Justicia en lucha

La huelga de jueces y fiscales del pasado miércoles ha tenido un notable éxito. A pesar de la habitual guerra de cifras, los porcentajes de participación en todo caso son relevantes y la frenética actividad de los Juzgados se ha visto paralizada. Las razones que motivan el conflicto son variadas y complejas, pero en todo caso justificadas. Todas las medidas criticadas guardan en común dos puntos esenciales: el incumplimiento del programa electoral del partido gobernante y la debilitación de la Justicia en tanto que administración y poder público.

La reducción de las partidas presupuestarias en materia de Justicia está deteriorando aún más un servicio público infrafinanciado durante décadas, una de las causas de la anemia democrática de nuestro país. Además, la supresión de centenares de jueces sustitutos ha sobrecargado de trabajo a unos Juzgados ya colapsados. De acuerdo con los datos que ofrece el Consejo de Europa, en nuestro país hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 de Alemania, una cifra que nos sitúa en la cola de Europa, una vez más. ¿Dónde están los analistas que denuncian un exceso de funcionarios en nuestro país? O están mal informados o son funcionarios de los mercados, que permitiría decir Carlos Floriano.

Los frentes abiertos por el ministro Gallardón son innumerables. La reforma del Consejo General del Poder Judicial, al margen de la legítima discrepancia sobre el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, ha sido percibida como impuesta y autoritaria. Una constante de todas estas reformas es la falta de un diálogo sincero entre los sectores implicados; en una materia tan sensible, al problema de fondo se une el problema de forma.

Por supuesto, como todos los operadores jurídicos, jueces y fiscales se han opuesto con rotundidad a la ley de tasas judiciales, lo que desacredita la crítica corporativista a sus protestas. No en vano, el poder judicial está asumiendo un incipiente papel en la defensa del Estado social y democrático de Derecho frente a la ofensiva de otros poderes (privados y públicos). En un contexto de degradación de la política, la ciudadanía debería poder aferrarse a la comunidad jurídica para controlar al poder económico. La democracia como engranaje de frenos y contrapesos (checks and balances).

Pese a la anunciada reducción de las tasas judiciales, éstas seguirán teniendo cuantías desorbitadas y privarán del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a cientos de miles de personas: un ataque frontal sin precedentes al Estado constitucional de Derecho. En cualquier caso, la rectificación parcial de Gallardón supone la constatación de un error político de primera magnitud, y pone de relieve que la movilización y la unidad de todos los sectores afectados de la sociedad civil (operadores jurídicos, asociaciones de consumidores, sindicatos…) resulta útil y eficaz.

¿Se anunciarán nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá, pero el conflicto puede decirse que está más cerca del inicio que del final. Es más, la reacción de algunos sectores políticos y mediáticos ha sido la de arremeter contra los huelguistas e incluso negar la existencia del derecho fundamental a la huelga debido a la posición constitucional que ocupan los jueces. El derecho a la huelga de los jueces es una cuestión muy discutida y polémica tanto en el ámbito político como en el académico-jurídico. Pero lo que es indiscutible es que las reclamaciones de los jueces, defendidas por la mayoría de sus asociaciones profesionales, son legítimas y, además, han sido defendidas con respeto, civismo y la valentía que exige un momento de tanta trascendencia.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (22/02/2013).

Ciudadanía indefensa

Desde que el pasado 17 de diciembre entraran en vigor las tasas judiciales, sus efectos se han dejado sentir en los juzgados de toda España. Los primeros datos constatan una reducción a la mitad del número de demandas presentadas. Si bien es cierto que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para obtener estadísticas fiables y oficiales, la percepción de todos los operadores jurídicos es que el número de procedimientos judiciales se ha reducido y que se reducirá aún más con el paso del tiempo.

Sin duda podemos estar ante la reforma legislativa de mayor eficacia de los últimos años, en tanto que el efecto pretendido ya se está cumpliendo: disuadir a la ciudadanía de acudir a la vía judicial, a costa, claro está, de sacrificar el ejercicio de los derecho que tienen las personas con recursos económicos limitados. Estas dificultades para acceder a la Justicia consagran los abusos de poder públicos y privados, por lo que el Estado de Derecho torna en Estado sin Derecho. Aun cuando existen otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, su estado embrionario y su propia naturaleza privada nos permiten concluir que son mecanismos menos garantistas para las personas.

¿Son las tasas judiciales una reforma aislada en el actual contexto jurídico y económico? Es obvio que no. De un lado, porque se enmarcan en la actual política de recortes que pretende disminuir el gasto público para pagar el agujero del poder financiero. De otro lado, porque contribuyen a catalizar una sociedad caracterizada por la desigualdad y la ausencia de garantías y controles públicos.

La crisis económica ha puesto de relieve el funcionamiento real del sistema político, dejando en evidencia la superficialidad analítica de la mayoría de expertos: los poderes privados, ajenos a control alguno, campan a sus anchas en detrimento de los derechos –incluidos los fundamentales–  de las personas. Numerosas organizaciones privadas, formales e informales, han acumulado poder (entendido como la capacidad de someter a los demás) como nunca antes. La revolución tecnológica, el paradigma ideológico dominante y la coyuntura de la sociedad internacional, entre otras causas, han forjado un desequilibrio en el pacto social entre capital y trabajo que tiene como consecuencia el debilitamiento de la democracia y el bienestar.

¿Cómo revertir la situación actual? En mi opinión, la teoría del Estado de Derecho, de la que deriva la institucionalidad vigente, no es útil para afrontar el desafío de la democratización del poder y la garantía de los derechos de las personas. El Estado de Derecho surge como contrapeso al Estado Absoluto, con el objetivo de desconcentrar el poder público (división de poderes) y limitarlo mediante la garantía de los derechos fundamentales. No hay Constitución sin declaración de derechos ni separación de poderes, rezaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de 1789.

No es que el Estado (el volumen del sector público) sea hoy más reducido que a comienzos del siglo XIX, pero sí, probablemente, su capacidad de gestionar los asuntos públicos frente a los actores privados. Cuando un profesor de Derecho Constitucional explica la teoría de la división de poderes, todavía hoy se referirá al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero la realidad es bien distinta: ¿acaso no son poderes, de  superior influencia que el Parlamento, grupos como la banca, los mercados financieros, el FMI o los lobbies de empresas transnacionales?

Se advierte necesario formular una teoría del Estado que sea útil para contrarrestar el predominio de los poderes privados, y llevarla a cabo. Quienes limitan el acceso a la Justicia lo hacen en representación de poderes privados, no de la ciudadanía, y con fines muy concretos: transferir renta y consagrar abusos. Las tasas judiciales son causales, no casuales.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/01/2013).

¿La mediación como alternativa?

La Ley de tasas judiciales va a impedir el acceso a la Justicia a la ciudadanía española. No es una noticia más. En los países en desarrollo, el acceso a la Justicia constituye un indicador básico para afirmar la existencia de un Estado de Derecho. No cabe decir aquello de que esta ley convierte a España en una república bananera, y no sólo porque la monarquía siga operante, sino porque en las nuevas repúblicas bananeras llevan tiempo tomándose en serio el acceso a la Justicia.

Uno de los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia para justificar las tasas judiciales es la necesidad de fomentar otros procedimientos de resolución de conflictos, en particular la mediación. Veamos en qué consisten estos procedimientos.

El mecanismo ordinario para resolver los conflictos de todo tipo es el proceso judicial. De acuerdo con nuestra Constitución, los juzgados y tribunales son los encargados de ejercer en exclusiva la potestad jurisdiccional. Sin embargo, en los últimas décadas, con más peso en los países anglosajones, se han desarrollado los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, conocidos por las siglas ADR: Alternative Dispute Resolution. Estos métodos pretenden desjudicializar los conflictos, si bien ha de quedar claro que constituyen una vía complementaria a la Administración de Justicia. En un primer momento predominó el arbitraje, método consistente en que las partes en conflicto acuerdan someter la cuestión litigiosa a un árbitro cuya decisión es de obligado cumplimiento.

Más reciente es el auge de la mediación, mecanismo voluntario de gestión y resolución de conflictos que pretende la superación de la controversia mediante acuerdos cooperativos, promovidos, que no impuestos, por un mediador profesional. En nuestro país la moda de la mediación se ha plasmado en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, norma que recuerda el carácter complementario de la mediación y su eficacia “cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible”, es decir, cuando no entra en juego el interés público.

Alberto Ruiz-Gallardón ha olvidado dos premisas esenciales de su propia ley. En primer lugar, la mediación es complementaria de la Administración de Justicia, pero nunca puede ser sustitutiva. Sin embargo, el nuevo plan del ministro parece claro: privar el acceso a la Justicia a fin de privatizarla. Con ello no sólo logrará mermar los derechos de las personas, sino que también provocará el fracaso de la mediación, método que se fundamenta en la voluntariedad.

En segundo lugar, como reconoce la propia Ley de mediación, este mecanismo no es eficaz para todo tipo de conflictos, sino sólo en aquéllos que diriman intereses privados. Es más, suele haber consenso en que la mediación no es idónea para resolver conflictos cuando existe un desequilibrio de poder entre las partes. Pues bien, hace unos días el ministro ha manifestado su voluntad de introducir la mediación en los asuntos penales y contencioso-administrativos, ámbitos en los que opera el interés público y no existe igualdad de armas entre las partes.

La mediación como método para resolver conflictos goza de numerosas virtudes, sobre todo porque permite convertir los conflictos en oportunidades de mejora. Pero si Gallardón pretende que la mediación sustituya a la Administración de Justicia y resuelva cuestiones de interés público, estará cargándose dos pájaros de un tiro: la Justicia y la mediación.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (30/11/2012).

RIP Justicia

Ayer entró en vigor la conocida como Ley de Tasas Judiciales. Pese a que los medios de comunicación no han prestado la debida atención a uno de los mayores atentados cometidos contra el Estado de Derecho, cualquier persona informada sabe que asistimos a la supresión del servicio público de Justicia, entendida ésta como la posibilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho, y, por ende, a la consagración de los abusos de poder públicos y privados: la ley del más fuerte.

La nueva ley cuenta con el profundo rechazo de la comunidad jurídica, unidad que no es fácil de lograr: jueces, fiscales, abogados o procuradores de toda condición han expresado un rotundo rechazo. También en las Cortes Generales se ha podido constatar la soledad del Partido Popular, aferrado a la indigna disciplina de sus parlamentarios y a un paupérrimo argumentario plagado de mentiras. Desmontémoslas.

Primera. Las tasas ya existían y, por tanto, la nueva ley sólo supone un incremento. Falso. En el año 1986 las tasas judiciales se suprimieron en el marco del proceso de consolidación democrática. Posteriormente, en 2002, únicamente se creó una tasa para las empresas cuyo volumen de negocio anual fuera superior a 8 millones de euros.

Segunda. Son tasas que únicamente afectan a la posibilidad de recurrir sentencias. Falso. Si bien es cierto que las tasas son más elevadas en la segunda instancia, que en la práctica desaparecerá, la nueva ley también incluye tasas en la primera instancia y no precisamente bajas. En la primera instancia se prevén tasas de hasta 10.350 euros. Para demandar hay que pagar. Repago generalizado.

Tercera. Las tasas no afectan al derecho a la tutela judicial efectiva. Falso. El desmedido importe de la cuota a pagar deviene en la imposibilidad de litigar para millones de ciudadanos y, cuando menos, desincentiva el acceso a la Justicia. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede limitarse por razones económicas.

Cuarta. Las tasas judiciales aseguran la financiación de la asistencia jurídica gratuita. Falso. La Constitución Española garantiza el acceso a la Justicia a quienes no tienen recursos económicos, por lo que la Justicia Gratuita no depende de la creación de un tributo abusivo, sino del conjunto de ingresos del Estado. La fórmula propuesta, por su concepción caritativa, sí pone en peligro la financiación de la Justicia Gratuita y supone la fractura del principio de unidad de caja (que exige la centralización de todos los ingresos) propio de los Estados avanzados. Vuelve la España de la posguerra.

Quinta. Las tasas son necesarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia y evitar el exceso de litigios. Falso. El principal problema de la Justicia española es la escasez de jueces. Ya existían demasiados obstáculos para litigar: riesgo de condena en costas, honorarios de abogados y procuradores y, por supuesto, la lentitud de la Justicia. De hecho, una Justicia tan lenta fomenta el incumplimiento del Derecho, que pierde su capacidad de coerción, y a su vez retroalimenta la saturación de los juzgados. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la Justicia con su supresión? Tal incongruencia, una vez más, no estaba prevista en el programa electoral con el que Rajoy y los suyos perpetraron el mayor fraude democrático que se recuerda.

Pero al margen de las mentiras del PP, las tasas judiciales sí son de verdad: los derechos de las personas se han convertido en papel mojado. Y, por cierto, miles de profesionales del Derecho engrosarán las cifras del paro. Señorías, pasarán a la historia por acabar con la Justicia, por acabar con todo, con todos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (23/11/2012).