Uno de los relatos más extendidos sobre las causas de la crisis en España carga contra el excesivo peso del sector público, una indomable burocracia que impediría sacar a relucir el talento de los emprendedores. Un discurso maquiavélico, porque quien lo idea y difunde sabe perfectamente que el gasto público en España siempre ha sido inferior al de los países de nuestro entorno y que la inmensa mayoría de los empleadores son pymes.
Lo que pretende este perverso relato no es sino justificar los atroces recortes en los servicios públicos y eludir la responsabilidad política en la creación de empleo. Para ello era necesario moldear previamente un concepto amable, el de emprendedor, que omitiese los excesos de todo tipo que han tenido lugar en el sector privado. Un concepto laxo, ambiguo, que si en un primer momento refería a la persona que crea un negocio, en la actualidad parece abarcar la totalidad de formas jurídicas que operan en el mercado.
Más allá de la cuestión nominalista, cabe preguntarse si el problema de la economía española consiste en la escasa iniciativa privada. La respuesta sólo puede ser negativa. De hecho, una de las diferencias significativas que explica el elevado desempleo de España respecto de las economías europeas más desarrolladas es nuestro reducido número de empleados públicos. Más aún, carece de sentido fomentar el emprendimiento sin reorientar el modelo productivo. ¿Son emprendedores los constructores que se hicieron de oro al inflar la burbuja inmobiliaria? Si en algún momento se priorizó el cambio de modelo productivo, aspiración que cristalizó en la inoperante Ley de Economía Sostenible, el debate económico en la actualidad se limita a la conveniencia o no de solicitar el rescate. La política no se plantea dar respuesta a las tres preguntas clásicas de la ciencia económica: “Qué producir, cómoproduciry para quién producir”.
No obstante, el Gobierno, por cierto, plagado de funcionarios y figurantes de grandes empresas transnacionales, ha agitado desde el principio la bandera del emprendimiento. Lo que no está tan claro es si sus políticas responden a los intereses de los emprendedores, ora en su acepción de personas que crean empresas, ora en su acepción de pymes. Hay hechos que tienen un indudable valor simbólico: transcurridos nueves meses de la presente legislatura y pese a haber presentado en los años de oposición una proposición de ley, a día de hoy no se ha aprobado la prometida Ley de apoyo a los emprendedores, pero sí ha habido tiempo para rescatar bancos o promover una amnistía fiscal. Cuestión de prioridades.
En realidad, la política económica que ejecuta el Gobierno de Rajoy inhibe la iniciativa empresarial y contraría los intereses de las pymes, cuyo principal problema es que no venden sus productos. La política de ajuste tiene como fundamento la reducción de los salarios de los trabajadores con el objetivo de aumentar las exportaciones. Pero la inmensa mayoría de las pymes no exportan, sus ingresos dependen de la demanda interna, y si los asalariados cobran menos, obviamente éstos pierden capacidad para comprar. Puede que un concreto empresario (o emprendedor) considere ventajoso pagar menos a sus empleados, en caso de que los tenga, pero si la reducción salarial es generalizada, sus cuentas se verán afectadas.
Finalmente, el tópico de los emprendedores se quiere identificar con el autoempleo, que frecuentemente adopta la moderna denominación de trabajador freelance. Una competición en la que sólo unos pocos sobrevivirán, porque en el mercado no se opera con igualdad de armas: primera lección que aprenderá un emprendedor, signifique lo que signifique emprendedor.
Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (12/10/2012).