Ganemos desde abajo (también Salamanca)

 

El deterioro del Estado del bienestar en España, fruto de las contrarreformas sociales recomendadas por la troika y asumidas por el bipartidismo, ha generado una respuesta ciudadana fragmentada, discontinua y progresivamente organizada. La tibieza inicial de una debilitada sociedad civil dio paso a la indignación transversal, surgida en torno al movimiento 15-M y ramificada posteriormente en las combativas mareas. Ante la incapacidad de los partidos políticos para aglutinar el descontento social, el incipiente éxito del fenómeno Podemos parece indicar que el sistema político podría canalizar el malestar ciudadano a través de una nueva formación política de mayorías. Del mismo modo, la iniciativa Guanyem Barcelona, protagonizada, entre otros, por la activista Ada Colau, confirma una decidida apuesta ciudadana por agitar el tablero político. Buena parte de las izquierdas, los movimientos sociales y amplias capas populares comienzan a concebir que, si bien los partidos políticos de orientación plutocrática resultan ciertamente perniciosos, la movilización social sin una estrategia de acceso al poder carece de toda eficacia.

El calendario dicta que la prioridad política pasa por las próximas elecciones municipales (sin olvidar las elecciones autonómicas parcialmente coincidentes). El Gobierno Local es un ámbito idóneo para forjar la emergencia de un proceso de cambio, democratización y transformación social. Frente a un ejercicio viciado del poder político por instancias supranacionales, frecuentemente antidemocráticas, alejadas de la ciudadanía y capturadas por el poder económico, la descentralización política y el municipalismo son manifestaciones constitutivas del principio democrático: posibilitan la gestión inmediata de los recursos, la participación vecinal y la reducción de poderes intermediarios. El auge de la corrupción urbanística municipal de los últimos lustros, que alimentó la desastrosa burbuja inmobiliaria, nos enseña el riesgo de desatender las instancias próximas de participación política y control ciudadano.

La política austericida de recortes también ha minado la salud de los Entes Locales. Con el pretexto de cumplir los plazos de pago a los proveedores, los Ayuntamientos se vieron compelidos a aprobar planes de austeridad que socavan la autonomía local. Más recientemente, la Reforma Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional, incide en la perniciosa tendencia de vaciamiento político del municipio al reducir sustancialmente sus competencias. Y, a pesar de la cercanía de las elecciones, el Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar las reglas del juego democrático para garantizar que el alcalde pertenezca al partido más votado. Un blindaje calculado de corte autoritario que, no obstante, reforzaría la necesidad de articular una respuesta política de unidad democrática y empoderamiento ciudadano frente a la ofensiva neoliberal.

A mi juicio, los objetivos municipalistas que podrían generar un consenso de mínimos son los siguientes: (1) garantizar la gestión pública, directa y responsable de los servicios locales (agua, limpieza, transporte, etc.), frente a las viejas y renovadas tentativas privatizadoras que pretenden obtener lucro de lo que es de todos; (2) proveer servicios sociales extensivos que garanticen el bienestar y la dignidad de las personas más vulnerables; (3) potenciar la progresividad fiscal en el ámbito de la autonomía financiera local; (4) fomentar la creación de empleo digno, estable y repartido en el marco de una economía sostenible, social y colaborativa; y (5) promover activamente la participación vecinal en los asuntos políticos, económicos y culturales mediante prácticas institucionales eficaces: el cambio sólo será si la ciudadanía lo hace, lo siente y lo defiende frente a la indefectible reacción de las élites locales.

Muchas ciudades están siguiendo la estela marcada por la iniciativa barcelonesa. Salamanca no debe quedarse atrás. La crisis económica ha acentuado sus debilidades estructurales y la élite local se desenvuelve con placidez en una ciudad envejecida, indolente, resignada, sin visión estratégica de futuro. No sólo se advierte necesario hacer frente a la pérdida de cohesión social, sino que resulta urgente combatir la inmensurable desolación vital. Todo ello requiere, obviamente, una nueva mayoría social y política que tome las riendas de la ciudad, pero también un impulso vitalista, generacional y regenerador que aporte soluciones creativas a los viejos problemas y potencie las capacidades económicas, culturales y geográficas de la ciudad. Se trata, al fin y al cabo, de poner la pasión política al servicio de la justicia social; de echar a la casta pero también de erradicar la caspa.

La confluencia exige una generosidad extrema por parte de los actores del cambio. Algunos deberán ceder protagonismo; otros habrán de prescindir de siglas históricas y encomiables; a todos habrá de exigirse la altura de miras necesaria para olvidar rencillas y carnés y actuar con transparencia, confianza y entusiasmo colectivo. Ganemos debe contar con todas las fuerzas políticas de izquierdas, sin olvidar que las intersecciones pueden hallarse más fácilmente en los barrios y los movimientos sociales. Allí nos reconocemos mejor. Están en juego las ideas y las propuestas que dignifican a las personas y propagan la alegría. Ganemos. Y, no lo olvidemos, la batalla local no será la última, sino la primera de un nuevo comienzo.

 

Anuncios

El control de los poderes públicos y privados: una comparativa de sus límites (I)

 “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. El lema de la manifestación que dio origen al Movimiento 15-M señalaba a políticos y banqueros como responsables de la crisis económica. El debate en torno a los culpables de la crisis ha sido profuso y aún hoy puede considerarse inacabado. Dejando a un lado los análisis partidistas que atribuyen la culpa en exclusiva al rival político, y a otro lado la premisa interesada de que los ciudadanos vivieron por encima de sus posibilidades, los diagnósticos más recurrentes atribuyen la responsabilidad ora al sector público (principalmente, a los políticos), ora al sector privado (principalmente, a los banqueros), sin que falten los partidarios de la vía sincrética (como rezaba el eslogan original del 15-M). No es objeto de este artículo responder a un interrogante tan complejo, pero sí es necesario apuntar que la sustitución de unos políticos por otros (que lentamente estamos viendo) y la renovación de la élite financiera (que, anticipo, nunca veremos) de nada servirían si no se aborda la cuestión más apremiante del control del poder (público y privado).

Como punto de partida es preciso advertir que el debate (poderes públicos vs. poderes privados) encierra una doble trampa. En primer lugar, en las últimas décadas el sistema político-económico, no sólo en España, ha experimentado una mutación de su Constitución económica material. El papel del sector público se hallaba en retirada ya que, se decía, estorbaba a la mano invisible del mercado. Así pues, la responsabilidad de los poderes públicos debería ceñirse, en todo caso, a su inhibición, exhortada, por cierto, por los poderes privados. Por ejemplo, decir que un Gobierno destruye empleo cuando las reglas del juego atribuyen al mercado la función de crearlo resulta cuando menos incoherente.

En segundo lugar, lo cierto es que no puede escindirse en puridad la esfera económica pública de la privada. Los intereses público-privados con frecuencia se confunden, y los poderes públicos acaban por someterse al dictado de los poderes privados. Véase la deriva de las cajas de ahorro o la profusión de fenómenos que revelan una corrupción de alcance sistémico: puerta giratoria, financiación empresarial de los partidos políticos, lobbies, etc. Si se quiere ser riguroso, el debate debería plantearse en términos de gestión (pública vs. privada).

Como decimos, resulta urgente atender a la cuestión de los límites del poder para evitar la reiteración de prácticas contrarias al interés general que socavan el bienestar de nuestras sociedades, y en esta difícil tarea el concurso de los juristas, por nuestro contacto permanente y directo con la realidad institucional, se antoja imprescindible. A continuación va a realizarse un análisis comparado –incompleto por la finalidad divulgativa de este breve texto– entre las Administraciones públicas y las entidades financieras (podría haberse elegido otro sector económico relevante) para contrastar los límites de los poderes públicos y privados.

¿Por qué una actividad es pública o privada?

La primera cuestión que ha de abordarse es la de por qué una actividad debe realizarse en el mercado (actividad económica privada) o fuera de él (actividad económica pública). La característica esencial de las actividades públicas y privadas es la existencia o no de ánimo de lucro, y la elección dependerá, en teoría, del grado de afectación al interés público y de la eficacia. Cuando el sector público decide rescatar a entidades del sector privado por su insolvencia y carácter sistémico, surge inmediatamente un interrogante: ¿por qué se ejercen actividades sistémicas con ánimo de lucro? Seré diáfano: el ánimo de lucro de un operador económico consiste en que éste orienta su actividad al objetivo de hacer negocio y maximizar sus beneficios. El incentivo económico del operador parece difícilmente conciliable con la salvaguarda del interés general, por más que el regulador se esmere en su papel vigilante, más aún cuando sabe de antemano que es “demasiado grande para caer” (traducción del concepto en inglés too big to fail). Pese a la realización de algunas reformas en el sector financiero encaminadas a la consecución de un mayor control del riesgo, la reacción del legislador a la debacle financiera ha sido la de reforzar el ánimo de lucro en el ejercicio de la actividad: las cajas de ahorro, que ya funcionaban como entidades sometidas a las leyes del mercado, han sido definitivamente bancarizadas. Quien escribe no es ingenuo, y sabe perfectamente que, aun cuando haya actividades sin ánimo de lucro, sus prestadores sí persiguen beneficios económicos personales (corrupción). Empero, si un incentivo perverso es inherente a la actividad económica en cuestión, la producción de un resultado contrario al interés general deja de ser una posibilidad indeseable para convertirse en un evento probable.

Este análisis continuará en un próximo post.

De la valla y la dignidad

Artículo publicado en el diario Melilla Hoy (Tribuna Pública, 30/03/2014).

VulneraciónDDHH

En los últimos meses han proliferado los intentos de entrada en España de personas migrantes a través de Melilla (también de Ceuta). Decenas de miles de personas, generalmente de origen subsahariano, emprenden calamitosos viajes para mejorar sus paupérrimas condiciones de vida. Los inmigrantes subsaharianos conforman una ínfima porción de la bolsa mundial de la pobreza: más de 3.500 millones de personas, la mitad de la población de la Tierra, sufren vulneraciones de derechos humanos como la vivienda, la alimentación, la salud o la educación. Sin acceso a bienes de primera necesidad, sin derechos sociales, indefectiblemente carecen de libertad, es decir, de la posibilidad de realizar un proyecto de vida plena y de desarrollar libremente la personalidad y las capacidades humanas. Quienes intentan saltar desesperadamente la valla no son el problema: representan al problema.

Pero, ¿qué problema? La reacción dominante de los poderes públicos y los medios de comunicación de masas ha adoptado un enfoque de seguridad cuasi-bélico. El lenguaje del poder no deja lugar a dudas: devoluciones en caliente, antidisturbios, refuerzo de la valla, dispositivo anti-intrusión, videovigilancia, asaltos violentos, etc. Craso error, pero no un error casual. La criminalización del desposeído, a veces con signos racistas, pretende instaurar la gobernanza del miedo, culpabilizar a las víctimas y ocultar la responsabilidad de la clase dirigente –internacional, pero también española, pues los capitales no entienden de fronteras– en la perpetuación de un ‘statu quo’ indecente. Las causas de la pobreza y la desigualdad en el mundo son múltiples y complejas, pero cada vez hay mayor consenso en torno a las nefastas consecuencias históricas de una despiadada colonización y los efectos nocivos de un sistema económico selvático basado en la codicia y la explotación de los seres humanos. Aún no inventaron la palabra que signifique a nuestra realidad: las 85 personas más ricas suman tanto dinero como los 3.570 millones de pobres del mundo (informe Oxfam, 2014). Pobreza y desigualdad son realidades indisociables: existe tanta pobreza porque unos pocos acumulan demasiada riqueza.

Las posturas deterministas carecen del más mínimo rigor intelectual. La pobreza y la desigualdad tienen causas políticas y requieren respuestas políticas. Algunas de ellas son urgentes, como la eliminación de los paraísos fiscales, el incremento de la presión y progresividad fiscal, la prohibición de la especulación financiera y alimentaria, la socialización de los recursos naturales y la potenciación de la cooperación al desarrollo. ONGs de numerosos países han denunciado que con el 1% de lo aportado para salvar a la banca podría erradicarse el hambre en el mundo. ¿Acaso no es posible una acción internacional, rápida y coordinada para salvar personas en lugar de bancos? La relación de causalidad entre política y pobreza se aprecia con nitidez en nuestro país: decisiones como el rescate bancario, los recortes sociales, la amnistía fiscal, la reducción salarial, el despido libre o la especulación financiera e inmobiliaria han situado a España a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza infantil. La crisis económica internacional ha agudizado las desigualdades y la pobreza también en el llamado Primer Mundo.

¿Qué hacer, por tanto, ante la entrada de personas sin recursos procedentes de otros países? Justo lo contario de lo que se está haciendo. En el plano político, implementar medidas multinivel que frenen la actual preponderancia de los poderes económicos transnacionales y contribuyan a redistribuir la riqueza. Y en el plano ético-jurídico, retirar las concertinas que producen graves daños corporales y morales, ampliar la dotación de recursos en atención humanitaria y garantizar la juridicidad de los procedimientos y situaciones de extranjería. Ambos planos se superponen en un urgente e ineludible compromiso de mínimos: el respeto y cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Y la Ciudad Autónoma de Melilla, ¿tiene algo que decir? Como melillense que visita tan singular territorio de forma periódica, percibo que la población asume la realidad de la inmigración con un cóctel emocional de solidaridad espontánea, victimismo geográfico y miedo inducido. Sus dirigentes, en cambio, han acabado por abrazar sin complejos un peligroso discurso populista. Sin duda, la dimensión del desafío político y humanitario exige una mayor altura de miras y abandonar las siempre perniciosas disciplinas de pertenencia. Melilla tiene un enorme potencial para tornar su victimismo geográfico en la imprescindible reinvención del proyecto de ciudad. La autonomía garantizada en su Estatuto, desde el respeto al marco competencial, ampara la iniciativa institucional en la defensa de sus intereses también en la cuestión fronteriza. Todas las energías políticas deben confluir en la articulación de un discurso plural, responsable e ilustrado que priorice la defensa de los derechos humanos y se plasme en innovadoras iniciativas institucionales de concienciación y alcance internacional en contraste con la brutalidad del régimen marroquí. Necesitamos la creatividad, audacia y capacidad de innovación de los dirigentes melillenses para forjar alianzas con las ONGs, las Organizaciones Internacionales, las universidades y ese excelso patrimonio que nos identifica: la pluralidad cultural y religiosa. Melilla puede y debe dejar de sentirse desdichada y comenzar a ser parte de la solución al verdadero problema: ¡está en juego la dignidad de la persona!

Nelson, ciudadano de Nigeria, herido tras saltar fallidamente la valla y ser disparado por agentes marroquíes, aún aturdido por el dolor, nos imploraba con extraordinaria lucidez: “A todos los que estáis ahí, haced un esfuerzo para ver que aquí se violan los mínimos de la existencia humana”.

 

Varios informes de la banca dejan en evidencia al Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo de 2013, en relación con la cláusula suelo incorporada a préstamos hipotecarios suscritos por consumidores, determinó la falta de efectos retroactivos de la declaración de nulidad, es decir, que los bancos no tienen que devolver el dinero cobrado en virtud de una cláusula nula.

La decisión del Tribunal Supremo supone el deliberado incumplimiento de una regla basilar del ordenamiento jurídico español (la restitución de las cosas que dispone el artículo 1303 del Código Civil), y fue adoptada excepcionalmente para evitar “el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”, esto es, para proteger el interés económico de entidades privadas con ánimo de lucro.

Sin embargo, varios informes de las tres entidades demandadas en aquel procedimiento (BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco) ponen bajo sospecha al Tribunal Supremo. Con anterioridad a la fecha de la Sentencia, estas tres entidades financieras concluyeron en varios informes –debidamente auditados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores– que las consecuencias económicas de los procedimientos judiciales en curso no tendrían relevancia alguna en sus balances. Resulta a todas luces sorprendente que el Tribunal Supremo aludiera a un supuesto “riesgo de trastornos graves” cuando las propias entidades financieras en cuestión, al analizar los procedimientos judiciales pendientes de resolver, descartaron la producción de trastorno alguno en sus balances, ora por las provisiones debidamente realizadas a tal efecto, ora por la irrelevancia de las cuantías.

A continuación se reproducen extractos de algunos de estos informes:

 – BBVA. Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 junto con el Informe de Auditoría:

“El Banco es parte en determinados procedimientos judiciales en varias jurisdicciones (entre otras, España, México y Estados Unidos) derivados del curso ordinario de su negocio. BBVA considera que ninguno de estos procedimientos es relevante, de forma individual o agregada, y que no se espera que de ninguno de ellos se derive ningún impacto significativo ni en el resultado de las operaciones, ni en la liquidez ni en la situación financiera del Banco. La Dirección del Banco considera que las provisiones que se han dotado en relación con estos procedimientos judiciales son adecuadas y no ha estimado necesario comunicar a los mercados las posibles contingencias que se pudieran derivar de las acciones judiciales en curso por no considerarlas materiales”.

CAJAMAR. Informe de Auditoría de cuentas Anuales Consolidadas (Ejercicio 2012):

 “Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones iniciadas contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales como los Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional al saldo, en su caso, incluido como provisión, en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen”.

NOVAGALICIA BANCO. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012:

“Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2012, se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones contra el Banco con origen en el desarrollo habitual de sus actividades por importe de 30 millones de euros. Dado que se trata de pasivos contingentes, tanto los asesores legales del Banco como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no provocarán una salida de recursos del Banco y por tanto no se ha registrado importe alguno en estas cuentas anuales”.

Los beneficios de la banca y la cláusula suelo: un escándalo supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 supone un gran acicate para que los consumidores puedan eliminar la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios. Para los profanos, hay que recordar que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios en nuestro país son de tipo variable: el tipo de interés que se aplica, y por tanto la cuota que hay que pagar, depende de la evolución de un índice, normalmente el euribor. Pues bien, la cláusula suelo viene a ser una condición general, es decir, la típica letra pequeña que nadie lee o nadie puede entender, por la cual los bancos consiguen que los ciudadanos no se beneficien de la bajada del euribor. Cuando el euribor sube, como, por ejemplo, lo hizo en 2006, los consumidores pagan más, ya que no se establece un límite máximo o bien éste es tan alto que no tiene ninguna aplicación práctica; sin embargo, cuando el euribor baja, como sucede desde 2009 –hoy aproximadamente se sitúa en el 0,5%– se activa la cláusula suelo (en general de un 3,5%). La banca siempre gana.

¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que la cláusula suelo es legal siempre que el banco haya actuado siguiendo unos parámetros o criterios de transparencia. En la práctica, como en la casi totalidad de los supuestos la banca ha introducido la cláusula suelo “de tapadillo”, la Sentencia supone que la cláusula suelo es nula. Hasta aquí la Sentencia puede considerarse una victoria de los consumidores, quizás pírrica, ya que al sembrar la casuística también puede brotar la maleza (en otra ocasión abordaré el fenómeno de la puerta giratoria de los jueces). Como consecuencia de la Sentencia, se eliminan las cláusulas suelo de las entidades demandadas (BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar) y se sientan las bases para que, como está sucediendo, miles de ciudadanos obtengan éxito en la vía judicial.

Lo más significativo de la Sentencia, no obstante, reside en el pronunciamiento sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo. El Supremo, sin que proceda por el tipo de acción ejercitada (acción colectiva de cesación), y a fin de velar por los intereses económicos de la banca, se pronuncia sobre los efectos de la nulidad y concluye que no procede devolver a los consumidores las cantidades que han pagado de más y que injustamente han venido cobrando los bancos en los últimos años. Se trata de una decisión manifiestamente contraria a Derecho y que supone la conculcación de las exigencias mínimas del Estado de Derecho: socaba el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Una decisión que no ha tenido la trascendencia mediática que merece, pero que pone de manifiesto la preponderancia de los poderes económicos sobre el Estado social y democrático de Derecho.

Muchos juristas sí han mostrado su indignación. Entre otros, el profesor Pertíñez Vílchez ha resumido la controvertida decisión con una gran claridad (Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, número 38):

“En definitiva, se trata de una argumentación muy pobre, cuando una decisión tan disconforme con una regla tan sólida como es la de la restitución recíproca de las prestaciones del artículo 1303 CC habría requerido razones jurídicas de más peso. La verdadera razón de este pronunciamiento, no es jurídica, sino económica y la expresa la propia sentencia: ‘293. k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas’”.

Semejante atentado judicial ha recibido un sólido reproche argumentativo de la comunidad jurídica, también, afortunadamente, de muchos Juzgados y Audiencias Provinciales, que se alejan del criterio del Tribunal Supremo para cumplir con su deber constitucional de aplicar la ley. Quizás todavía no se haya hecho una valoración profunda de la Sentencia desde la ciencia económica, tampoco desde una metodología jurídica cada vez más influyente: la que propugna el Análisis Económico del Derecho. A propósito de los enormes beneficios de la banca, recientemente publicados, cabe hacer alguna consideración desde un enfoque economicista, que, sin duda, requiere de un mayor desarrollo.

Centrémonos en el caso de BBVA, la entidad que preside Francisco González gracias, por cierto, a la privatización teledirigida de Argentaria (de aquellos polvos, estos lodos). Con posterioridad a la Sentencia del Supremo, BBVA ha comunicado a la CNMV, mediante un Hecho Relevante del pasado 12 de junio, que la inaplicación de la cláusula suelo “producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros”. Si tenemos en cuenta que 2013 es el año de mayor bajada del euribor, y que, por tanto, en meses anteriores el importe cobrado de más a los consumidores resulta inferior, la cifra de 35 millones de euros supone la cantidad mensual máxima ingresada desde que se activó la cláusula suelo. Pues bien, resumamos ahora los beneficios de esta entidad en los tres últimos ejercicios:

– En 2011: beneficios de 3.004 millones de euros.

– En 2012: beneficios de 1.676 millones de euros.

– En 2013: beneficios de 2.228 millones de euros.

Si multiplicamos la cantidad que ha supuesto la inaplicación de la cláusula en junio de 2013 (cantidad de 35 millones que, insistimos, por la evolución del índice es superior a cualquier otra mensualidad) por los doce meses de un año, la cantidad resultante es de 420 millones de euros. Es decir, la reducción de los beneficios sería insignificante para el banco, por lo que no existe el “riesgo de trastorno grave con trascendencia al orden público económico” aludido en la Sentencia. No hay otra explicación: el Tribunal Supremo no aplica la Ley para maximizar los beneficios de la banca. En la gráfica expresión del filósofo Josep Ramoneda, estamos ante una nueva manifestación de “promiscuidad entre política y dinero”, que en esta ocasión alcanza al poder judicial. Tampoco parece casual que el Ministerio Fiscal, órgano defensor de la legalidad, se posicionara en contra de los efectos retroactivos.

Miles de familias en dificultades que podrían rehabilitar sus préstamos con la devolución de su dinero ahora ven peligrar sus viviendas. El dinero en manos de las familias también serviría para mejorar la macroeconomía, ya que su propensión marginal al consumo es mayor que la de los banqueros, amén de que los múltiples rescates a la banca no han servido para que ésta cumpla con su función de financiar la economía real.

El escándalo es supremo; el Estado de Derecho, un despojo de los poderes salvajes.

PODERES SALVAJES EN ESPAÑA

Poderes salvajes en España. Crisis del Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis económica que comenzó en 2008 ha servido de excusa al poder económico para acelerar exponencialmente otra crisis de mayor gravedad: la crisis de Estado Social y Democrático de Derecho, fórmula de convivencia que consagró nuestra Constitución de 1978.

La idea original del constitucionalismo consiste en controlar o frenar el poder, circunscrito en un principio al aparato estatal, como medio para proteger la esfera de los derechos de las personas. Progresivamente, fruto de largas y duras luchas de los grupos excluidos, muchos de ellos mayoritarios en la sociedad, se ha ido ampliando el elenco de derechos reconocidos (derechos de libertad, políticos, sociales, etc.), la titularidad de los esos derechos (ciudadanos no propietarios, trabajadores, mujeres, etc.) y los poderes sometidos a control más allá del aparato estatal (poderes en las esferas económica, religiosa o familiar). Desde hace algunas décadas, por causas o catalizadores de diverso tipo, como la caída de los regímenes comunistas y su efecto contención, la revolución tecnológica o el fenómeno de la globalización, en la mayoría de los países de nuestro entorno se está desarrollando una perniciosa tendencia de descontrol del poder, menoscabo de los derechos y reducción de sus titulares.

Si la crisis económica de 2008 ha sido el producto de unos poderes económicos descontrolados (desregulación financiera), las medidas contra la crisis revelan una estrategia de esos poderes para desequilibrar las bases del pacto o contrato social que posibilitó el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo han operado esos “poderes salvajes”, tomando la expresión del jurista Luigi Ferrajoli, en nuestro país?

La captura de los poderes públicos

Como punto de partida hay que poner de relieve la singularidad del caso español, cuyo Estado Social y Democrático de Derecho surgió tarde, desmemoriado y debilitado por un contexto de agotamiento del modelo. La estrategia del poder económico para desequilibrar el pacto social ha consistido, principalmente, en lograr la hegemonía del pensamiento neoliberal y capturar a los poderes públicos (corrupción sistémica), creando una serie de “candados” a fin de perpetuar su predominio.

Los poderes públicos en sentido amplio han sido capturados por los poderes privados (económicos) con el medio más eficaz que pudiera existir: el consenso social en torno a su renuncia e inutilidad como poderes. El dogma de la iniciativa privada económica ha vaciado de contenido la función constitucional que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales (artículo 9.2). Al contrario de lo que dispone nuestra Constitución (artículo 128), la riqueza se ha subordinado al interés particular. El reciente informe de Oxfam es esclarecedor: las 20 personas más ricas de nuestro país igualan el dinero de los 9 millones más pobres.

Como ha explicado el profesor y analista Antón Losada en su último libro, lo público ha tornado en un auténtico botín para las élites económicas. La Administración pública española experimentó un nefasto proceso de desburocratización al abrazar la moda de la nueva gestión pública (laboralización del personal, externalizaciones, eficiencia, etc.). Paralelamente, el sector público redujo su tamaño a través de numerosas privatizaciones (empresas públicas rentables pasaron a manos privadas) y liberalizaciones (la Administración asume un papel de tibio regulador usualmente capturado). Finalmente, los servicios públicos que antes garantizaban derechos constitucionales (sanidad, educación, pensiones, etc.) devienen en jugosos negocios privados. El Estado Social comienza a ser irreconocible.

El poder legislativo, en puridad, no se ubica en el Parlamento español, sino en la maraña de instituciones que conforman la Unión Europea. En suma, las medidas de la Unión Europea nacen de los lobbies que la acechan, instituciones antidemocráticas como la Comisión y el Banco Central Europeo y las cumbres franco-alemanas. La integración europea ha sacrificado el control ciudadano del poder político. La quiebra del Estado Democrático suele abordarse, todo lo más, como un apéndice del todo: “El déficit democrático de la UE”.

El descontrol de los poderes privados

La captura de los poderes públicos es sólo una cara de la moneda. La otra es el descontrol de los poderes privados. La regresividad de nuestro sistema tributario, el fraude fiscal y los paraísos fiscales son claras manifestaciones de estos poderes salvajes, que se sirven de una desaparición selectiva de las fronteras.

En el ámbito de la empresa el reequilibrio del pacto social es evidente. Las incontables contrarreformas laborales han desnaturalizado el Derecho del Trabajo, sector del ordenamiento que nació como una conquista para proteger a la parte débil. Las relaciones laborales son propias de un estadio predemocrático de sociedad: ineficacia de la negociación colectiva, despido libre, temporalidad estructural e incluso huida del Derecho del Trabajo (ya hay 150.000 falsos autónomos, según datos del Instituto Nacional de Estadística). El resultado de este rediseño de las relaciones laborales es que las rentas del trabajo han decrecido y las del capital se han disparado.

El poder del (gran) empresario también carece de límites respecto de los pequeños empresarios. La competencia es sólo una  quimera que sirve de justificación ideológica al mercado. Los últimos acontecimientos en relación con la determinación del precio de la electricidad evidencian la realidad del poder de mercado. El ciudadano, en su vertiente de consumidor, se halla indefenso. El poder del empresario respecto del consumidor es otra vía de transferencia de renta antes y especialmente durante esta crisis, que ha revelado la ductilidad e ineficacia del Derecho de Consumo.

El poder de la banca es otro poder sin límites, desbocado. La banca se ha adueñado de los ahorros de cientos de miles de personas a través de la comercialización irregular de productos tóxicos como las participaciones preferentes. Un escándalo sin precedentes que no ha activado la respuesta penal del Estado. La concesión de préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas y sin evaluar la capacidad de pago de los prestatarios contribuyó a gestar, junto a la actividad simbiótica de las constructoras y un urbanismo desenfrenado, una trágica burbuja inmobiliaria-hipotecaria. Un modelo económico suicida con consecuencias conocidas como el drama social de los “desahucios”.

Los candados de los poderes salvajes

Pero, ¿cómo han conseguido los poderes económicos revertir conquistas de alcance civilizatorio si el ciudadano todavía goza del derecho de sufragio universal, es decir, si la mayoría desposeída mantiene aún la capacidad de detentar el poder político? Más allá de la quiebra democrática que supone la actual configuración de la Unión Europea, los poderes económicos han ideado un eficaz sistema de garantías o “candados”.

El primer candado, y el más importante, es la extorsión: la constante amenaza del poder económico de producir un mal mayor en caso de que no se acepte el mal menor (fuga de capitales contra las eventuales medidas redistributivas; deslocalización si no se acepta la reducción salarial y de plantilla; subida especulativa de la prima de riesgo si no se realizan recortes, etc.).

El segundo candado es la corrupción o captura directa de los poderes públicos: la financiación ilegal de los partidos políticos, la llamada puerta giratoria y otras formas de corrupción.

El tercer candado es la persuasión: la concentración de la propiedad de los medios de comunicación permite la hegemonía del pensamiento neoliberal y el consenso en torno a máximas desmovilizadoras por falsas y simplistas que sean (no hay alternativas, hacen falta más emprendedores, los sindicatos son corruptos, todos los políticos son iguales, los huelguistas son violentos, etc.).

El cuarto candado es la represión: el recurso al Derecho Penal del Enemigo, que estigmatiza el disenso, continúa siendo eficaz. No es casual la propuesta de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que la protesta social aumenta.

El último candado es la desactivación del sistema de garantías o candados de los derechos de las personas: la limitación del acceso a la Justicia. Las tasas judiciales, la lentitud de la Justicia o la politización de la alta judicatura culminan la quiebra del Estado de Derecho. El inacceso a la Justicia cierra el círculo del descontrol de los poderes salvajes.

La Justicia no es lenta

Desde hace dos o tres décadas viene forjándose un movimiento social transversal, informal y multinacional que pretende desacelerar el ritmo vertiginoso de nuestras vidas en las sociedades desarrolladas: el llamado movimiento Slow. Ciertamente, algunos de sus críticos tenían razón: algo de moda pasajera había en aquello. Pareciera que el movimiento Slow se ha diluido a raíz de la crisis económica internacional, con el consecuente cambio de prioridades que ha supuesto a todos los niveles, y quizá también por la nueva aceleración que implica el auge de las redes sociales. No obstante, todavía hoy se aprecian algunos retazos, como, por ejemplo, el éxito en nuestro país de los programas televisivos de cocina y el redescubrimiento del gusto por el buen comer. Suele decirse que las crisis representan oportunidades para replantear los problemas de fondo y el fondo de los problemas, y el movimiento Slow proporciona valiosas herramientas para diagnosticar el origen de nuestros males y satisfacer nuestras necesidades vitales. Pero ese es otro cantar.

Lo que se pretende en este artículo es reflexionar acerca de la velocidad de nuestra Justicia, o, en un sentido más amplio, de nuestra comunidad jurídica. En todas las esferas de nuestra sociedad (opinión pública, medios de comunicación, profesionales del Derecho, etc.) predomina la idea de que nuestra Justicia es insoportablemente lenta. Pero nada más lejos de la realidad. En España la Justicia no es lenta, sino terriblemente apresurada, precipitada y acelerada. Puede que los procesos duren muchos meses, sí, pero la prisa se refleja en cada escrito, trámite o intervención procesal. Uno de los aspectos más destacados por los medios de comunicación del reciente auto del juez Castro que imputa a la infanta Cristina es su extensión: 227 folios escritos tras 20 días de “encierro”. Sabido es que la Justicia no es igual para todos: tampoco en su velocidad y, por tanto, en su calidad.

Pensemos en el ejercicio de la abogacía. En los últimos lustros los despachos unipersonales, familiares o pequeños están en vías de extinción. Recientemente se ha concluido que a uno de cada tres abogados le cuesta vivir de su profesión. Las tasas judiciales han supuesto la puntilla. Atrás queda la figura del abogado sereno, reflexivo y prestigiado que tan bien encarna Atticus en Matar a un ruiseñor. Hoy los despachos de abogados funcionan como cualquier otra empresa: pretenden maximizar beneficios y minimizar costes. La deontología y el compromiso social no tienen cabida. Tampoco la pausa. La reducción de plantillas y la precarización de las condiciones laborales exprimen a los abogados, muchos de ellos ni-mileuristas, que soportan una extrema presión y un deterioro de su calidad de vida. Los plazos, la orientación a resultados y la presión de sus jefes y clientes les convierten en auténticos autómatas estresados. La calidad jurídica se resiente; la satisfacción del cliente, también. El mercado ya ofrece aplicaciones informáticas que automatizan la solución al caso. Simplemente no hay tiempo.

Tampoco los funcionarios judiciales gozan de la necesaria tranquilidad. Puede que hagan menos horas presenciales que los abogados, afortunadamente, pero sólo hay que visitar los juzgados para comprobar cómo los funcionarios y jueces están desbordados. Las resoluciones judiciales están llenas de erratas, faltas de ortografía, errores gramaticales y, en detrimento de los derechos de las personas, una grave ausencia de motivación. En ocasiones, administrar Justicia es sinónimo de copiar y pegar. En las salas de vista el panorama no es mucho mejor: “Letrado, vaya concluyendo”, suele decir un juez fatigado al abogado, cuyo cliente le reprochará la brevedad de su intervención.

A la comunidad jurídica parece que le estorba el conocimiento: a veces da la impresión de que la principal fuente del Derecho es el formulario. La doctrina, esto es, la labor interpretativa y dogmática de juristas y académicos, cada vez tiene un papel menos relevante.

La excesiva velocidad, paradójicamente, contribuye a la lentitud de la Justicia, es decir, a la tardía resolución de los asuntos. Piénsese en las solicitudes de aclaración de sentencia, la rectificación de errores, los recursos ante la deficiente fundamentación, las llamadas de los abogados para completar información a los clientes que fueron despachados rápidamente, etc.

Y no nos engañemos. Puede que el diseño de los procedimientos sea mejorable, al igual que la gestión documental o la planta judicial. Pero la Justicia es rápida (precipitada) y lenta (tardía) principalmente por la falta de personal. Al ciudadano hay que explicárselo: la Justicia es lenta y muchas veces injusta porque faltan funcionarios, así de claro. España es uno de los países de su entorno con menos empleados públicos y también con menos jueces por habitante. La crisis ha servido de excusa para reducir aún más el empleo público, imponer tasas judiciales que abortan los derechos fundamentales y, en suma, deteriorar el servicio público de la justicia. Dime cómo es el acceso a la Justicia y te diré la calidad de la democracia.

Los derechos de los justiciables, la salud de los profesionales del Derecho y la eficacia y equidad en la resolución de los conflictos requieren una Justicia Slow: una Justicia con más pausa, reflexión, calma, conocimiento, puestos de trabajo y jornadas menos intensas. Una Justicia, como predica el movimiento Slow, que responda con la velocidad adecuada a cada situación.