Ciudadanía indefensa

Desde que el pasado 17 de diciembre entraran en vigor las tasas judiciales, sus efectos se han dejado sentir en los juzgados de toda España. Los primeros datos constatan una reducción a la mitad del número de demandas presentadas. Si bien es cierto que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para obtener estadísticas fiables y oficiales, la percepción de todos los operadores jurídicos es que el número de procedimientos judiciales se ha reducido y que se reducirá aún más con el paso del tiempo.

Sin duda podemos estar ante la reforma legislativa de mayor eficacia de los últimos años, en tanto que el efecto pretendido ya se está cumpliendo: disuadir a la ciudadanía de acudir a la vía judicial, a costa, claro está, de sacrificar el ejercicio de los derecho que tienen las personas con recursos económicos limitados. Estas dificultades para acceder a la Justicia consagran los abusos de poder públicos y privados, por lo que el Estado de Derecho torna en Estado sin Derecho. Aun cuando existen otras vías de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, su estado embrionario y su propia naturaleza privada nos permiten concluir que son mecanismos menos garantistas para las personas.

¿Son las tasas judiciales una reforma aislada en el actual contexto jurídico y económico? Es obvio que no. De un lado, porque se enmarcan en la actual política de recortes que pretende disminuir el gasto público para pagar el agujero del poder financiero. De otro lado, porque contribuyen a catalizar una sociedad caracterizada por la desigualdad y la ausencia de garantías y controles públicos.

La crisis económica ha puesto de relieve el funcionamiento real del sistema político, dejando en evidencia la superficialidad analítica de la mayoría de expertos: los poderes privados, ajenos a control alguno, campan a sus anchas en detrimento de los derechos –incluidos los fundamentales–  de las personas. Numerosas organizaciones privadas, formales e informales, han acumulado poder (entendido como la capacidad de someter a los demás) como nunca antes. La revolución tecnológica, el paradigma ideológico dominante y la coyuntura de la sociedad internacional, entre otras causas, han forjado un desequilibrio en el pacto social entre capital y trabajo que tiene como consecuencia el debilitamiento de la democracia y el bienestar.

¿Cómo revertir la situación actual? En mi opinión, la teoría del Estado de Derecho, de la que deriva la institucionalidad vigente, no es útil para afrontar el desafío de la democratización del poder y la garantía de los derechos de las personas. El Estado de Derecho surge como contrapeso al Estado Absoluto, con el objetivo de desconcentrar el poder público (división de poderes) y limitarlo mediante la garantía de los derechos fundamentales. No hay Constitución sin declaración de derechos ni separación de poderes, rezaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, de 1789.

No es que el Estado (el volumen del sector público) sea hoy más reducido que a comienzos del siglo XIX, pero sí, probablemente, su capacidad de gestionar los asuntos públicos frente a los actores privados. Cuando un profesor de Derecho Constitucional explica la teoría de la división de poderes, todavía hoy se referirá al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero la realidad es bien distinta: ¿acaso no son poderes, de  superior influencia que el Parlamento, grupos como la banca, los mercados financieros, el FMI o los lobbies de empresas transnacionales?

Se advierte necesario formular una teoría del Estado que sea útil para contrarrestar el predominio de los poderes privados, y llevarla a cabo. Quienes limitan el acceso a la Justicia lo hacen en representación de poderes privados, no de la ciudadanía, y con fines muy concretos: transferir renta y consagrar abusos. Las tasas judiciales son causales, no casuales.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (11/01/2013).