Inseguridad

Las noticias que llegan de Chipre, con una explosiva mezcla de inmediatez e incerteza, han aumentado la sensación de inseguridad que padece la ciudadanía. La seguridad en sentido amplio es uno de los rasgos más elementales que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho, fórmula jurídico-política que atempera una sociedad de riesgos.

Una de las acepciones más recurrentes del término es la de seguridad jurídica, que consiste, a grandes rasgos, en que los ciudadanos tenemos la capacidad de saber a qué atenernos, de predecir las actuaciones de los poderes públicos, en los últimos tiempos, referidas especialmente al ámbito económico, debido al predominio ideológico de la economía sobre todo lo demás. La seguridad jurídica se ha convertido en uno de los parámetros más importantes para constatar si un Estado puede calificarse como Estado de Derecho.

Otra acepción de seguridad se ha potenciado en los últimos lustros, la que resulta de un enfoque penal o policial; en ocasionas incluso ha sacrificado otro bien supremo de nuestro ideal de convivencia: la libertad. Un miedo irracional se coló en nuestras vidas, o mejor dicho, nos lo colaron. Es el miedo como instrumento de distracción, dominación y control social.

De forma paralela a la exacerbación de la seguridad (policial) se ha debilitado el ideal de seguridad que consagró el Estado del bienestar. Un Estado proactivo a la hora de proteger al débil, un seguro contra lotería social de la pobreza: frente a la incertidumbre de la vejez y el desempleo, un sistema público de seguridad social; frente al riesgo de la enfermedad, una sanidad universal; frente a la angustia de la ignorancia, una educación para formar ciudadanos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Pero, como toda creación humana, el modelo carecía de perfección, sometido a las tensiones indefectibles y cambiantes de un complejo pacto entre los de arriba y los de abajo. La seguridad nunca se satisface con plenitud, porque las necesidades son ilimitadas (o relativas) y porque pesa mucho la inseguridad de tiempos pasados. De ahí que el ciudadano de a pie tenga la buena costumbre de ahorrar.

Pero he aquí que la crisis económica revela un fallo en el sistema de seguridad, un fallo sistémico: los de arriba han roto el pacto, unilateralmente. Los empresarios pueden modificar las condiciones de trabajo, unilateralmente. La seguridad social, la sanidad y la educación son insostenibles, se concluye, unilateralmente. Y si los ahorros, en estos momentos, pueden garantizar la seguridad arrebatada, las entidades financieras depositarias los usan para recapitalizarse, unilateralmente.

En los últimos días, algunos medios de comunicación afirman que en Chipre se cuece el primer corralito por un rescate. Falso. Cientos de miles de españoles ya han perdido sus ahorros en España porque la banca colocó, de manera ilegal y con absoluta mala fe, productos financieros de riesgo como las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas. El legislador consagró el corralito con quitas impuestas por Bruselas a cambio de rescatar a las entidades que también antes rescataron los ahorradores. Más se habla de Chipre que del escándalo de las preferentes: el corralito no será televisado.

Continuamente, por razones de trabajo, muchas personas me preguntan por la seguridad de sus ahorros; mi única certeza es que no volveremos a acumularlos, salvo que forcemos un nuevo pacto social. Por nuestra seguridad.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (23/03/2013).

¿Has sido becario?

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

¿Por qué esta norma?

La última reforma de las pensiones o ‘pensionazo’ (como se recordará, la norma que ampliaba la edad de jubilación a los 67 años), cuya aprobación pretendía tranquilizar a los mercados, los sindicatos obtuvieron en la negociación alguna compensación: por ejemplo, que los becarios coticen a la Seguridad Social.

¿Qué es lo más importante?

Quienes se encuentren actualmente en programas formativos o vayan a participar en el futuro no tienen que hacer nada, pues es la empresa la que está obligada a dar de alta al becario. Sin embargo, el que haya sido becario con anterioridad a la aprobación de esta norma puede cotizar por los períodos de formación realizados hasta un máximo de dos años. Para ello, estas personas (quienes hayan sido becarios) tienen que suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y pagar la correspondiente cuota.

¿Qué requisitos debo cumplir?

  1. El becario debe acreditar la participación (y su duración) en programas formativos que incluyan la realización de prácticas retribuidas (por ejemplo, pidiendo un certificado al organismo concreto).
  2. El becario debe solicitar la sucripción de un convenio especial y pagar la cuota correspondiente. El cálculo lo hará la Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con la base de cotización mínima del período en cuestión y aplicando un coeficiente corrector (0,77) que reducirá el importe total. El pago se podrá fraccionar.
  3. El plazo para solicitar la suscripción del convenio especial finaliza el 31 de diciembre de 2012.

¿Me conviene?

Con la última reforma de las pensiones, para tener una buena situación en relación con la cuantía de la pensión y la edad de jubilación se requieren más años de cotización. Debido a las dificultades para entrar y permanecer en el mercado de trabajo, así como a las oscuras perspectivas de futuro, es aconsejable suscribir este convenio especial para aumentar los años de cotización. Aunque a corto plazo debamos pagar la correspondiente cuota, a largo plazo evidentemente resultará beneficioso. Como dato negativo, no se incluye la protección por desempleo.

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