Emprendedores

Uno de los relatos más extendidos sobre las causas de la crisis en España carga contra el excesivo peso del sector público, una indomable burocracia que impediría sacar a relucir el talento de los emprendedores. Un discurso maquiavélico, porque quien lo idea y difunde sabe perfectamente que el gasto público en España siempre ha sido inferior al de los países de nuestro entorno y que la inmensa mayoría de los empleadores son pymes.

Lo que pretende este perverso relato no es sino justificar los atroces recortes en los servicios públicos y eludir la responsabilidad política en la creación de empleo. Para ello era necesario moldear previamente un concepto amable, el de emprendedor, que omitiese los excesos de todo tipo que han tenido lugar en el sector privado. Un concepto laxo, ambiguo, que si en un primer momento refería a la persona que crea un negocio, en la actualidad parece abarcar la totalidad de formas jurídicas que operan en el mercado.

Más allá de la cuestión nominalista, cabe preguntarse si el problema de la economía española consiste en la escasa iniciativa privada. La respuesta sólo puede ser negativa. De hecho, una de las diferencias significativas que explica el elevado desempleo de España respecto de las economías europeas más desarrolladas es nuestro reducido número de empleados públicos. Más aún, carece de sentido fomentar el emprendimiento sin reorientar el modelo productivo. ¿Son emprendedores los constructores que se hicieron de oro al inflar la burbuja inmobiliaria? Si en algún momento se priorizó el cambio de modelo productivo, aspiración que cristalizó en la inoperante Ley de Economía Sostenible, el debate económico en la actualidad se limita a la conveniencia o no de solicitar el rescate. La política no se plantea dar respuesta a las tres preguntas clásicas de la ciencia económica: “Qué producir, cómoproduciry para quién producir”.

No obstante, el Gobierno, por cierto, plagado de funcionarios y figurantes de grandes empresas transnacionales, ha agitado desde el principio la bandera del emprendimiento. Lo que no está tan claro es si sus políticas responden a los intereses de los emprendedores, ora en su acepción de personas que crean empresas, ora en su acepción de pymes. Hay hechos que tienen un indudable valor simbólico: transcurridos nueves meses de la presente legislatura y pese a haber presentado en los años de oposición una proposición de ley, a día de hoy no se ha aprobado la prometida Ley de apoyo a los emprendedores, pero sí ha habido tiempo para rescatar bancos o promover una amnistía fiscal. Cuestión de prioridades.

En realidad, la política económica que ejecuta el Gobierno de Rajoy inhibe la iniciativa empresarial y contraría los intereses de las pymes, cuyo principal problema es que no venden sus productos. La política de ajuste tiene como fundamento la reducción de los salarios de los trabajadores con el objetivo de aumentar las exportaciones. Pero la inmensa mayoría de las pymes no exportan, sus ingresos dependen de la demanda interna, y si los asalariados cobran menos, obviamente éstos pierden capacidad para comprar. Puede que un concreto empresario (o emprendedor) considere ventajoso pagar menos a sus empleados, en caso de que los tenga, pero si la reducción salarial es generalizada, sus cuentas se verán afectadas.

Finalmente, el tópico de los emprendedores se quiere identificar con el autoempleo, que frecuentemente adopta la moderna denominación de trabajador freelance. Una competición en la que sólo unos pocos sobrevivirán, porque en el mercado no se opera con igualdad de armas: primera lección que aprenderá un emprendedor, signifique lo que signifique emprendedor.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (12/10/2012).

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Cash Mob

Vivimos una época de cambios vertiginosos en todos los ámbitos (social, político, económico, cultural, etc.), propiciados tanto por innovaciones tecnológicas como por espurios intereses económicos. Lo cierto es que todo parece estar en cuestión, incluso conquistas históricas como el Estado del bienestar y la democracia. Pese a que la idea de cambio lleva implícita una acepción positiva u optimista, es necesario recordar que buena parte de estos cambios son verdaderas regresiones que replantean viejos problemas.

Entre la autocomplacencia del ciudadano que culpa a la clase política de todos sus males y la autoflagelación que implica el falso mito de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, existe un amplio espacio para la autocrítica y la reflexión colectiva. En los últimos lustros la ciudadanía ha permanecido anestesiada, ha abandonado los espacios públicos (desde los parques hasta la política) y se ha recreado en su biografía privada. Sólo la dureza de la crisis económica parece haber provocado el despertar de una conciencia cívica adormecida. El movimiento 15-M, que ha politizado a importantes sectores de la juventud, o más recientemente el éxito de la Cumbre Social son ejemplos de esa incipiente efervescencia social.

En muy diversos ámbitos se pueden encontrar iniciativas ciudadanas interesantes en las que internet juega un papel relevante. Son proyectos inconformistas que rechazan el individualismo y pretenden aportar otras perspectivas o formas de organización social con cierta dosis de innovación. Una de esas iniciativas tendrá lugar hoy en Salamanca (20:00 horas, calle Wences Moreno) y en las redes sociales está teniendo una gran repercusión: se trata del Cash Mob, que llega a nuestra ciudad con la colaboración de la asociación ZOES.

Un Cash Mob es una convocatoria realizada a través de las redes sociales para que un grupo de personas asista a una hora determinada a comprar en pequeños comercios locales de la comunidad donde se crea el evento. Los eventos Cash Mob tienen como finalidad ayudar, salvar y promover los pequeños comercios, que cada vez se encuentran con más dificultades debido a la expansión de las grandes superficies y los centros comerciales. Además, este movimiento pretende forjar lazos personales entre compradores y también con los vendedores, porque frente a la frialdad e impersonalidad del consumo de masas quiere poner en valor los vínculos personales, la amistad y la cercanía que humanizan la vida cotidiana.

Una de las virtudes del Cash Mob reside en la adecuada conjunción de una profunda fundamentación ético-política y una efectiva participación ciudadana. Las personas implicadas difunden ideas con hechos, fundamental en una etapa de descrédito de la política. Una llamada de atención, también, para esos economistas que cosifican a las personas y reducen la sociedad a un paupérrimo gráfico de oferta y demanda. Los participantes son ajenos a variables como los precios, los costes laborales o la eficiencia del mercado. Apelan a la humanización de las relaciones comerciales, a la convivencia y a la construcción de un modelo distinto de sociedad con un sencillo lema: “Utiliza las herramientas del futuro para ayudar a las tiendas del pasado”. Una vez más la dialéctica de lo nuevo y lo viejo, la permanente tensión entre el cambio de sentido y el sentido del cambio.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (21/09/2012).

Literatura

Cuando firmaron la hipoteca sintieron una suerte de paz interior, una alegría tranquila sólo comparable a la que experimentaron años atrás al aprobar sus oposiciones de empleados públicos laborales. El alquiler de su anterior vivienda les suponía un esfuerzo similar al de la cuota hipotecaria y, además, el piso se les había quedado pequeño. Nadie les advirtió de que su escritura de préstamo hipotecario contenía una cláusula que les ha obligado a pagar una cantidad añadida, más o menos, de 200 euros al mes. Se trataba de la dichosa cláusula suelo que las entidades financieras incluyeron para asegurarse suculentos beneficios, toda vez que conocían la evolución del euríbor. Hace ya algunos años que iniciaron el proceso judicial, junto a cientos de afectados, pero todavía no saben nada del resultado. La entidad no tuvo en cuenta esta situación cuando se produjo el segundo impago de la cuota hipotecaria. La reforma laboral también ha facilitado el despido a las administraciones públicas, y aunque ella se libró, a él le ha afectado el ERE del Ayuntamiento. Con un sueldo de mileurista y tres hijos, uno de ellos dependiente, resultaba imposible llegar a fin de mes. En sólo unos meses, el proceso de ejecución hipotecaria terminó con la familia en la calle, o mejor dicho, en casa de los padres de ella, y con una deuda que les perseguirá toda la vida. El consuelo de la familia es que su hija mayor ha logrado acabar la carrera, y aunque de momento sólo ha conseguido unas prácticas, en la empresa están muy contentos con ella y le han prometido un contrato si continúa con su actitud de compromiso. El pequeño, sin embargo, se ha quedado sin beca por la rigidez de los nuevos criterios. Sus abuelos quisieron ayudarle a pagar la matrícula, pero cuando se disponían a ello el banco les informó de que habían invertido en participaciones preferentes, un producto de vencimiento perpetuo, y el mercado financiero carecía de liquidez. No se lo podían creer, así que hicieron unas pancartas muy rudimentarias y se fueron directamente a la sede central de la entidad.

La crisis se había llevado por delante a la entidad, finalmente rescatada por el Estado. Deberían haber sido más prudentes, se cuestionaba, pero en aquellos tiempos la liquidez que proporcionaban los bancos extranjeros favorecía la fiesta, siempre utilizaba esa palabra con sus amigos del sector, la fiesta, aunque sabía que en los medios de comunicación tenía otro significado. Intentó tapar el agujero contable cuando ideó la emisión de participaciones preferentes, instrumento híbrido que reforzaría el balance de la entidad, pero no fue suficiente. Era su última reunión de alto nivel e iba a renunciar a la indemnización millonaria que le correspondía, no le gustaba aparecer en los medios de comunicación, y no estaba dispuesto a regalar titulares por un pequeño pastel. Ya tenía una edad avanzada y su presencia en el consejo de administración de varias empresas le aseguraba bienestar y tranquilidad hasta el final de sus días. Faltaban varios minutos para comenzar la reunión, y ya en la sala, recibió una llamada de su hijo, quien también era directivo en otra entidad financiera. Le llamó preocupado para comunicarle que le habían bajado el sueldo a 500.000 euros porque la entidad en la que trabajaba había recibido ayudas públicas, que así lo ordenaba un nuevo Decreto-ley que le habían filtrado. “No te preocupes, te llamo más tarde”. Enseguida reparó en que sería una buena idea acogerse a la reciente amnistía fiscal para tener más a mano parte del dinero generado por operaciones en el extranjero. Abrió la ventana para fumar un cigarro y advirtió a dos ancianos que apenas podían sostener sus pancartas, estaban solos.

Artículo publicado en el diario El Adelanto (14/09/2012).

El mito financiero

Prosigue la crisis y ya hay quien prevé una década perdida similar a la que sufrieron los países latinoamericanos durante los años 80. No en vano, el sur de Europa parece abocado a latinoamericanizarse,  forjando inexorablemente sociedades desvertebradas, crecientemente desiguales, arrastradas por el lastre de la deuda y bajo la estricta vigilancia del Fondo Monetario Internacional. Decía recientemente el escritor Isaac Rosa que en esta crisis los ciudadanos nos hemos convertido en espectadores de una película de acción, pasivos y tensos ante la sucesión de acontecimientos vertiginosos. Cabe añadir que no sólo los ciudadanos. Nuestros legítimos representantes políticos aprueban medidas drásticas y, seguidamente, aluden a su ineficacia en el corto e incluso medio plazo. Transmiten la impresión de que los indicadores macroeconómicos conforman una maquinaria ajena a la voluntad humana. Todos protagonizamos un peligroso espectáculo de resignación colectiva.

Nuestra condición de espectadores ha sido alimentada, también, por la jerga económica del momento, reproducida incesantemente por los medios de comunicación. No se trata de un lenguaje excesivamente técnico, jurídico o especializado, pero sí lo suficientemente enigmático para obstaculizar la participación del ciudadano ordinario en los asuntos públicos. La prima de riesgo, los mercados, el rescate, los activos tóxicos, la troika o los cocos son conceptos cuanto menos oscuros, sugerentes y evocadores. Allá por 1932, Bertrand Russell dijo lo siguiente: “Esta situación de incomprensivo respeto por parte del público en general es exactamente lo que necesita el financiero para que la democracia no le ate las manos”, porque “la superstición y el misterio son eficaces para los que detentan el poder financiero”.

Pero como sucede en todos los mitos, las excelencias que frecuentemente les atribuimos son falsas. Nada hay de extraordinario en la evolución de la prima de riesgo o los índices bursátiles, ni siquiera en el diseño de los instrumentos financieros que se hallan en el origen de la crisis. Suele recordarse, y no sin razón, el empeño de Zapatero en ignorar la existencia de la crisis o la insistencia de Rajoy en negar la realidad del rescate, pero suelen pasar inadvertidos los numerosos expertos y analistas financieros que no predijeron la crisis y quienes aseguraban que con el rescate se reduciría la tensión en los mercados. No hay nada de sofisticado en el poder financiero, pero, sin embargo, seguimos haciendo caso a las agencias de calificación, a los hombres de negro y a los ludópatas de los mercados. En las finanzas sólo opera la lógica del beneficio voraz e inmediato. Resulta imprescindible desmitificar el poder financiero para lograr la preeminencia de la economía real, el control democrático sobre los poderes privados y el final del primer mandamiento financiero: la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.

En un momento histórico en el que las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a la democratización del conocimiento, sólo es cuestión de tiempo que cada vez más sectores de la sociedad tomen conciencia sobre la supremacía del poder financiero respecto de los poderes públicos. Hasta entonces, las élites políticas sobrevivirán invocando diversos chivos expiatorios, a veces incluso jugando a la antipolítica, como en la Comunidad de Madrid. Si los principales partidos de nuestro país no rompen sus lazos con el poder financiero, serán los ciudadanos quienes les bajen la calificación y los tiren a la basura.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (15/06/2012)

Negocios exprés

Las medidas de lucha contra el paro en nuestro país están siendo absolutamente ineficaces. Los gobiernos saliente y entrante aprobaron sendas reformas laborales que, según prometieron sus promotores y defensores, contribuirían a la creación de empleo. Sin embargo, la realidad muestra sus efectos contraproducentes. Este empeño en convertir el Derecho del Trabajo en una técnica de fomento, olvidando que su razón de ser es la protección de la parte débil en las relaciones laborales, oculta la verdadera intención de reducir los costes salariales.

Debido al agravamiento del problema del desempleo, la frenética actividad del Boletín Oficial del Estado prosigue en busca de soluciones, o al menos con el objetivo de crear tal apariencia. La penúltima receta milagrosa pasa por agilizar la creación de empresas. Hace unos días, el Gobierno aprobó el Decreto-Ley de la conocida como licencia exprés, que consiste en la eliminación de las licencias o autorizaciones vinculadas con establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras, a fin de impulsar y dinamizar el comercio minorista. Ya no será necesario acreditar los requisitos relativos a la actividad comercial, sino simplemente manifestar que se cumplen mediante la presentación de declaraciones responsables, que se verán a acompañadas del control e inspección de la administración a posteriori. La sustitución de la licencia por la declaración responsable viene siendo impulsada por la Unión Europea, que en este ámbito ha asumido el modelo anglosajón. A priori puede parecer ventajoso, pero ello supone desnaturalizar la institución del procedimiento administrativo en perjuicio del interés general, ya que las licencias permiten la eficaz protección de intereses nada despreciables como el medio ambiente, la salud o la seguridad.

El problema de las empresas españolas no son las cargas burocráticas. En los últimos tiempos, medidas como la ventanilla única empresarial y la implantación de la administración electrónica han permitido una mayor rapidez y facilidad para crear empresas. El problema de las pymes se debe a la disminución del consumo como consecuencia del desempleo y la bajada de salarios. Un círculo vicioso alimentado precisamente por la reforma laboral, que facilita el despido y permite la reducción unilateral de los salarios por los empresarios. Reducir los salarios de los trabajadores le puede parecer una idea magnífica a un concreto empresario, pero a nivel agregado supone que los trabajadores, consumidores potenciales, no pueden comprar los productos que las empresas ofrecen en su conjunto. El egoísmo ni siquiera resulta eficiente. Se podrá acelerar más y más la creación de empresas, pero si nadie puede comprar, las empresas cerrarán tan rápido como se crean: auténticos negocios exprés, como se puede comprobar en los escaparates de nuestras ciudades.

Mientras los trabajadores se van al paro y las pymes cierran, los mal llamados inversores realizan todo tipo de operaciones especulativas en los mercados financieros. Con tan solo apretar una tecla, desde el anonimato y la distancia, pueden obtener ganancias cuantiosas e inmediatas al cuestionar la solvencia de un país. Los especuladores son ajenos a las cargas administrativas, y así nos va: la deuda pública es su negocio exprés. Ellos provocan la subida de la prima de riesgo, ellos se lucran con las subastas del tesoro. Los intérpretes de estos nuevos dioses, los hombres de negro de la troika, chantajean a nuestros gobernantes, que ceden con más o menos gusto en función de su ideología, para imprimir programas de ajuste que deprimen la economía, con la finalidad de garantizar el pago de la deuda y, de paso, satisfacer otras demandas de los poderes privados. Los negocios exprés cierran, en buena parte, por culpa de otros negocios exprés que, al parecer, obtuvieron licencia para extorsionar.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (08/06/2012)

A vueltas con la reforma constitucional

La reforma constitucional que pretende proscribir el déficit público puede y debe analizarse desde una doble perspectiva, económica y jurídica, a tenor del actual contexto político. Desde un punto de vista económico, conviene recordar que el déficit público constituye una herramienta de política económica contenida en la caja del keynesianismo, una de las dos escuelas, junto con la liberal (que por contra, simplificando, defiende el déficit cero), más importantes de la ciencia económica. El déficit, por tanto, permite realizar políticas contracíclicas y garantizar derechos sociales en momentos de desaceleración o recesión económica. Y ello sin perjuicio de que un mal uso del déficit, con la consecuente deuda pública, pueda representar un problema macroeconómico derivado de su excesiva acumulación, inflación, pago de intereses o la especulación con su compra (no obstante, esta última puede ser combatida regulando – por  ejemplo, prohibiendo las operaciones especulativas– el mercado de deuda pública). En cualquier caso, frente a lo que pudiera deducirse del ruido mediático, el déficit público español no es problemático.

Ya en el terreno jurídico, es necesario hacer una primera consideración. ¿Debe la Constitución optar por uno u otro instrumento para las cuentas públicas? Si algo caracteriza a la Constitución Española es que plasma una gran voluntad de consenso, por lo que en la llamada Constitución Económica (el conjunto de normas constitucionales sobre economía) conviven plácidamente el modelo intervencionista o keynesiano y el liberal en el marco de la economía de mercado. Asimismo, el sentido común jurídico sugiere que en la Carta Magna, por su inherente rigidez, no deben dilucidarse aspectos concretos de la política económica.

Sobre el procedimiento elegido, juristas como Rafael Escudero Alday o Antonio de Cabo de la Vega y el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV han apuntado que la reforma debería llevarse a cabo por la vía agravada del artículo 168, en tanto que la limitación del déficit afecta al Título preliminar y a los derechos fundamentales, lo que exigiría, entre otros requisitos, la celebración de un referéndum. La interpretación puede parecer forzada, si bien la “prioridad absoluta” del pago de la deuda pública contenida en el artículo 135.3 alimenta esta hipótesis, toda vez que esta desafortunada expresión genera una antinomia: ¿prioridad absoluta frente a los gastos derivados de la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) o de la Corona (Título II), por poner sólo dos ejemplos?

De lo que no cabe duda es que, desde un punto de vista político, la reforma adolece de un gran déficit democrático, ya que no ha existido debate público suficiente y la legislatura se halla prácticamente agotada. Jurídicamente, estas deficiencias democráticas se plasman en la tramitación urgente y por el procedimiento de lectura única sin esgrimir motivación suficiente, so riesgo de desvelar lo que todo el mundo sabe: que los mercados, organizaciones internacionales y otros países han impuesto de forma antidemocrática esta reforma. Si el fondo se antoja erróneo, la forma resulta inaceptable.

Los delitos de Los Mercados

En el último tramo de la presente crisis económica, la opinión pública se ha familiarizado con un nuevo actor político-económico: Los Mercados. Pese a los intentos por desenmascararlos, lo cierto es que poco o nada se sabe sobre esta deidad del siglo XXI. Sí son conocidos por sus hechos: son capaces de hacer chantajes, provocar rescates, aumentar la prima de riesgo, dirigir la política económica de los países y, en definitiva, secuestrar la democracia.

Ahora bien, ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre: Los Mercados son unos delincuentes. Y no es solo un grito de indignación. Los Mercados,  las personas físicas y jurídicas que se ocultan tras su velo, han cometido delitos tipificados en el Código Penal.

Recientemente, el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos interpuso una querella contra las agencias de calificación, si bien el Ministerio Fiscal ha solicitado su desestimación. Quizá sea el momento de presentar una querella contra los bancos y los restantes actores financieros que especulan con la deuda pública, obteniendo beneficios millonarios a costa del erario público. Y hay base para ello.

Los Mercados han cometido, entre otros, el delito tipificado en el artículo 262 del Código Penal, según el cual “los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate” en una subasta pública “serán castigados con pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses”. Que los bancos están concertados para encarecer la deuda pública española es una obviedad, como ponen de manifiesto las operaciones especulativas previas a las subastas del tesoro público (véase el reciente artículo de la profesora Bibiana Medialdea en el Diario Público).

Con esta entrada en mi blog lanzo el guante a otros compañeros abogados, asociaciones de consumidores y otras organizaciones políticas y sociales para que, cooperando entre todos, desenmarañemos la trama de Los Mercados e interpongamos una querella con la fineza jurídica que la complejidad del asunto requiere.