Diarrea legislativa

Suele haber consenso en considerar la seguridad jurídica como parámetro de las economías más desarrolladas. En el ámbito económico, la seguridad jurídica consiste, a grandes rasgos, en que los inversores pueden saber a qué marco regulatorio atenerse. Partiendo de esta premisa, y bajo el paraguas de la Unión Europea, se ha desarrollado un movimiento más amplio que aboga por la calidad de las normas jurídicas, la simplificación normativa y la better regulation o buena regulación, noción, por cierto, que se incluyó en la olvidada Ley de Economía Sostenible. Este discurso axiomático y algo vago (¿quién no está de acuerdo en que las leyes sean necesarias, claras y sencillas?), en cualquier caso, parece haberse diluido tras la irrupción de la crisis económica. El fenómeno de la creación excesiva de normas jurídicas no es nuevo, hasta tal punto que los juristas han acuñado términos como motorización legislativa o diarrea legislativa. Pero en los últimos tiempos el legislador está completamente desatado, y ya hay expertos que hablan de un Derecho de la Crisis, como si se tratara de un sector autónomo del ordenamiento jurídico. Uno de los sectores económicos más agitados está siendo el financiero. La permanente reforma financiera del Gobierno (iniciada con el anterior Ejecutivo) nos evoca a Bill Murray en ‘Atrapado en el tiempo’ intentando dejar atrás el repetitivo Día de la marmota. El BOE ha publicado, entre otros, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito; el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros; el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero; el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero; y, finalmente, el penúltimo, porque no será el último, el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Reforzamiento, saneamiento, reestructuración, resolución, ¿cuál será el próximo eufemismo? En este ámbito el concepto de diarrea legislativa es más que oportuno, porque después de todo no se está consiguiendo otra cosa que la evacuación incontrolada de las heces financieras y la deshidratación de la economía real. El sistema financiero está podrido, y sabido es que la diarrea es una de las principales causas de muerte en los países subdesarrollados.

Otras de las características de este Derecho de la Crisis es su déficit democrático. Primero, porque numerosas normas están inducidas por poderes económicos privados y organizaciones internacionales que no se presentan a las elecciones ni rinden cuentas ante los ciudadanos. Segundo, porque el Gobierno está recurriendo en exceso a la figura del Decreto-ley, fórmula constitucional que permite al Ejecutivo aprobar normas con rango de ley para responder a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Aunque la jurisprudencia es bastante flexible, conviene recordar que se trata de un procedimiento excepcional. La normalización del uso del Decreto-ley supone la alteración de las bases del sistema parlamentario español, comporta un sesgo autoritario y, además, al excluir la participación de los parlamentarios, empeora el resultado final de las leyes.

No se puede decir que el legislador ignora la crisis. Otra cuestión es si la crisis se ha convertido en un pretexto para legislar en un concreto sentido. ¿Han asumido algún tipo de responsabilidad los promotores de las múltiples reformas laborales que eliminaron derechos y, decían, crearían empleo?

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (07/09/2012).

Anuncios