El deterioro del Estado del bienestar en España, fruto de las contrarreformas sociales recomendadas por la troika y asumidas por el bipartidismo, ha generado una respuesta ciudadana fragmentada, discontinua y progresivamente organizada. La tibieza inicial de una debilitada sociedad civil dio paso a la indignación transversal, surgida en torno al movimiento 15-M y ramificada posteriormente en las combativas mareas. Ante la incapacidad de los partidos políticos para aglutinar el descontento social, el incipiente éxito del fenómeno Podemos parece indicar que el sistema político podría canalizar el malestar ciudadano a través de una nueva formación política de mayorías. Del mismo modo, la iniciativa Guanyem Barcelona, protagonizada, entre otros, por la activista Ada Colau, confirma una decidida apuesta ciudadana por agitar el tablero político. Buena parte de las izquierdas, los movimientos sociales y amplias capas populares comienzan a concebir que, si bien los partidos políticos de orientación plutocrática resultan ciertamente perniciosos, la movilización social sin una estrategia de acceso al poder carece de toda eficacia.
El calendario dicta que la prioridad política pasa por las próximas elecciones municipales (sin olvidar las elecciones autonómicas parcialmente coincidentes). El Gobierno Local es un ámbito idóneo para forjar la emergencia de un proceso de cambio, democratización y transformación social. Frente a un ejercicio viciado del poder político por instancias supranacionales, frecuentemente antidemocráticas, alejadas de la ciudadanía y capturadas por el poder económico, la descentralización política y el municipalismo son manifestaciones constitutivas del principio democrático: posibilitan la gestión inmediata de los recursos, la participación vecinal y la reducción de poderes intermediarios. El auge de la corrupción urbanística municipal de los últimos lustros, que alimentó la desastrosa burbuja inmobiliaria, nos enseña el riesgo de desatender las instancias próximas de participación política y control ciudadano.
La política austericida de recortes también ha minado la salud de los Entes Locales. Con el pretexto de cumplir los plazos de pago a los proveedores, los Ayuntamientos se vieron compelidos a aprobar planes de austeridad que socavan la autonomía local. Más recientemente, la Reforma Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional, incide en la perniciosa tendencia de vaciamiento político del municipio al reducir sustancialmente sus competencias. Y, a pesar de la cercanía de las elecciones, el Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar las reglas del juego democrático para garantizar que el alcalde pertenezca al partido más votado. Un blindaje calculado de corte autoritario que, no obstante, reforzaría la necesidad de articular una respuesta política de unidad democrática y empoderamiento ciudadano frente a la ofensiva neoliberal.
A mi juicio, los objetivos municipalistas que podrían generar un consenso de mínimos son los siguientes: (1) garantizar la gestión pública, directa y responsable de los servicios locales (agua, limpieza, transporte, etc.), frente a las viejas y renovadas tentativas privatizadoras que pretenden obtener lucro de lo que es de todos; (2) proveer servicios sociales extensivos que garanticen el bienestar y la dignidad de las personas más vulnerables; (3) potenciar la progresividad fiscal en el ámbito de la autonomía financiera local; (4) fomentar la creación de empleo digno, estable y repartido en el marco de una economía sostenible, social y colaborativa; y (5) promover activamente la participación vecinal en los asuntos políticos, económicos y culturales mediante prácticas institucionales eficaces: el cambio sólo será si la ciudadanía lo hace, lo siente y lo defiende frente a la indefectible reacción de las élites locales.
Muchas ciudades están siguiendo la estela marcada por la iniciativa barcelonesa. Salamanca no debe quedarse atrás. La crisis económica ha acentuado sus debilidades estructurales y la élite local se desenvuelve con placidez en una ciudad envejecida, indolente, resignada, sin visión estratégica de futuro. No sólo se advierte necesario hacer frente a la pérdida de cohesión social, sino que resulta urgente combatir la inmensurable desolación vital. Todo ello requiere, obviamente, una nueva mayoría social y política que tome las riendas de la ciudad, pero también un impulso vitalista, generacional y regenerador que aporte soluciones creativas a los viejos problemas y potencie las capacidades económicas, culturales y geográficas de la ciudad. Se trata, al fin y al cabo, de poner la pasión política al servicio de la justicia social; de echar a la casta pero también de erradicar la caspa.
La confluencia exige una generosidad extrema por parte de los actores del cambio. Algunos deberán ceder protagonismo; otros habrán de prescindir de siglas históricas y encomiables; a todos habrá de exigirse la altura de miras necesaria para olvidar rencillas y carnés y actuar con transparencia, confianza y entusiasmo colectivo. Ganemos debe contar con todas las fuerzas políticas de izquierdas, sin olvidar que las intersecciones pueden hallarse más fácilmente en los barrios y los movimientos sociales. Allí nos reconocemos mejor. Están en juego las ideas y las propuestas que dignifican a las personas y propagan la alegría. Ganemos. Y, no lo olvidemos, la batalla local no será la última, sino la primera de un nuevo comienzo.