Artículo publicado en el diario Melilla Hoy (Tribuna Pública, 30/03/2014).
En los últimos meses han proliferado los intentos de entrada en España de personas migrantes a través de Melilla (también de Ceuta). Decenas de miles de personas, generalmente de origen subsahariano, emprenden calamitosos viajes para mejorar sus paupérrimas condiciones de vida. Los inmigrantes subsaharianos conforman una ínfima porción de la bolsa mundial de la pobreza: más de 3.500 millones de personas, la mitad de la población de la Tierra, sufren vulneraciones de derechos humanos como la vivienda, la alimentación, la salud o la educación. Sin acceso a bienes de primera necesidad, sin derechos sociales, indefectiblemente carecen de libertad, es decir, de la posibilidad de realizar un proyecto de vida plena y de desarrollar libremente la personalidad y las capacidades humanas. Quienes intentan saltar desesperadamente la valla no son el problema: representan al problema.
Pero, ¿qué problema? La reacción dominante de los poderes públicos y los medios de comunicación de masas ha adoptado un enfoque de seguridad cuasi-bélico. El lenguaje del poder no deja lugar a dudas: devoluciones en caliente, antidisturbios, refuerzo de la valla, dispositivo anti-intrusión, videovigilancia, asaltos violentos, etc. Craso error, pero no un error casual. La criminalización del desposeído, a veces con signos racistas, pretende instaurar la gobernanza del miedo, culpabilizar a las víctimas y ocultar la responsabilidad de la clase dirigente –internacional, pero también española, pues los capitales no entienden de fronteras– en la perpetuación de un ‘statu quo’ indecente. Las causas de la pobreza y la desigualdad en el mundo son múltiples y complejas, pero cada vez hay mayor consenso en torno a las nefastas consecuencias históricas de una despiadada colonización y los efectos nocivos de un sistema económico selvático basado en la codicia y la explotación de los seres humanos. Aún no inventaron la palabra que signifique a nuestra realidad: las 85 personas más ricas suman tanto dinero como los 3.570 millones de pobres del mundo (informe Oxfam, 2014). Pobreza y desigualdad son realidades indisociables: existe tanta pobreza porque unos pocos acumulan demasiada riqueza.
Las posturas deterministas carecen del más mínimo rigor intelectual. La pobreza y la desigualdad tienen causas políticas y requieren respuestas políticas. Algunas de ellas son urgentes, como la eliminación de los paraísos fiscales, el incremento de la presión y progresividad fiscal, la prohibición de la especulación financiera y alimentaria, la socialización de los recursos naturales y la potenciación de la cooperación al desarrollo. ONGs de numerosos países han denunciado que con el 1% de lo aportado para salvar a la banca podría erradicarse el hambre en el mundo. ¿Acaso no es posible una acción internacional, rápida y coordinada para salvar personas en lugar de bancos? La relación de causalidad entre política y pobreza se aprecia con nitidez en nuestro país: decisiones como el rescate bancario, los recortes sociales, la amnistía fiscal, la reducción salarial, el despido libre o la especulación financiera e inmobiliaria han situado a España a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza infantil. La crisis económica internacional ha agudizado las desigualdades y la pobreza también en el llamado Primer Mundo.
¿Qué hacer, por tanto, ante la entrada de personas sin recursos procedentes de otros países? Justo lo contario de lo que se está haciendo. En el plano político, implementar medidas multinivel que frenen la actual preponderancia de los poderes económicos transnacionales y contribuyan a redistribuir la riqueza. Y en el plano ético-jurídico, retirar las concertinas que producen graves daños corporales y morales, ampliar la dotación de recursos en atención humanitaria y garantizar la juridicidad de los procedimientos y situaciones de extranjería. Ambos planos se superponen en un urgente e ineludible compromiso de mínimos: el respeto y cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Y la Ciudad Autónoma de Melilla, ¿tiene algo que decir? Como melillense que visita tan singular territorio de forma periódica, percibo que la población asume la realidad de la inmigración con un cóctel emocional de solidaridad espontánea, victimismo geográfico y miedo inducido. Sus dirigentes, en cambio, han acabado por abrazar sin complejos un peligroso discurso populista. Sin duda, la dimensión del desafío político y humanitario exige una mayor altura de miras y abandonar las siempre perniciosas disciplinas de pertenencia. Melilla tiene un enorme potencial para tornar su victimismo geográfico en la imprescindible reinvención del proyecto de ciudad. La autonomía garantizada en su Estatuto, desde el respeto al marco competencial, ampara la iniciativa institucional en la defensa de sus intereses también en la cuestión fronteriza. Todas las energías políticas deben confluir en la articulación de un discurso plural, responsable e ilustrado que priorice la defensa de los derechos humanos y se plasme en innovadoras iniciativas institucionales de concienciación y alcance internacional en contraste con la brutalidad del régimen marroquí. Necesitamos la creatividad, audacia y capacidad de innovación de los dirigentes melillenses para forjar alianzas con las ONGs, las Organizaciones Internacionales, las universidades y ese excelso patrimonio que nos identifica: la pluralidad cultural y religiosa. Melilla puede y debe dejar de sentirse desdichada y comenzar a ser parte de la solución al verdadero problema: ¡está en juego la dignidad de la persona!
Nelson, ciudadano de Nigeria, herido tras saltar fallidamente la valla y ser disparado por agentes marroquíes, aún aturdido por el dolor, nos imploraba con extraordinaria lucidez: “A todos los que estáis ahí, haced un esfuerzo para ver que aquí se violan los mínimos de la existencia humana”.
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