Si hay una palabra que los gestores de la crisis económica han tratado de incrustarnos en el cerebro por todos los medios, esa es “rescate”. No pretendo descubrir a estas alturas la importancia del lenguaje como instrumento de control social, pero cuando el debate político y la técnica jurídica se vuelcan casi en exclusiva al servicio de una sola palabra, tan manoseada como instrumentalizada, el diccionario se presenta como un acogedor refugio contra la entelequia.
Según la RAE, rescate es la acción y efecto de rescatar, verbo con varias acepciones de las que podemos destacar dos. La primera es la siguiente: “Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena”. Este primer significado hace referencia a una idea sencilla: retomar lo que antes era propio, algo que intuitivamente nos parece justo. La otra acepción es más esclarecedora y ni siquiera requiere glosa: “Liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, etc.”.
Pensemos ahora en la cantidad de situaciones que desde el comienzo de la crisis han sido agrupadas bajo el paraguas del rescate. Primero fue el Gobierno el que rescató a diversas entidades financieras, incluso creó una institución específica para el rescate (que otra cosa si no es el FROB). El rescate consistió, a grandes rasgos, en la conversión de la deuda del sector financiero en deuda pública. Según las definiciones de la RAE, la ciudadanía con sus impuestos recuperó algo que, capricho semántico, antes le pertenecía, una deuda provocada por los desmanes financieros e inmobiliarios: es así como se habría producido el fin de la opresión. Este primer rescate sentó las bases de otros rescates, pero sigamos un mínimo orden cronológico.
También los ayuntamientos fueron rescatados. El Plan de Pago a Proveedores, ese instrumento en apariencia irreprochable que se aprobó para poner fin a la morosidad acumulada de nuestras administraciones públicas, ha obligado a los ayuntamientos a aprobar estrictos planes de ajuste que de facto suponen la tutela del Gobierno y la supresión de la autonomía local. Estos planes de austeridad se exigen para asegurar que los ayuntamientos devuelvan los préstamos recibidos, garantizados en todo caso con los tributos futuros que les correspondan.
También las Comunidades Autónomas fueron rescatadas por el Gobierno, con diversos mecanismos y, más recientemente, a través del Fondo Autonómico de Liquidez. Por supuesto, también con la contrapartida de asfixiantes planes de ajuste. El dinero del Fondo de Liquidez Autonómica se destina al pago de vencimientos de deuda, prioridad absoluta por mandato constitucional, como ha aclarado el ministerio de Hacienda. Recuerden que la sagrada Constitución Española se modificó expresamente para garantizar el pago prioritario de la deuda pública, que no era problemática, por mucho que se diga, hasta que el Estado asumió la deuda privada, es decir, hasta que rescatamos a la banca.
Por último, cuando seguir rescatando bancos cada vez resultaba más difícil, Europa nos rescató para que a su vez rescatásemos a los bancos, a cambio de un memorándum de austeridad, claro.
Los ciudadanos, de momento, comprueban las consecuencias dramáticas de los rescates: recortes en sanidad, salarios, pensiones, discapacidad, educación o justicia, y más desempleo, pobreza, desahucios, etc. No parece que los rescates nos hayan devuelto lo que era nuestro, sino que nos lo han quitado, y no parece que los rescates nos hayan liberado de la opresión, sino que la han consagrado. Quizá por eso el Gobierno utiliza nuevos eufemismos para eludir lo que ya era un eufemismo. Y dicen que el rescate de verdad no ha llegado aún. Se me acaba el espacio, pero voy a consultar otra palabra en el diccionario: estafa.
Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (07/12/2012).
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