Emprendedores

Uno de los relatos más extendidos sobre las causas de la crisis en España carga contra el excesivo peso del sector público, una indomable burocracia que impediría sacar a relucir el talento de los emprendedores. Un discurso maquiavélico, porque quien lo idea y difunde sabe perfectamente que el gasto público en España siempre ha sido inferior al de los países de nuestro entorno y que la inmensa mayoría de los empleadores son pymes.

Lo que pretende este perverso relato no es sino justificar los atroces recortes en los servicios públicos y eludir la responsabilidad política en la creación de empleo. Para ello era necesario moldear previamente un concepto amable, el de emprendedor, que omitiese los excesos de todo tipo que han tenido lugar en el sector privado. Un concepto laxo, ambiguo, que si en un primer momento refería a la persona que crea un negocio, en la actualidad parece abarcar la totalidad de formas jurídicas que operan en el mercado.

Más allá de la cuestión nominalista, cabe preguntarse si el problema de la economía española consiste en la escasa iniciativa privada. La respuesta sólo puede ser negativa. De hecho, una de las diferencias significativas que explica el elevado desempleo de España respecto de las economías europeas más desarrolladas es nuestro reducido número de empleados públicos. Más aún, carece de sentido fomentar el emprendimiento sin reorientar el modelo productivo. ¿Son emprendedores los constructores que se hicieron de oro al inflar la burbuja inmobiliaria? Si en algún momento se priorizó el cambio de modelo productivo, aspiración que cristalizó en la inoperante Ley de Economía Sostenible, el debate económico en la actualidad se limita a la conveniencia o no de solicitar el rescate. La política no se plantea dar respuesta a las tres preguntas clásicas de la ciencia económica: “Qué producir, cómoproduciry para quién producir”.

No obstante, el Gobierno, por cierto, plagado de funcionarios y figurantes de grandes empresas transnacionales, ha agitado desde el principio la bandera del emprendimiento. Lo que no está tan claro es si sus políticas responden a los intereses de los emprendedores, ora en su acepción de personas que crean empresas, ora en su acepción de pymes. Hay hechos que tienen un indudable valor simbólico: transcurridos nueves meses de la presente legislatura y pese a haber presentado en los años de oposición una proposición de ley, a día de hoy no se ha aprobado la prometida Ley de apoyo a los emprendedores, pero sí ha habido tiempo para rescatar bancos o promover una amnistía fiscal. Cuestión de prioridades.

En realidad, la política económica que ejecuta el Gobierno de Rajoy inhibe la iniciativa empresarial y contraría los intereses de las pymes, cuyo principal problema es que no venden sus productos. La política de ajuste tiene como fundamento la reducción de los salarios de los trabajadores con el objetivo de aumentar las exportaciones. Pero la inmensa mayoría de las pymes no exportan, sus ingresos dependen de la demanda interna, y si los asalariados cobran menos, obviamente éstos pierden capacidad para comprar. Puede que un concreto empresario (o emprendedor) considere ventajoso pagar menos a sus empleados, en caso de que los tenga, pero si la reducción salarial es generalizada, sus cuentas se verán afectadas.

Finalmente, el tópico de los emprendedores se quiere identificar con el autoempleo, que frecuentemente adopta la moderna denominación de trabajador freelance. Una competición en la que sólo unos pocos sobrevivirán, porque en el mercado no se opera con igualdad de armas: primera lección que aprenderá un emprendedor, signifique lo que signifique emprendedor.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (12/10/2012).

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Cómo crear empleo

El barómetro del CIS refleja una y otra vez que el paro es el principal problema para la gran mayoría de la ciudadanía española. Sin embargo, indicadores como la prima de riesgo o el Ibex centran la atención informativa y marcan la agenda política en mayor medida. ¿Es el paro el principal problema para los grandes actores políticos? La respuesta sólo puede ser negativa si nos atenemos a los diagnósticos y soluciones dominantes en el panorama político-mediático, obsesionado con el equilibrio presupuestario. En realidad, los responsables políticos no priorizan la solución al desempleo porque éste no es un problema para las élites económicas, que son las que detentan el poder real, más aún, al contrario, el paro es una ventaja para aquéllas, porque permite abaratar los costes salariales (es revelador que se haya generalizado la expresión costes para referirse a los salarios, que son beneficios para la mayoría). Un buen ejemplo de cuanto se dice es la última reforma laboral: con el pretexto de acabar con el desempleo, se permite a las empresas la reducción unilateral de los salarios. Las principales políticas públicas de lucha contra el desempleo en nuestro país han sido las sucesivas reformas laborales, que con mayor o menor intensidad, han pretendido desregular el mercado de trabajo (en la jerga más erudita, flexibilizarlo). Es decir, lo que se ha querido –y finalmente conseguido– es desnaturalizar el Derecho del Trabajo, un sector de nuestro ordenamiento jurídico que surgió en el siglo XX para proteger a la parte débil en la contratación, al igual que décadas después nació el Derecho de Consumo para regular la venta masiva de bienes y servicios, dos conquistas del Estado social. Con la misma legislación laboral, Andalucía tiene más del doble de paro que el País Vasco, un argumento tan simple como concluyente que desacredita a los partidarios de la reforma laboral y pone de relieve la importancia de los procesos históricos en la vida económica. Por tanto, para crear empleo (que es lo que se analiza en estas líneas) lo primero que hace falta es voluntad política: dar satisfacción a las demandas de la mayoría social en detrimento de los intereses de la influyente minoría.

Entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces para crear empleo? El problema del paro, que es global, obliga a partir de una elemental premisa. Los avances tecnológicos en los dos últimos siglos han aumentado exponencialmente la capacidad de los países para producir, pero, en cambio, la duración de la jornada de trabajo apenas ha variado. Así, es claro que la lucha contra el desempleo pasa por repartir el tiempo de trabajo y distribuir más equitativamente su producto. Quien sostenga que para salir de la crisis los españoles tenemos que trabajar más, lo sepa o no, está condenando al paro a cientos de miles de personas.

Otra de las medidas necesarias para reducir el desempleo sería el crecimiento del empleo público. En una de sus últimas apariciones en el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy se lamentaba de que el empleo público hubiera crecido en momentos en los que el sector privado había destruido mucho empleo. Más allá de que sus datos son dudosos (según el Instituto Nacional de Estadística, en el último año el sector público ha perdido 176.400 empleados), dicha intervención demuestra que para Rajoy el empleo no es una preocupación más intensa que sus prejuicios ideológicos. No obstante, los datos son los que son: si el tamaño de nuestro sector público fuera el de los países de nuestro entorno, el paro dejaría de ser una seña de identidad española, como ha venido ilustrando Vicenç Navarro, uno de los científicos sociales de nuestro país más relevantes en el mundo.

Con total seguridad, estas medidas suscitarían muchos obstáculos y reacciones contrarias internas y externas (lobbies, mercados, Unión Europea), pero la voluntad de aplicarlas permitiría, al menos, concentrar las energías en allanar el camino y consensuar estrategias de presión, negociación o recuperación de la soberanía.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (03/08/2012).