Listas negras

La apasionada intervención de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la Comisión de Economía del Congreso sobre el problema de los desahucios ha vuelto a poner de relieve la brecha abierta entre la realidad social y el legislador. Las dificultades de cientos de miles de personas para hacer frente al pago de unos préstamos hipotecarios a todas luces abusivos constituyen un drama social de incalculable magnitud que el poder público no está afrontando con la debida intensidad.

La injusta legislación hipotecaria es la piedra de toque de una inmoralidad sistémica reflejada tanto en la subordinación del derecho a la vivienda a intereses especulativos como en la creciente desigualdad de renta entre los de arriba y la gran mayoría de ciudadanos. El problema de fondo es que hay demasiadas casas sin personas y demasiadas personas sin casas, sin perjuicio de que haya que dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor urgencia.

Cierto sector de opinión, con más o menos contundencia, defiende que no es posible resolver el problema hipotecario para no vulnerar el principio de seguridad jurídica; en definitiva, dicen que lo pactado está para cumplirse, e incluso aluden cínicamente a la discriminación que podría crearse a quienes sí pagan sus hipotecas o alquileres. Pero el Derecho, que no deja de ser una técnica al servicio de la ciudadanía en un Estado democrático, también aporta las herramientas necesarias para solucionar el problema.

De entrada, la seguridad jurídica es un fin y un principio general del Derecho, pero no el único. Una aplicación estricta y descontextualizada del principio de seguridad jurídica provocaría situaciones de injusticia. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico contempla la llamada cláusula “rebus sic stantibus” (en oposición al principio de que todo lo pactado obliga: “pacta sunt servanda”) que permite la revisión de las condiciones pactadas en un contrato cuando sobrevienen circunstancias imprevisibles. La jurisprudencia aplica esta cláusula de manera muy restrictiva, pero en todo caso su vigencia podría justificar la aprobación de nuevas normas jurídicas que reestructuren las condiciones de los préstamos hipotecarios. La crisis económica, en sentido general, podría constituir un cambio de circunstancias en sí mismo; no en vano, ningún organismo oficial, interno o internacional, predijo su gravedad.

Una vez más, el problema es de voluntad política. Incluso el tipo de medidas adoptadas para lograr un objetivo de consenso responde a los intereses creados. Parece haber consenso en que hay que aumentar los ingresos tributarios, por lo que el Gobierno plantea publicar una lista con los mayores defraudadores a Hacienda, eso sí, habiendo antes garantizado el anonimato de quienes se acogieron a la amnistía fiscal.

Igualmente, parece haber consenso en que el actual es un buen momento para fomentar el alquiler, por lo que el Gobierno plantea crear una ‘lista negra’ de inquilinos condenados por morosos para transmitir confianza a los propietarios. Podrían adoptarse medidas muchos más eficaces (iniciativa pública, alquiler social, revisión de la fiscalidad de las viviendas vacías, etc.), pero se opta por señalar a quien no paga, en su inmensa mayoría, porque no puede.

Las ‘listas negras’ nunca encajan bien en sociedades democráticas y cohesionadas. Un registro público de morosos siempre colisiona con el derecho a la intimidad, pero además, en este caso, estigmatiza a las personas y cataliza la exclusión social, limitando su acceso a un bien de primera necesidad. Si en los mercados todos somos iguales, dicen, podríamos elaborar la lista negra de los culpables de la crisis. Mientras tanto, los calígrafos hacen su agosto con la lista negra de Bárcenas, que tiene la virtud de ser filtrada y falsa a la vez.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (08/02/2013).

De la morosidad a la usura

A estas alturas, sabido es que la crisis económica ha golpeado con fuerza a las arcas públicas, en particular por la pérdida de ingresos que provoca la disminución de la actividad económica, de tal forma que los problemas de morosidad de las Administraciones públicas se han acrecentado. La mala costumbre adquirida por nuestras Administraciones de pagar tarde a sus contratistas y proveedores genera graves problemas de liquidez en el sector privado, que alimentan la cadena de impagos y pueden resultar letales para las pymes.

En la actualidad, las Administraciones tienen el deber de pagar en un plazo de 40 días. Sin embargo, la legislación en materia de lucha contra la morosidad ha sido reiteradamente incumplida. Fruto de estas prácticas ciertamente nocivas para la economía, los últimos Gobiernos han adoptados diversas medidas correctoras, con distinto alcance y limitado éxito. Así las cosas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha priorizado la solución al lastre de la morosidad de las Administraciones públicas, aprobando recientemente el conocido como Plan de Pago a Proveedores, que pretende movilizar 35.000 millones de euros. La politización del problema de la morosidad debe saludarse, pero la medida plantea serios interrogantes. El Plan consiste en la creación de un Fondo, dotado de capital mayoritariamente privado, al que acudirán los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.  En la práctica, las Administraciones territoriales contraerán préstamos con las entidades financieras para poder pagar las facturas adeudadas a sus proveedores. Éstos deben renunciar a percibir los intereses que legalmente les corresponden si quieren acogerse al Plan, por lo que estamos ante un verdadero Derecho de excepción que contraría la legislación general y socava la seguridad jurídica en perjuicio de sus legítimos intereses económicos, a lo que hay que añadir la posibilidad que tienen las empresas de ofrecer un descuento como criterio para la prioridad del pago.

El Plan suscita otras objeciones del mismo o mayor calado. Y es que las entidades financieras aquí también van a sacar tajada. El interés de los préstamos que concederán los bancos a las Administraciones se situará en torno al 5%, según explicó el ministro De Guindos. Las entidades financieras ya se han beneficiado de cuantiosas ayudas públicas como consecuencia de su pésima gestión, han obtenido préstamos del Banco Central Europeo al 1% y, en el marco de su actividad especulativa, han adquirido deuda pública al 5%. Con el nuevo Plan, la banca vuelve a realizar una jugada maestra: del problema de la morosidad se lucrará con intereses que, a tenor del contexto, bien podrían considerarse usurarios. Un lucro que se obtiene a costa de los intereses a los que deberán renunciar las pymes y de los intereses (y derechos) de los ciudadanos tras los planes de ajuste que obligatoriamente han de adoptar las Administraciones para acogerse al Plan. Tampoco debemos olvidar que, tras la última reforma constitucional, el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. Las pymes que suministran bienes y servicios a las Administraciones, y también los ciudadanos que sufren los atrasos de la Ley de Dependencia o los empleados públicos que en no pocos lugares cobran con creciente demora, han de saber que existen prioridades. Si la economía se ha convertido en un casino, da la impresión de que unas pocas personas conocen las reglas y probabilidades del juego. Como los Pelayos, aquella familia que se hizo millonaria por su calculado acierto en las ruletas y cuya historia recientemente ha llegado a la gran pantalla, la banca siempre gana.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/05/2012)