Estudiantes endeudados

La financiación universitaria siempre ha generado un debate muy encendido entre quienes consideran que el Estado debe garantizar el acceso universal a la enseñanza superior y quienes defienden que los estudiantes asuman el coste de sus matrículas.

En cualquier caso, existen valiosos argumentos que justifican la intervención del sector público para costear las matrículas. De un lado, la posibilidad de obtener ingresos en el mercado laboral se vincula al capital humano, por lo que la universidad puede ser un mecanismo de redistribución de renta. De otro, se asocian efectos positivos de muy diverso tipo: aumento de la participación social en los asuntos públicos; cambios en los valores de una sociedad (promoción de la libertad de pensamiento, el cosmopolitismo, la tolerancia, etc.); mejora de la eficiencia y del crecimiento económico debido a la mejor cualificación de trabajadores y empresarios; extensión del conocimiento e innovación tecnológica; consecución de avances científicos, etc.

Sin embargo, y al igual que en otros sectores, la crisis económica se ha utilizado como pretexto ideológico. La balanza se ha inclinado para el lado de quienes consideran que los estudiantes deben pagar sus matrículas. La reciente y acentuada subida de tasas universitarias y la reducción de becas se enmarcan, por tanto, en una concreta ideología según la cual el Estado no debe garantizar derechos, sino que los ciudadanos deben competir entre sí para que los más aptos (en la práctica, los más pudientes por su origen socioeconómico) obtengan ventajas.

Como son muchas las familias que carecen de recursos para costear los estudios universitarios, las entidades financieras han advertido una nueva vía de negocio en un contexto, paradójicamente, de restricción del crédito. Llama la atención que el Gobierno haya suprimido el programa público de préstamos estudiantiles y que, sin embargo, no esté regulada la concesión de estos préstamos por las entidades financieras. En realidad la supresión del programa público se debe a razones presupuestarias de carácter coyuntural, porque el sistema de préstamos gusta y mucho a quienes detentan el poder (público y privado), bien porque representan una alternativa a las tradicionales becas, bien porque constituyen una vía para obtener suculentos beneficios.

Los préstamos estudiantiles producen efectos perversos en relación con la igualdad de oportunidades. Los préstamos pueden desincentivar el acceso universitario a las familias de mayor aversión al riesgo; la perspectiva del agobio de una deuda constituye una barrera financiera pero también psicológica para las personas de origen más humilde. Por otra parte, no hay que olvidar que es el estudiante el que está pagando su formación y además con un sobrecoste (intereses), sin que se produzca redistribución alguna de la riqueza, como sí sucede con las becas.

Un reciente estudio de la asociación de consumidores ADICAE pone de manifiesto que las entidades financieras ofrecen créditos y préstamos estudiantiles con condiciones claramente abusivas: intereses de hasta un 22%, engañosos períodos de carencia que aumentan la deuda total y costosas comisiones. No parece que los responsables políticos vayan a hacer nada para evitarlo.

Los objetivos son evidentes y las consecuencias, también. En Estados Unidos, país donde predomina el sistema de préstamos, desde 1999 la deuda estudiantil ha aumentado en un 511% y uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago. En esas estamos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (26/10/2012).

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Recomendaciones de Europa

Recientemente, la Comisión Europea ha recomendado a España la creación de una institución presupuestaria independiente que realice funciones de análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria. Resulta paradójico que el guardián del discurso de la austeridad pretenda crear una nueva institución, porque en España existen ya órganos como la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, entre otros, que se encargan de la fiscalización de las cuentas públicas. Se trata de una propuesta que contradice el manido discurso de las duplicidades, salvo que la Comisión entienda por independencia la contratación de empresas privadas con ánimo de lucro (como ya se ha hecho con el objeto de evaluar nuestro sector financiero) para auditar la política presupuestaria. Otra de las recomendaciones de la Comisión consiste en liberalizar profesiones altamente reguladas, entre las que cita la de secretario judicial, ignorando que en España los secretarios judiciales son funcionarios que tienen asignadas importantes funciones procesales y cuyo papel ha sido repensado a la luz de la nueva oficina judicial. ¿Pretende la Comisión que las empresas o profesionales autónomos dirijan los procesos judiciales? Estas meteduras de patas no son casuales. El principio de descentralización territorial y administrativa tiene como principal fundamento el mejor conocimiento de la realidad que tienen las instancias decisorias más próximas. La tecnocracia europea, lejos de solucionar los problemas de alcance europeo (por ejemplo, con la creación de eurobonos), queda desacreditada con este tipo de propuestas. España necesita a Europa y Europa necesita a la Unión Europea. Sin embargo, la actual maraña de órganos, instituciones y tecnócratas es incompatible con la realización del Estado Social y Democrático de Derecho y con la construcción de una Europa democrática, eficaz y solidaria.

Porque más allá de las anécdotas, la doctrina de la Unión Europea ha contribuido a debilitar el Estado de Bienestar antes y después de la crisis. En los últimos días, la comunidad universitaria se rasga las vestiduras por los recortes, especialmente por la subida de tasas universitarias, que se enmarca en la política de ajuste exigida por Europa. No se trata de restar responsabilidad al Gobierno en la adopción de la medida, porque es una decisión política, injusta, evitable y del gusto del polémico ministro Wert. Pero lo cierto es que en el marco del Proceso de Bolonia y la realización del Espacio Europeo de Educación Superior, numerosas normas y recomendaciones aludían a la necesidad de aumentar la financiación privada de la enseñanza superior, en particular mediante el incremento del precio de las matrículas. Europa, con la aceptación acrítica y a veces entusiasta de nuestros responsables políticos y universitarios, había abonado el terreno para plantar el ‘tasazo’ universitario. Lo que resulta hilarante es que el Decreto-ley del ‘tasazo’ se sirva de la noción de “costes de prestación del servicio” para calcular la subida de los precios públicos, sin que en verdad se conozca el coste real de cursar una carrera universitaria. Los medios de comunicación y otros altavoces repiten hasta la saciedad que en la actualidad los alumnos pagan únicamente el 15 por ciento de la matrícula, pero no existe un sistema fiable de contabilidad analítica de costes que depure los gastos no docentes (por ejemplo, los de investigación) y los beneficios que reportan los universitarios.

En cualquier caso, sea mayor o menor la responsabilidad de la Unión Europea en la poda del Estado de Bienestar, lo cierto es que el futuro se antoja difícil, pero sin una Universidad universal directamente no será.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (01/06/2012)