Arribes Quiere Vida

Dícese que el puente de la Inmaculada (para el que lo tuviera) sirve de antesala a las compras navideñas (para el que pueda hacerlas). Pero en estos días han tenido lugar dos celebraciones que en la actual coyuntura cobran especial relevancia: el 34 aniversario de la Constitución Española y el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra Carta Magna no es un arma arrojadiza contra los nacionalismos periféricos, como pudiera percibir el observador ingenuo de nuestra actualidad política, sino una meritoria conquista de dignidad alcanzada por la ciudadanía española, con sus límites y limitaciones (más aún al consagrar recientemente la prioridad absoluta del pago de la deuda), pero con notable generosidad en el reconocimiento de derechos, cuya amplitud, con total seguridad, desagrada actualmente a los mercados y a la troika.

Y qué decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito histórico en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en particular por la fuerza de su valor simbólico, valga el oxímoron. Digo que es preciso poner en valor las conquistas de los derechos de las personas, sobre todo porque no se trata de un proceso irreversible, a la vista está, sino susceptible de contrarreformas que en un abrir y cerrar de ojos pueden acabar con costosos logros de varias décadas.

Un excelente libro publicado días atrás, La Tierra de la Libertad, escrito por el periodista Francisco Álvarez con ilustraciones de Guillermo Liroz (Ediciones Seronda), resume a la perfección esa larga travesía hacia el reconocimiento de los derechos humanos, por cierto, editado con un encomiable diseño, como si se tratara de un contrapunto metafórico frente a la ideología de la austeridad. Sus páginas, que en realidad transcriben las luchas de personas en su mayoría anónimas, nos deben inspirar a la hora de proteger las conquistas logradas y explorar nuevos caminos hacia la dignidad humana.

En el ámbito de la sanidad se constata tal encrucijada. Nuestra Constitución de 1978 reconoció el derecho a la protección de la salud, si bien no le otorgó las mismas garantías que tienen los derechos fundamentales. La Ley General de Sanidad, de 1986, universalizó la sanidad, en el mismo año, por cierto, en que se suprimieron las tasas judiciales. Si bien no hay que perder de vista el deseable horizonte de la juridificación de los derechos sociales y del reconocimiento de la salud como derecho fundamental, la actual ofensiva contra el derecho a la salud obliga, no obstante, a centrar los esfuerzos en defender lo alcanzado.

Recortes, despidos de personal, copagos y privatizaciones se están generalizando a pesar de una creciente marea blanca de rechazo. Algunos recortes, como los aprobados en Castilla y León, por la inmediatez de sus consecuencias, trascienden el derecho a la salud y afectan al derecho fundamental a la vida. El cierre de las urgencias nocturnas en las zonas rurales supone el desmantelamiento de nuestro modelo sanitario en tanto que socava la zona básica de salud como marco de referencia. Hablando en plata, vivir en zonas rurales puede costar la vida, ése es el precio de la austeridad, impuestos incluidos, podría decirse.

Los vecinos de Las Arribes sí están haciendo guardias nocturnas para defender lo nuestro. Impulsores de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 horas, y bajo su revelador lema “Arribes Quiere Vida”, nos dan un admirable ejemplo de dignidad. Unos escriben una nueva página en la crónica global de los derechos humanos, otros, a lo sumo, pasarán a la historia como verdugos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (14/12/2012).

Anuncios