Ganemos desde abajo (también Salamanca)

 

El deterioro del Estado del bienestar en España, fruto de las contrarreformas sociales recomendadas por la troika y asumidas por el bipartidismo, ha generado una respuesta ciudadana fragmentada, discontinua y progresivamente organizada. La tibieza inicial de una debilitada sociedad civil dio paso a la indignación transversal, surgida en torno al movimiento 15-M y ramificada posteriormente en las combativas mareas. Ante la incapacidad de los partidos políticos para aglutinar el descontento social, el incipiente éxito del fenómeno Podemos parece indicar que el sistema político podría canalizar el malestar ciudadano a través de una nueva formación política de mayorías. Del mismo modo, la iniciativa Guanyem Barcelona, protagonizada, entre otros, por la activista Ada Colau, confirma una decidida apuesta ciudadana por agitar el tablero político. Buena parte de las izquierdas, los movimientos sociales y amplias capas populares comienzan a concebir que, si bien los partidos políticos de orientación plutocrática resultan ciertamente perniciosos, la movilización social sin una estrategia de acceso al poder carece de toda eficacia.

El calendario dicta que la prioridad política pasa por las próximas elecciones municipales (sin olvidar las elecciones autonómicas parcialmente coincidentes). El Gobierno Local es un ámbito idóneo para forjar la emergencia de un proceso de cambio, democratización y transformación social. Frente a un ejercicio viciado del poder político por instancias supranacionales, frecuentemente antidemocráticas, alejadas de la ciudadanía y capturadas por el poder económico, la descentralización política y el municipalismo son manifestaciones constitutivas del principio democrático: posibilitan la gestión inmediata de los recursos, la participación vecinal y la reducción de poderes intermediarios. El auge de la corrupción urbanística municipal de los últimos lustros, que alimentó la desastrosa burbuja inmobiliaria, nos enseña el riesgo de desatender las instancias próximas de participación política y control ciudadano.

La política austericida de recortes también ha minado la salud de los Entes Locales. Con el pretexto de cumplir los plazos de pago a los proveedores, los Ayuntamientos se vieron compelidos a aprobar planes de austeridad que socavan la autonomía local. Más recientemente, la Reforma Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional, incide en la perniciosa tendencia de vaciamiento político del municipio al reducir sustancialmente sus competencias. Y, a pesar de la cercanía de las elecciones, el Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar las reglas del juego democrático para garantizar que el alcalde pertenezca al partido más votado. Un blindaje calculado de corte autoritario que, no obstante, reforzaría la necesidad de articular una respuesta política de unidad democrática y empoderamiento ciudadano frente a la ofensiva neoliberal.

A mi juicio, los objetivos municipalistas que podrían generar un consenso de mínimos son los siguientes: (1) garantizar la gestión pública, directa y responsable de los servicios locales (agua, limpieza, transporte, etc.), frente a las viejas y renovadas tentativas privatizadoras que pretenden obtener lucro de lo que es de todos; (2) proveer servicios sociales extensivos que garanticen el bienestar y la dignidad de las personas más vulnerables; (3) potenciar la progresividad fiscal en el ámbito de la autonomía financiera local; (4) fomentar la creación de empleo digno, estable y repartido en el marco de una economía sostenible, social y colaborativa; y (5) promover activamente la participación vecinal en los asuntos políticos, económicos y culturales mediante prácticas institucionales eficaces: el cambio sólo será si la ciudadanía lo hace, lo siente y lo defiende frente a la indefectible reacción de las élites locales.

Muchas ciudades están siguiendo la estela marcada por la iniciativa barcelonesa. Salamanca no debe quedarse atrás. La crisis económica ha acentuado sus debilidades estructurales y la élite local se desenvuelve con placidez en una ciudad envejecida, indolente, resignada, sin visión estratégica de futuro. No sólo se advierte necesario hacer frente a la pérdida de cohesión social, sino que resulta urgente combatir la inmensurable desolación vital. Todo ello requiere, obviamente, una nueva mayoría social y política que tome las riendas de la ciudad, pero también un impulso vitalista, generacional y regenerador que aporte soluciones creativas a los viejos problemas y potencie las capacidades económicas, culturales y geográficas de la ciudad. Se trata, al fin y al cabo, de poner la pasión política al servicio de la justicia social; de echar a la casta pero también de erradicar la caspa.

La confluencia exige una generosidad extrema por parte de los actores del cambio. Algunos deberán ceder protagonismo; otros habrán de prescindir de siglas históricas y encomiables; a todos habrá de exigirse la altura de miras necesaria para olvidar rencillas y carnés y actuar con transparencia, confianza y entusiasmo colectivo. Ganemos debe contar con todas las fuerzas políticas de izquierdas, sin olvidar que las intersecciones pueden hallarse más fácilmente en los barrios y los movimientos sociales. Allí nos reconocemos mejor. Están en juego las ideas y las propuestas que dignifican a las personas y propagan la alegría. Ganemos. Y, no lo olvidemos, la batalla local no será la última, sino la primera de un nuevo comienzo.

 

Sin memoria

Las malas noticias económicas acaparan una actualidad desbocada que nos niega la perspectiva necesaria para analizar el pasado y encarar el futuro. La crisis se ha convertido en un diario mal escrito, un nudo sin desenlace que aburriría si no fuera por que ahoga cada vez a más personas. El ciudadano, indignado o resignado, ya no logra recordar cómo era la vida antes de la crisis, incluso puede llegar a sentir curiosidad por los periódicos de aquella lejana época: ¿de qué se hablaba entonces? Pero no, tampoco fue un período de placidez.

La precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y el inacceso a la vivienda se sufrían en silencio, como si fuesen inevitables fuerzas de la naturaleza. Por momentos, el discurso dominante no identificaba a PP y PSOE como un todo indivisible, sino que renacía el problema de las dos Españas. El Gobierno de Zapatero rompía España y la familia, se decía, y la crispación (palabra de moda entonces) impregnaba el Parlamento y las calles, entonces llenas de sotanas.

Otra de las iniciativas que agitaba el debate público era la popularmente llamada Ley de Memoria Histórica. Si con la actual crisis hemos perdido la memoria a corto plazo, la otra, la del largo plazo, nunca la tuvimos. La negación de la memoria histórica debe apuntarse en el pasivo de nuestra caja de herramientas para salir de la crisis. Si en el pasivo económico hemos ido anotando la pérdida, de hecho o de derecho, de herramientas soberanas como, por ejemplo, la política monetaria, en el pasivo político se halla la debilidad de nuestra democracia, que fue fundada en un pacto coyuntural de olvido y no en sólidas bases democráticas.

En gran medida ahí radica nuestro gran déficit de cultura democrática, que alcanza por igual a instituciones públicas y sociedad civil, en el desconocimiento de nuestra historia reciente, en particular del porqué de la dictadura franquista. Sólo así se entiende la tibieza, cuando no colaboración, de la respuesta política ante los ataques del poder económico, y sólo así se entiende que, ante la parálisis permanente de gobernantes e instituciones, la mayoría de los ciudadanos descalifiquen a la clase política sin construir, hasta el momento, otras alternativas políticas. Vía libre, pues, para el populismo y la antipolítica.

Finalmente, la Ley de Memoria Histórica se aprobó, eso sí, podada y gestada con timidez. Aun olvidada, es una ley, una norma que genera derechos y obligaciones, y a la que están sujetos, de manera especial, los poderes públicos. La Ley obliga, entre otras cosas, a que Administraciones públicas retiren “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Sólo hace unos días el Ayuntamiento de Valencia retiró el título de Alcalde honorario al dictador Francisco Franco, en cumplimiento de una sentencia condenatoria de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia. Dada la claridad de la Sentencia, el Consistorio que preside Rita Barberá no la recurrió.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Salamanca también concedió honores al dictador (título de Alcalde honorario, cuya existencia discute el equipo de Gobierno, y Medalla de Oro de la ciudad, sí reconocida), por lo que cabe esperar que cumpla con la ley sin necesidad de esperar a una sentencia condenatoria. De lo contrario, sería una gran irresponsabilidad, porque en un Estado de Derecho la ley puede cumplirse o cambiarse, pero no obviarse.

Habrá quien piense que no es tiempo para hablar de honores y deshonores. Pero sólo si recordamos el valor de la democracia, podremos empezar a defenderla ante la presente encrucijada.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (28/09/2012).

Reinventar Salamanca

Se acaba agosto, acumulación de e-mails por responder, buzones llenos de propaganda, atascos, la vuelta al cole, el regreso de los presentadores titulares, el inicio de la temporada, del curso político, del año judicial, de la cuesta de septiembre, si es que existe algún mes llano. La depresión postvacacional convive con la apacible tranquilidad que inspira la rutina personal, y como si se tratara de una segunda oportunidad para los incumplidores de las promesas de año nuevo, comenzamos a plantear nuevos propósitos, retos y proyectos. Buena oportunidad, también, para la reflexión colectiva, como familia, empresa, sociedad y, lo que pretendo en estas líneas, como ciudad. Cierto es que la coyuntura económica inhibe los proyectos ambiciosos y las grandes transformaciones. La crisis la sufre la ciudadanía, pero también es una excusa para la inacción de quienes tienen responsabilidades directivas en cualquier ámbito, que se escudan en una máxima recurrente: “Es un mal momento”. Esperar o mantenerse no puede ser un proyecto compartido de ciudad. Hay que tener en cuenta que la crisis golpea a Salamanca de manera singular debido a su precaria estructura económica. La Universidad se halla atada de pies y manos, con una subida de tasas que en el medio plazo puede suponer la reducción del número de alumnos y que, al ensañarse con los alumnos extranjeros, pone trabas a su internacionalización y vocación latinoamericana. La lacra del desempleo juvenil en Salamanca se plasma en una desbocada emigración que envejece a la población. La pérdida de poder adquisitivo de empleados públicos y pensionistas, colectivos de gran peso en la ciudad, además de injusta, ralentiza la actividad económica en perjuicio del pequeño comercio, que no puede competir con las numerosas grandes superficies. Pero más allá de las cifras, del análisis económico material, aunque probablemente como consecuencia de ello, se extiende una percepción de pesimismo colectivo, de estancamiento emocional si cabe, de atonía social y cultural en la ciudad. Hace unos meses, el periodista de viajes Paco Nadal se preguntaba si Salamanca era una ciudad aburrida y, en general, analizaba las claves que convierten a una ciudad histórica en emergente y vanguardista, concluyendo que ello dependía de la personalidad de sus dirigentes políticos. ¿Es consciente la clase dirigente de Salamanca (política, económica y mediática) de este diagnóstico económico y anímico? ¿Es esta clase aquiescente con la situación de parálisis? Para salir del presente atolladero es necesario plantearse las preguntas adecuadas, responder con autocrítica y actuar con voluntad y determinación política. Salamanca tiene un enorme potencial económico y cultural muy desaprovechado, y la crisis no puede ser una excusa para perpetuar un statu quo decimonónico. La ciudad debe optar entre permanecer petrificada o rejuvenecer y apostar por la vanguardia y la transgresión. Si bien las prioridades políticas transversales pasan por la lucha contra la exclusión social, el empleo y el aseguramiento de los derechos sociales, en la administración local pueden y deben desarrollarse proyectos de consenso, compartidos e ilusionantes que revitalicen las ciudades. Las dificultades económicas son un obstáculo evidente, pero deben servir de estímulo para aumentar las dosis de audacia, creatividad y arrojo. Reactivar e implicar a la debilitada sociedad civil, apostar por la sostenibilidad medioambiental como motor de desarrollo, estrechar los lazos fronterizos, exprimir el potencial innovador de la Universidad, fortalecer y diversificar la oferta cultural son desafíos de primer orden que requieren de un gran liderazgo político (ajeno a las consignas partidistas estatales) y una planificación estratégica y consensuada en nuestra ciudad. Resignarse a envejecer o reinventar Salamanca. Recordar o imaginar. A pesar de todo, podemos elegir.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (31/09/2012).

 

 

Esas pequeñas cosas

El actual contexto de crisis económica y otros obstáculos inherentes al ámbito municipal limitan mucho la capacidad de acción de los gobiernos locales, más aún si se carece de una visión estratégica de ciudad, como sucede en Salamanca. No es un dato menor: el Plan de Ajuste que hace unas semanas aprobó el Ayuntamiento de Salamanca, como tantos otros municipios que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores, ata de pies y manos a los responsables municipales durante una década. Más de uno se preguntará en qué lugar queda la autonomía local con tan limitado margen de maniobra. De lo que no cabe duda es que las dificultades por las que atraviesa el consistorio que preside Fernández Mañueco no van sino a alimentar la atonía en la que vive la ciudad charra. Entonces, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento en estas circunstancias? Si en los buenos tiempos no se logró reinventar la ciudad, es claro que en estos momentos tal reto se antoja utópico, ya que el clima político de hoy resulta más proclive a la distopía. Aceptar que corren malos tiempos para la acción política municipal es el primer paso de la derrota ciudadana, pero, al menos, el mantenimiento de los servicios públicos obligatorios (y los necesarios) prestados por el Ayuntamiento debería ser una exigencia cívica innegociable. Si la política municipal es una rémora del pasado, el acento habrá de ponerse en la gestión de la administración, si es que es posible separar política y administración cuando se habla de gestión pública. En la gestión administrativa debe exigirse a los responsables municipales una apuesta clara y decidida por la innovación y la mejora continua: recortar no puede ser sinónimo de gestionar, porque no necesariamente trae consigo una mayor eficiencia y sí asegura la injusticia.

Entre otros ámbitos de actuación, el de la transparencia y el de la administración electrónica son buenos ejemplos de la deficiente gestión pública que impera en el consistorio salmantino. La transparencia es ya una demanda ciudadana de primer orden, y no sólo constituye una exigencia de ética pública, sino que comporta un mejor rendimiento institucional. El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, elaborado por la organización Transparencia Internacional, sitúa al consistorio charro en las últimas posiciones. Sin embargo, ni siquiera existe un debate mínimamente profundo sobre esta cuestión.

Relacionada con la transparencia, porque la promueve, se halla la realidad de la administración electrónica, materia, por cierto, en la que nuestro país es uno de los más avanzados. La administración electrónica consiste en aplicar los medios electrónicos, las tecnologías de la información y la comunicación, a los procesos de gestión pública, lo que permite obtener una mayor eficiencia y agilidad en las relaciones de la administración con los ciudadanos. Cuando en el año 2007 una importante ley obligó a la administración a ofrecer estos nuevos canales, a los ayuntamientos se les permitió la adaptación en función de sus disponibilidades presupuestarias, y es claro que en el Ayuntamiento de Salamanca la administración electrónica nunca ha sido una prioridad, pues todavía hoy sigue siendo muy limitado el número de trámites y gestiones que pueden realizarse por vía telemática. Para muestra, un botón: el nuevo y costoso portal web del Ayuntamiento incomprensiblemente se ha retrasado un año y no ha supuesto ningún avance significativo en la materia.

Si asumimos con resignación que el ámbito de la acción política municipal, el que comprende los proyectos de ciudad, se ve mermado por las circunstancias económicas, no hay excusa para concentrar las energías en realizar mejoras de gestión. Una gestión más transparente e innovadora redundará en beneficio de la institución y de sus destinatarios, dotará, en suma, de un mayor atractivo a la ciudad.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (06/07/2012).

Una contrarreforma judicial

El eufemístico programa de reformas prosigue en todos los ámbitos de la realidad social. Hace unas semanas, el Consejo General del Poder Judicial hizo público el documento “Bases para una nueva demarcación judicial”. En la práctica, se propone la reducción a la mitad de los partidos judiciales, que son las unidades territoriales para la administración de Justicia integradas por uno o varios municipios. Por ejemplo, en la provincia de Salamanca, la iniciativa se traduce en la eliminación de los partidos judiciales de Vitigudino, Béjar y Peñaranda, por lo que únicamente se conservan los de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

La supresión de partidos judiciales ocasionará importantes perjuicios a la ciudadanía: por un lado, en su acepción más literal, supone alejar la Justicia de los ciudadanos en detrimento de numerosos municipios y zonas rurales. Por otro lado, redundará en una mayor lentitud e inoperancia de la administración de Justicia, ya de por sí colapsada. En los últimos años, la situación de colapso de la Justicia se ha venido afrontando con programas modernizadores tan bienintencionados como insuficientes. Pero también se han adoptado medidas orientadas a desincentivar el acceso a la Justicia, con el objetivo último de establecer el copago judicial, también llamado repago, de forma más precisa, porque los servicios públicos ya son financiados por la ciudadanía a través de impuestos.

La reforma judicial no ha recibido la misma atención mediática que la financiera o la laboral, pero la Justicia, como servicio público que proporciona el Estado para resolver los conflictos entre los particulares, y de éstos con la administración, resulta esencial para el conjunto de la sociedad, no sólo porque permite ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, sino porque garantiza la efectividad de todos los derechos de las personas. Sin acceso a la Justicia no puede existir un Estado de Derecho, porque los derechos de los ciudadanos devienen en papel mojado. Piénsese en las relaciones de poder en cualquier ámbito: administración-ciudadano, empresario-trabajador, acreedor-deudor, empresario-consumidor, etc. Sin la expectativa potencial de acudir a un juez independiente, o si en la práctica existieran muchos obstáculos para ello, por más que se reconocieran derechos a las personas, se incrementarían los abusos y predominaría la ley del más fuerte, justo lo contrario del Estado de Derecho.

No se ha recordado lo suficiente. En 1986, en pleno proceso de la difícil construcción del Estado de Bienestar en España, una ley suprimía las tasas judiciales para lograr la gratuidad y la tutela judicial efectiva exigidas por nuestra Constitución. En 2012, el Gobierno maneja un Anteproyecto de Ley de tasas judiciales que pretende recaudar 300 millones de euros. Conviene llamar a las cosas por su nombre: la reforma llegó en 1986, lo que ahora se gesta es una contrarreforma. Dice el ministro Gallardón que las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a las arcas del Estado, sino que sufragarán la justicia gratuita, lo que supone algo así como condicionar un derecho fundamental a la limosna de los litigantes. Los más viejos del lugar recordarán el fenómeno de la parafiscalidad, propio de la posguerra, que permitía a la administración hacer pasar por caja a los ciudadanos, sin unidad de caja, para recaudar cantidades que incluso complementaban el sueldo de los funcionarios. Fue la etapa más decadente de nuestra historia. Hoy, en otra encrucijada histórica y con una Justicia a todas luces saturada, se suprimen partidos judiciales y se generaliza el copago judicial. Cabe preguntarse si alguien podrá pagar el prohibitivo precio de la Justicia, o si lo pagaremos todos en el futuro.

Artículo publicado en el diario El Adelanto de Salamanca (18/05/2012)