El desafío del periodismo jurídico

El próximo lunes 11 de marzo tendrá lugar en el salón de Grados de la Facultad de Derecho de la USAL el primer Seminario de Periodismo Jurídico, que impartirán distintos profesores expertos en la materia. Se trata de una interesante iniciativa promovida por la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) en colaboración con la Facultad de Derecho, que se dirige tanto a periodistas como a estudiantes e interesados en general, con el doble objetivo de mejorar la información jurídica que difunden los medios de comunicación y abordar la problemática jurídica que suscita la actividad periodística.

El Seminario nace del interés de los propios periodistas en mejorar su formación, una actitud digna de encomio, más aún si tenemos en cuenta la situación de desempleo y precariedad que afecta al sector. Y la materia elegida no podía ser más oportuna. En una sociedad compleja y conflictiva, como la actual, la actualidad informativa se halla impregnada de juridicidad, y no sólo por la proliferación de procesos judiciales de interés público, ya que no todas las controversias de interés informativo se judicializan; de ahí que sea un acierto la denominación de “periodismo jurídico”, más amplia que la de “periodismo judicial”.

La exigencia de rigor periodístico a la hora de abordar cuestionas jurídicas no es baladí. Pongamos un ejemplo de rabiosa actualidad: el llamado caso Bárcenas. Algunos medios de comunicación están utilizando indistintamente los conceptos de demanda y denuncia. Demanda es el acto procesal que en general inicia un proceso civil. En cambio, denuncia es el acto por el que se da conocimiento de unos hechos que podrían ser delictivos. Para interpretar correctamente la contundencia de las acciones que están ejercitando las distintas personas implicadas resulta necesario informar con precisión sobre quiénes optan por la vía civil y quiénes optan por la vía penal.

Pero los errores que aparecen en las informaciones jurídicas no siempre obedecen a la insuficiente formación especializada de los periodistas. También existen responsabilidades en el mundo del Derecho, que históricamente se ha aislado en una burbuja de tecnicismos y ha sido reacio a divulgar sus funciones. El lenguaje que utilizan los operadores jurídicos a veces resulta innecesariamente complejo, y casi siempre obvia que, en definitiva, es el ciudadano el destinatario último de sus servicios.

Para revertir esta situación, en 2009 se creó la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Esta Comisión ha defendido que los ciudadanos tienen un derecho a comprender, y, por cierto, también ha hecho algunas recomendaciones a los periodistas: “Los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurídico a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro lenguaje son distintos. En consecuencia, entendemos que los periodistas tienen una mayor exigencia de claridad y una menor exigencia de rigor técnico. En definitiva, los profesionales de la comunicación deben asumir un papel activo en la ‘traducción’ y explicación del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho”. Habría que añadir que el desafío del periodismo jurídico radica en facilitar la comprensión sin sacrificar el rigor. Un difícil equilibrio que no siempre se alcanza.

La solución pasa, entre otras cosas, por una mayor cooperación entre juristas y periodistas. El último Barómetro de Opinión del CIS concluye que jueces y periodistas son las profesiones peor valoradas por la ciuda/danía. Un estímulo para mejorar.

Artículo publiado en el diario El Adelanto (8/3/2013).

 

Está pasando

Los últimos datos de los ERE, en particular el exponencial aumento de los que carecen de acuerdo, ponen de manifiesto una vez más la finalidad real de la reforma laboral: despedir más fácil y abaratar los salarios. Ni la troika, ni los gurús de la academia ni su alumno aventajado, el Gobierno, lo reconocerán, porque los dividendos de esta mentira son muy suculentos. Uno de los colectivos de trabajadores más perjudicados por la crisis, antes y, con mayor intensidad, después del reformazo, es el de periodistas.

Cuando hablamos de información, de los derechos a informar y a ser informado, fundamentales en democracia, siempre hay que distinguir dos niveles de análisis: el de los medios de comunicación y el de los periodistas. El sector vive una auténtica catarsis, ya que la situación de crisis económica converge con una reestructuración motivada por el auge de los soportes electrónicos. En cuanto al primer nivel de análisis, los medios de comunicación deberían actuar como agencias de calificación de la realidad, pero no cumplen su función esencial con objetividad, porque al igual que Moody’s y compañía respecto de los activos financieros, no tienen incentivos para hacerlo. Por eso, en buena medida, mentiras como la reforma laboral, que no son nuevas, continúan  siendo tan rentables. El porqué de esta situación es evidente (basta intuir cómo opera el poder económico), pero el discurso que la sustenta, escasamente cuestionado, no es tan sólido. Es frecuente que se confunda, de forma interesada, la libertad de expresión con la propiedad ilimitada de los medios de comunicación. ¿Por qué no aplicar el Derecho de la Competencia, las normas que pretenden evitar la creación de oligopolios, a los medios de comunicación? Si se eliminasen los oligopolios mediáticos (grandes grupos, magnates) aumentaría el pluralismo informativo; es decir, resulta necesario regular el derecho a informar para garantizar el derecho a ser informado. Por si fuera poco, la última contrarreforma del Gobierno pone fin a la conquista de la neutralidad informativa alcanzada por RTVE, un oasis de rigor en el desierto mediático.

El otro nivel de análisis, el de los periodistas, plantea otros problemas. En la mayoría de los casos, los periodistas no son responsables de la manipulación informativa, sino víctimas de los intereses espurios de quienes dirigen los medios de comunicación. Debido a las crecientes voces que pretenden desregular el ejercicio de todas las profesiones, parece improbable que la situación se revierta y los periodistas se doten de un estatuto que proteja su independencia. Pese a la revolución que ha supuesto internet, la irrupción del periodismo ciudadano y la eclosión de las redes sociales, la profesión de periodista no ha perdido su sentido, al contrario, la sobredosis de información que padecemos requiere de un tratamiento metódico y riguroso que sólo los periodistas pueden ofrecer.

Pero la realidad se aleja bastante del ideal democrático. De forma paralela a la concentración de los medios en menos manos, la profesión de periodista cada vez goza de peor salud. La pérdida de empleos y los niveles de precariedad laboral (falsos autónomos, bajos salarios, abuso de la tradicional figura del becario, etc.) han alcanzado cotas inaceptables. En definitiva, no hay que confundir las prácticas abusivas de los medios de comunicación con la situación de los periodistas. La mayoría de ellos tensan la cuerda de la objetividad informativa al máximo, incluso en los casos en que rellenan las páginas de los diarios tras reiterados impagos. Ellos dejan de cobrar, pierden sus empleos y lo pagamos todos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (27/7/2012).