¿La mediación como alternativa?

La Ley de tasas judiciales va a impedir el acceso a la Justicia a la ciudadanía española. No es una noticia más. En los países en desarrollo, el acceso a la Justicia constituye un indicador básico para afirmar la existencia de un Estado de Derecho. No cabe decir aquello de que esta ley convierte a España en una república bananera, y no sólo porque la monarquía siga operante, sino porque en las nuevas repúblicas bananeras llevan tiempo tomándose en serio el acceso a la Justicia.

Uno de los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia para justificar las tasas judiciales es la necesidad de fomentar otros procedimientos de resolución de conflictos, en particular la mediación. Veamos en qué consisten estos procedimientos.

El mecanismo ordinario para resolver los conflictos de todo tipo es el proceso judicial. De acuerdo con nuestra Constitución, los juzgados y tribunales son los encargados de ejercer en exclusiva la potestad jurisdiccional. Sin embargo, en los últimas décadas, con más peso en los países anglosajones, se han desarrollado los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, conocidos por las siglas ADR: Alternative Dispute Resolution. Estos métodos pretenden desjudicializar los conflictos, si bien ha de quedar claro que constituyen una vía complementaria a la Administración de Justicia. En un primer momento predominó el arbitraje, método consistente en que las partes en conflicto acuerdan someter la cuestión litigiosa a un árbitro cuya decisión es de obligado cumplimiento.

Más reciente es el auge de la mediación, mecanismo voluntario de gestión y resolución de conflictos que pretende la superación de la controversia mediante acuerdos cooperativos, promovidos, que no impuestos, por un mediador profesional. En nuestro país la moda de la mediación se ha plasmado en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, norma que recuerda el carácter complementario de la mediación y su eficacia “cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible”, es decir, cuando no entra en juego el interés público.

Alberto Ruiz-Gallardón ha olvidado dos premisas esenciales de su propia ley. En primer lugar, la mediación es complementaria de la Administración de Justicia, pero nunca puede ser sustitutiva. Sin embargo, el nuevo plan del ministro parece claro: privar el acceso a la Justicia a fin de privatizarla. Con ello no sólo logrará mermar los derechos de las personas, sino que también provocará el fracaso de la mediación, método que se fundamenta en la voluntariedad.

En segundo lugar, como reconoce la propia Ley de mediación, este mecanismo no es eficaz para todo tipo de conflictos, sino sólo en aquéllos que diriman intereses privados. Es más, suele haber consenso en que la mediación no es idónea para resolver conflictos cuando existe un desequilibrio de poder entre las partes. Pues bien, hace unos días el ministro ha manifestado su voluntad de introducir la mediación en los asuntos penales y contencioso-administrativos, ámbitos en los que opera el interés público y no existe igualdad de armas entre las partes.

La mediación como método para resolver conflictos goza de numerosas virtudes, sobre todo porque permite convertir los conflictos en oportunidades de mejora. Pero si Gallardón pretende que la mediación sustituya a la Administración de Justicia y resuelva cuestiones de interés público, estará cargándose dos pájaros de un tiro: la Justicia y la mediación.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (30/11/2012).