidad (una imparcialidad mal entendida, por ejemplo, en la interpretación de las normas jurídicas injustas), no es la misma  maquinaria predemocrática de otros tiempos, y en estos momentos tiene la oportunidad histórica de posicionarse del lado de la gran mayoría de ciudadanos desposeídos.

Hasta el momento la reacción judicial al desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho no es generalizada, pero sí comienza a dejarse notar en algunos casos: la respuesta unitaria de los operadores jurídicos frente a las tasas judiciales, las resoluciones judiciales que cuestionan la abusiva legislación hipotecaria o algunas decisiones recientes de trascendencia política como la suspensión cautelar del cierre nocturno de las urgencias en Castilla-La Mancha.

La agitación del Derecho es la constatación del fracaso de la política. Pero el activismo judicial es hoy más necesario que nunca: la Justicia puede ser una compuerta de la democracia, un nuevo foco de resistencia desde y para la ciudadanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (25/01/2013).

Sin Justicia

Las numerosas afrentas hacia el Estado Social y Democrático de Derecho de los últimos años dificultan la labor de fiscalización que deben realizar tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, que no pueden atender a cada una de ellas con la dedicación necesaria. Pero no sólo es una cuestión cantidad. Los medios de comunicación responden a unos intereses económicos y financieros muy definidos que comprometen la labor profesional de los periodistas y permiten cribar la agenda pública. La sociedad civil, en cambio, no suele disponer de los recursos económicos, materiales y personales para llegar a todas partes, y a veces carece de la audacia necesaria para identificar las prioridades y coordinarse mejor.

Una de las afrentas más graves y que está pasando más desapercibida es la limitación del acceso a la Justicia. La inminente y descabellada subida de las tasas judiciales de facto privará a cientos de miles de ciudadanos del servicio público de la Justicia. La reducción de las partidas presupuestarias destinadas al servicio de asistencia jurídica gratuita, así como los graves problemas de morosidad que arrastran las administraciones para pagar a los letrados que prestan el servicio, suponen una grave discriminación a los ciudadanos que carecen de recursos.

El ámbito de la justicia gratuita refleja a la perfección los efectos devastadores que provocan los recortes en un Estado del bienestar que nunca ha tenido un desarrollo satisfactorio. El modelo español de justicia gratuita siempre se ha acercado más al de un Estado asistencial que al de un Estado Social, pues se basa en una suerte de colaboración público-privada  que pone un servicio público en manos de profesionales del sector privado (con todos los matices que las limitaciones de espacio exigen omitir). Un modelo con muchos partidarios en tanto que, se dice, garantiza la independencia de los abogados, que no existiría si los letrados fueran funcionarios, argumento demasiado débil porque igualmente pondría en cuestión la independencia de la judicatura. Si este modelo ha salido adelante sólo ha sido por el sacrificio y el altruismo de los abogados, cuya paciencia, al menos en Madrid, parece haberse agotado (en la práctica han iniciado una especie de huelga indefinida). Al tratarse de programas de carácter asistencial, las administraciones pueden recortar o dejar de pagar con mayor facilidad que si tuvieran que despedir a empleados públicos: sutil diferencia entre beneficencia y servicio público.

Lo que está sucediendo con la Justicia también permite advertir las intenciones ocultas de quienes agitan un renovado discurso centralista que culpa a las comunidades autónomas de todos los males del país. Ante los problemas de las comunidades autónomas para financiar la asistencia jurídica gratuita, los gobiernos autonómicos reclaman la asunción de la competencia por el Estado, que finalmente ha optado por financiar la justicia gratuita con el incremento de las tasas judiciales. Conclusión: servicios públicos que financiaban las autonomías vía impuestos ahora son costeados por la ciudadanía vía copago. El centralismo como excusa para podar el Estado del bienestar.

Decía la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”. Una lectura actualizada del principio de separación de poderes nos debería alertar de la creciente y vergonzosa subordinación de los poderes públicos a los poderes privados. Y una lectura atemporal de aquella proclamación sugiere una última reflexión: sin garantías como el acceso a la Justicia, los derechos sólo son papel mojado frente a la ley de la selva.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (05/10/2012).