A vueltas con la deuda

La dramática situación de nuestra economía, como no puede ser de otra forma, centra el debate público, mediático y cotidiano. Empero, todavía hoy no hay consenso sobre las causas de la crisis, cuestión crucial porque condiciona las respuestas que pueden adoptarse. Esta discrepancia no obedece a la dificultad técnica del análisis, sino a la existencia de intereses económicos contrarios. Así, un importante sector de opinadores profesionales responsabiliza de la crisis al excesivo gasto público, una mentira tan reproducida que al final ha terminado calando en la opinión pública. Pero lo cierto es que, antes de que comenzase la crisis, nuestro país era uno de los más cumplidores con el dogma de la estabilidad presupuestaria, llegando a tener incluso superávit y siendo uno de los países de la Unión Europea con menor deuda pública (incluso actualmente nuestra deuda pública es menor que la alemana). Cuando estalla la crisis económica mundial como consecuencia de la avaricia de los financieros, España se ve muy afectada por su mayor vulnerabilidad, y allá por el año 2008 comenzamos a tener problemas en nuestras cuentas públicas por diversas razones: reducción de ingresos porque nuestro sistema impositivo dependía injustamente de la coyuntura y no de la capacidad económica, más gasto en prestaciones por desempleo y algunas medidas paliativas como el Plan E. Y, sobre todo, a lo largo de estos años, el agujero en las cuentas públicas se produce cuando el Estado comienza a rescatar entidades financieras (desde avales hasta nacionalizaciones temporales), ya que si en un principio parecían haber eludido el contagio internacional, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria revelaba graves problemas contables. Es necesario retener este dato: el desajuste fiscal se produce al intentar salir de la crisis, pero no es la causa de la crisis, y además se debe a que convertimos deuda privada (generada por los desmanes de banca y constructores) en deuda pública. Por supuesto, los que están interesados en cobrar la deuda contraída por el sector financiero, bien representados en Bruselas, imponen desde el comienzo una política de austeridad que sólo puede abocar, como se está comprobando, al hundimiento de la economía.

Así las cosas, España recurre a las subastas de deuda pública para financiarse, es decir, pedimos a los famosos mercados que nos presten dinero. Esos mercados no son sino gestores de fondos de inversión y otras alimañas que desde el anonimato pueden apostar a arruinar países para aumentar sus beneficios. Eso es lo que pasa cuando sube la dichosa prima de riesgo, que los especuladores se lucran con operaciones secretas provocando el aumento del tipo de interés que España paga en las subastas del Tesoro. A estas alturas nadie puede creerse que el tipo de interés de la deuda pública dependa de una valoración racional de nuestra solvencia. Los recortes no sacian a los especuladores y sólo sirven para mermar aún más las cuentas públicas. Y quienes imponen la política de austeridad y la asumen con gusto o resignación saben que sólo contribuyen a empeorar las cosas, como también y tan bien lo sabe la ciudadanía griega.

¿Soluciones? Claro que hay alternativas para crear empleo y salir de la crisis, y claro que podemos evitar la especulación con nuestra deuda, con otra regulación, con la ayuda del Banco Central Europeo e incluso con el Código Penal en la mano. Pero sobre todo hemos de tener claro que en España la ciudadanía nunca estuvo de fiesta y que no hemos tenido un gasto público excesivo, que buena parte de nuestra deuda pública es ilegítima, y que existe una solución: auditarla y no pagarla, el repudio, la declaración unilateral de que su crisis no la pagamos. Si comenzamos a barajar la opción del repudio, en Europa dejarían de cogernos por el cuello. mllamas@icasal.com

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (20/07/2012)