Stop lobbies

Hace unas semanas, el programa de La 2 de Televisión Española Documentos TV emitió un brillante documental titulado Los negocios de Bruselas. La producción, participada, entre otros, por las televisiones públicas de Austria y Bélgica, aborda la influencia de los lobbies en las políticas económicas de la Unión Europea. Por cierto, incluso en un momento en el que se ha reducido la pluralidad informativa de la Radio Televisión Pública, su programación goza de un sentido cívico y calidad que no se hallan en los medios audiovisuales privados. Retales de una democracia que no puede entenderse sin lo público.

El documental, decíamos, explica la incidencia de los grupos de presión en Bruselas, y lo hace, paradójicamente, con una claridad y transparencia absolutas, con la participación de activistas, lobistas y “euroburócratas”. Si el prestigioso documental Inside Job favoreció la toma de conciencia por numerosos sectores de la población de distintos países sobre cómo se gestó la crisis financiera internacional, salvando las distancias, Los negocios de Bruselas bien podría servir para que la ciudadanía europea se percatara de que la Unión Europea no debe construirse a cualquier precio.

Las divisiones históricas existentes en Europa constituyen un motivo suficiente como para tomarse en serio el proyecto político europeo. Europa permite, por razones geopolíticas, dar respuestas a desafíos que transcienden las fronteras de los Estados. La Unión Europea también ha catalizado la consolidación de avances democráticos en nuestro país. Pero ya ha pasado el tiempo de las obviedades y los lugares comunes. No es admisible sacrificar elementales principios democráticos en nombre de ningún proyecto, tampoco del europeo.

Porque, como bien se explica en el documental, en las instituciones europeas se adopta la mayoría de decisiones legislativas que afectan a la vida de los ciudadanos, decisiones de indudable trascendencia económica y social que emanan formalmente de una maraña de órganos, tratados y procedimientos incomprensible para el común de los mortales, pero muy particularmente de la Comisión Europea, cuya legitimidad democrática es escasa. Una pregunta retórica puede ilustrar la complejidad: ¿cuántos ciudadanos saben que con la palabra Consejo podemos referirnos al Consejo Europeo, al Consejo de la Unión Europea –instituciones de la UE– o al  Consejo de Europa –organización internacional–?

No obstante, más grave resulta comprobar el origen material de numerosísimas iniciativas legislativas: los grupos de presión las moldean a su gusto. Puede afirmarse sin rubor que la Unión Europea se ha construido en función de los intereses de las grandes corporaciones organizadas. Europa es un mercado, pero Europa puede y debe ser una democracia. Una democracia que, conforme al principio de descentralización del poder, dirima las cuestiones que las instancias más cercanas al ciudadano (locales, regionales,  estatales) no puedan resolver con eficacia. Y una democracia que responda a las demandas de la inmensa mayoría de los ciudadanos frente a los intereses de los grandes poderes económicos. Europa será democrática o no debe ser.

Merece la pena recordarlo hoy, cuando los medios y muchos ciudadanos ensalzan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite a los deudores hipotecarios oponerse en los procesos judiciales de ejecución. Nuestra legislación procesal contradecía una directiva europea de 1993. Una victoria pírrica de los ciudadanos que pone en su sitio a los responsables políticos españoles, que también han defendido los intereses de un lobby, pero a los que ponemos cara. El árbol no nos debe impedir ver el bosque: las políticas de la UE también provocan desahucios.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (15/03/2013).

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Cómo crear empleo

El barómetro del CIS refleja una y otra vez que el paro es el principal problema para la gran mayoría de la ciudadanía española. Sin embargo, indicadores como la prima de riesgo o el Ibex centran la atención informativa y marcan la agenda política en mayor medida. ¿Es el paro el principal problema para los grandes actores políticos? La respuesta sólo puede ser negativa si nos atenemos a los diagnósticos y soluciones dominantes en el panorama político-mediático, obsesionado con el equilibrio presupuestario. En realidad, los responsables políticos no priorizan la solución al desempleo porque éste no es un problema para las élites económicas, que son las que detentan el poder real, más aún, al contrario, el paro es una ventaja para aquéllas, porque permite abaratar los costes salariales (es revelador que se haya generalizado la expresión costes para referirse a los salarios, que son beneficios para la mayoría). Un buen ejemplo de cuanto se dice es la última reforma laboral: con el pretexto de acabar con el desempleo, se permite a las empresas la reducción unilateral de los salarios. Las principales políticas públicas de lucha contra el desempleo en nuestro país han sido las sucesivas reformas laborales, que con mayor o menor intensidad, han pretendido desregular el mercado de trabajo (en la jerga más erudita, flexibilizarlo). Es decir, lo que se ha querido –y finalmente conseguido– es desnaturalizar el Derecho del Trabajo, un sector de nuestro ordenamiento jurídico que surgió en el siglo XX para proteger a la parte débil en la contratación, al igual que décadas después nació el Derecho de Consumo para regular la venta masiva de bienes y servicios, dos conquistas del Estado social. Con la misma legislación laboral, Andalucía tiene más del doble de paro que el País Vasco, un argumento tan simple como concluyente que desacredita a los partidarios de la reforma laboral y pone de relieve la importancia de los procesos históricos en la vida económica. Por tanto, para crear empleo (que es lo que se analiza en estas líneas) lo primero que hace falta es voluntad política: dar satisfacción a las demandas de la mayoría social en detrimento de los intereses de la influyente minoría.

Entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces para crear empleo? El problema del paro, que es global, obliga a partir de una elemental premisa. Los avances tecnológicos en los dos últimos siglos han aumentado exponencialmente la capacidad de los países para producir, pero, en cambio, la duración de la jornada de trabajo apenas ha variado. Así, es claro que la lucha contra el desempleo pasa por repartir el tiempo de trabajo y distribuir más equitativamente su producto. Quien sostenga que para salir de la crisis los españoles tenemos que trabajar más, lo sepa o no, está condenando al paro a cientos de miles de personas.

Otra de las medidas necesarias para reducir el desempleo sería el crecimiento del empleo público. En una de sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy se lamentaba de que el empleo público hubiera crecido en momentos en los que el sector privado había destruido mucho empleo. Más allá de que sus datos son dudosos (según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el sector público ha perdido 176.400 empleados), dicha intervención demuestra que para Rajoy el empleo no es una preocupación más intensa que sus prejuicios ideológicos. No obstante, los datos son los que son: si el tamaño de nuestro sector público fuera el de los países de nuestro entorno, el paro dejaría de ser una seña de identidad española, como ha venido ilustrando Vicenç Navarro, uno de los científicos sociales de nuestro país más relevantes en el mundo.

Con total seguridad, estas medidas suscitarían muchos obstáculos y reacciones contrarias internas y externas (lobbies, mercados, Unión Europea), pero la voluntad de aplicarlas permitiría, al menos, concentrar las energías en allanar el camino y consensuar estrategias de presión, negociación o recuperación de la soberanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (03/08/2012).

Recomendaciones de Europa

Recientemente, la Comisión Europea ha recomendado a España la creación de una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria. Resulta paradójico que el guardián del discurso de la austeridad pretenda crear una nueva institución, porque en España existen ya órganos como la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, entre otros, que se encargan de la fiscalización de las cuentas públicas. Se trata de una propuesta que contradice el manido discurso de las duplicidades, salvo que la Comisión entienda por independencia la contratación de empresas privadas con ánimo de lucro (como ya se ha hecho con el objeto de evaluar nuestro sector financiero) para auditar la política presupuestaria. Otra de las recomendaciones de la Comisión consiste en liberalizar profesiones altamente reguladas, entre las que cita la de secretario judicial, ignorando que en España los secretarios judiciales son funcionarios que tienen asignadas importantes funciones procesales y cuyo papel ha sido repensado a la luz de la nueva oficina judicial. ¿Pretende la Comisión que las empresas o profesionales autónomos dirijan los procesos judiciales? Estas meteduras de patas no son casuales. El principio de descentralización territorial y administrativa tiene como principal fundamento el mejor conocimiento de la realidad que tienen las instancias decisorias más próximas. La tecnocracia europea, lejos de solucionar los problemas de alcance europeo (por ejemplo, con la creación de eurobonos), queda desacreditada con este tipo de propuestas. España necesita a Europa y Europa necesita a la Unión Europea. Sin embargo, la actual maraña de órganos, instituciones y tecnócratas es incompatible con la realización del Estado Social y Democrático de Derecho y con la construcción de una Europa democrática, eficaz y solidaria.

Porque más allá de las anécdotas, la doctrina de la Unión Europea ha contribuido a debilitar el Estado de Bienestar antes y después de la crisis. En los últimos días, la comunidad universitaria se rasga las vestiduras por los recortes, especialmente por la subida de tasas universitarias, que se enmarca en la política de ajuste exigida por Europa. No se trata de restar responsabilidad al Gobierno en la adopción de la medida, porque es una decisión política, injusta, evitable y del gusto del polémico ministro Wert. Pero lo cierto es que en el marco del Proceso de Bolonia y la realización del Espacio Europeo de Educación Superior, numerosas normas y recomendaciones aludían a la necesidad de aumentar la financiación privada de la enseñanza superior, en particular mediante el incremento del precio de las matrículas. Europa, con la aceptación acrítica y a veces entusiasta de nuestros responsables políticos y universitarios, había abonado el terreno para plantar el ‘tasazo’ universitario. Lo que resulta hilarante es que el Decreto-ley del ‘tasazo’ se sirva de la noción de “costes de prestación del servicio” para calcular la subida de los precios públicos, sin que en verdad se conozca el coste real de cursar una carrera universitaria. Los medios de comunicación y otros altavoces repiten hasta la saciedad que en la actualidad los alumnos pagan únicamente el 15 por ciento de la matrícula, pero no existe un sistema fiable de contabilidad analítica de costes que depure los gastos no docentes (por ejemplo, los de investigación) y los beneficios que reportan los universitarios.

En cualquier caso, sea mayor o menor la responsabilidad de la Unión Europea en la poda del Estado de Bienestar, lo cierto es que el futuro se antoja difícil, pero sin una Universidad universal directamente no será.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (01/06/2012)